Política

Hoy se promulgó la Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional, conocida como la ley de interdicción aérea que el Congreso aprobó el pasado 20 de agosto con la finalidad de intervenir a las avionetas sospechosas de transportar droga.

La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, tiene por objeto establecer los principios y normas para el control, vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional, de conformidad con la Constitución, la legislación nacional, los tratados de los que el Perú es parte y otras normas de derecho internacional sobre la materia que puedan ser de aplicación.

El artículo 5 señala que se considera “acto hostil de una aeronave” a la violación del espacio aéreo nacional con fines ilícitos, la amenaza contra instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, servicios públicos esenciales, población, sus recursos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, considera acto hostil a “cualquier maniobra que atente contra la aeronave interceptora” durante los procedimientos de interceptación o el reiterado e injustificado desacato a las instrucciones de la tripulación de la aeronave interceptora.

También se señala como un acto hostil de una aeronave cuando exista evidencia o sospecha razonable del transporte ilícito de bombas, armas, municiones de fuego, armas de fuegos artesanales, municiones, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos, sustancias o materiales destinados para su preparación, minas antipersonales o minas antipersonales artesanales.

La norma establece claramente los principios rectores para la interceptación de una aeronave civil y para el empleo de la fuerza contra una nave hostil. También los lineamientos generales para los procedimientos de interceptación de una aeronave en vuelo y en superficie.

Registro de los procedimientos de interceptación

Se indica que los procedimientos de interceptación de aeronaves “han de ser registrados en medios audiovisuales o por cualquier otro medio tecnológicamente factible y confiable” y las grabaciones deben evidenciar el cumplimiento de todos los procedimientos establecidos en la presente Ley y las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP).

La norma también señala claramente el derecho de la legítima defensa del Estado peruano, así como el derecho de legítima defensa del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Exención de responsabilidad penal

Asimismo se indica que están exentos de responsabilidad penal los funcionarios públicos y el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía que, al realizar la interceptación, actúen en estricto cumplimiento de la presente ley y las demás normas nacionales o internacionales que fueran aplicables al Estado peruano en relación con los procedimientos de interceptación de aeronaves.

En la única disposición complementaria final se señala que en un plazo no mayor de 90 días calendario, contados desde la entrada en vigor de la presente ley, se establecerá los procedimientos específicos para la interceptación de aeronaves civiles conforme a lo previsto en el artículo 13 de la norma.

/MRM/

La comisión que investiga a Martín Belaunde Lossio encontró indicios de actos de corrupción en las actividades que desarrolló el empresario en cinco regiones -tres a nivel de gobierno regional y dos municipal- y determinó responsabilidades en diez personas, señaló su presidenta, Marisol Pérez Tello.

Los gobiernos regionales donde se detectaron presuntos actos irregulares son en Cusco, Madre de Dios y Junín, mientras a nivel local en la Municipalidad de Catache, Cajamarca, y Gregorio Albarracin, en Tacna.

“En todas las regiones ha habido participación de Belaunde Lossio y de su entorno, dijo la parlamentaria, tras informar que hoy se aprobó el primer informe de la comisión, con respecto al accionar de este empresario en el ámbito regional y local.

De igual modo, sostuvo que se encontró presuntos actos irregulares en las contrataciones con el Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

En ese aspecto, se formuló una recomendación para que el Ministerio Público realice una investigación sobre el caso. 

Indicó que en esos hechos se ha detectado la presencia de Juan Carlos Rivera Hidrogo y Arturo Belaunde Lossio, y de una presunta falsificación de firmas para que estos procesos se den, evidencia que existieron irregularidades.

Se han establecido además, según dijo, responsabilidades administrativas, para que la Contraloría investigue, y penales en cerca de diez personas que van desde el delito de asociación ilícita, colusión, rehusamiento de funciones, o tráfico de influencia en la modalidad de instigador.

Según dijo, estas responsabilidades han recaído en la totalidad de personas que pasaron a condición de investigados en estos casos, entre ellos expresidentes regionales. 

Sin embargo, recalcó, que también la comisión ha solicitado que se investigue a otros funcionarios que no pasaron a esta condición.

Detalló, en este sentido, que los actos irregulares corresponden a la ejecución de obras que no concluyeron como es el caso del puente Comuneros, en Huancayo, que representaba una inversión de 51 millones de soles, así como irregularidades en proyectos de electrificación en Catache, por un monto de 8 millones de soles.

