Política

Los ministros de Defensa, Pedro Cateriano, y de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez; acudirán al Parlamento para informar ante la Comisión Permanente sobre el espionaje en perjuicio del Perú fomentado por militares chilenos.

Según informó el Parlamento, ambos ministros de Estado acudirán al Parlamento a las 16.00 horas.

La sesión será conducida por la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano.

Como es de dominio público, la justifica militar procesa bajo el cargo de traición a la patria a tres suboficiales de la Marina de Guerra del Perú quienes, según todos los indicios, fueron captados por militares chilenos para comprarles información sobre el estado de la flota peruana.

A raíz de esta revelación, el Gobierno del Perú envió una nota diplomática a Chile a través de la cual exhorta a ese país a realizar una rápida y profunda investigación para procesar a los responsables de este hecho.

El canciller Gonzalo Gutiérrez dijo ayer que hay pruebas “claras y fehacientes” del espionaje chileno al Perú.

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El titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, opinó que lo prioritario de la reforma electoral sería aprobar la obligatoriedad de los candidatos de declarar patrimonio y rentas, así como sus juicios y sentencias en la hoja de vida.

Dentro de la amplia gama de proyectos sobre este tema, Távara refirió que estas reformas deben regir en las elecciones generales del 2016, para garantizar la transparencia del proceso.

"Que todos los candidatos declaren en la hoja de vida cuál es su patrimonio, qué propiedades tienen y de qué viven, su renta; no hay razón para omitir esta información, igual en el tema de la sentencias judiciales y procesos penales en trámite", afirmó tras saludar el anunció de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, de iniciar el debate de esta reforma en las sesiones plenarias del próximo 4 y 5 de marzo.

El titular del organismo electoral también propuso que en la hoja de vida se consigne la relación de padres, hermanos y cónyuge del candidato, para tenerlo en cuenta ante un eventual delito de nepotismo.

Señaló que un gran porcentaje de vacancia de alcaldes se debe precisamente a esta causal, por lo que es importante consignar desde un principio esta información.

Távara, junto con la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, participaron en el foro Hacia la reforma electoral, organizado la Comisión de Constitución del Congreso, que preside Luis Llatas.

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La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, invocó a las nueve bancadas parlamentarias a buscar los consensos requeridos para la aprobación de las reformas electorales, cuyo debate se iniciará el 4 y 5 de marzo próximo.

Durante la inauguración del Panel Forum “Hacia la Reforma Electoral”, organizada por la Comisión de Constitución, destacó que el Parlamento ha mostrado disposición para debatir los mencionados cambios normativos en forma prioritaria en la legislatura ordinaria a iniciarse el 1 de marzo.

Indicó que resulta importante que en este debate participe la ciudadanía, como lo ha pedido la Asociación Civil Transparencia, y también lograr los consensos para su aprobación.

Asimismo, refirió que el análisis y elaboración de dichas iniciativas ha sido realizado desde gestiones anteriores y, por ello, felicitó al actual presidente de la Comisión de Constitución, Luis Llatas, por encaminar dicho trabajo.

Señaló que desde períodos anteriores existe más de un centenar de proyectos de ley sobre reforma electoral.

Recordó que está pendiente de segunda votación el proyecto que prohíbe la reelección de los presidentes regionales y alcaldes, así como el perfeccionamiento del mecanismo de revocatoria de autoridades regionales y municipales.

Están pendientes, agregó, las iniciativas para modificar el Reglamento del Congreso para aplicar la figura de la “curul vacía”, a fin de sancionar a los partidos que lleven en sus filas a personajes ligados al narcotráfico.

También están a la espera los proyectos sobre la cuota de género, el que evita los “votos golondrinos” y el que propone la restitución del sistema bicameral.

Según remarcó, esas iniciativas buscan contar con candidatos más idóneos para generar confianza en la ciudadanía y que los aspirantes a ocupar cargos públicos registren su patrimonio, a fin de optimizar el principio de transparencia.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pidieron al Congreso aprobar la reforma electoral para otorgar los mecanismos legales que permitan sancionar a los partidos y organizaciones políticas que cometan irregularidades u oculten información sobre los aportes económicos que reciben.

