Política

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó el informe final correspondiente al expediente seguido en contra del congresista Édgar Tello (Bloque Magisterial).

El informe se aprobó por 14 votos a favor, uno en contra y una abstención en la sesión del grupo de trabajo desarrollada este jueves.

El documento recomienda para Tello Montes una amonestación escrita pública y 60 días multa, por haber solicitado a la Oficina Económica de Taipei ayuda para ollas comunes por un monto de 8 mil dólares, pese a que ello se encuentra prohibido

No obstante, el referido informe no se pronunció en el extremo de las denuncias por presunto recorte de sueldo a trabajadores del despacho del parlamentario y por hostigamiento a una trabajadora embarazada.

Al respecto, el presidente del grupo de trabajo, Diego Bazán, precisó que no se encontraron elementos probatorios para emitir una sanción con respecto a ello, pero que de aparecer nuevas evidencias se volvería a investigar

De otro lado, la Comisión de Ética aprobó por unanimidad la calificación que recomienda el inicio de una investigación en dicha instancia en contra del legislador Raúl Doroteo (Acción Popular).

El referido informe se aprobó por unanimidad, con 16 votos a favor. El expediente en contra del parlamentario corresponde también a una denuncia por presunto recorte de sueldo contra una trabajadora de su despacho.

/ANDINA/PE/

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, consideró que el juicio político a las autoridades electorales, cuya aprobación se encuentra en discusión en el Congreso de la República, sería "la consolidación del dominio de lo político sobre lo jurídico".

"El juicio político es un juicio directo del Parlamento nacional al funcionario que se somete a su autoridad. Va en detrimento del alto funcionario que se va a ver sometido a los vaivenes de la política y ese es el riesgo para la democracia", refirió el magistrado en reciente entrevista concedida a Radio Yaraví de Arequipa.

Dijo que esta situación ya ha sido prevista por  la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han señalado que los jueces en general, y los electorales en particular, no pueden estar sometidos al juicio político y han subrayado la inconveniencia de este tipo de controles políticos

"En el Perú, los miembros del sistema electoral no están incluidos en el juicio político y ahora una sentencia del Tribunal Constitucional ha recomendado que sí y el Congreso está en el camino lamentable de considerarlo. Yo espero que reflexionen", manifestó.

En ese sentido, Salas Arenas recalcó la importancia de que los organismos electorales sean independientes para el cumplimiento de sus funciones, es decir, que no deban depender ni del poder Ejecutivo, ni del Legislativo y ni del Judicial.

Interés nacional

Por su parte, Willy Ramírez Chávarry, miembro del Pleno del JNE, formuló un llamado a los congresistas de la República "a que prime antes que nada el interés nacional por el Estado peruano y por nuestra alicaída democracia", cuando este dictamen, aprobado en la Comisión de Constitución, llegue al Pleno del Parlamento.

En declaraciones para diversos medios de comunicación, el magistrado remarcó que "no se puede ni se debe someter a los órganos que administran justicia electoral a ningún tipo de presión política o de otra índole". 

En ese sentido, también invocó a la comunidad internacional a estar atentos a lo que acontece en el Perú.

/NDP/PE/

Se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 32002, que aprueba el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hasta por cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a S/ 20,600.

La norma precisa que la devolución de aportes alcanza a todos los afiliados a las AFP sin ninguna excepción.

El dispositivo legal, aprobado por el Congreso, fue promulgado este jueves. Lleva la firma de la Mandataria, Dina Boluarte, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Procedimiento

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) determinará, mediante reglamento, el procedimiento operativo para el retiro en un plazo que no excederá de 15 días calendario, contados a partir de la entrada en vigor de la ley (mañana viernes)

El procedimiento para el retiro extraordinario y facultativo se inicia con la presentación de la solicitud respectiva, de manera física o virtual, dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento de la norma.

“Se abona un monto de hasta una UIT cada treinta días calendario, realizándose el primer desembolso a los treinta días calendario de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado”, detalla la ley.

En el caso el afiliado desista de continuar retirando los fondos de su cuenta individual de capitalización (CIC), puede solicitarlo por única vez a la AFP diez días calendario antes del siguiente desembolso.

Intangibilidad

Los fondos a ser retirados mantienen la condición de intangibles, no se aplicará descuentos, ni compensación legal o contractual, embargo, retención o cualquier forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido depositados.

Esto no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30 % de lo retirado.

