Política

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gestión Pública, intensificó desde agosto último el acompañamiento a los gobiernos regionales con la finalidad de que para diciembre de este año terminen de implementar 194 trámites estandarizados.

La homogeneización de requisitos, costos y plazos de atención de los trámites genera confianza en la gestión estatal y contribuye a la óptima planificación de procesos y gestiones en un marco de seguridad jurídica, beneficiando a personas y empresas.

A la fecha, los gobiernos regionales que presentan mayor avance en esta implementación son los de Cusco, Ica, Lima, Cajamarca, San Martín, Moquegua, Ucayali, Pasco, Piura, Tumbes, Tacna, La Libertad, Huánuco y Ayacucho.

La Secretaría de Gestión Pública pondrá énfasis en el acompañamiento a los gobiernos regionales que aún están por implementar estas mejoras, como los Huancavelica, Áncash, Lambayeque y Loreto, indica la PCM.

En el 2021, la PCM inició el proceso de estandarización de trámites tras detectar que en, en muchos casos, se exigía requisitos innecesarios y contrarios a la normatividad, lo que producían demoras en la atención y configuraba una mala práctica de atención al ciudadano.

Los trámites son estandarizados a través de decretos supremos y su aplicación es obligatoria para los gobiernos regionales y municipales.

/MPG/ANDINA/

Un día como hoy, hace 26 años, peruanos y ecuatorianos nos reencontramos en nuestra histórica amistad con la firma de los Acuerdos de Paz de Brasilia.

“Nuestras relaciones de amistad, cooperación, confianza y voluntad de integración nos permiten enfrentar los retos del presente, y nos proyectan juntos hacia un futuro de desarrollo y bienestar para nuestros pueblos”, expresó en un comunicado.

Resaltó que Perú y Ecuador trabajan unidos en la integración física y energética, en la promoción del intercambio comercial y de inversiones, en el cuidado de nuestro medio ambiente, en el fortalecimiento de nuestras democracias, “con la convicción de que la paz y la cooperación son los cimientos de nuestra renovada hermandad”.

Hace un cuarto de siglo, un histórico acuerdo firmado en el Palacio de Itamaraty, en Brasilia, puso fin a varios años de diferencias fronterizas entre las repúblicas de Ecuador y de Perú. Conozca a continuación los pormenores de este trascendental documento.

El acta presidencial de Brasilia, firmada el 26 de octubre de 1998, marcó un hito en la historia de ambas naciones al resolver diferencias que les llevó a episodios bélicos en 1941 y 1995, debido a la falta de demarcación de 78 kilómetros de frontera mutua.

/MPG/ANDINA/

El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo unas precisiones respecto a la reciente alerta sobre “medidas de seguridad” emitida por la Embajada de los Estados Unidos de América en el Perú, ante las versiones que circulan en medios periodísticos.

En ese sentido, la Cancillería aclara que los Estados Unidos de América no ha variado el nivel de alerta que otorgó a nuestro país (nivel 2), desde mayo de 2023.

Este anuncio es solo una recomendación de carácter informativo que busca minimizar el riesgo de que los ciudadanos de dicho país sean víctimas de la delincuencia común.

Por lo tanto, no existe variación alguna de la calidad en medidas de seguridad y precaución recomendadas por los Estados Unidos de América a sus ciudadanos en el Perú.

/NDP/RH/

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, pidió que del 14 al 16 de noviembre –fechas de la Semana de Líderes de APEC Perú 2024– no se realicen marchas de protesta, en atención a la seguridad de los visitantes extranjeros que asistirán a dicha cita.

“Exhorto de la manera más fraterna a los manifestantes para que en esos tres días se abstengan de realizar marchas y protestas”, dijo el titular del Gabinete, en rueda de prensa efectuada en Ica. Esto permitirá “que nuestros visitantes puedan sentirse seguros”, manifestó.

Adrianzén consideró que “sería muy lamentable que en esos días demos un mal espectáculo, de conflicto”. Esto a razón de las declaraciones de dirigentes del sector transporte, que han señalado que evalúan realizar movilizaciones en las fechas mencionadas.

“Serán días en los que Perú será visto por todo el mundo”, manifestó el jefe del Gabinete Ministerial, quien recordó que en esos días vendrán al país los líderes de varias de las 21 economías más importantes del mundo.