Al concluir el foro “Hacia la reforma electoral”, impulsado por la Comisión de Constitución del Parlamento, el jefe de la ONPE, Mariano Cucho, explicó que la actual legislación sobre financiamiento partidario no permite actualmente sancionar a aquellos partidos que no sean transparentes al informar sus fuentes de financiamiento ni los montos que reciben.

Según la ley, recordó, dichos aportes deben ser entregados a los partidos políticos por medio del sistema financiero.

“Eso no se hace, pero en la Ley de Partidos Políticos no existe una sanción efectiva, por tanto no se puede sancionar (a los partidos políticos)”, subrayó en declaraciones a la prensa.

En ese marco, la autoridad recordó que la reforma electoral, elaborada junto al JNE y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), propone hacer cambios en la ley para sancionar a las agrupaciones políticas que oculten información.

“Por eso, recomiendo al Congreso de la República tomar nota sobre esta necesidad; urge un cambio de paradigma, y debe aprobarse una modificación a la Ley de Partidos Políticos”, comentó.

A su turno, el titular del JNE, Francisco Távara, explicó que el actual marco normativo es deficiente en lo relacionado al control del financiamiento privado de los partidos políticos.

Según dijo, este no permite investigar ni sancionar debidamente a las organizaciones que incurran en irregularidades.

“Por eso en la propuesta de nueva Ley de Partidos Políticos hemos regulado de manera más eficiente y eficaz el financiamiento público directo, estableciendo que todo debe ser bancarizado”, comentó.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) esperará el fallo del Poder Judicial (PJ) sobre el caso de Waldo Ríos antes de pronunciarse sobre si está apto para ejercer la presidencia regional de Áncash, indicó esta noche el presidente de este tribunal, Francisco Távara.

Al comentar la posición de Ríos, de exigir al JNE la entrega de sus credenciales como autoridad regional, Távara recordó que existen casos en que la decisión del máximo tribunal electoral depende exclusivamente de los fallos de la justicia penal ordinaria.

Por ello, recordó que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró que Ríos –condenado por recibir dinero de Vladimiro Montesinos para cambiarse de bancada durante el gobierno de Alberto Fujimori- no estaba habilitado para ejercer el cargo.

“Hay que ver qué cosa decide el órgano penal para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda decidir ante la petición de este ciudadano; ha habido una marcha, pero en este momento en el JNE no hay nada pendiente”, manifestó a la prensa.

Ríos, quien asegura ya haber pagado el millón de soles que le exigía la justicia como reparación civil al Estado, encabezó hoy una marcha de protesta ante el JNE para exigir la entrega de sus credenciales como presidente regional.

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La región Arequipa tiene la primera prioridad para la construcción del polo petroquímico del sur del país, aseguró la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano.

Durante la reunión en la que participó junto a parlamentarios de la región Arequipa, a la presidenta regional, Yamila Osorio; a la jefa del Gabinete, Ana Jara; y a la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, Solórzano aclaró que el gobierno nunca ha dado “un paso atrás” en su decisión de impulsar el polo petroquímico en esa zona del país.

“Nunca se dudó de la validez de un análisis serio que ha hecho el Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas (…) el Ejecutivo nunca ha dado un paso atrás en su decisión de lo que significa el desarrollo para el sur, hay una decisión política por parte del Ejecutivo, que nos ha trasladado la premier, que es la de tener el polo petroquímico”, indicó.

La titular del Congreso dijo que si bien el inversionista privado determinará el lugar de ejecución de la obra, las autoridades de Arequipa se ampararán en el estudio de prelación, en el cual esta región se ubica en el primer lugar para la construcción del polo petroquímico.

Señaló, además, que los parlamentarios, como autoridades, están en la obligación de dar soluciones, no de azuzar a la población. 

En ese marco, instó a la población de Islay a estar tranquila. 

“Estamos aquí la presidenta del gobierno regional y los congresistas por Arequipa, hemos tenido reunión con Ana Jara y con la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz; y quiero trasladar la tranquilidad de que todo está como siempre estuvo, y que el polo petroquímico será una realidad en el sur del país”, indicó.

/CCH/ Andina

Los ministros de Defensa, Pedro Cateriano, y de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez; acudirán mañana al Parlamento para informar ante la Comisión Permanente sobre el espionaje en perjuicio del Perú fomentado por militares chilenos.

Según informó el Parlamento, ambos ministros de Estado acudirán al Parlamento a las 16.00 horas.

La sesión será conducida por la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano.