Cuentas bancarias

La norma señala que las empresas del sistema financiero, incluido el Banco de la Nación pueden abrir cuentas, masiva o individualmente, a nombre de beneficiarios identificados por las AFP que instruyen los pagos, sin necesidad de la celebración previa de un contrato ni de la aceptación por parte del titular de la cuenta.

/RAM/

El retiro del dinero de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) deberían obedecer a necesidades reales de la población pues es necesario conservar fondos para la vejez, remarcó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Como se recuerda, a través del Diario Oficial El Peruano, el Gobierno promulgó la Ley 32002, que aprueba el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados a las AFP hasta por el monto de cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), es decir, 20,600 soles.

"La presidenta de la república y el Consejo de Ministros tomaron ayer la decisión de promulgar la ley para el retiro de los fondos de la AFP, nosotros lo que esperamos e invocamos es que ese retiro obedezca a necesidades reales de los ciudadanos", manifestó a TVPerú en la ciudad de Piura.

En ese sentido, indicó que es importante que los ciudadanos puedan conservar sus fondos de pensiones para la vejez, pero que también comprenden que ante la situación en que nos encontramos "muchos requieren de estos fondos".

"Hacer una invocación para que estos fondos sean utilizados con responsabilidad y sean usados para satisfacer las primeras necesidades de las familias peruanas", refirió.

Sobre el dictamen aprobado en el Congreso, que permite liberar el 100 % de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) durante todo el 2024, dijo que quisiera conocer dicha iniciativa, para, luego de escuchar a los técnicos en el tema, poder dar a conocer una opinión.

El jefe del Gabinete Ministerial participó en la entrega de equipos y mobiliario médico donados por entidades extranjeras al Gobierno Regional de Piura. En total, son cinco establecimientos de salud que se beneficiarán con los kits médicos valorizados en más de 125,000 dólares.

En la actividad participaron los titulares de Salud, César Vásquez; Transportes, Raúl Pérez Reyes; y de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar; así como el gobernador regional de Piura, Luis Neyra; y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John McNamara.

Asimismo, el titular del Consejo de Ministros informó que durante su jornada en Piura se reunirá con el Gobierno Regional y los alcaldes de la región para escuchar las necesidades de su población.

/DBD/

A través de la Resolución Suprema 073-2024-IN, publicada esta mañana en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo designó al abogado Juan José Santiváñez Antúnez como nuevo viceministro del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter).

El dispositivo legal lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y del ministro del Interior, Walter Ortiz.

Santiváñez Antúnez se desempeñó como jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Mininter.

/DBD/

Con 13 votos a favor y una abstención, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó la denuncia de oficio contra el congresista Darwin Espinoza por presunto uso indebido de recursos y personal asignado a su despacho.

La acción en contra de Espinoza Vargas se da tras un informe periodístico que dio cuenta de que presuntamente el legislador realiza actividades ajenas a su labor para recabar firmas para el movimiento Adelante Ancash, cuyo kit fue adquirido por el hermano del legislador.

“Para dicho fin se estaría usando a los trabajadores del despacho, así como los bienes del Estado destinados al trabajo parlamentario, lo que significa el uso indebido de los recursos humanos, económicos y bienes del Congreso de la República”, expresó el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, al dar lectura a la propuesta de denuncia.

Esta semana, la Fiscalía realizó diligencias preliminares en el despacho de Darwin Espinoza, quien además ha pedido que se investigue este caso que lo involucra.

/DBD/

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa l pedido de destitución contra la suspendida fiscal suprema Patricia Benavides Vargas, como parte del proceso disciplinario en su contra.

La instructora de este caso a nombre de la JNJ es Inés Tello, quien recomienda la destitución de Benavides Vargas.

Por su parte, la defensa de la magistrada había solicitado la reprogramación de la cita, pero la JNJ declaró improcedente el pedido.

El informe elevado por Tello de Ñecco corresponde al procedimiento disciplinario abierto en contra de Patricia Benavides por la remoción irregular de fiscales que integraban el equipo para el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, entre ellos Bersabeth Revilla.

En los fundamentos de la ponencia se señala que “se ha acreditado que la investigada Liz Patricia Benavides Vargas interfirió en la investigación fiscal seguida contra su hermana Enma Rosaura Benavides Vargas”, lo que involucró la inobservancia de sus deberes como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

/DBD/

El gobierno promulgará en las próximas horas la ley aprobada por el Congreso de la República que permite a los afiliados a las AFP retirar hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/. 20,600.

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo, anunció que el Ejecutivo no observará la norma que deberá aplicarse una vez que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) establezca el cronograma respectivo.