Por otro lado, afirmó que la comisión no encontró irregularidades con respecto al presunto vínculo de Belaunde Lossio con Agro Rural y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).

“En Pronied y Agro Rural no se ha encontrado responsabilidad porque no se llegaron a ejecutar los contratos. La OSCE comunicó sobre la inhabilatación de Antalsis por lo de las cartas fianzas falsificadas en Cusco y no ha habido daño”, señaló. 

/CCH/ Andina

El precandidato del Partido Nacionalista, Daniel Urresti, sostuvo que de ganar las elecciones presidenciales el 2016 su meta será reducir los índices de criminalidad en dos años y si no lo logra, convocará a nuevas elecciones.

Refirió que actualmente la inseguridad ciudadana es el principal problema que preocupa a la ciudadanía, frente a lo cual dijo estar en condiciones de enfrentarla, en función de su experiencia como exministro del Interior.

“Si es que llego a ser Presidente, pienso que en dos años se puede regresar a los índices (de inseguridad ciudadana) de niveles manejables, porque nadie va a desaparecer el crimen (…) Si no lo logro, llamaré a elecciones, ¿Para qué me quedo?”, manifestó.

Para ello, indicó que como primera medida, repotenciará la policía de investigación, porque se requiere con urgencia más detectives que trabajen centralizados bajo una sola "cabeza en Lima" y no por regiones policiales.

La segunda propuesta, según dijo, será instalar nuevos complejos policiales porque las instalaciones de la Policía han crecido de forma desordenada en la ciudad, sobre la base de las comisarías.

"Eso ha originado que hasta ahora se piense que el esqueleto de la Policía son las comisarías, cuando no es así (…) Lima tiene que dividirse en seis sectores, y cada sector ser manejado como una ciudad del interior”, puntualizó.

Ofreció también una redistribución del personal policial de manera lógica y técnica para desplazar a los efectivos policiales hacia las zonas donde realmente se requiere.

Se mostró, asimismo, contrario con una iniciativa que llama a la justicia popular contra los delincuentes, porque sería cometer un crimen grave y retroceder en el país.

“Lo que necesitamos es que se alineen el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque la Policía está haciendo su trabajo, todos los días atrapa bandas”, manifestó.

Recomendó que la población se organice en las juntas vecinales en torno a sus comisarios, medidas que está dando resultados en la lucha contra la inseguridad.

/CCH/ Andina

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) aprobaron un crédito a favor del Perú por 400 millones de dólares para obras de rehabilitación tras los efectos que podrían generar el fenómeno de El Niño en el agro, las viviendas y las vías de comunicación, se anunció.

El titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Juan Manuel Benites, precisó que este fondo será activado de inmediatos apenas pase fenómeno de El Niño para comenzar con la rehabilitación.

"Pero además mucho de los presupuesto de ministerios irán a priorizar la recuperación de infraestructura y viviendas. No podemos dejar que toda esa capacidad productiva del Perú se pierda", subrayó.

Desde la base naval del Callao, donde hoy partirá el BAP Tacna con ayuda para la población del norte del Perú, Benites recordó que Perú perdió casi 11 puntos del PBI durante el fenómeno de El Niño registrado en los años 1982 y 1983.

"Estamos hablando de fenómenos que golpean muy fuerte. Aunque todavía no quisiera adelantar cálculos porque es un escenario que hemos construido. En todo caso en la medida que se vaya definiendo de qué tipo de Niño vamos a hablar tal vez más adelanta podamos ensayar algunos escenarios", subrayó. 

Indicó que durante los fenómenos naturales ocurridos en años anteriores siempre es el norte del Perú el que sufre más, principalmente los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Mientras tanto un segundo anillo de zonas afectadas por El Niño lo constituyen los departamentos de Cajamarca, Amazonas, San Martín y Áncash.

/CCH/ Andina

El congresista de la bancada Nacionalista Gana Perú, Rubén Coa, explicó que el acuerdo mayoritario de su grupo parlamentario en torno al Lote 192, fue respaldar un debate en torno a este tema y dejar que el pleno defina el destino de Petroperú.

En ese sentido, indicó que como bancada no tiene una posición contradictoria, sino que hay planteamientos personales legítimos que se expusieron en el pleno, pero que se allanan al acuerdo tomado ayer.

"Luego del debate interno en la bancada, la mayoría, casi abrumadora, se pronunció porque había que respaldar la necesidad de un debate y que sea el pleno en que defina el destino de Petroperú y que se pronuncie ante el pedido y clamor del pueblo", sostuvo.