Derecho a la protesta

Apuntó también que “el Gobierno respeta irrestrictamente el derecho a la protesta ciudadana” y consideró que en las más recientes jornadas convocadas para reclamar por la inseguridad que se vive en el país se vivió un clima de tranquilidad. “Los manifestantes tuvieron un comportamiento cívico muy correcto”, expresó.

Indicó que el Gobierno desarrolla acciones, pero que a veces sus esfuerzos se ven superados. “Tengan en consideración que la criminalidad es un fenómeno nuevo, que desborda en algunas ciudades la capacidad que tenemos”, indicó, cuando se le consultó sobre las ocho muertes por asesinato registradas en la víspera; algunas de ellas en localidades en emergencia.

Tras expresar sus condolencias a los deudos de los asesinados, Adrianzén dijo también que “debemos comprender que en Lima vivimos en una megalópolis, con 12 millones de personas y con una serie de conflictos e índices de criminalidad”. Afirmó que el Gobierno tiene el reto de enfrentar al crimen organizado en bandas de terroristas o narcotraficantes, por ejemplo, y también combatir a la criminalidad urbana, expresada en casos de extorsión y sicariato.

En ese sentido, lamentó que el Congreso no haya aprobado la propuesta de tipificar estos últimos ilícitos como terrorismo urbano ni aquella que establecía que los policías y militares que actuarán en zonas declaradas en emergencia solo podían ser juzgados en el fuero castrense y policial. 

Indicó también que en breve se dará una legislación sobre el uso de motocicletas, prohibiendo que vaya sobre ellas más de un tripulante e identificando a los conductores con sus números de placa. También señaló que “dictarán medidas en materia migratoria sumamente estrictas”, exigiendo a los extranjeros documentos que demuestren que tienen una condición regular.

Esta rueda de prensa se efectuó luego de que Adrianzén inauguró el Módulo MAC de Ica. Este permitirá que se realicen en un mismo lugar más de 140 trámites administrativos, propios de 15 entidades públicas, indicó.

/ANDINA/PE/

El expresidente Pedro Castillo Terrones seguirá cumpliendo prisión preventiva en la investigación por el presunto delito de rebelión, al haberse declarado infundado la revisión de oficio de la medida que pesa en su contra, informó el Poder Judicial.

En consecuencia, el juez Juan Carlos Checkley Soria, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró vigente esta medida impuesta a pedido del Ministerio Público.

Esta misma sala ordenó el pasado 15 de diciembre prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo, por el delito de rebelión.

Como se recuerda, el 7 de diciembre del 2022, mediante un mensaje a la Nación, el entonces mandatario Pedro Castillo ordenó el cierre del Congreso y la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como de otras instituciones autónomas. 

Castillo enfrenta un pedido de 34 años de prisión por este delito, por el cual también son investigados los expresidentes del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y Betssy Chávez.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Castillo.

El expresidente, además, cumple otra orden de prisión preventiva por 36 meses, por el presunto delito de organización crimina en la investigación por los presuntos actos de corrupción en Petroperú y los ministerios de Transportes y Vivienda.

En esta investigación están comprendidos también el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva Villegas, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros, contra quien pesa también una orden de prisión preventiva por 36 meses.

/NDP/PE/

Un juez puede dictar medida de prisión preventiva contra un investigado cuando se advierta obstaculización de la justicia o peligro de fuga, aún cuando exista arraigo del investigado, se precisó desde el Poder Judicial.

El titular del Decimoquinto Juzgado de Investigación Preparatoria, Martín Méjico Leaño, sostuvo que el arraigo es un criterio importante que el juez debe analizar, pero no es el único a tomar en cuenta, dado que se debe hacer un análisis conjunto de todos los indicadores.

“A pesar de que una persona tenga arraigo domiciliario, familiar, trabajo, negocios, si se presentan otros indicadores que hagan prever el peligro procesal, se puede imponer la prisión preventiva”, afirmó.

En el análisis de la prisión preventiva, el requisito del peligro procesal es el más importante al momento de analizar la prisión preventiva. Se evalúa el peligro de fuga, regido por los criterios del arraigo del imputado, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, el comportamiento del imputado o el peligro de obstaculización, que comprende la destrucción u ocultamiento de pruebas.