Según la norma la SBS determinará, mediante reglamento, el procedimiento operativo para el retiro en un plazo que no excederá de quince días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la ley, bajo responsabilidad de su titular.

El titular del MEF explicó que la decision responde a la alta votación que obtuvo esta ley en el pleno del Congreso y porque no es oportuno demorar la promulgación de esta norma. Fue en conferencia de prensa tras la session del Consejo de Ministros.

DESEMBOLSO

El desembolso de los 20,600 soles se hará de la siguiente manera: 
-Se harán 4 abonos de hasta 1 UIT ( 5,150 soles) cada 30 días calendario.
-El primer desembolso se realiza a los 30 días calendario de presentada la solicitud ante la AFP a la que pertenezca el afiliado.
En el caso de que el afiliado desista de continuar retirando los fondos de su cuenta individual de capitalización (CIC), puede solicitarlo por única vez a la AFP diez días calendario antes del siguiente desembolso.

CTS
También, invocó al Congreso que la norma aprobada en la Comisión de Economía para poder retirar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) sea respetando un plazo mínimo, que estimó debe ser para aquellos trabajadores, que tienen cuatro meses de desempleo.

/MPG/

Una buena noticia en la lucha contra la trata de personas. Tras las alertas formuladas por CHS Alternativo, el Ejecutivo observó el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República que modificaba la Ley 29918 y retrocedía en la rendición de cuentas por este delito, estableciendo que el premier y los ministros del Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya no acudirían al Pleno para informar sobre este tema, sino solamente ante dos comisiones del Parlamento.

Con la observación, el proyecto de ley ha regresado para su debate a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de la Mujer y Familia del Congreso, donde se tendrá la oportunidad de perfeccionar la norma, a fin de que las autoridades expliquen el avance en la lucha contra un delito que sigue creciendo en el Perú.

De acuerdo al Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público, solo durante el 2023 se registraron 3,179 víctimas de este y otros delitos conexos y, según el Ministerio del Interior, hasta octubre del 2023 se desbarataron 58 bandas criminales vinculadas a la trata de personas, lo que permitió rescatar a 85 víctimas menores de edad.

En ese contexto, a través de un oficio enviado al presidente del Congreso, Alejandro Soto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó que el proyecto haya incluido que las autoridades deban acudir a rendir cuentas sobre la trata de personas “bajo responsabilidad”, pues explicó que la medida se enmarca en los procedimientos de control político que ejerce el Legislativo y, por lo tanto, para que un ministro acuda ante el Pleno debe recibir una invitación previa, según lo estipula el artículo 84 del Reglamento del Congreso.

Asimismo, precisó que no corresponde incluir en la rendición de cuentas sobre la trata de personas los avances de la Política Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, pues el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya reporta anualmente los resultados de esta política ante el Congreso, en el mes de abril, y se estaría presentando una duplicidad. No obstante, no se aclaró si dicho sector debe informar sobre sus acciones específicas en la protección y asistencia a las víctimas de trata.

Cuestiones de Fondo: 

Si bien el Ejecutivo ha observado el proyecto de ley por estos motivos de forma, CHS Alternativo considera que esta es una oportunidad para revisar otros temas de fondo del proyecto de ley que ya habían sido advertidos con anterioridad.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, recordó, al respecto, que la trata de personas mueve en el Perú más de 1,300 millones de dólares al año, está muy relacionada con la inseguridad ciudadana e involucra diferentes tipos de delitos, como la explotación sexual o el trabajo forzoso. “Además, forma parte de las actividades de bandas criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato y se vincula a otras economías ilegales, como el tráfico de tierras y la tala y la minería ilegal. Es decir, se trata de un delito transversal”, señaló.

Valdés refirió que la respuesta del Estado a esta problemática también es integral, pues el Perú cuenta con una Política Nacional frente a la Trata de Personas, que involucra 42 servicios que están a cargo de 11 sectores del Estado y 4 organismos autónomos, liderados por la Presidencia del Consejo de Ministros. “Por lo tanto no es un tema donde solo tengan competencia dos comisiones del Congreso”, dijo.

/NDP/DBD/

El congresista Jorge Flores Ancachi presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y la fiscal suprema Delia Espinoza.

La medida fue interpuesta por una presunta infracción de los artículos 93 y 169 de la Constitución, y los supuestos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y omisión de actos funcionales.

En el caso de la fiscal Delia Espinoza, se le acusa de pedir el registro de las votaciones efectuadas por los congresistas de la República  en relación a las denuncias planteadas contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

/DBD/