Señaló que la participación de la empresa estatal en la explotación del Lote 192 hubiera significado 700 millones de soles, con lo que no se cuenta en este momento la empresa estatal, dado que está embarcada en el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.

Para ello, sostuvo, se autorizó por ley a Petroperú la capacidad de endeudamiento hasta tener los 3,500 millones de dólares, la venta de sus acciones en la bolsa de valores hasta por un 49 por ciento y se dispuso que en tanto no podrá asumir proyectos que le generen pasivos.

Consideró, sin embargo, que no está cerrada la posibilidad de que Petroperú asuma una nueva responsabilidad, en la medida que se pueda modificar la norma y que se demuestre que tienen condiciones óptimas para asumirlas.

/CCH/ Andina

Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno nombró al diplomático Guido Felipe Loayza Devéscovi, como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Malasia, y dispuso extenderle las cartas credenciales y poderes correspondientes.

Mediante resolución suprema se oficializa el nombramiento, en el marco de la facultad constitucional del jefe del Estado de nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso de la República.

La norma precisa que la fecha en que el citado funcionario diplomático deberá asumir funciones será fijada mediante resolución ministerial.

El dispositivo, publicado hoy en la separata de Normas Legales del diario El Peruano, lleva las firmas del presidente de la República, Ollanta Humala; y la canciller, Ana María Sánchez de Ríos.

/P.A.G./

Así como lo anunció la presidenta de este grupo de trabajo, Marisol Pérez Tello, la comisión que investiga las presuntas actividades irregulares del detenido empresario Martín Belaúnde Lossio, inicia hoy el debate de la propuesta de su informe final.

Según la agenda de actividades del Parlamento, la sesión de esta comisión se inicia a las 10:00 horas y abordará los aspectos generales de la investigación, así como las pesquisas efectuadas al respecto.

Conforme a lo previsto, el documento final iba a ser entregado con antelación a los integrantes de la comisión para que cada uno lo evalúe y este viernes se presenten los pedidos que estimen.

La congresista Pérez Tello afirmó: “Este viernes que sesionemos, si lo consideran necesario, podrán plantear un pedido de prórroga, pues el período de investigación otorgado por el Pleno culmina este lunes 31”.

Manifestó que el informe es “suficientemente sólido” y se han cumplido los objetivos para los cuales fue creada la comisión, ya que “está claro a quiénes se recomendaría para que sean investigados”.

Dijo además que con la información obtenida tras las indagaciones de estos meses “se puede informar al país cuáles fueron los actos y contratos que Belaúnde Lossio realizó de forma irregular”, así como determinar las relaciones que mantuvo o no con el poder para concretar las licitaciones.

Cabe resaltar que dicha comisión fue creada a raíz de las denuncias periodísticas sobre las presuntas actividades ilícitas de Belaúnde Lossio para obtener irregularmente contratos en favor de empresas vinculadas a él, y la posible vinculación con ellas de funcionarios del Estado.

/P.A.G./

Con la finalidad de regular la propaganda electoral sobre la base de principios, para evitar la proliferación de denuncias sin sustento que dañan la imagen y el honor de las personas, y evitar candidatos con campañas millonarias, fueron puestas en debate las modificaciones a la Ley de Partidos Políticos.

El congresista Jaime Delgado (DyD), dijo que la propaganda electoral como la publicidad debe regularse y que el Estado deberá supervisarla para evitar que algunos candidatos hagan propuestas irrealizables. Dijo que ello desnaturaliza el proceso electoral y atenta contra la transparencia y la democracia. 

Por su parte, Rosa Mavila (FA-AP) propuso consignar reglas claras en cuanto al dinero y al gasto de los partidos y candidatos. Recomendó además una buena estructura política para evitar ingresos irregulares porque el financiamiento privado debe estar debidamente sustentado. 

El legislador Lenidas Huayama (NGP) planteó que los partidos políticos y movimientos regionales que no presenten su estado financiero a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en un plazo de un año, sean inhabilitados.

Los congresistas Mesías Guevara (AP-FA) y Omar Chehade (NGP) coincidieron en favor de la democracia interna de los partidos para evitar el caudillismo. 

El parlamentario Fernando Andrade (PP), insistió que en el caso de las alianzas electorales se baje a 1 % en vez de 2.5 %, también para los movimientos regionales. Señaló que los partidos políticos deben hacer alianzas con partidos políticos, al igual que los movimientos regionales con los mismos movimientos.