Los otros presupuestos que se evalúan son sospecha grave o alta probabilidad de la comisión de un hecho delictivo y prognosis de condena superior a los cinco años de pena privativa de libertad.

“La medida de prisión preventiva es la excepción de la excepción, porque la regla es que el investigado afronte el proceso en libertad y sólo cuando se cumplen determinados presupuestos se le imponga una medida coercitiva”, recalcó.

Además de la prisión preventiva, existen otras medidas coercitivas que interfieren en menor medida en el derecho fundamental a la libertad o derechos conexos.

La prisión preventiva solo procederá cuando las otras medidas resultan insuficientes para cautelar la finalidad del proceso, refirió el magistrado.

Evaluación de los plazos.

Méjico Leaño precisó que en cada caso se debe evaluar el plazo en función a la ley y al requerimiento de la Fiscalía: esto es, hasta 9 meses para un caso común, hasta 18 meses para casos complejos y hasta 36 meses para casos de organizaciones criminales.

“El juez puede establecer un plazo inferior; la evaluación está en función a determinados criterios, por ejemplo, la complejidad del hecho, número de investigados, agraviados, los delitos, las diligencias a realizar, las pericias, entre otros”, afirmó.

/NDP/PE/

Durante el análisis de una solicitud de prisión preventiva, el juez debe comprobar el cumplimiento de los presupuestos para la asignación de la medida coercitiva y, aunque exista arraigo del investigado (sujeción a un lugar concreto), puede imponerla si se detecta peligro de fuga u obstaculización, así lo sostuvo el juez del 15° Juzgado de Investigación Preparatoria, Martín Méjico Leaño.

“El arraigo es un criterio importante que el juez debe analizar, pero no es el único, pues se debe realizar un análisis conjunto de todos los indicadores. Así, a pesar de que una persona tenga arraigo domiciliario, familiar, trabajo, negocios, pero se presentan otros indicadores que hagan prever el peligro procesal, se puede imponer la prisión preventiva”, afirmó.

Indicó que, en el análisis de la prisión preventiva, el peligro procesal es el requisito más importante: peligro de fuga (regido por los criterios del arraigo del imputado, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, el comportamiento del imputado, entre otros) o el peligro de obstaculización (destrucción u ocultamiento de pruebas).

Debe señalarse que los otros presupuestos son: sospecha grave o alta probabilidad de la comisión de un hecho delictivo y prognosis de pena superior a los cinco años de pena privativa de libertad.

“La medida de prisión preventiva es la excepción de la excepción, porque la regla es que el investigado afronte el proceso en libertad y solo cuando se cumplen determinados presupuestos, se le imponga una medida coercitiva”, recalcó.

Aclaró, que además de la prisión preventiva, existen otras medidas coercitivas que interfieren en menor medida en el derecho fundamental a la libertad o derechos conexos; por ello, la prisión preventiva solo procederá cuando las otras medidas resultan insuficientes para cautelar la finalidad del proceso.

PLAZO

Méjico Leaño refirió que, en cada caso, se debe evaluar el plazo en función a la ley y al requerimiento de la Fiscalía: hasta 9 meses para un caso común, hasta 18 meses para casos complejos y hasta 36 meses para casos de organizaciones criminales.

“El juez puede establecer un plazo inferior; la evaluación está en función a determinados criterios, por ejemplo, la complejidad del hecho, número de investigados, agraviados, los delitos, las diligenciar a realizar, las pericias, entre otros”, afirmó.

MPG/NDP/

La semana de representación parlamentaria del presente mes, periodo en el cual los legisladores se desplazan a diferentes lugares del país para tomar contacto con la población nacional, concluye hoy viernes 25 de octubre.

De esta manera, los congresistas de la república dan cumplimiento a lo establecido en el inciso f del artículo 23 del reglamento del Parlamento.

En este se indica que la semana de representación consiste en cinco días laborables continuos al mes durante los cuales el parlamentario se traslada hasta su circunscripción electoral de procedencia, individualmente o en grupo.

En el caso de los representantes elegidos por la circunscripción electoral de los Peruanos Residentes en el Extranjero, estos deberán de consignar siete días calendario continuos en esa circunscripción.

