Caso Cócteles: Fiscalía formaliza nueva acusación contra Keiko Fujimori y pide 35 años de prisión
El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público (MP) formuló una nueva acusación penal contra Keiko Fujimori y otros, por el financiamiento de las campañas electorales de 2011 y 2016, denominado como el caso Cócteles.
En detalle, el fiscal José Domingo Pérez imputó en el caso a Keiko Fujimori, Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, Mark Vito Villanella, Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera, así como a las personas jurídicas del partido Fuerza Popular y de MVV Bienes Raíces S.A.C.
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En ese sentido, la Fiscalía solicita 35 años de pena privativa de libertad y 730 días multa contra Fujimori Higuchi, por los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
Asimismo, ha requerido el sobreseimiento de 19 investigados y el sobreseimiento parcial de dos de ellos.
El Ministerio Público aclaró que, con esta decisión, se cumple lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el expediente 02803-2023-HC/TC. Ahora, el caso pasará a la etapa de control de acusación.
¿QUÉ ES EL CASO CÓCTELES?
El caso Cócteles está relacionado con los presuntos aportes irregulares que recibió Fuerza Popular para las campañas electorales de 2006 y 2011.
Esos recursos, según la Fiscalía, habrían sido justificados mediante actividades como cócteles, en uno de los cuales Fuerza Popular afirma haber recaudado más de un millón de dólares para la campaña presidencial.
Las investigaciones por este caso fueron iniciadas en 2014 por el Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato.
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Mininter instala grupo multisectorial para actualizar normas y frenar comercio ilegal de celulares
Reafirmando su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la ciudadanía frente al uso ilícito de equipos móviles, el Ministerio del Interior instaló hoy el grupo de trabajo multisectorial para la mejora y actualización de la normativa que regula el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).
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Esta mejora, según el Mininter, es una herramienta clave en la estrategia nacional para el bloqueo de celulares robados, con IMEI adulterado o adquiridos ilícitamente.
ENTIDADES PRESENTARÁN PROPUESTA PARA MEJORA NORMATIVA
El grupo de trabajo es presidido por el Ministerio del Interior, mientras que la Secretaría Técnica recae en la Dirección General de Información para la Seguridad del Viceministerio de Seguridad Pública.
En total está conformada por nueve entidades públicas que, a través de sus equipos técnicos, deberán elaborar una propuesta normativa para mejorar y actualizar el sistema Renteseg, en un plazo de 120 días hábiles.
En detalle participan representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y la Policía Nacional del Perú.
Este grupo de trabajo fue constituido mediante resolución ministerial y tiene como objetivo fortalecer el marco legal que permite el bloqueo de celulares robados, con IMEI adulterado o adquiridos ilícitamente.
Según el Mininter, la finalidad es cerrar brechas normativas, actualizar procedimientos y reforzar los mecanismos de control del mercado móvil, restringiendo las operaciones de las mafias tecnológicas.
ESTRATEGIA NACIONAL DE BLOQUEO DE CELULARES
Desde el 21 de abril de 2025, se reactivó progresivamente el bloqueo masivo de celulares con IMEI inválido, alterado o vinculado a usuarios con historial negativo, en el marco de una ofensiva nacional contra el comercio ilegal de dispositivos móviles.
Como resultado, más de 510 000 teléfonos celulares han sido bloqueados hasta la fecha. En el mes de julio, se tiene previsto desconectar cerca de 390 000 equipos móviles adicionales no registrados en la lista blanca del Renteseg, en un proceso dividido en tres etapas, cuya primera se ejecutó el martes último, 1 de julio.
Las siguientes están programadas para los días 15 y 22 del presente. Con ello, se espera superar los 900 000 celulares bloqueados desde abril y acercarse a la meta final de 1.5 millones de equipos fuera de circulación en 2025.
