Política

El Poder Judicial admitió el recurso de amparo planteado por el abogado Wilber Medina contra la decisión de la Comisión del Congreso encargada de seleccionar a los postulantes al Tribunal Constitucional (TC), de excluirlo de dicho proceso.

La Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, admitió a trámite la referida demanda, informó el mismo letrado a través de sus redes sociales. En ellas también anunció que pedirá una “indemnización”.

Asimismo, la mencionada instancia judicial fijó el día 10 de enero de 2024 como fecha para la audiencia en la que se evaluará este recurso de amparo.

En ese contexto, también se dispuso notificar al procurador público del Congreso respecto a la admisión del amparo, a fin de que pueda presentar su respuesta en un plazo de diez días hábiles

Exclusión por omisión

Medina fue excluido del proceso de selección de candidatos al TC debido a que la Comisión Especial consideró que en su declaración jurada había omitido consignar información sobre cuatro procesos penales en los que estaría inmerso.

El pedido de exclusión fue hecho por la parlamentaría Rosselli Amuruz (Avanza País). El abogado señaló en su defensa que no se trataba de procesos penales sino de recursos de habeas corpus y exhortos; pero ello no varió su exclusión.

Los postulantes que se mantienen en concurso son Pedro Hernández, Hernando Montoya, Justo Balmaceda y Luis Carrasco.

/NDP/PE

El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, afirmó hoy que las mociones y acusaciones constitucionales presentadas en el Congreso, las cuales buscan la remoción parcial y total de sus miembros, no se sustentan en un procedimiento o causa grave predeterminada en la ley.

En ese sentido, señaló que "el acoso de un sector del Congreso, no es reciente", sino que por lo menos lleva un "año muy intenso", donde se presentaron hasta cuatro acusaciones, mociones o denuncias constitucionales contra los integrantes de este colegiado. 

"Y ahora estamos hablamos de una tercera moción que busca nuestra remoción sin que exista procedimiento, sin que exista además una causa grave predeterminada en la ley", manifestó a un medio local.

Aldo Vásquez explicó que esta última moción está dirigida hacia dos aspectos, una supuesta falta de inhibición de los miembros de la JNJ y otro sobre un denominado procedimiento disciplinario inmediato, este último que determinó la suspensión en el cargo de fiscal de la Nación de Patricia Benavides. 

Respecto a la sesión del pleno del Congreso, donde verían la destitución de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, sostuvo que "no fueron convocados, pues existe la pretensión de removernos de modo inmediato, sin escucharnos y establecer un procedimiento".

Al respecto, afirmó que como colegiado están agotando todos los medios legítimos en el sistema de justicia a nivel nacional y supranacional, así como en el propio Congreso, donde también se presentaron los recursos que corresponden. 

Además, explicó que la remoción de todos los integrantes de la JNJ traería "consecuencias imprevisibles" y la afectación sería para el propio Parlamento. 

/AC/Andina/

El Poder Judicial aclaró hoy información vertida por medios locales con respecto al caso denominado ‘Búnker de Pachacamac’, que involucra la detención de 30 presuntos delincuentes en una vivienda del citado distrito.

Al respecto, el PJ informó que, en el requerimiento de prisión preventiva remitido al Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Pachacamac, la Fiscalía solo consideró a siete detenidos para el pronunciamiento de la magistrada a cargo.

En ese sentido, precisan que en dicho grupo no se encontraban los tres presuntos delincuentes capturados en el último operativo policial efectuado en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde dos efectivos resultaron gravemente heridos.

“Aclaramos que estás tres personas no han sido liberados por ningún juez, sino por el Ministerio Público, al no ser incluidos en la carpeta fiscal donde solo figuran siete personas”, indicó el Poder Judicial.

En la víspera, dicho poder del Estado solicitó a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de Lima Sur que intervenga y evalúe los actuados por la jueza Leny Zapata Andia por el caso ‘Búnker de Pachacamac’, a fin de determinar si incurrió en alguna falta.

/DBD/

Mediante sus redes sociales, la presidencia de la República dio a conocer que la mandataria Dina Ercilia Boluarte Zegarra participará en la inauguración del III Consejo de Estado Regional.

Según la agenda presidencial, la actividad se llevará a cabo desde las 09:00 a. m., en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja.

/AC/

La congresista Norma Yarrow de Avanza País presentó un proyecto de ley que, entre otros planteamientos, acorta los plazos para la resolución de los casos de las demandas por alimentos con el propósito que se resuelvan de manera pronta y oportuna.

La parlamentaria expresó que su propuesta tiene como propósito flexibilizar los principios y normas procesales, a fin de superar las barreras formales en los procesos de alimentos, de esta forma, acercar la justica a las poblaciones vulnerables y con ello satisfacer el interés superior del niño.

