Política

Mediante sus redes sociales, el Tribunal Constitucional (TC) informó que notificó al Congreso de la República la Admisión a Trámite de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo, contra le Ley que permite la devolución de los aportes administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). 

De acuerdo con el procedimiento, el Poder Legislativo tendrá un plazo de 30 días hábiles para contestar la demanda del Ejecutivo, pudiendo hacerlo antes del plazo señalado. Se informó además que la ponencia de esta demanda, estará a cargo del magistrado José Luis Sardón de Taboada, indicó el TC.

Entre los argumentos que sustentan la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de ONP se señala que la referida norma afecta los artículos 10º, 11º y 12º sobre el derecho a la pensión y el carácter intangible de los fondos para el pago de pensiones. 

/LD/Andina/

Con 103 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el proyecto de ley que establece la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

El texto propone la modificación del artículo 93 de la Constitución, estableciendo que la Corte Suprema tenga la atribución sobre la comisión de delitos comunes imputados a congresistas durante el ejercicio de su mandato.

"El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia", señala el documento parlamentario.

Asimismo, indica que en caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario". Establece además que "el Congreso de la República adecuará su reglamento en el plazo máximo de 30 días calendario, en cumplimiento de lo que dispone esta ley".

/MO/

La ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, participó en la Vigésima Segunda Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico en la ciudad de Santiago, a fin de evaluar los avances en la agenda de trabajo de este mecanismo de integración regional.

Mediante una nota de prensa institucional, se detalló que este encuentro sostenido por los titulares de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Chile, Colombia, México y el Perú, permitió revisar los instrumentos que serán suscritos mañana por los presidentes.

Añadió que se trata de la Declaración de la Alianza del Pacífico sobre Igualdad de Género y su Hoja de Ruta en materia de Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres; la Declaración de la Alianza del Pacífico sobre el desarrollo del Mercado Digital Regional y el impulso hacia la Transformación Digital; y la Declaración de Santiago.

Asimismo, el Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico abordó lo avanzado en el Plan de Trabajo ‘Covid’, el cual contiene líneas de acción y proyectos de cooperación orientados a mitigar los efectos socio-económicos de la pandemia en los cuatro países.

La canciller Astete hizo un llamado a fortalecer el referido Plan en el 2021, mediante la formulación de una segunda batería de proyectos que coadyuven a los esfuerzos nacionales de los países miembros.

/MO/NDP/

El predictamen sobre la tipificación de las conductas infractoras en la función pública, elaborado por la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, debilita la autonomía de la labor de control y sanción de la corrupción y retrasa el principal objetivo del proyecto de ley.

Lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR), a través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, al señalar que este texto parlamentario genera incertidumbre y acrecienta la sensación de impunidad en la ciudadanía.

En ese sentido, el órgano de control consideró que es indispensable que los miembros de dicho grupo ordinario del Parlamento Nacional sean informados adecuadamente para que se realice un debate técnico.

“Expresamos nuestra preocupación porque el predictamen que se pretende poner a votación distorsiona la ­finalidad de los proyectos de ley presentados por la CGR en 2019 y 2020 para tipi­ficar las conductas infractoras en una ley de acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional”, indicó.

Anotó que la presidencia de la Comisión de Fiscalización no aceptó convocar a la CGR a una sesión, tal y como ha sido solicitado de manera formal el 20 de noviembre, para sustentar ante los miembros del grupo de trabajo los argumentos técnicos y jurídicos.

“Ante ello, debemos alertar que con la desnaturalización en la que incurre el predictamen no se podrán sancionar inconductas de funcionarios y servidores que incumplan resoluciones, directivas, lineamientos, documentos de gestión u otros actos administrativos que involucran posibles perjuicios económicos”, indicó.

Añadió que con esta iniciativa se buscaría, además, eliminar la prevalencia del Proceso Administrativo Sancionador de la CGR sobre otros, con lo que una entidad pública puede iniciar un proceso a un funcionario o servidor para neutralizar las sanciones del órgano de control.

Esta situación, que ocurre hoy en día, ha signifi­cado sanciones benignas o impunidad para los responsables, toda vez que el funcionario infractor termina “sancionado débilmente” por quien lo nombró en el cargo.

/MO/

El Pleno del Congreso inició esta tarde el debate del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento que propone la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria.

El encargado de sustentar la propuesta fue el presidente de ese grupo de trabajo, Omar Chehade Moya (APP), quien dijo que ha llegado el momento de poner punto final a esa prerrogativa “que lamentablemente fue distorsionada por algunos legisladores, convirtiéndola en impunidad”.

“No hay por qué tener miedo, ni hay por qué cubrirnos en ningún tipo de inmunidad”, manifestó.

Señaló que, de aprobarse, los congresistas deberán tener doble cuidado en su labor y convertirse en un ejemplo hacia las demás autoridades, que tal vez, podrían asumir la misma actitud.

“Comencemos dando el ejemplo hoy dando un mensaje a la ciudadanía, un mensaje de seguridad”, remarcó.

/ES/NDP/

Durante el evento de reconocimiento, memoria y esperanza por el “Día Internacional de los Derechos Humanos”, realizado en la Plaza Bolívar del Palacio Legislativo, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, asumió el compromiso de trabajar desde este poder del Estado en la construcción de una sociedad justa, con memoria y sin impunidad, para que no se repitan actos de violación a los derechos humanos en el país.

En un acto simbólico, la titular del Parlamento y el vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva, sembraron un rosal de la esperanza para recordar a todas las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el país.

“Hoy es un día en el que debemos comprometernos a construir una sociedad más justa, desde el lugar donde estemos seguiremos trabajando para que no haya impunidad, para que no se repitan los hechos de violaciones a los derechos humanos”, manifestó Vásquez.

