Política

El expresidente Pedro Castillo Terrones seguirá cumpliendo prisión preventiva en la investigación por el presunto delito de rebelión, al haberse declarado infundado la revisión de oficio de la medida que pesa en su contra, informó el Poder Judicial.

En consecuencia, el juez Juan Carlos Checkley Soria, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró vigente esta medida impuesta a pedido del Ministerio Público.

Esta misma sala ordenó el pasado 15 de diciembre prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo, por el delito de rebelión.

Como se recuerda, el 7 de diciembre del 2022, mediante un mensaje a la Nación, el entonces mandatario Pedro Castillo ordenó el cierre del Congreso y la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como de otras instituciones autónomas. 

Castillo enfrenta un pedido de 34 años de prisión por este delito, por el cual también son investigados los expresidentes del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y Betssy Chávez.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Castillo.

El expresidente, además, cumple otra orden de prisión preventiva por 36 meses, por el presunto delito de organización crimina en la investigación por los presuntos actos de corrupción en Petroperú y los ministerios de Transportes y Vivienda.

En esta investigación están comprendidos también el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva Villegas, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros, contra quien pesa también una orden de prisión preventiva por 36 meses.

/NDP/PE/

Un juez puede dictar medida de prisión preventiva contra un investigado cuando se advierta obstaculización de la justicia o peligro de fuga, aún cuando exista arraigo del investigado, se precisó desde el Poder Judicial.

El titular del Decimoquinto Juzgado de Investigación Preparatoria, Martín Méjico Leaño, sostuvo que el arraigo es un criterio importante que el juez debe analizar, pero no es el único a tomar en cuenta, dado que se debe hacer un análisis conjunto de todos los indicadores.

“A pesar de que una persona tenga arraigo domiciliario, familiar, trabajo, negocios, si se presentan otros indicadores que hagan prever el peligro procesal, se puede imponer la prisión preventiva”, afirmó.

En el análisis de la prisión preventiva, el requisito del peligro procesal es el más importante al momento de analizar la prisión preventiva. Se evalúa el peligro de fuga, regido por los criterios del arraigo del imputado, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, el comportamiento del imputado o el peligro de obstaculización, que comprende la destrucción u ocultamiento de pruebas.

Los otros presupuestos que se evalúan son sospecha grave o alta probabilidad de la comisión de un hecho delictivo y prognosis de condena superior a los cinco años de pena privativa de libertad.

“La medida de prisión preventiva es la excepción de la excepción, porque la regla es que el investigado afronte el proceso en libertad y sólo cuando se cumplen determinados presupuestos se le imponga una medida coercitiva”, recalcó.

Además de la prisión preventiva, existen otras medidas coercitivas que interfieren en menor medida en el derecho fundamental a la libertad o derechos conexos.

La prisión preventiva solo procederá cuando las otras medidas resultan insuficientes para cautelar la finalidad del proceso, refirió el magistrado.

Evaluación de los plazos.

Méjico Leaño precisó que en cada caso se debe evaluar el plazo en función a la ley y al requerimiento de la Fiscalía: esto es, hasta 9 meses para un caso común, hasta 18 meses para casos complejos y hasta 36 meses para casos de organizaciones criminales.

“El juez puede establecer un plazo inferior; la evaluación está en función a determinados criterios, por ejemplo, la complejidad del hecho, número de investigados, agraviados, los delitos, las diligencias a realizar, las pericias, entre otros”, afirmó.

/NDP/PE/

Durante el análisis de una solicitud de prisión preventiva, el juez debe comprobar el cumplimiento de los presupuestos para la asignación de la medida coercitiva y, aunque exista arraigo del investigado (sujeción a un lugar concreto), puede imponerla si se detecta peligro de fuga u obstaculización, así lo sostuvo el juez del 15° Juzgado de Investigación Preparatoria, Martín Méjico Leaño.

“El arraigo es un criterio importante que el juez debe analizar, pero no es el único, pues se debe realizar un análisis conjunto de todos los indicadores. Así, a pesar de que una persona tenga arraigo domiciliario, familiar, trabajo, negocios, pero se presentan otros indicadores que hagan prever el peligro procesal, se puede imponer la prisión preventiva”, afirmó.

Indicó que, en el análisis de la prisión preventiva, el peligro procesal es el requisito más importante: peligro de fuga (regido por los criterios del arraigo del imputado, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, el comportamiento del imputado, entre otros) o el peligro de obstaculización (destrucción u ocultamiento de pruebas).