Como es de dominio público, la justifica militar procesa bajo el cargo de traición a la patria a tres suboficiales de la Marina de Guerra del Perú quienes, según todos los indicios, fueron captados por militares chilenos para comprarles información sobre el estado de la flota peruana.

A raíz de esta revelación, el Gobierno del Perú envió una nota diplomática a Chile a través de la cual exhorta a ese país a realizar una rápida y profunda investigación para procesar a los responsables de este hecho.

El canciller Gonzalo Gutiérrez dijo ayer que hay pruebas “claras y fehacientes” del espionaje chileno al Perú.

/CCH/ Andina

El Alto Comisionado en Asuntos de Lucha contra la Tala Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, César Fourment, aclaró que no existe plazo de cinco días para la regularización del transporte de productos maderables que carezcan de documentación oficial sobre su procedencia.

Aseguró que los usuarios de productos forestales “deben contar obligatoriamente con los documentos oficiales que amparen el transporte, entre los que se encuentra la Guía de Transporte Forestal”, subrayó.

Durante la sesión de la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal, Fourment destacó que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) expidió diversos documentos al respecto.

Los documentos, enviados a los presidentes regionales de Amazonas, Ayacucho, Huánuco, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali y a los Administradores Técnicos de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFF), precisan que, en caso de carecer de la referida guía, será “calificado como infracción administrativa y devenir en las sanciones de multa y comiso de las especies transportadas, sin perjuicio de las acciones civiles y penales”.

Fourment Paredes sostuvo que lo señalado se encuentra respaldado en la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y el Reglamento de la misma, específicamente el artículo N° 369, modificado en el 2003 por el Decreto Supremo N° 006-2003-AG, pero que por motivos desconocidos las diversas autoridades no aplicaban.

Por ello, el representante de la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó a las autoridades vinculadas al sector forestal a hacer cumplir irrestrictamente la ley. “De verificarse el transporte de productos forestales sin documentación oficial, las autoridades deben proceder a la sanción de multa y el respectivo comiso, no siendo posible la devolución de los productos intervenidos”, aseveró.

/CCH/ Andina

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, aseguró que la disposición de su país es “cumplir plenamente” el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en enero del 2014 determinó la frontera marítima con el Perú.

Consultado sobre el impacto del caso de la denuncia peruana sobre espionaje chileno a la ejecución del fallo de La Haya, Muñoz dejó en claro la intención de su país en avanzar en las relaciones bilaterales.

"En esto ya hemos dicho lo que teníamos que decir y espero que sigamos caminando en las dos vías, en el pleno cumplimiento del fallo y en esta agenda de futuro que ha tenido bastantes avances en este tiempo", manifestó Muñoz al diario La Tercera.

Respecto a la presencia en Santiago del embajador de Chile en Perú, Roberto Ibarra, precisó que el representante diplomático, coopera con el gobierno chileno en preparar la respuesta a la nota de protesta que la cancillería peruana emitió por la denuncia de espionaje.

“Está acá (Ibarra) haciendo uso de su feriado legal y la idea es mantenerlo los días que sean necesarios, para que coopere con la preparación a la respuesta de la nota peruana", subrayó.

El viernes último, el Gobierno peruano envío una nota de protesta en la cual exhorta a Chile a realizar “una rápida y profunda investigación”, a fin de procesar a los responsables de espionaje en Perú y se informe del resultado de la misma.

/CCH/ Andina

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fredy Otárola, aseguró de manera enfática que su gestión respetará la autonomía de los procuradores encargados de los diferentes casos de defensa del Estado.

“Me he reunido con algunos de los procuradores para garantizarles total independencia y absoluta libertad", subrayó.

De otro lado, anunció que su portafolio, según Resolución Suprema N° 034-2015-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano, contrató el estudio jurídico Hassenteufel & Asociados para la defensa del Estado peruano ante el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, en La Paz, durante el proceso de extradición del empresario Martín Belaunde.

“No queremos politizar este tema y dejaremos todo en manos de los procuradores quienes trabajan en plena libertad. Ningún procurador se va a quejar que hemos pretendido manejar la vara de la justicia. Jamás lo haríamos", indicó.

Asimismo, afirmó que si se necesita la contratación de algún procurador que defienda los intereses del Estado, “se contratará a un abogado de primer nivel ya que no queremos escándalos mediáticos".

/CCH/ Andina