Agregó que la conmemoración del Día de los Derechos Humanos se produce en un contexto marcado por la crisis del coronavirus, que ha tenido un impacto significativo sobre los derechos humanos, desnudando las carencias que existen en nuestro país.

“Es un año difícil el que estamos viviendo, en una pandemia donde los derechos fundamentales de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad se han visto afectados. Esta enfermedad nos ha desafiado como sociedad y nos ha cuestionado a nosotros mismos. Hay mucho trabajo por hacer para construir una sociedad con igualdad y dignidad”, agregó.

En el evento participaron la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia; el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Felipe Andrés Paredes San Román, el adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, Percy Castillo Torres; el fiscal Superior, Daniel Alberto Jara Espinoza.

/ES/NDP/

Hace unos minutos el Tribunal Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad, presentada por el Poder Ejecutivo, contra la Ley 31083, que establece un régimen especial facultativo para la devolución de fondos a los aportantes activos e inactivos.

El Pleno de este organismo también eligió como ponente al magistrado José Luis Sardón de Taboada.

Como se recordará el miércoles pasado el Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la mencionada ley, que establece un régimen especial facultativo para la devolución de fondos a los aportantes activos e inactivos bajo el decreto ley 19990 administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

/LD/Andina/Difusión/

Cinco destacados jóvenes peruanos reconocidos por la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts “MIT Technology Review”, reconocidos por sus innovadores proyectos en tecnología, fueron recibidos en Palacio de Gobierno por el presidente de la República, Francisco Sagasti.

El presidente resaltó el esfuerzo y dedicación de cada uno de los jóvenes y destacó sus iniciativas emprendedoras, lo que demuestra que el país tiene un prometedor camino hacia el desarrollo de la ciencia y tecnología.

El jefe de Estado saludó a Alejandra Cuba, Jesús Mueras, Juvenal Ormachea, Athali Castro y Robinson López, jóvenes peruanos que figuran en la lista de los 35 latinoamericanos innovadores menores de 35 años que reconoce el “MIT Technology Review”.

Durante la reunión, el presidente Sagasti consideró que es fundamental impulsar la ciencia, tecnología e investigación en el país. Por ello, sostuvo que se buscará sentar las bases para potenciar su desarrollo. “Me encantaría que en los próximos 10 años se multiplicara por 3 o 2 el número de doctores o de personas que se dediquen a la investigación.”, apuntó.

Cabe indicar que la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts reconoce anualmente los proyectos innovadores de jóvenes en diversas categorías por sus iniciativas en el campo de la tecnología. 

/ES/Andina/

A través de una resolución publicada en las Normas Legales del diario Oficial EL Peruano, el Ministerio Público nombró a la abogada Diana Liz Canchihuamán Castañeda como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima y dispuso suincorporación al equipo especial Lava Jato, que investiga los actos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht y otros.

Esta resolucion deja sin efecto designaciones anteriores de Canchihuamán Castañeda y la nombra fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándola en el Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Cabe precisar que en el artículo cuarto de la resolución, se dispone, además, que Canchihuamán Castañeda forme parte del Equipo Especial de fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros.

/ES/Andina/

El Poder Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) la anunciada demanda de inconstitucionalidad contra la ley que permite el retiro de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), de hasta 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 4300.

La demanda, presentada por el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional, Luis Alberto Huerta Guerrero, señala que la Ley 31083, afecta una serie de normas constitucionales.

En ese sentido, refiere los artículos 10º, 11º y 12º sobre el derecho a la pensión y el carácter intangible de los fondos para el pago de pensiones.

“Al respecto, en la demanda se afirma que la Ley afecta el Sistema Nacional de Pensiones, que funciona como un “fondo de reparto solidario”, en donde el otorgamiento de pensiones a los actuales pensionistas se financia con lo recaudado por el aporte de los afiliados activos. Si este fondo se emplea para dar cumplimiento a la Ley, se pondría en riesgo el pago de pensiones”, subraya.

Agrega el artículo 43º de la Constitución, que reconoce el principio de separación de funciones, el cual comprende la obligación de cooperación entre órganos constitucionales.

“En el presente caso, se señala que la Ley ha sido emitida al margen de la interacción que debe existir entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo para expedir normas que tienen impacto en la economía del país”, indica.

Sobre el artículo 118º, numerales 3 y 17, sobre la competencia del Poder Ejecutivo para administrar la hacienda pública “se señala que la Ley genera un gasto público con repercusión en el presupuesto nacional, pues tendría que ser cubierta con fondos públicos.

“Dicha norma no fue resultado de alguna iniciativa legal planteada por el Poder Ejecutivo. Además, a pesar de las observaciones formuladas respecto a la falta de sostenibilidad financiera y presupuestal de las propuestas, el Congreso decidió aprobar la Ley”, señala.

“El artículo 79º de la Constitución, sobre la proscripción de la iniciativa de gasto del Congreso. Esto es importante, pues los congresistas no pueden emitir normas que generen un gasto público no presupuestado”, manifiesta.

Asimismo, en la demanda se alega que el impacto fiscal de lo aprobado por la referida Ley asciende a 15 000 millones de soles, cifra que no se encuentra prevista en el presupuesto público.

El procurador Luis Huerta puntualizó que, una vez presentada la demanda, el Tribunal Construccional debe pronunciarse sobre su admisibilidad. En base a experiencias previas, esto puede ocurrir en una semana, luego de lo cual la demanda será remitida al Congreso para que sea contestada en el plazo legal de 30 días hábiles.

Añade que si el Congreso espera hasta el último día para contestar (a finales de enero del 2021) la audiencia pública podría realizarse entre febrero y marzo, dependiendo de la decisión que tome la presidencia del TC.

/MO/