Debe señalarse que los otros presupuestos son: sospecha grave o alta probabilidad de la comisión de un hecho delictivo y prognosis de pena superior a los cinco años de pena privativa de libertad.

“La medida de prisión preventiva es la excepción de la excepción, porque la regla es que el investigado afronte el proceso en libertad y solo cuando se cumplen determinados presupuestos, se le imponga una medida coercitiva”, recalcó.

Aclaró, que además de la prisión preventiva, existen otras medidas coercitivas que interfieren en menor medida en el derecho fundamental a la libertad o derechos conexos; por ello, la prisión preventiva solo procederá cuando las otras medidas resultan insuficientes para cautelar la finalidad del proceso.

PLAZO

Méjico Leaño refirió que, en cada caso, se debe evaluar el plazo en función a la ley y al requerimiento de la Fiscalía: hasta 9 meses para un caso común, hasta 18 meses para casos complejos y hasta 36 meses para casos de organizaciones criminales.

“El juez puede establecer un plazo inferior; la evaluación está en función a determinados criterios, por ejemplo, la complejidad del hecho, número de investigados, agraviados, los delitos, las diligenciar a realizar, las pericias, entre otros”, afirmó.

MPG/NDP/

La semana de representación parlamentaria del presente mes, periodo en el cual los legisladores se desplazan a diferentes lugares del país para tomar contacto con la población nacional, concluye hoy viernes 25 de octubre.

De esta manera, los congresistas de la república dan cumplimiento a lo establecido en el inciso f del artículo 23 del reglamento del Parlamento.

En este se indica que la semana de representación consiste en cinco días laborables continuos al mes durante los cuales el parlamentario se traslada hasta su circunscripción electoral de procedencia, individualmente o en grupo.

En el caso de los representantes elegidos por la circunscripción electoral de los Peruanos Residentes en el Extranjero, estos deberán de consignar siete días calendario continuos en esa circunscripción.

Para el cumplimiento de esta obligación, los titulares de las entidades de la administración pública, dentro del marco de la ley, deben brindar las facilidades del caso, bajo responsabilidad.

Se deja claro en el Reglamento del Congreso que esta jornada “no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o grupo”.

Precisamente, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana estuvo ayer en la región Madre de Dios para realizar labores de fiscalización y escuchar las demandas de la ciudadanía. 

/AC/Andina/

El viceministro de Recursos para la Defensa, Adolfo Herrera Orlandini, sostuvo una reunión bilateral con su homóloga, la secretaria de Estado de Defensa de España, María Amparo Valcarce García, a fin de fortalecer las relaciones bilaterales en el ámbito del armamento y material, promoviendo la industria para la defensa nacional.

El encuentro, que marca un hito importante, según resaltó el viceministro peruano, mantendrá una colaboración internacional en la generación de nuevos sistemas de seguridad y defensa, cuyo aspecto relevante permitirá el desarrollo de las capacidades industriales y la atención de las necesidades operativas de las Instituciones Armadas, permitiéndoles cumplir los roles constitucionales asignados por el Estado.

Por su parte, la secretaria de Estado de Defensa de España destacó que este encuentro brindará la oportunidad de analizar áreas específicas de la política industrial de Seguridad y Defensa. Además, dijo que de este seminario de gobiernos e industrias se obtendrán resultados con gran contenido económico e industrial, beneficios para Perú y España, ya que se reconocerán como socios prioritarios, lo que permitirá estudiar en conjunto nuevos retos tecnológicos e industriales.

El Ministerio de Defensa del Perú viene trabajando para que las empresas del sector Defensa, junto a las pequeñas y medianas empresas nacionales, se consoliden y obtengan nuevas capacidades que les permita ser más competitivas, expandiendo sus negocios y desarrollando un tejido industrial capaz de generar nuevos puestos de trabajo y oportunidades para el crecimiento económico del país.

El evento estuvo organizado por la Dirección General de Recursos Materiales, a cargo del General de Brigada Paul Vera Delzo, y se dividió por bloques. El primero que reunió a las delegaciones de los Ministerios de Defensa de ambos países, el segundo a las empresas nacionales, SIMA, FAME y SEMAN, quienes realizaron diversas mesas de trabajo con las empresas españolas, como Acciona, Aertec Solutions, Airbus Defence and Spain, Airbus Helicopters, Arpa, Escribano M&E, S.L.U, Gaptek, Hisdesat , Hispamast, Hispano Vema, Hispasat, Indra, Isdefe, Isid, Navantia, NVLS y Sainsel Sistemas Navales.

