Política

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aprobó el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del covid-19, en los servicios complementarios al transporte y tránsito terrestre, comprendidos dentro de la Fase 2 de la Reactivación Económica.

Mediante Resolución Ministerial N° 0327-2020-MTC/01, dentro la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se encuentran comprendidas, entre otras, las actividades relacionadas a los servicios complementarios al transporte y tránsito terrestre, ofrecidos por los centros de inspección técnica vehicular.

Asimismo, las entidades que emiten certificados de conformidad de vehículos, los centros de revisión periódica de cilindros, lis talleres de conversión a GNV y GLP y las entidades certificadoras de conformidad, modificación, fabricación y montaje.

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La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC), en el marco de sus funciones de defensa jurídica de los intereses del Estado, interpuso 264 denuncias ante el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción ocurridos en el contexto del Estado de Emergencia Nacional decretado frente a la pandemia del nuevo coronavirus (covid-19).

De acuerdo con la Agencia de Noticias Andina, la referida información está consignada en el Boletín N°01 "Corrupción en la Emergencia Sanitaria covid-19", elaborado por la entidad, en el que se advierte, además, que los delitos de corrupción con mayor incidencia en los que habrían incurrido determinados servidores públicos son el peculado, colusión y negociación incompatible.

El estudio realizado refiere que, al 4 de junio del presente año, existen más de 700 investigaciones fiscales por presuntos delitos contra la administración pública desde que se decretó el estado de emergencia, y en los que la Procuraduría se encuentra participando activamente a través de sus 37 sedes a nivel nacional.

Del total de casos de presunta corrupción, de acuerdo al Boletín Informativo, el 51% se concentra en siete regiones del país, estas son: Áncash, Lima, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho y Cajamarca.

Los hechos, en su mayoría, están asociados a las contrataciones públicas de bienes y servicios, tales como adquisición de implementos de bioseguridad, equipos médicos, productos de limpieza y aseo personal, alimentos, entre otros.

De otro lado, entre las instituciones agraviadas por los supuestos actos ilícitos se registran las Municipalidades distritales y provinciales, los Gobiernos Regionales; asimismo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Salud, EsSalud, entre otros.

Desde que el Gobierno declaró en emergencia sanitaria al país a consecuencia del covid-19, el 11 de marzo de 2020, la entidad, adscrita al  Ministerio de Justicia, viene articulando la defensa jurídica del Estado y coadyuvando en las labores de investigación fiscal frente a presuntos actos de corrupción registrados durante la pandemia.

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La anunciada entrega de un subsidio a las empresas de transporte público tradicional, a nivel nacional, se logrará si estas modifican su modelo de gestión, debido a que no existe forma de demostrar el kilometraje recorrido o la recaudación total de dinero de cada vehículo por día, aseveró hoy el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia.

“En el Metropolitano y los corredores el subsidio es mucho más fácil porque ya está demostrado cuántos kilómetros recorren (los buses), cuantos pasajeros llevan, y hay un control GPS, cosa que no existe en el trasporte tradicional porque no hay forma de demostrar cuántos kilómetros recorre o cuál es el recurso diario de cada unidad, porque depende del dueño y no de la empresa”, sostuvo.

En esa línea, Quispe Candia, consideró que las empresas de transporte público urbano-tradicional deben implementar una caja centralizada para la recaudación del dinero a fin de demostrar el costo de operación, y en base a ello el Estado subsidie, tal y como lo solicitan las compañías de transporte público tradicional.

“Tendría que implementarse una caja centralizada para que la empresa recaude el dinero, ponga en el Seguro a los trabajadores y finalmente pase a una mejor forma para demostrar cuánto es el costo de operación y sobre eso pueda subsidiar el Estado, de lo contrario va a ser sumamente difícil controlar esta situación”, manifestó en El Informativo de Radio Nacional.

En otro momento, el experto en temas de seguridad vial y transporte urbano, dijo que el Perú es el único país en Sudamérica que no cuenta con un servicio integrado de movilidad; y lamentó que durante largos años las autoridades hayan descuidado ello, que hoy representa, indicó, uno de los problemas más graves frente a la pandemia causada por el nuevo coronavirus (covid-19).