Para el cumplimiento de esta obligación, los titulares de las entidades de la administración pública, dentro del marco de la ley, deben brindar las facilidades del caso, bajo responsabilidad.

Se deja claro en el Reglamento del Congreso que esta jornada “no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o grupo”.

Precisamente, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana estuvo ayer en la región Madre de Dios para realizar labores de fiscalización y escuchar las demandas de la ciudadanía. 

/AC/Andina/

El viceministro de Recursos para la Defensa, Adolfo Herrera Orlandini, sostuvo una reunión bilateral con su homóloga, la secretaria de Estado de Defensa de España, María Amparo Valcarce García, a fin de fortalecer las relaciones bilaterales en el ámbito del armamento y material, promoviendo la industria para la defensa nacional.

El encuentro, que marca un hito importante, según resaltó el viceministro peruano, mantendrá una colaboración internacional en la generación de nuevos sistemas de seguridad y defensa, cuyo aspecto relevante permitirá el desarrollo de las capacidades industriales y la atención de las necesidades operativas de las Instituciones Armadas, permitiéndoles cumplir los roles constitucionales asignados por el Estado.

Por su parte, la secretaria de Estado de Defensa de España destacó que este encuentro brindará la oportunidad de analizar áreas específicas de la política industrial de Seguridad y Defensa. Además, dijo que de este seminario de gobiernos e industrias se obtendrán resultados con gran contenido económico e industrial, beneficios para Perú y España, ya que se reconocerán como socios prioritarios, lo que permitirá estudiar en conjunto nuevos retos tecnológicos e industriales.

El Ministerio de Defensa del Perú viene trabajando para que las empresas del sector Defensa, junto a las pequeñas y medianas empresas nacionales, se consoliden y obtengan nuevas capacidades que les permita ser más competitivas, expandiendo sus negocios y desarrollando un tejido industrial capaz de generar nuevos puestos de trabajo y oportunidades para el crecimiento económico del país.

El evento estuvo organizado por la Dirección General de Recursos Materiales, a cargo del General de Brigada Paul Vera Delzo, y se dividió por bloques. El primero que reunió a las delegaciones de los Ministerios de Defensa de ambos países, el segundo a las empresas nacionales, SIMA, FAME y SEMAN, quienes realizaron diversas mesas de trabajo con las empresas españolas, como Acciona, Aertec Solutions, Airbus Defence and Spain, Airbus Helicopters, Arpa, Escribano M&E, S.L.U, Gaptek, Hisdesat , Hispamast, Hispano Vema, Hispasat, Indra, Isdefe, Isid, Navantia, NVLS y Sainsel Sistemas Navales.

También estuvieron presentes los representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil y de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA. Hoy, continuarán las mesas de trabajo en el Centro de Entrenamiento Táctico Naval.

/MPG/NDP/

La congresista Patricia Juárez examinó las instalaciones de la I.E. 2071 César Vallejo (Los Olivos), hallando un plantel con amenazas para la vida de los jóvenes que acuden a cursar clases.

“Me dirijo al ministro de Educación, mire el estado en el que se encuentra (este colegio), declarado hace varios años como de alto riesgo, en emergencia. Los niños no pueden ocupar sus aulas por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran y el daño que les puede ocasionar”, indicó la parlamentaria.

Desde el ingreso al plantel se puede observar la gran problemática con la que profesores y padres tienen que lidiar. El moho, la humedad y las filtraciones de agua han generado un desgaste enorme tanto en las paredes como en las bases de la infraestructura. En los techos se puede apreciar claramente las rajaduras debido a daños ocasionados por el paso del tiempo.

“Creo que ahora, que se viene la época de vacaciones escolares, el ministro de Educación, en un ejercicio de eficiencia, va a poder, de manera más rápida junto al Programa Nacional de Infraestructura Educativa, remodelar estos espacios. Y de esta manera el próximo año va a entregar a los alumnos la Institución Educativa que requieren”, agregó Juárez.

Además, se añadieron los estudiantes que solicitaron a Morgan Quero que respeten su derecho a la educación y reciban clases en condiciones apropiadas, con un plantel renovado y en condiciones óptimas que no sea un peligro para ellos. 

“Creo que es momento que el ministro empiece a mirar esto temas que ya se vienen para el año siguiente”, sentenció la legisladora fujimorista.

/MPG/NDP/