Política

 La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República realizó la audiencia e investigación del presunto caso de recorte de sueldos que habría efectuado la congresista Katy Ugarte (no agrupada).

Para la sesión de este miércoles, se citó a 15 personas, entre los que se encontraban la parlamentaria, trabajadores y ex colaboradores suyos y su abogado.

Intervino en primer lugar Roger Torres, asesor principal de Ugarte. Relató que los asesores y trabajadores de la parlamentaria acordaron realizar un aporte voluntario para levantar la imagen de la congresista en medios de comunicación de Cusco.

Indicó que dicho acuerdo no fue pedido la legisladora y que los aportes se realizaron únicamente entre marzo y diciembre de 2022 por un monto que varió entre S/ 100 y S/ 300.

Al igual que Torres, distintos ex trabajadores y asesores actuales de la parlamentaria coincidieron con lo señalado respecto al aporte de forma voluntaria y el mismo fin de este.

Cabe precisar que Wilber Felices, hombre de confianza de Katy Ugarte, ha sido acusado y mencionado como el encargado de recolectar el dinero para pagar las publicaciones en la prensa cusqueña.

Por su parte, la congresista no agrupada aseguró que no conocía en absoluto la situación denunciada en medios y que se enteró de las irregularidades el mismo día que se emitió el reportaje.

"Tengo principios y los he practicado en toda mi vida profesional. Jamás he solicitado ningún aporte ni por terceros ni por nada puesto que todo profesional conoce sus funciones a las cuales está viniendo a laborar a mi despacho. Lo único que hice fue siempre velar por un buen perfil, un buen CV para que el despacho tenga que encaminarse al propósito que se me ha dado como congresista", señaló.

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La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos del Distrito Fiscal de Huánuco presentó acusación contra Cristian Samaniego Herrera –camarada “Cris”, “Daniel” o “Chichico”– presunto captador de menores para Sendero Luminoso.

En el requerimiento acusatorio se solicitó la pena de 20 años y ocho meses de prisión efectiva para el imputado, como presunto autor del delito de afiliación a organizaciones terroristas en agravio del Estado.

De acuerdo con el Ministerio Público, Cristian Samaniego Herrera habría formado parte de la facción de Sendero Luminoso que opera en la zona del Vraem y –en su condición de “cuadro nativo”, “apoyo organizado” y “miliciano”– cumplió trabajos políticos y militares para la organización subversiva, como la vigilancia y reglaje a las fuerzas del orden, a fin de brindar información a los altos mandos terroristas.

Como parte de los elementos de convicción presentados por la fiscalía antiterrorismo, se encuentra un USB hallado en la vivienda de Samaniego. Este contiene fotografías de menores de edad, quienes serían los denominados “pioneritos”, recibiendo adoctrinamiento político por los integrantes del Militarizado Partido Comunista del Perú, para luego integrar el Ejército Popular Revolucionario de la organización terrorista.

El día de su detención, ocurrida el 1 de diciembre de 2021, fiscales y efectivos policiales antiterrorismo hallaron en su poder documentos y propaganda subversiva atribuidos al “Comité Central”, además de dos radios transmisoras que habrían sido utilizadas por miembros del grupo subversivo.

Asimismo, se imputa a Samaniego Herrera haber sostenido reuniones en el Alto Mantaro, zona del Vizcatán del Ene, con integrantes de Sendero Luminoso dirigidos por Víctor Quispe Palomino, camarada “José”, actual cabecilla de la organización terrorista.

La investigación por este caso estuvo a cargo de la fiscal provincial Eneida Aguilar Solórzano, de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos del Distrito Fiscal de Huánuco.

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El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, sostuvo que el Gabinete Ministerial está sólido y se encuentra trabajando para dar solución a los problemas del país.

Así lo señaló al ser consultado sobre la posibilidad de que se efectúen cambios en algunas carteras, ello en respuesta a lo planteado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori en ese sentido y, además, ante la próxima interpelación de Rosa Gutiérrez y Daniel Maurate, ministros de Salud y Justicia, respectivamente.

“No se ha evidenciado y no se ha visto la necesidad de hacer algún cambio de ministros o ministras de Estado”, señaló Jorge Chávez Cresta a Exitosa.

“Considero que el trabajo que se viene desarrollando por cada uno de los ministros y ministras de Estado es en el marco de un gabinete que, como lo han enunciado varias personas, inclusive el señor presidente del Consejo de Ministros (Alberto Otárola), está sólido y que tenemos que dar solución a cada uno de los problemas”, agregó.

El titular del Ministerio de Defensa destacó el mecanismo de rendición de cuentas por parte del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que recientemente presentó su tercer informe bimensual de gestión.