“El servicio integrado de transporte consiste en una red de buses unido a una de metros, taxis, inclusive bicicletas de tal forma que el pasajero ingresa al sistema y puede hacer transbordo de un bus a un tren o viceversa pagando un solo pasaje. Ese sistema lo tiene todo Sudamérica excepto el Perú lo cual ha sido un descuido absoluto de nuestras autoridades durante largos años, y ahora  frente a la pandemia es uno de los problemas más álgidos”, añadió.

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El presidente de la Comisión de Constitución del Poder Legislativo, Omar Chehade, resaltó que la suspensión de las elecciones primarias abiertas, hasta el año 2022, ha evitado entre otras cosas, que 25 millones de electores se expongan al contagio del covid 19, concurriendo a las urnas.

“Es un tema que fue aprobado por el Congreso disuelto anterior, en época de normalidad, cuando no se sabía que íbamos a estar afectados por la pandemia de este nuevo coronavirus, no para elegir a los candidatos al congreso, sino que eran unas previas, para mejorar la calidad de la democracia y de los partidos políticos”, apuntó el parlamentario.

Acotó que la realización de estas elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias, hubiese sido exponer a los ciudadanos al contagio, y además iban a costar 300 millones de soles.

Indicó además que no se han derogado, sino que se han suspendido hasta el año 2022, para los comicios municipales y regionales. “Ha quedado vigente las denominadas internas. Iban a haber dos primarias, las públicas y las internas, estas últimas en el seno de los partidos”.

Lo que no se han tocado hasta el momento, dijo, son las elecciones internas partidarias y lo que ha quedado es un militante un voto, esto está sujeto a todavía a un debate  dentro de la Comisión de  Constitución, señaló.

Inmunidad parlamentaria

En cuanto a la inmunidad parlamentaria, señaló, que fue “una promesa de campaña bastante valiente de muchos candidatos. Pero no hay consenso máximo, hay que modificarla y hemos presentado un predictamen para aplicar el silencio positivo parlamentario”, señaló.

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La Defensoría del Pueblo manifestó su inconformidad en relación con la resolución en primera instancia de Indecopi, que declaró como barreras burocráticas ilegales a los octógonos en los empaques de alimentos y anuncios publicitarios.

“La interpretación de Indecopi es errada. Si la resolución se aprueba estarían atentando contra el derecho al ciudadano de obtener información sobre alimentación saludable. La Defensoría del Pueblo va a pedir la palabra en segunda instancia para revocar dicha norma”, indicó la adjunta de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, a través de El Informativo de Nacional.

Asimismo, la funcionaria aseguró que el Ministerio de Salud (Minsa) sí cuenta con las facultades para regular dichos aspectos en materia sanitaria.

“El Minsa tiene la competencia normativa para reglamentar leyes en materia de salud, además de aspectos vinculados a la información que se le brinda al ciudadano”, precisó.

Finalmente, Abanto explicó que, “toda institución pública debe brindar información sobre la protección a la salud y no solo a través de su empaque, sino también emplear el uso de spots radiales, televisivos y por medios de difusión como redes sociales y otras plataformas digitales”.

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Las medidas adoptadas por el Gobierno, en el marco de la ampliación del Estado de Emergencia Nacional para contener el avance del nuevo coronavirus, ponen en relevancia la salud de todos los peruanos afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

Previo a realizar un viaje a la región de Loreto, aseveró que cada acción, como la inmovilización social decretada de 21:00 a 04:00 horas, publicado hoy por Decreto Supremo, se basa en informes médicos y científicos.

"Todas las determinaciones que estamos tomando están sostenidas en los informes médicos y científicos que alcanza el Ministerio de Salud. Esta última prórroga está hasta el 30 de junio, quedan dos semanas, no podemos adelantar opinión sobre cuál será la decisión que tomemos, pero las decisiones están sostenidas en determinaciones médico - científicas y poniendo en relevancia en la salud de todos los peruanos", manifestó.

