Política

El pleno del Congreso aprobó suspender al parlamentario José León, de Perú Posible, durante 60 días hábiles y sin goce de haber, por transgredir el Código de Ética de este poder del Estado al faltar a la verdad.

La sanción fue propuesta en un informe de la Comisión de Ética Parlamentaria y fue aprobada esta madrugada tras un extenso debate, con 75 votos a favor, cinco en contra y diez abstenciones.

El vicepresidente de dicha instancia Daniel Mora, también de Perú Posible, sustentó el informe en mayoría en el cual se indica que León faltó a la verdad respecto a su relación con el mexicano Rodrigo Torres, personaje vinculado al narcotráfico.

Torres era inquilino del parlamentario, y actualmente se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, que lo investiga por ser el supuesto propietario de siete toneladas de droga incautada en Trujillo.

Además del informe en mayoría, hubo otro en minoría que fue sustentado por el fujimorista Juan Díaz. Este difería de aquel expuesto por Mora tan sólo en la duración de la suspensión solicitada, ya que requería que esta se prolongara durante 120 días.

Al hacer uso de su derecho a la defensa, León afirmó que el alquiler del inmueble en cuestión "fue totalmente legal y además lícito a un ciudadano que ya tenía tiempo viviendo en el Perú".

Este último detalle fue el que hizo que no sospechara de la participación de Torres en actividades ilícitas, explicó.

Durante el prolongado debate también participó el ex presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay (UR), en cuya gestión se elaboró el informe acusatorio. Este señaló que León si mintió y ocultó información sobre sus vínculos con Torres.

El legislador también anunció que retiraría su firma del informe en mayoría a fin de suscribir el de minoría, ya que estimaba conveniente que León recibiera una suspensión mayor.

Finalmente, fue aprobado el informe que establecía la aplicación de una sanción de 60 días para el parlamentario toledista.

/M.R.M./

La bancada de Dignidad y Democracia anunció que presentará una moción de orden del día para solicitar la presencia de los ministros del Interior y de Energía y Minas ante el pleno del Congreso para explicar la situación del conflicto en la provincia de Islay por el proyecto Tía María.

Juan Pari, vocero de esta organización política, dijo que la situación en esa zona del país, donde se han registrado fuertes casos de violencia en el marco de la huelga contra el proyecto minero, hace necesaria la presencia de los ministros de Estado.

En el caso del ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, informó que debe exponer en el Congreso las medidas de su despacho para controlar la violencia en Islay.

Asimismo, consideró que la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, debe explicar la política del Gobierno de promoción de las inversiones en su sector, pues ha demostrado estar mal diseñada ya que ocasiona conflictos y violencia.

Durante el inicio de la sesión plenaria, la mayoría de legisladores coincidieron en que debe suspenderse el diálogo entre el Gobierno y los sectores de la población opuestos al proyecto Tía María, debido a la intransigencia mostrada por estos.

Yehude Simon, del Partido Humanista, pidió al Congreso formar una comisión multipartidaria que viaje a Arequipa o que, en todo caso, reciba en Lima a los dirigentes de la población y representantes de la empresa Southern.

/M.R.M./

El congresista fujimorista Juan Díaz Dios, propuso a su colega aprista Mauricio Mulder como presidente de la Comisión de Ética, cargo que se elegirá el próximo lunes, en reemplazo del renunciante Humberto Lay.

Aunque señaló que la elección de este cargo debe ser fruto del consenso, indicó que el congresista aprista tiene experiencia en el tema, pues es miembro de la comisión desde el inicio del período legislativo, y podría recibir el apoyo de otros parlamentarios.

Según dijo, es una propuesta a título personal, que no ha sido acordada por su bancada, por lo cual reiteró la inexistencia de una alianza aprofujimorista.

"La palabra clave aquí es 'consenso', creo que Mülder tiene experiencia y las ideas claras para dirigir la comisión", afirmó.

Señaló que su otro candidato sería el congresista Luis Galarreta, del PPC, que ya ha sido presidente de la Comisión de Ética en el Parlamento anterior, aunque admitió que esa posibilidad es más difícil, porque dicho legislador no integra actualmente ese grupo de trabajo.

Díaz Dios se mostró contrario a la posibilidad de que el vicepresidente de la comisión, Daniel Mora (PP), asuma la presidencia, hasta el final de la legislatura.

Según consideró, no descalifica las cualidades de Mora; pero anotó que recién se ha integrado al grupo en esta legislatura y mejor -agregó- sería un congresista con experiencia.

/M.R.M./

El pleno del Congreso aprobó suspender por 120 días al congresista Heriberto Benítez Rivas, por supuestamente impedir la actuación de los fiscales en el caso "La Centralita", en el año 2011.

El informe de la Comisión de Ética que propuso la sanción contra Benítez recibió el respaldo de 54 congresistas, mientras que 37 votaron en contra y seis se abstuvieron.