PROTECCIÓN CIUDADANA Y LEGALIDAD EN EL USO DE CELULARES
Esta estrategia busca restar valor comercial a los celulares robados y cerrar el paso a redes delictivas que los utilizan para extorsión, fraude o su reventa en mercados informales.
El Mininter recuerda a la ciudadanía que, en caso de recibir mensajes de advertencia por bloqueo, pueden acercarse a las oficinas de Osiptel con su equipo y comprobante de compra, a fin de solicitar su incorporación a la lista blanca del Renteseg, previa verificación de legalidad y coincidencia del IMEI físico y lógico del dispositivo.
Estas acciones forman parte de la ofensiva nacional contra las mafias tecnológicas y los delitos que se cometen desde el anonimato.
El Mininter señala que el Gobierno con estas acciones reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, desarticulando redes que emplean celulares para extorsionar, amenazar o ejecutar actos de violencia, como el sicariato.
“El fortalecimiento del Renteseg y el bloqueo sistemático de celulares ilegales marcan un paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado en el país”, informó el Mininter.
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Congreso: SAC aprueba informe que propone inhabilitar a Betssy Chávez por 10 años
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional que propone inhabilitar por 10 años a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, acusada de participar en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, junto al expresidente Pedro Castillo.
Con 12 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, el referido grupo de trabajo dispuso aprobar el informe sustentado por el congresista Jorge Montoya. Durante su alocución, indicó que Chávez Chino habría infringido los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú.
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"La denuncia constitucional sostiene que Betssy Chávez Chino, exjefa del Consejo de Ministros, habría actuado de forma concertada con otros altos funcionarios en la perpetración del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022”, sostuvo.
Montoya Manrique dio cuenta que se recabaron testimonios de la evidencia de participación de Chávez Chino y su coordinación en el pretendido golpe de Estado y por querer quebrantar el orden constitucional.
Se determinó que ella habría incurrido en desobedecer el mando constitucional por rebelión, además, de haber incurrido en la vulneración de los deberes para con la patria.
El informe concluye en acusar a la extitular de la Presidencia de Consejo de Ministros, por las razones expuestas y recomienda imponer la sanción de inhabilitación de la función pública por el plazo de 10 años.
ARCHIVAN DENUNCIA CONTRA EXMINISTRA DE SALUD
En otro momento, la subcomisión aprobó, con 10 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, el informe final que recomienda archivar la denuncia constitucional contra la exministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, por la posible comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.
La congresista delegada Nelcy Heidinger (APP) sustentó dicho informe. Señaló que se comprobó deficiencias en centros de salud, no obstante, indicó que se declaró en emergencia sanitaria por dengue las regiones afectadas y se contrató personal para las atenciones requeridas.
Añadió que se concluye de manera contundente que no se demuestra los presuntos delitos cometidos por Gutiérrez durante el cargo de ministra, por lo que se recomienda declarar infundada la citada denuncia constitucional, disponiéndose su archivo.
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Presidenta Dina Boluarte anuncia renovación de flota de la FAP
La presidenta de la república, Dina Boluarte, anunció hoy que el Gobierno adoptó la decisión histórica de renovar la flota aérea nacional.
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Ello, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que establece la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad del país a través del Sistema de Defensa Nacional.
PRESIDENTA BOLUARTE: RENOVACIÓN DE LA FAP FUE LARGAMENTE ESPERADA
“Modernizar nuestra flota aérea es fundamental para garantizar la seguridad nacional, promover el desarrollo y fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante emergencias. No podemos ser mezquinos con nuestra institución, y mucho menos con la patria”, manifestó la presidenta Boluarte durante la ceremonia conmemorativa por los 40 años del sistema Mirage 2000 en el Perú, realizada en Arequipa.
Sostuvo que, con esta decisión, se busca atender un pedido largamente esperado por nuestra Fuerza Aérea del Perú (FAP), institución que, desde su creación hace un siglo, ha defendido con compromiso y profundo amor a la patria, la integridad territorial del país frente a cualquier amenaza, ya sea externa o interna.
