El anuncio del Gobierno peruano de proponer a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) una modificación a la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático recibió el respaldo del exministro de Justicia, José Tello Alfaro, y del excanciller Luis Gonzáles Posada.

Tello Alfaro consideró que el Ejecutivo está actuando con prudencia política y que el canciller Hugo de Zela “ha mostrado buenos reflejos y un talante político adecuado, sin afectar la imagen del Perú”.

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En el programa Diálogo abierto de Radio Nacional, el extitular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) destacó que la pausa de Perú sobre el salvoconducto a Betssy Chávez envía un buen mensaje. “No se está negando ni otorgando nada, sino solicitando opinión externa, lo cual es saludable”, subrayó.

“Esta postura permite al país resaltar su soberanía y, al mismo tiempo, respetar la de México, que ha decidido otorgar el asilo. Creo que la pausa peruana es el mejor mensaje, necesitamos ampliar el debate”, manifestó. 

Advirtió que la propuesta peruana podría abrir un debate más amplio sobre la pertinencia de actualizar la Convención de 1954. “Han pasado casi 80 años y la realidad ha cambiado; la norma debe responder a los tiempos actuales. Muchas veces un político que comete delitos comunes aduce persecución política para obtener asilo”, apuntó. 

¿ASILO COMO VÍA DE ESCAPE?

Por su parte, el excanciller Gonzáles Posada advirtió sobre el riesgo de tergiversar el sentido del asilo diplomático. 

“Con ese criterio, mañana entran los delincuentes del Tren de Aragua a una embajada, piden asilo, y tendríamos que dejarlos salir. Es absurdo”, expresó.

Posada consideró positivo que el Perú plantee ante la OEA precisiones al tratado de 1954, con el fin de “evitar que se utilice el asilo como una vía de escape para quienes han cometido delitos comunes”.

Finalmente, Gonzáles Posada recordó casos recientes, como el del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se refugió en la embajada mexicana pese a estar sentenciado por corrupción, y el de Nadine Heredia, que se resguardó en Brasil. “Ese tipo de situaciones muestran la necesidad de reformar y precisar los alcances del tratado de asilo político para evitar abusos”, refirió.

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