Según dicho informe, cuando los fiscales encargados de investigar este caso llegaron al local donde funcionaba "La Centralita" para allanarlo en el marco de la ley, Benítez los presionó para frustrar esa diligencia y consiguió que no fuera llevada a cabo.

La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, informó que en virtud a la decisión del Pleno, el referido parlamentario queda suspendido por 120 días de legislatura, se le hará el descuento respectivo en sus remuneraciones, y el informe pasará a la Comisión de Acusaciones Constitucionales.

El pleno del Congreso decidió también acusarlo constitucionalmente por el presunto delito de patrocinio ilegal, al favorecer los intereses del entonces presidente regional de Áncash, César Álvarez.

Durante el debate del informe, Benítez ratificó su inocencia y dijo que la Comisión de Ética no tiene competencia para sancionarlo, por cuanto los hechos se produjeron el 13 de julio del 2011, cuando aún no había asumido el cargo de parlamentario.

Además, indicó que nunca interfirió en la labor de los fiscales, pues lo único que hizo fue protestar por el allanamiento indebido de su vivienda en Áncash, ubicada en el tercer piso del mismo inmueble en que operaba "la centralita", un centro de escuchas telefónicas ilegales en contra de los opositores al entonces presidente regional César Álvarez.

Descartó también alguna vinculación con el destituido fiscal de Nación, Carlos Ramos Heredia, y afirmó que si acudió a su despacho para hacer la denuncia, cuando era fiscal de Control Interno, fue porque de por medio estaba la denuncia contra un vocal superior.

/M.R.M./

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), organiza hoy la conferencia denominada «De la informalidad a la formalización laboral», con la finalidad de intercambiar experiencias a nivel internacional en la formulación de políticas públicas para afrontar esta transición.

El evento abordará temas como la formalización laboral como estrategia país, las experiencias exitosas aplicadas en Latinoamérica, la formalización desde los mecanismos de diálogo social, así como los planes y programas sectoriales que contribuyen a la formalización.

La conferencia será presidida por el titular del MTPE, Daniel Maurate, y contará con la participación de la directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para Países Andinos, Carmen Moreno, así como de autoridades de Colombia, Uruguay y México, entre otras.

/M.R.M./

El presidente de la comisión investigadora del caso Áncash, Mesías Guevara, sostuvo que la destitución de Carlos Ramos Heredia del cargo de fiscal de la Nación, será un referente para todos los fiscales y jueces que busquen actuar contra la ley.

Comentó que la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura tendrá un impacto directo en torno al funcionamiento y fortalecimiento del Ministerio Público.

“Esta medida va a servir de ejemplo para que otros fiscales y jueces supremos no vayan contra la ley”, dijo.

En otro momento, el congresista de Acción Popular exhortó al presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, a asumir una posición frente al caso del ex vocal de la Corte Suprema, Róbinson Gonzales, quien fue detenido por estar implicado con la presunta red de corrupción del empresario Rodolfo Orellana.

“Lo emplazo públicamente a que pida disculpas al pueblo peruano por lo que está haciendo el Poder Judicial”, aseveró.

/M.R.M./

La destitución de Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación debe ser el primer paso, y que a su vez abra puertas para un “profundo trabajo de limpieza” de la corrupción en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, opinó Luis Iberico, vocero de la bancada del PPC-Alianza Para el Progreso.

“Esta destitución debería dejar las puertas abiertas para un profundo trabajo de limpieza de la corrupción en instituciones tan importantes como el Ministerio Público y el Poder Judicial”, manifestó, en declaraciones a la prensa.

Iberico saludó la separación de Ramos Heredia dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), decisión que consideró “sin precedentes” en la historia del Perú.

Añadió que la medida despierta “muchas expectativas” en el ámbito de la lucha contra la corrupción en todos los niveles.

“Los indicios eran bastante graves y aun cuando siempre hay que conceder el beneficio de la duda, la posición de esta autoridad era insostenible y ahora tendrá que ser investigado”, precisó.

El legislador subrayó que es necesario actuar con severidad en contra de la corrupción, tarea en la que no debe haber -según dijo- “grandes o chicos”.

“Si hay indicios hay que actuar en el marco de la ley, pero con la severidad que el pueblo reclama para limpiar nuestras instituciones”, dijo.

/M.R.M./

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, pidió esta tarde suspender el proyecto Tía María por cuatro meses para detener la escalada de violencia y abrir un espacio de diálogo con los opositores.

"Creo que debemos tomarnos no menos de tres a cuatro meses para poder conversar", afirmó tras indicar que la empresa Southern Perú, responsable del proyecto, compartiría esta posición. 

"Debemos darnos un espacio para evitar que siga escalando la violencia, porque ningún proyecto se puede imponer por la fuerza; una tregua sería lo conveniente; deberíamos buscar que se suspenda las actividades por un tiempo para socializar el proyecto", señaló.