“No retrocederemos en esta tarea histórica que asumimos pensando en el Perú. Continuaremos trabajando con determinación, siguiendo el ejemplo de nuestro héroe nacional Abelardo Quiñones”, remarcó.
PRESIDENTA BOLUARTE: MIRAGE 2000 CONQUISTAN EL CIELO PERUANO
En otro momento, la jefa de Estado destacó la incorporación del sistema de armas Mirage 2000, una adquisición que marcó un hito en el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
“Desde esta base, quiero, como presidenta, destacar la valiente labor de nuestros pilotos, quienes, a bordo de estas máquinas de combate, tienen siempre como meta conquistar y proteger el cielo peruano. Por ello, la historia de los Mirage 2000 nos reconforta y nos inspira a seguir trabajando para fortalecer la capacidad de nuestra Fuerza Aérea”, puntualizó.
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Ministro de Justicia: "Perú nunca ha dicho que se va a retirar de la Corte IDH, sino que va a evaluar"
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, descartó que el Perú vaya a retirarse de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
"El Perú nunca ha dicho que se va a retirar de la Corte IDH, sino que va a evaluar la posibilidad, cogiendo las alternativas que algunas importantes bancadas en el Congreso habían planteado y también un grupo importante de ciudadanos consideró, pero esto no significa que el Perú se vaya a retirar de la Convención (CIDH)”, indicó.
En otro momento, el ministro Alcántara descartó cualquier tipo de tensiones al interior del gabinete ministerial y negó la existencia de un "primer ministro en la sombra", señalando que el único premier es Eduardo Arana.
“El gabinete se mantiene firme, unido. No existe ningún tipo de tensiones. Yo creo que hay que entender eso, y seguimos trabajando por los objetivos comunes", afirmó.
GOBIERNO EVALÚA ENVÍO DE PRESOS A EL SALVADOR
El ministro Alcántara también señaló que se encuentra en evaluación el eventual envío de presos peruanos a El Salvador, debido a que se trata de una situación que involucra aspectos constitucionales y legales.
“No es una decisión que se pueda tomar de inmediato, pero tampoco se puede descartar”, en este momento precisó.
En cuanto al supuesto pago de 200 dólares por cada preso que el Perú tendría que asumir, el ministro señaló que jamás se ha hablado de una cifra específica y que esa afirmación es una especulación. Asimismo, indicó que “no podríamos pagar una cantidad exorbitante por presos peruanos, si tenemos la posibilidad de construir penales en nuestro propio país”.
En otro momento, ratificó que el Perú no recibirá extraditados ni procesados de otros países, como lo habría solicitado el Gobierno de Estados Unidos.
MINJUSDH LANZA NUEVOS SERVICIOS DIGITALES DE LA SUNARP
El titular de Justicia brindó estas declaraciones a la prensa tras la presentación de la ampliación del servicio digital Alerta Registral y la implementación del servicio de Apelaciones vía SID-Sunarp con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica en beneficio de la ciudadanía.
Durante la ceremonia, se resaltó que ambos servicios no solo consolidan la digitalización de trámites registrales, sino que fortalecen la seguridad jurídica, previenen actos delictivos como la suplantación de identidad, acercan la justicia al ciudadano y garantizan el acceso igualitario a la justicia.
“No se trata solo de digitalizar, sino de humanizar el servicio público. Hoy acercamos el Estado a la gente con hechos, con prevención, con servicios que simplifican la vida”, subrayó el ministro.
Presidenta Dina Boluarte supervisa obras que llevarán agua potable en Arequipa
La presidenta de la república, Dina Boluarte, supervisó el avance de la construcción del sistema de agua potable del reservorio n.° 31 que, junto al proyecto del reservorio n°. 39, llevará este beneficio a cerca de 70 000 pobladores de Cerro Colorado, en Arequipa.
