Ante la solicitud del Gobierno Regional de La Libertad para declarar estado de sitio en la ciudad de Trujillo, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, aclaró que esta medida no aplica en el contexto actual de violencia e inseguridad, y que lo que correspondería es la declaratoria de un estado de emergencia.

Durante una entrevista para El informativo de Radio Nacional, Urviola explicó que el estado de sitio es una medida extrema que solo se aplica en casos de invasión extranjera, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que ocurra uno de estos escenarios, según lo establece el artículo 137 de la Constitución.

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“El estado de sitio no califica para este caso. Aquí estamos ante una grave perturbación del orden interno, que justifica un estado de emergencia”, afirmó el constitucionalista.

La aclaración llega luego del reciente atentado con explosivos ocurrido en la urbanización Las Quintanas de Trujillo, el pasado 4 de septiembre. Según Urviola, este tipo de hechos, aunque graves, no configuran una situación de guerra interna o invasión, sino de inseguridad ciudadana que puede ser enfrentada con las herramientas que brinda el estado de emergencia.

¿QUÉ IMPLICA UN ESTADO DE EMERGENCIA?

Urviola detalló que el estado de emergencia permite la suspensión temporal de derechos constitucionales como:

• La inviolabilidad del domicilio

• La libertad de tránsito

• El derecho a reunión

Estas medidas, agregó, permiten que la Policía Nacional y, de ser necesario, las Fuerzas Armadas, asuman el control del orden interno, realicen patrullajes intensivos y ejecuten operaciones para identificar a los responsables de los actos delictivos.

“Estos mecanismos son necesarios no solo para evitar que se sigan produciendo atentados, sino también para realizar investigaciones eficaces”, recalcó.

¿UNA NUEVA LEY DE "TERRORISMO URBANO"?

Consultado sobre la posible aprobación de una nueva ley de “terrorismo urbano”, el exmagistrado fue enfático: crear nuevos tipos penales no solucionará el problema si no se fortalecen las instituciones encargadas de combatir la criminalidad.

“El problema no es la falta de leyes. Es la falta de capacidad de respuesta del Estado. La Policía necesita equipamiento, la Fiscalía debe actuar con eficacia, y el Poder Judicial debe dejar de estar politizado”, sentenció.

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