También estuvieron presentes los representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil y de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA. Hoy, continuarán las mesas de trabajo en el Centro de Entrenamiento Táctico Naval.

/MPG/NDP/

La congresista Patricia Juárez examinó las instalaciones de la I.E. 2071 César Vallejo (Los Olivos), hallando un plantel con amenazas para la vida de los jóvenes que acuden a cursar clases.

“Me dirijo al ministro de Educación, mire el estado en el que se encuentra (este colegio), declarado hace varios años como de alto riesgo, en emergencia. Los niños no pueden ocupar sus aulas por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran y el daño que les puede ocasionar”, indicó la parlamentaria.

Desde el ingreso al plantel se puede observar la gran problemática con la que profesores y padres tienen que lidiar. El moho, la humedad y las filtraciones de agua han generado un desgaste enorme tanto en las paredes como en las bases de la infraestructura. En los techos se puede apreciar claramente las rajaduras debido a daños ocasionados por el paso del tiempo.

“Creo que ahora, que se viene la época de vacaciones escolares, el ministro de Educación, en un ejercicio de eficiencia, va a poder, de manera más rápida junto al Programa Nacional de Infraestructura Educativa, remodelar estos espacios. Y de esta manera el próximo año va a entregar a los alumnos la Institución Educativa que requieren”, agregó Juárez.

Además, se añadieron los estudiantes que solicitaron a Morgan Quero que respeten su derecho a la educación y reciban clases en condiciones apropiadas, con un plantel renovado y en condiciones óptimas que no sea un peligro para ellos. 

“Creo que es momento que el ministro empiece a mirar esto temas que ya se vienen para el año siguiente”, sentenció la legisladora fujimorista.

/MPG/NDP/

La pandemia del Covid-19, el Fenómeno de El Niño, inundaciones, entre otras situaciones de emergencias, tienen mayor afectación en los hogares vulnerables, por ello el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) lanzó el nuevo marco normativo en protección social adaptativa ante emergencias, que busca que las personas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, puedan fortalecer su resiliencia a fin de superar la adversidad.

El titular del Midis, Julio Demartini, anunció la innovadora iniciativa durante la inauguración del tercer día de la XII Semana de la Inclusión Social, realizada en Cajamarca. Explicó que la nueva normativa nace de “las experiencias aprendidas con el impacto del Covid-19 y recientemente los incendios forestales en Cajamarca, los cuales evidencian que el Estado debe actuar rápidamente para lograr que las personas que agravaron su situación de vulnerabilidad, puedan recuperar sus activos, sacar adelante a sus familias y se reinserten nuevamente en sus actividades productivas”.

En la jornada, la viceministra de Políticas y Evaluación Social del Midis, Fanny Montellanos, presentó el nuevo marco normativo de la protección social adaptativa ante emergencias, ante expertos y representantes del Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y demás entidades aliadas.

A través de la nueva normativa se darán facultades automáticas a los gobiernos regionales, locales y ministerios, para ejecutar acciones que cubran las necesidades inmediatas de las personas damnificadas, y se garantice el acceso a servicios básicos esenciales, minimizando el impacto de las emergencias en su bienestar y medios de vida.

Seguridad alimentaria e infraestructura social

En el tercer día de la Semana de la Inclusión Social en Cajamarca, representantes del Programa de Alimentación Escolar de la Cooperación Brasil - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); Programa Mundial de Alimentos en Perú; Secretaría de Salud de México; y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, abordaron sobre la importancia de la seguridad alimentaria y nutricional, considerándola como un derecho humano, y que requiere de la articulación del sector público y privado, para combatir el hambre y la desnutrición en Perú y América Latina.

Asimismo, en la mesa denominada “Infraestructura social, económica y productiva en poblaciones en situación de pobreza”, representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, coincidieron en que la inversión en el desarrollo de infraestructura en zonas rurales no solo facilita el acceso a servicios básicos, sino que también impulsa la generación de empleo y fortalece las economías locales.