“Esta es la forma en que trabajamos: palabra dada, palabra cumplida. No venimos con esperanzas falsas. Dejaremos agua como legado para miles de peruanos, estamos en todo el Perú, en Cerro de Pasco, Puno, Tacna, Apurímac y Arequipa”, señaló la mandataria.
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La jefa de Estado recordó que muchas obras de agua y saneamiento quedaron trabadas durante años, pero su gobierno, con voluntad y decisión política, está cambiando esa historia.
En ese sentido, la presidenta Boluarte resaltó el trabajo articulado que su gestión realiza con los gobiernos regionales y locales para sacar adelante este tipo de obras, así como el sector privado, una alianza que, según subrayó, no se debe romper, sino seguir fortaleciendo.
“Estas son las obras que hablan de nuestro trabajo. No nos distraemos en nada, estamos enfocados en obras concretas que benefician directamente a sectores olvidados por otros gobiernos”, puntualizó la mandataria tras remarcar que estos proyectos se ejecutan sin robarle un solo sol a los peruanos y sin cálculo político.
Presidenta Boluarte supervisa obras que llevarán agua potable para cerca de 70 000 arequipeños. Foto: Presidencia.
El proyecto de sistemas de agua potable dependientes del Reservorio n.° 31, del distrito de Cerro Colorado, en Arequipa, representa una inversión de más de 125 millones de soles y tiene un avance de 93 %.
En tanto, la obra de agua potable dependiente del Reservorio n.° 39 tiene una inversión de más 122 millones de soles.
A su llegada a Arequipa, y previo a la supervisión de obras, la presidenta Boluarte, acompañada del jefe del gabinete ministerial, Eduardo Arana, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador regional arequipeño, Rohel Sánchez Sánchez. En dicho encuentro, se abordó el destrabe de obras y nuevas inversiones de gran importancia para el desarrollo de la región.
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Presidenta Dina Boluarte supervisa avances de obra La Atarjea que beneficiará a más de 650 000 peruanos
La presidenta de la república, Dina Boluarte, supervisó hoy los avances de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Atarjea, una de las obras más emblemáticas de su gestión, que beneficiará de manera directa a más de 651 000 limeños.
Durante la inspección realizada en compañía del ministro de Vivienda, Durich Whittembury, la mandataria resaltó que esta moderna infraestructura ubicada en el distrito de El Agustino representa no solo un avance significativo en saneamiento, sino también un acto de justicia social largamente esperado.
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“Somos un Gobierno de hechos y no de falsas promesas”, afirmó la presidenta tras explicar que la planta de tratamiento será la más moderna y con mayor tecnología de todo Latinoamérica.
Los principales beneficiarios serán los habitantes de Cajamarquilla, Nievería, Cerro Camote, Carapongo, Santa María de Huachipa y Ate-Santa Anita, quienes verán mejoradas sus condiciones de vida y acceso a servicios básicos.
En su recorrido, la jefa de Estado resaltó que la PTAR La Atarjea permitirá reducir de manera significativa la incidencia de enfermedades diarreicas, una de las principales causas de mortalidad infantil en menores de cinco años, contribuyendo de manera decisiva a la salud pública y al desarrollo humano de la zona.
OBRA EN LA ATARJEA
La obra, que actualmente avanza en sectores claves como la construcción de los edificios de operación y mantenimiento y de instalación de biodigestores, demanda una inversión total de 834 462 233 de soles. Esta etapa es fundamental para asegurar la eficiencia y sostenibilidad del proyecto.
Asimismo, la presidenta Boluarte destacó el componente ambiental de la planta, que permitirá generar biogás a partir de los lodos residuales, el cual será transformado en energía eléctrica y térmica para la operación de la propia PTAR.
Además, los biosólidos obtenidos podrán ser utilizados para mejorar suelos en áreas verdes y terrenos agrícolas de la ciudad, impulsando la economía circular y el cuidado del medio ambiente.