Señaló que la suspensión temporal sería una oportunidad para comunicar nuevamente a la población que Tía María no es una amenaza ambiental ni para la agricultura, y también para restablecer las mesas de desarrollo, las cuales nunca pudieron instalarse.

Añadió que la SNMPE intentó entrevistarse con el presidente de la Southern, Óscar Gonzales, pero se encontraba fuera del país, y en su lugar asistió Hans Flury, quien se mostró a favor de la suspensión temporal.

Para Gálvez, el conflicto por Tía María ya dejó de ser un tema técnico-ambiental, para convertirse en una crisis política, y como tal debe ser enfrentada por el gobierno.

/CCH/ Andina

En unos diez días se debe entregar el segundo avión de instrucción peruano KT-1P, coproducido con Corea del Sur, y para el mes de julio del próximo año el lote completo de 16 aeronaves, informó el jefe del Servicio de Mantenimiento (Seman) de la Fuerza Aérea del Perú, general Wolfeng Dupeyrat.

Dijo que en total son 20 los aviones que estarán al servicio de la FAP, dieciséis de ellos fabricados en el Perú, a los que se suman los cuatro ya entregados por la empresa KAI de Corea del Sur.   

Igualmente, el jefe militar informó que ya se ha tomado contacto con gobiernos de algunos países de la región, sobre la posibilidad de compra de estos aviones ensamblados en Perú, y en las próximas semanas algunas delegaciones visitarán el país para analizar el tema.

Los hangares de producción para los aviones de instrucción básica KT-1P en Lima comprenden una línea de ensamblaje con una planta de fabricación de piezas, centro de pruebas funcionales, así como la instalación de un moderno simulador de vuelos.

Proveedores peruanos

De otro lado, Korea Aerospace Industries (KAI), la empresa coreana fabricante de los aviones KT-1P, ha iniciado un proceso para seleccionar a empresas peruanas que puedan fabricar partes de aeronaves, a fin de convertirlos en sus proveedores en el Perú y en el ámbito internacional.

Con ese fin, esta tarde se realizó en el auditorio del Seman, en la Base Aérea de Las Palmas, la presentación del proyecto, acto que contó con la presencia del presidente internacional de KAI, Ha Sung Yong, quien llegó al Perú especialmente para la ocasión.

Al momento, han sido preseleccionadas seis empresas, que de acuerdo a los ejecutivos de KAI, reúnen el potencial para llevar adelante un trabajo de asociación en la fabricación de partes de avión.

El alto ejecutivo señaló que la estrategia de su empresa no es solo vender aviones al Perú, sino crear industria aeronáutica en nuestro país.

"La estrategia que tenemos nosotros es primero hacer un marketing conjunto con el Seman para vender aeronaves a otros países de la región, y luego producir esas aeronaves en Perú", afirmó.

En ese sentido, refirió que en esta industria, si bien es importante el ensamblaje final, también lo es la producción de las partes. 

En este punto, dijo que KAI colaborará con las empresas peruanas para conseguir ese objetivo.

En representación de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el gerente del Comité de Metal Mecánicas, Luis Tenorio, consideró que es una buena oportunidad para las empresas peruanas asociarse con una empresa como KAI, para la fabricación de aeropartes.

Señaló que la industria peruana atiende a la industria naval, la minería y está capacitada para cubrir la demanda de la aeronáutica. 

/CCH/ Andina

El llamado "Punto 1", alegado por Chile en su proceso contra Bolivia ante el tribunal de La Haya, para referirse al inicio de la frontera terrestre con el Perú, no existe en el Tratado de Límites de 1929, suscrito en Lima, sostuvo hoy el excanciller Eduardo Ferrero.

Detalló que, según dicho acuerdo bilateral, así como lo establecido por la Comisión Mixta de Límites de 1930, el inicio de la frontera terrestre de ambos países comienza en el Punto Concordia, por lo que –dijo– la tesis chilena sobre el "Punto 1" resulta “inaceptable” para el Perú.

“La posición peruana es clara y legítima, en el sentido de que la frontera terrestre se inicia en el Punto Concordia”, resaltó el abogado, quien también integró el equipo jurídico peruano en el diferendo marítimo que el Perú y Chile resolvieron en la corte de La Haya.

En ese sentido, Ferrero Costa consideró que sorprende el cambio de denominación realizado por Chile, pues incluso este país siempre ha utilizado el término "Hito 1" para referirse al punto en el cual –según su posición– nace la frontera común.

Si bien refirió que el proceso que Chile y Bolivia enfrentan en La Haya es un asunto bilateral, opinó que correspondería al Perú enviar una nota diplomática de protesta ante el gobierno chileno por haber hecho uso de un mapa con el término "Punto 1" y no Punto Concordia.

La canciller Ana María Sánchez, informó anoche que el Perú enviará al secretario de la corte de La Haya una comunicación para precisar a este tribunal que el inicio de la frontera terrestre con Chile es el Punto Concordia y no un mal denominado “Punto 1”.

/CCH/ Andina