Sin embargo, indicó que la crisis política no ha terminado y aún no se ha dado solución a demandas insatisfechas que tiene gran parte del país y, particularmente, de Puno.

Sobre el estado de emergencia en esta última región, que se prorrogó recientemente por 60 días, el ministro indicó que al término de dicho plazo se analizará el levantamiento de la medida y dijo estar seguro de que se darán las condiciones para ello.

De otro lado, Chávez Cresta sostuvo que se están coordinando acciones en todos los niveles de Gobierno para hacer frente a la ocurrencia de un próximo Fenómeno El Niño global.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, participa hoy de un encuentro bilateral con el mandatario de Ecuador Guillermo Lasso, el mismo que se desarrollará en la región Piura.

Según la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno, dicha reunión se desarrollará desde las 12:00 horas en el Centro Poblado de La Tina, ubicado en la provincia de Ayabaca (Piura).

Como parte del encuentro bilateral se realizará la suscripción de la Declaración Conjunta Presidencial La Tina – Macará.

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Con  la finalidad de agilizar la ejecución y el mantenimiento de obras públicas, la Comisión de Descentralización del Congreso aprobó hoy el dictamen que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.

El grupo de trabajo, que preside Diana Gonzales (Avanza País), aprobó por mayoría esta iniciativa con 14 votos a favor y cinco en contra.

Como se recuerda, el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, durante la exposición de esta iniciativa, dijo que esta nueva entidad no sería "más de lo mismo" sino que será otra institución completamente distinta.

Asimismo, ya no absorberá a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), ni se hará mención en el proyecto de ley de este, ya que la ANIN tendrá funcionamiento permanente, a diferencia de la actual que tiene un carácter temporal.

Además, se plantea ahora que la Autoridad Nacional de Infraestructura sea un organismo ejecutor dirigido por un jefe y no opere con un consejo directivo.

Asimismo, la jefatura tendrá una designación regulada y no será de libre designación –como inicialmente se propuso–, por un plazo de cuatro años.

También se ha considerado que la contratación de servidores y funcionarios de la nueva autoridad sea mediante concurso de méritos bajo el marco legal del régimen de servicio civil.

Antes de la aprobación del dictamen, la congresista Patricia Juárez (FP), solicitó una cuestión previa para que se vote la propuesta inicial del Poder Ejecutivo, que establecía la absorción de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

El sustento recaía en que se está creando un organismo similar y, por ende, más burocracia, por lo que era necesario continuar "con la idea original".

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El Poder Ejecutivo promulgó la ley que establece un nuevo criterio para la determinación entre delito y falta, al reducir la cuantía del hurto simple al 10 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, 495 soles.

La norma, publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, modifica el artículo 444 del Código Penal, Decreto Legislativo 635.

Se establece ahora que, cuando la acción (hurto) recaiga sobre un bien cuyo valor no sobrepase el 10 % de una UIT (S/495), será reprimido con prestación de servicios comunitarios de 40 a 120 jornadas o con 60 a 180 días multa, sin perjuicio de la obligación de restituir el bien sustraído o dañado.

Por tanto, cuando el valor de lo hurtado supere dicho monto, será considerado como delito y no falta.

Antes de la modificatoria, el mencionado artículo señalaba que, para considerarlo delito, el valor del bien hurtado debía equivaler a más de una Remuneración Mínima Vital (RMV), es decir, más de 1,025 soles. La iniciativa se aprobó en el pleno del Congreso el pasado 11 de mayo.

El dispositivo lleva la firma de la presidenta de la república, Dina Boluarte, y el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

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El pleno del Congreso incluyó dentro de la agenda el debate de las denuncias constitucionales formuladas contra el exministro del Interior, Juan Carrasco Millones y la excongresista Luciana León.

De acuerdo con la denuncia constitucional contra Carrasco Millones, este habría cometido los delitos de aceptación ilegal de cargo público y falsedad genérica, además de una presunta infracción constitucional de los artículos 43, 45, 126 de la Constitución.

El informe final recomienda acusar al exfuncionario de dichos delitos e inhabilitarlo por cinco años de la función pública.

Por otro lado, Luciana León es acusada por los presuntos delitos de  tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación en agravio del Estado.

De acuerdo con la agenda del Congreso, en el pleno también se verán los proyectos de ley 605, 711, 932, 953, 1045, 1094 y 1139 que proponen ampliar los usos para los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías.

De igual modo, se discutirá la iniciativa legislativa 1964 que propone modificar la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales.

Además de los proyectos de ley 137, 387, 777 y 815 que proponen promover el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para la prestación de los servicios educativos por parte de las universidades privadas asociativas con licencia denegada.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores acompañará el proceso de convocatoria, negociación y adjudicación del proyecto Chavimochic Etapa III que se desarrollará bajo el formato de un Acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G).