En ese sentido, refirió que el dispositivo que aprueba la apertura de centros comerciales y conglomerados, establece varias restricciones para acudir a estos locales, tales como contar solo con el 50 por ciento de aforo, que solo una persona vaya a efectuar compras y no acudir con menores de edad.

"El que se abran estos locales no significan que las consideraciones de salud deban quedar relegadas, sino que, en todo caso, deben marchar en paralelo", refirió.

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Los ministros de Educación, Martín Benavides; de Economía, María Antonieta Alva; y de Salud, Víctor Zamora, se presentan esta mañana ante diversas comisiones del Congreso de la República para exponer asuntos vinculados a sus respectivos portafolios.

Así, a partir de las 08:00 horas, en la sesión virtual de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Benavides tratará el tema: Presuntas irregularidades que se habrían cometido en el licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

A la cita, está también convocado el superintendente Nacional de Educación Superior Universitaria (e), Oswaldo Delfín Zegarra Rojas, para abordar el mismo asunto.

Mientras, la Comisión Especial Multipartidaria del Sistema Pensionario invitó a la ministra Alva a su reunión virtual, que empezará a las 10:00 horas, para conocer su opinión y propuestas respecto a la reforma del sistema pensionario en el país.

A la misma hora, está programada la sesión remota extraordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de Servicios Públicos.

Zamora y el gerente general del Indecopi, Javier Coronado Saleh, entre otros expertos, abordarán la Resolución Nº 072-2020/CEB-Indecopi que declara barrera burocrática ilegal las exigencias impuestas por el Minsa y la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.

Informes

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y el presidente ejecutivo del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, Fernando Perera Díaz, están invitados a la sesión virtual extraordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones que empezará a las 14:00 horas

Informarán sobre la transferencia de más de 5 millones de soles a favor de los corredores metropolitanos en el contexto de la pandemia del covid-19 y los avances del proceso de transferencia de bienes y cesión de posición contractual hacia la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

En la jornada parlamentaria está prevista también la sesión virtual extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, así como la instalación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, entre otras actividades.

/Andina/LD/

El Tribunal Constitucional declaró improcedente, en parte e infundado en otro, el pedido presentado por la defensa de Antauro Humala Tasso para ser trasladado a un hospital, debido a la pandemia por el coronavirus (covid-19).

El organismo constitucional se pronunció en ese sentido en el expediente 011342020-PH/TC contra la dirección del Establecimiento Penitenciario Ancón II, donde Huamala Tasso cumple una condena por el caso Andahuaylazo.

Durante la audiencia de vista del recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Antauro Humala, el procurador del Instituto Nacional Penitenciario indicó que el interno se había recuperado del coronavirus.

/FM/Andina/

El Poder Judicial obtuvo el certificado que acredita el inicio del proceso de implementación para conseguir la certificación del sistema de gestión antisoborno ISO 3700, en los procesos que lleva a cabo la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ).

La gestión para obtener el documento emitido por la empresa International Dynamic Advisors (Intedya), fue realizada a través de la Comisión de Integridad Judicial, por el juez supremo Carlos Arias Lazarte, miembro encargado del referido grupo de trabajo.

Arias Lazarte explicó que el Poder Judicial está iniciando la segunda fase del proceso para obtener la referida certificación internacional ISO 37001 en los procesos que desarrollan la Sala Penal Permanente Suprema y el órgano de gobierno judicial.

/CCH/FM/

El presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, César Gonzales, dijo que trabajarán con firmeza para desterrar el dicho "otorongo no come otorongo", el cual hace referencia al un presunto "blindaje" en el Congreso.

Tras instalarse la comisión y ser elegido, por unanimidad, como titular de la misma, Gonzales invocó a los integrantes de este grupo de trabajo a llevar a cabo una labor comprometida.

"Vamos a borrar contundentemente ese dicho otorongo no come otorongo, vamos a demostrar contundencia y firmeza en la labor a desarrollar", manifestó el legislador.

/CCH/FM/