“Esta obra permitirá descontaminar nuestro río Rímac, fuente que abastece de agua y da vida a Lima. Es fundamental mantener limpio este río que le da sostenibilidad a nuestra ciudad capital”, subrayó.
Presidenta Dina Boluarte afirmó que la planta de tratamiento será la más moderna y con mayor tecnología de todo Latinoamérica. Foto: Presidencia.
La supervisión de la PTAR La Atarjea ratifica el compromiso firme del Gobierno con el cierre de brechas sociales y la construcción de un país más justo, equitativo y con oportunidades para todos.
El gobierno también viene impulsando una cartera de 10 proyectos adicionales de agua potable y saneamiento bajo el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP), con una inversión superior a los 2600 millones de dólares. Estas obras beneficiarán a cerca de cuatro millones de habitantes de Lima y Callao.
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Ministro del Ambiente: ampliación del Reinfo solo revisa cumplimiento de inscritos y excluye a quienes no califiquen
El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aclaró que la reciente ampliación del proceso de formalización minera no reabre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sino que está destinada únicamente a evaluar si los inscritos hasta 2020 cumplen con los requisitos legales para formalizarse.
En entrevista con TVPerú Noticias, el ministro precisó que aquellos mineros informales que no cumplan con los criterios establecidos serán retirados del padrón y pasarán a la ilegalidad.
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Ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aclara el objetivo de la ampliación del Reinfo hasta diciembre de 2025. Foto: captura TVPerú Noticias.
“Desde septiembre de 2020 no se inscribe nadie más en el Reinfo. Lo que se ha ampliado es el plazo de evaluación de los que ya están registrados. No hay ingreso de nuevos actores y no se está promoviendo la ilegalidad como algunos malinforman”, enfatizó el ministro.
El decreto supremo que amplía el proceso hasta el 31 de diciembre de 2025 fue publicado recientemente en el diario oficial El Peruano. Esta medida busca concluir la revisión de los expedientes de formalización de quienes se acogieron legalmente al proceso hasta su última fecha de inscripción válida, en 2020.
“Este es el último plazo. Aquellos que no cumplan con los requisitos saldrán del proceso y deberán ser tratados como ilegales, aplicándoseles toda la fuerza de la ley. No pueden seguir contaminando los suelos ni los ríos”, precisó.
Asimismo, se iniciará una depuración del padrón actual, excluyendo a los inactivos y a quienes han incumplido los compromisos técnicos, sociales o ambientales exigidos por la normativa.
RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN ZONAS AFECTADAS POR MINERÍA ILEGAL
Durante la entrevista, el ministro del Ambiente también detalló los avances en la recuperación de suelos degradados por la minería ilegal, especialmente en Madre de Dios. Gracias al fortalecimiento del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), se han recuperado 250 hectáreas contaminadas con mercurio, en coordinación con comunidades nativas.
“Hoy tenemos tecnología validada para recuperar suelos con metales pesados. Lo más importante es que esto no solo regenera el ecosistema, sino que también permite generar ingresos para las comunidades”, explicó.
Las tierras restauradas han sido utilizadas para instalar plantaciones forestales con valor comercial, mientras que otros esfuerzos incluyen la reproducción en cautiverio de peces amazónicos como el paco y la mota punteada, libres de mercurio, para el consumo seguro de la población local.
A través del IIAP, se han transferido especies a 250 productores en la Amazonía, quienes ahora obtienen ingresos mensuales, en promedio, de 4000 de soles gracias a la piscicultura sostenible.
El ministro Juan Carlos Castro reafirmó que el gobierno no solo lucha contra la minería ilegal mediante interdicciones, sino que apuesta por la ciencia, la tecnología y el trabajo conjunto con las comunidades para revertir el daño ambiental y mejorar la economía local.
“Recuperar el equilibrio ecológico de la Amazonía tomará décadas, pero estamos sentando las bases con evidencia científica. Es crucial que el próximo gobierno continúe con esta política”, concluyó.
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el Gobierno aprobó la operación de endeudamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 200 millones de dólares, que servirán para ejecutar obras de infraestructura vial.