El modelo G2G a emplearse en este caso garantiza la transmisión del know how y las buenas prácticas necesarias para lograr que nuestro país pueda realizar, por sí mismo, en el futuro similares proyectos de urgente necesidad y alta complejidad, resaltó la Cancillería..

Precisamente, hoy en el Palacio de Torre Tagle, se efectuó la ceremonia del “Lanzamiento de la convocatoria internacional del proceso de adjudicación del proyecto Chavimochic Etapa III”.

La actividad estuvo liderada por la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz y la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo.

El proyecto Chavimochic Etapa III está ubicado en la zona costera de las provincias de Virú, Trujillo y Ascope de la región La Libertad, en el área que abarca desde el río Santa hasta las Pampas de Urricape.

Con la ejecución de la tercera etapa, se incorporarán 63 000 nuevas hectáreas de tierras y mejorar las condiciones de riego en otras 48.000 hectáreas, lo que beneficiará a 32.375 familias de agricultores, generando más de 150 mil nuevos puestos de trabajo.

Asimismo, el objetivo principal del proyecto Chavimochic es brindar agua potable a las personas de Trujillo, así como atender las demandas de agua de riego de 144,385 hectáreas de los Valles del Chao, Virú, Moche y Chicama, utilizando el potencial hídrico del Río Santa.

De la misma manera esta iniciativa emblemática significará el incremento de las divisas en US$ 1300 millones, así como US$ 450 millones en inversiones privadas, lo que genera un impacto económico positivo no solo para la provincia sino para todo el país.

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La Comisión de Constitución del Congreso se inhibió hoy de ver el dictamen que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura al considerar que no es competente, dejando que solamente lo haga la Comisión de Descentralización.

La decisión fue tomada por mayoría, durante la sesión desarrollada esta mañana, a través de 19 votos a favor y solamente dos en contra.

"El análisis del proyecto por parte de esta comisión advierte que esta materia debe ser desarrollada únicamente por la Comisión de Descentralización como comisión principal, al no enmarcarse en la especialidad y en la materia de competencia, toda vez que no se refiere a modificaciones de la Constitución y el reglamento del Congreso", indicó el presidente de Constitución, Hernando Guerra García.

En ese sentido, afirmó que en aplicación del criterio de especialidad, que supone una comisión ordinaria "no invada otras competencias", dicho grupo de trabajo recomendaba aprobar un dictamen de inhibición.

Luego de la aprobación del dictamen de inhibición la Comisión de Descentralización focalizará el debate y la aprobación de la iniciativa que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura.

Como se recuerda, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, acudió al Parlamento el último viernes 9 a fin de dar mayores detalles sobre la iniciativa del Gobierno para agilizar la ejecución y el mantenimiento de obras públicas.

Ante la Comisión de Descentralización, aseguró que esta nueva entidad "no será más de lo mismo" ya que es "otra institución completamente distinta y ajena a las que están en giro, porque no es un organismo temporal sino permanente y de alcance nacional".

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, indicó que deberá ser el Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre la Ley 31778, que permite que el Congreso de la República, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos puedan establecer la designación de sus procuradores.

En declaraciones a la prensa, a su llegada al Congreso de la República, respondió sobre la demanda de amparo presentada por el procurador general Daniel Soria, y precisó que existe un tema de competencias que será visto por el Tribunal Constitucional, el que, luego de respectivo análisis "despejará toda duda".

"Ese tema de autonomía me parece muy bien que lo vea el Tribunal Constitucional y el tribunal dirá respecto a la autonomía y también dirá si corresponde o no a un órgano del Ejecutivo imponer un procurador a órganos que tienen autonomía constitucional como el Congreso y el Poder Judicial", afirmó.

En ese sentido, manifestó que si el tribunal se pronuncia en un sentido u otro, corresponderá a todas las instituciones y a los peruanos "acatar lo que dice".

"El Tribunal Constitucional nos va a iluminar e ilustrar respecto a cuál es la solución de este problema, por el bien de todos, de la Procuraduría General del Estado, del Congreso, Poder Judicial y todas las instituciones, eso es lo que corresponde", refirió.

Como se recuerda, el pasado 7 de junio el Poder Ejecutivo promulgó la ley que reestablece la autonomía constitucional del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, con relación al procedimiento de designación de sus procuradores públicos.

Dicha norma modifica el Decreto Legislativo 1326, mediante el cual se crea la Procuraduría General del Estado, permitiendo que el Congreso, Poder Judicial y organismos autónomos puedan elegir por los titulares de dichas entidades "por un plazo de cinco años, mediante concurso público".

Además, mantienen autonomía administrativa y funcional para dirigir sus respectivos procesos de selección y no están sujetos a los lineamientos y disposiciones de la Procuraduría General del Estado.

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