“Basta la presencia de quien solicite los alimentos en los juzgados competentes, y desde ya se establezca el inicio de la relación jurídica procesal, situación que constituye un avance en la forma de acceso a la justicia, la que estuvo tan alejada de poblaciones, por lo general, de bajos recursos”, comentó.

Para tal efecto, la iniciativa legislativa modifica el artículo 556 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil y el Código de los Niños y Adolescentes, respecto a la “ejecución anticipada y ejecución forzada”. 

Se establece que “al ejecutarse, de oficio, la sentencia que fije la pensión de alimentos, aunque haya apelación, se reduciría el tiempo de duración del proceso, tutelándose el derecho de los alimentistas de forma oportuna, ya que la parte demandante no tendría que solicitarla mediante un escrito luego de ser notificada la sentencia”.

“La problemática en torno a los procesos de alimentos refleja una serie de desafíos que comprometen la efectividad de la protección de los derechos de los niños y adolescentes, por lo que resulta fundamental plantear reformas legislativas que no sólo simplifiquen los procedimientos, sino que también promuevan una administración de justicia más ágil y accesible, asegurando el pleno resguardo de los derechos de la población más vulnerable, centrándose en el ámbito de la pensión alimentaria”, asegura Yarrow.

En dicho sentido, el proyecto de ley plantea la modificación del artículo 424 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil referido a los requisitos de la demanda, estableciendo lo siguiente: 

“En los procesos de alimentos, la demanda también podrá ser presentada verbalmente y sin la presencia de abogado, lo que ayudará en la práctica a que las personas no necesiten invertir tanto tiempo y dinero”, Finalizó la legisladora.

/MPG/

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) demandó el respeto a sus facultades constitucionales y a la independencia de poderes, tras cuestionar una moción presentada ante el Congreso que propone la remoción inmediata de los miembros de este organismo.

“Ello supondría un quiebre del orden democrático en el Perú y un atentado contra la legitimidad constitucional del propio Poder Legislativo, con imprevisibles consecuencias para la república”, se lee en el pronunciamiento.

Precisa también que corresponde a la JNJ la evaluación de un posible conflicto de intereses, según el artículo 17 de su Ley Orgánica, sobre la base de “causa objetiva, razonable y proporcional” y teniendo en cuenta la doctrina de la Corte Suprema, según la cual “la sola presentación de una recusación no justifica su estimación por el órgano jurisdiccional.

Asimismo, afirma que la referida moción del Congreso falta a la verdad sobre la causa de abstención de María Zavala, miembro de la JNJ, en un proceso disciplinario que se sigue en la propia junta contra una fiscal suprema. 

Señala además que los procedimientos disciplinarios de la JNJ están consignados en el reglamento de la materia y no en la Ley Orgánica, que la faculta a “Elaborar y aprobar su reglamento interno y los reglamentos especiales necesarios para la plena aplicación de la presente ley”.

Asimismo, afirma que el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, vigente desde enero de 2020, está sujeto a las garantías propias de nuestro ordenamiento jurídico, comprendiendo una fase instructora (de investigación) y una decisoria. 

“Se extiende, de acuerdo a ley, hasta por un plazo de nueve meses, susceptible de ser ampliado por tres meses adicionales", indican.

/ANDINA/PE/

El Quinto Juzgado Constitucional del Poder Judicial, a cargo del juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán, admitió a trámite una demanda de amparo presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por haberle iniciado un proceso disciplinario inmediato.

En tal sentido, se concede el plazo de 10 días a la parte demandada, para que haga valer su derecho en el término de ley.

Asimismo, se fija fecha de audiencia única para el día 6 de marzo del 2024 a las 9:00 a. m. a través de la plataforma Google Meet. 

Además, requiere que ambas partes en el plazo de 10 días cumplan con señalar su casilla electrónica del Poder Judicial de no haberla solicitado.

Como se recuerda, esta demanda fue tramitada el pasado 4 de diciembre, antes que la JNJ tomara la decisión de suspender en su cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides.

Una segunda demanda de amparo fue presentada en la víspera ante el Tercer Juzgado Constitucional, pero en este caso aún no hay una decisión de admisión a trámite. 

El pasado 6 de diciembre, la Junta Nacional de Justicia resolvió por unanimidad suspender por seis meses a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, decisión tomada en el marco de sus funciones constitucionales.

/AC/

El Gobierno hizo un llamado a la tranquilidad y a la confianza de la población frente a la eventual aparición del fenómeno El Niño, ya que se vienen realizando trabajos de prevención en atención al “peor escenario que se pudiera presentar”.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, invocó a que los peruanos tengan en claro que desde hace cinco meses se viene trabajando de manera intersectorial a fin de prevenir las consecuencias de las eventuales fuertes lluvias que suele generar el mencionado fenómeno climatológico.