Con este monto se financiará parcialmente el Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional (Proregion 2) de Provías Descentralizado.
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Los 200 millones de dólares serán invertidos en vías de infraestructura en 12 regiones. Foto: MTC.
En el Decreto Supremo n.° 126-2025-EF, se informa que el proyecto servirá para mejorar la conectividad vial en el área de influencia del mencionado programa, conformado por 12 regiones como Arequipa, Cusco, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Puno, Lima, Ucayali, Huánuco, Áncash, y que, a su vez, beneficiará a más de tres millones de personas.
Esta operación complementa el financiamiento inicial realizado en convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta 300 millones de dólares.
MTC: PROREGIÓN 2 COMPRENDE 15 CORREDORES VIALES
El programa Proregión 2 interviene en 15 Corredores Viales Alimentadores (CVA) distribuidos en 28 servicios de gestión, mejoramiento y conservación. A la fecha, cuatro servicios se encuentran en proceso de selección, mientras que siete están en actos preparatorio y 17 se encuentran con perfiles viables y actualizando los estudios de preinversión.
Estas intervenciones beneficiarán a más de 3.6 millones de habitantes en los 12 departamentos ya mencionados.
El MTC, a través de Provías Descentralizado, remarcó su compromiso de seguir impulsando la competitividad de las regiones mediante la mejora de la infraestructura vial, facilitando la conexión de los centros de producción agrícola con los principales mercados nacionales y centros de exportación, para así fomentar el desarrollo de la agroindustria local.
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El Gobierno ejecutó un operativo de interdicción en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. La intervención permitió destruir e inutilizar maquinaria e insumos valorizados en 49 543 500 soles, empleados en la minería ilegal que depredan el medio ambiente.
“Este despliegue refleja la firme decisión del Gobierno de la presidenta Boluarte de combatir la minería ilegal en todo el territorio. No permitiremos que se atente contra nuestros recursos naturales ni se ponga en riesgo la seguridad de la población”, enfatizó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.
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Policías de varias divisiones destruyeron caminos utilizados por la minería ilegal. Foto: PCM.
La Presidencia del Consejo de Ministros informó que más de 50 policías participaron en el operativo contra la minería ilegal que inutilizó infraestructura clandestina y una vía usada para el tráfico de personas y minerales.
OPERATIVO CONTRA MINERÍA ILEGAL A CARGO DE PNP, EJÉRCITO Y FAP
La acción fue ejecutada el 27 de junio por efectivos policiales de la Dirección de Medio Ambiente (DIRMEAMB), la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y la División contra la Minería Ilegal (Divcomin). Asimismo, participaron tres representantes del Ministerio Público designados por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental.
Este operativo en El Cenepa también contó con el apoyo de helicópteros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, que trasladaron e insertaron a las fuerzas del orden y a los funcionarios del Ministerio Público en la quebrada Sawintza, jurisdicción del Gobierno Regional Autónomo Awajún, donde identificaron zonas degradadas por la minería ilegal, así como la infraestructura clandestina que abastecía a las organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita.
Durante la incursión en este distrito de Amazonas fueron inutilizadas diez máquinas excavadoras, una planta de beneficio de mineral, tres quemadores artesanales, 11 motores, 18 campamentos, 15 motovibradores, 10 000 metros de manguera, 20 barriles de plástico, 25 000 galones de diésel, ocho generadores eléctricos, 200 colchones, nueve antenas satelitales, seis congeladores, indumentaria minera y otros instrumentos utilizados.
Adicionalmente, se procedió con la destrucción de un kilómetro de trocha carrozable no autorizada que facilitaba la trata de personas, el tráfico de bienes y la salida ilícita de minerales hacia territorio ecuatoriano.
Con este golpe a las economías ilegales, el Ejecutivo reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad, el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales, en articulación con las entidades competentes y las comunidades de la Amazonía.
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