Al culminar la jornada, las autoridades visitaron el Centro Infantil de Atención Integral “Jesús el Buen Salvador Pasando” del programa Cuna Más, en el distrito de Cajamarca, donde evidenciaron la atención integral que se brinda a los niños usuarios menores de 36 meses de edad.

/NDP/PE/

El juez supremo Roberto Burneo Bermejo, quien será el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en reemplazo de Jorge Luis Salas Arenas, aseguró la transparencia, imparcialidad e independencia en el desempeño de esta institución que se dedica a la gestión de la justicia electoral.

El magistrado reconoció el desafío que representan las próximas elecciones generales del 2026 porque además de elegir al nuevo presidente de la república, significarán el retorno a la bicameralidad en el Poder Legislativo.

De igual manera, mencionó que ese mismo año se celebrarán comicios para elegir a las autoridades en los gobierno regionales y municipalidades.

"Tengan la seguridad que voy aponer toda mi experiencia, conocimiento y trabajo para que toda la institución esté al servicio de los ciudadanos, la democracia y el estado de derecho", expresó el juez supremo.

Burneo Bermejo agradeció la confianza y respaldo de los jueces supremos que hoy lo eligieron por unanimidad para representar al Poder Judicial ante el JNE.

Graduado en derecho en la Universidad de Piura, el magistrado cuenta con un doctorado en derecho administrativo en la Universidad de La Coruña, España, y maestrías en derecho empresarial en la UPC, y en gestión pública en la Universidad de San Martín de Porres.

La Sala Plena de la Corte Suprema del Poder Judicial eligió hoy a Burneo Bermejo como su representante ante el JNE, para el periodo 2024 -2028- De acuerdo con la Ley Orgánica del JNE, el representante del Poder Judicial es quien preside este organismo electoral.

/MPG/ANDINA/

El Poder Ejecutivo envió hoy al Congreso una iniciativa legislativa que cambia la Ley N° 30942, que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, para mejorar su funcionamiento.

El proyecto de ley establece que el jefe de Estado preside, de manera indelegable, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.

Asimismo, señala que el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia dispone de un consejo técnico y un secretario técnico, el cual se encuentra a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos.

El Consejo Técnico forma parte del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia y cuenta con una secretaría técnica que recae en el despacho de Justicia y Derechos Humanos.

En resumen, las modificaciones postuladas en la propuesta normativa con respecto al Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia son las siguientes:

-Se establece que el presidente de la república lidera el Consejo de manera indelegable.

-Se establece que el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos actúa como secretario técnico.

-Se reduce el número de sesiones ordinarias anuales.

En cuanto al Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de Justicia las modificaciones planteadas son las siguientes:

-Se dispone que la secretaria técnica del Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de Justicia recaiga en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

-Se incorpora en la conformación del Consejo Técnico para Reforma del Sistema de Justicia a al Contraloría General de la República y a la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se elimina al representante de las rondas campesinas.

-Se señala que el Consejo Técnico sesiona de manera ordinaria una vez al mes y de manera extraordinaria cuando sea requerido por el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, la secretaria técnica del Consejo Técnico o un tercio del número legal de sus miembros.

/MPG/ANDINA/

El Poder Judicial programó una audiencia el próximo 7 de noviembre para evaluar el pedido del exmandatario Martín Vizcarra para la devolución de sus bienes incautados, en el marco de una investigación por el presunto delito de organización criminal.

La audiencia se llevará a cabo a las 11:30 horas y estará a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial.

Incautación de bienes

El pasado 6 de setiembre, el Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Lima ordenó el embargo preventivo de siete propiedades del expresidente Martín Vizcarra Cornejo y su esposa, Maribel Díaz Cabello.

La medida trata sobre los inmuebles en Lima y Moquegua, para garantizar el pago de una futura reparación civil a favor del Estado, a pedido de la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio.

Esta fiscalía investiga a Vizcarra por presuntos actos ilícitos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, los casos Proyecto Lomas de Ilo y Proyecto Hospital de Moquegua.

Vizcarra indicó que estos bienes ya habían sido embargados a solicitud del fiscal Juárez Atoche el 2021. Esta fiscalía investiga los presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

La fiscalía imputa a Vizcarra haber recibido presuntas coimas de la empresa Obrainsa, a cambio de favorecerlo en la licitación del proyecto Lomas de Ilo y el proyecto Hospital de Moquegua.

/MPG/ANDINA/