Para el legislador fujimorista Octavio Salazar, los partidos deben evitar la inscripción de agrupaciones vinculadas al terrorismo, e indicó que no pueden lograr su inscripción organizaciones que promuevan la destrucción del Estado de Derecho.

Por su parte, Martín Belaúnde (SN), pidió que se incorpore un proyecto suyo, el cual propone que no pueden ser candidatos aquellos que tengan sentencia firme de la justicia por terrorismo o tráfico de drogas o que hayan promovido atentados contra la vida, la libertad y el patrimonio. Aclaró, empero, que ello deberá aplicarse ante una sentencia firme y no a un procesado porque se afectaría el derecho constitucional de la persona.

El parlamentario Héctor Becerril (FP), propuso incorporar a los movimientos regionales. “Se busca evitar que no duren el tiempo mediante alianzas, para que sean fuerzas políticas a nivel nacional”, explicó. 

Luego del citado debate, el presidente de la Comisión de Constitución, Fredy Otárola (NGP) solicitó un cuarto intermedio para que el proyecto se vote en la próxima sesión. 

/P.A.G./

La moción que pedía la adjudicación del Lote 192 a la empresa estatal Petroleos del Perú (Petroperú), fue rechazada por el Pleno del Congreso de la República.

Fueron 58 los parlamentarios que votaron a favor de la moción de rechazo, dos votaron en contra y se abstuvieron cuatro.

El documento fue presentado por el legislador Manuel Enrique Dammert Ego-Aguirre (FA-AP) y fue respaldado por otras bancadas minoritarias.

Durante el debate, de casi cuatro horas de duración, luego de la exposición del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y de la titular de Energía y Minas, Rosa Ortiz Ríos, se demandó debatir y aprobar las modificaciones a la norma, a fin de permitir a Petroperú asumir la explotación del lote 192 por 30 años.

Los parlamentarios de algunas bancadas cuestionaron, con diferentes términos, las afirmaciones de los funcionarios del Gobierno respecto a que la empresa estatal Petroperú no estaba en condiciones técnicas, económicas ni financieras para poder explotar el Lote 192.

Según estos legisladores, entregar la concesión a Petroperú le permitiría a la empresa estatal obtener utilidades para destinarlas a financiar la modernización de la refinería de Talara. 

En su intervención, el congresista Mauricio Mülder se opuso a la moción y señaló "que era un saludo a la bandera, un engaño al pueblo de Loreto", mientras Jonhy Lescano criticó la posición de su colega aprista por no respaldar el documento. "Es un contrato lesivo a Loreto", indicó Lescano.

El titular de la región Loreto, Fernando Meléndez, quien estuvo presente en el debate, manifestó a la prensa que el pueblo loretano se siente traicionado por esta decisión. 

"El Perú tiene una deuda con Loreto y no se ha respetado la dignidad de sus ciudadanos", refirió, en una conferencia de prensa junto a dirigentes de la selvática región y algunos legisladores.

/P.A.G./

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén Olaya, anunció la construcción de un nuevo penal en Moquegua, con una inversión de superior a los 15 millones de nuevos soles, en el marco de la política de disminuir el hacinamiento de los penales que impulsa el gobierno central.

Adrianzén participó hoy en la colocación de la primera piedra de la obra que contará con más de tres mil metros cuadrados de área techada y permitirá albergar a 180 internos, entre hombres y mujeres.

“Queremos agradecer infinitamente al pueblo de Moquegua por permitirnos desarrollar esta obra (...) que se dividirá en pabellones de hombres y mujeres, talleres ocupacionales, pabellón de control ingreso peatonal, cocina, tópico donde podrán acceder a servicios de odontología y farmacia así como servicios fundamentales”, anotó.

Informó también que se pondrá en funcionamiento cinco talleres ocupacionales, entre ellos dos de carpintería,  uno de soldadura y forja, uno de manualidades y uno de zapatería, los cuales se ubican en un pabellón de tres niveles que incluyen un montacargas, almacenes, patios, servicios higiénicos y oficinas.

“Hemos obtenido la licencia social para la construcción de esta obra gracias al esfuerzo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Ministerio de Justicia y el pueblo de Moquegua. Es resultado de un esfuerzo conciliador muy grande para sensibilizar, conversar y ponerse de acuerdo”, añadió.

Precisó que la obra es necesaria, ya que se debe mejorar las condiciones carcelarias de los internos recluidos en esta parte del país, quienes convivían en malas condiciones.

/CCH/ Andina