“Hacemos un llamado a la población a la tranquilidad ya la confianza que el gobierno está llevando los trabajos que nunca se habían hecho”, manifestó, en conferencia de prensa desarrollada en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Chávez refirió que esta es la primera vez que se desarrolla desde el gobierno un plan multisectorial de prevención frente a El Niño. Indicó que las labores de limpieza y descolmatación de quebradas y cauces de ríos no se realizaron en el país desde 2017.

Recordó que estos trabajos tienen como objetivo permitir que las aguas producto de las lluvias discurran sin interrupciones, evitando así los desbordes que inundan centros poblados. 

Subsanando omisiones

El ministro indicó además que “hace 20 años que no se adquiere equipo mecánico” para este tipo de labores; situación que en esta oportunidad ha sido subsanada, desplegándose 800 maquinarias en diversos puntos del país “para atender la emergencia antes, durante y después”.

Chávez señaló que “el peor escenario” que se prevé es el de la manifestación en territorio nacional del fenómeno El Niño Costero. Refirió que en los últimos tiempos hay indicadores que podrían llevar a ello, como el incremento de la temperatura del Pacífico central, la disminución del anticiclón del sur y la presencia de ondas Kelvin en la zona norte del mar peruano.

Sin embargo, dadas las variaciones propias del cambio climático que afecta al planeta, este fenómeno podrá tener un impacto menor o no suceder, consideró el ministro. En este último caso, los esfuerzos desplegados desde el gobierno permitirán que la infraestructura y la población estén “preparadas y protegidas”.

/AC/Andina/

El Congreso de la República, que preside Alejandro Soto Reyes, informó que viene cumpliendo una importante producción legislativa en lo que va la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024, dirigidas a atender las necesidades de los millones de peruanos.

A la fecha, el Pleno de la Representación Nacional ha aprobado 144 dictámenes de proyectos de ley, de los cuales 81 ya son leyes vigentes en el ordenamiento legal del país.

Según información proporcionada por el área de Estadística Parlamentaria del Congreso de la República, 15 autógrafas de ley están pendientes de promulgación por el Poder Ejecutivo, y las autógrafas de nueve dictámenes recientemente aprobados, próximamente serán enviadas para su eventual promulgación.

Además, destaca la reforma constitucional -pendiente de segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria- que restablece la bicameralidad en el Parlamento y cuatro dictámenes aprobados en primera votación.

De igual forma, se informa que 24 autógrafas de ley fueron observadas por el Poder Ejecutivo, y se han presentado 10 reconsideraciones a igual número de dictámenes aprobados por la Representación Nacional.

Resoluciones legislativas

Además, el pleno del Congreso también aprobó 10 resoluciones legislativas, entre ellas, las que autorizan el ingreso de tropas extranjeras y las salidas del país de la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra.

La Representación Nacional también sancionó cinco resoluciones legislativas del Congreso. Ellas son:

-Resolución Legislativa del Congreso que modifica el Artículo 87 del Reglamento del Congreso de la República para optimizar las solicitudes de información que realizan los congresistas.

-Resolución Legislativa del Congreso por la que se aprueba la Agenda Legislativa para el Período Anual de Sesiones 2023-2024.

-Resolución Legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa penal contra Daniel Alfaro Paredes, en su condición de exministro de educación, por la comisión de delito.

-Resolución Legislativa del Congreso que modifica el artículo 56 del Reglamento del Congreso de la República sobre oportunidad de las votaciones.

-Resolución Legislativa del Congreso con la que se impone a la congresista María del Pilar Cordero Jon Tay la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por ciento veinte días de legislatura.

/DBD/

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, resolverá en el plazo de ley sobre el pedido de sobreseimiento planteado por el Ministerio Público en el proceso seguido a la jueza superior Enma Benavides Vargas y otros por cohecho y asociación ilícita.

Asimismo, se pronunciará sobre la solicitud de investigación suplementaria por parte de la Procuraduría Pública contra los referidos procesados, al considerar que existen elementos de convicción de la comisión de delitos en este caso.

La Procuraduría pidió el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de Enma Benavides Vargas -hermana de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides-, María Apaza Panuera, Lorenzo Ilave García, Rafael Martínez Vargas y Carmen Arias Tello, entre otras diligencias.

En la diligencia se señaló que, a criterio del fiscal supremo provisional Uriel Terán Dianderas, “no se han reunido elementos de convicción suficientes para imputar cargos en vía de acusación” contra los referidos y “no es de esperar que existan actos de investigación factibles de realizarse que puedan cambiar ese panorama”.

Asimismo, el Ministerio Público fundamentó su acusación por tráfico de influencias simulado contra Walter Máximo Mendoza, Ana Luisa Vásquez Aliaga, Roberto Gómez Herrera, Edison Ruiz Martínez, Percy Matos Sandoval Y José López Quispe.

“Sí hay elementos serios” en la perpetración de delito por parte de los mencionados instigadores, señaló el fiscal.

/DBD/