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El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de ley mediante el cual solicita facultades para legislar en materia administrativa, económica y financiera por un período de 120 días calendarios, a fin de desarrollar nueve propuestas.

De esta manera, a través del proyecto de ley 4562/2014-PE el Gobierno pide facultades para legislar en materia administrativa, económica y financiera a fin de:

a) Promover, fomentar y agilizar la inversión privada, las asociaciones público privadas (APP) y la modalidad de obras por impuestos, así como facilitar y optimizar los procedimientos en todos los sectores y materias involucradas, incluyendo mecanismos de incentivos y reorientación de recursos, que garanticen su ejecución en los tres niveles de gobierno, y en las distintas actividades económicas y/o sociales.

b) Facilitar el comercio, doméstico e internacional, establecer medidas para garantizar la seguridad de las operaciones de comercio internacional , eliminar las regulaciones excesivas que lo limitan; así como facilitar la provisión de servicios de transporte acuático regular de pasajeros, donde no haya oferta privada suficiente e idónea en la Amazonía.

c) Fomentar el desarrollo del mercado de capitales, impulsar el desarrollo del mercado de factoring, fortalecer el sistema financiero, así como otorgar incentivos fiscales para promover los fondos de inversión en bienes inmobiliarios, el arrendamientos de inmuebles para vivienda y el financiamiento a través de las facturas negociables, fortalecer el intercambio de información tributaria y financiera y colaboración entre Estados, así como la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito.

d) Promover un marco legal que cautele las emisiones de títulos de deuda pública que se encuentren registradas en los distintos mercados financieros, así como promover medidas para cautelar la capacidad fiscal del Estado Peruano para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.

e) Fortalecer la organización y optimizar los procedimientos de los ministerios, organismos públicos, organismos reguladores, empresas estatales e instituciones de los tres niveles de gobierno.

f) Reforzar el marco legal y el rol del Estado en la promoción, planificación y seguridad para el desarrollo de las actividades energética y minera, así como fortalecer su función concedente para el ejercicio de dichas materias.

g) Perfeccionar la regulación y demás aspectos de las actividades de generación, distribución eléctrica y de electrificación rural, así como dictar el marco general para la interconexión internacional de los sistemas eléctricos y el intercambio de electricidad.

h) Promover el consumo humano directo del recurso hidrobiológico a través del desarrollo de la acuicultura, impulsar la innovación, la transparencia tecnológica, la mejora de la calidad, el desarrollo e implementación de los parques industriales y ecosistemas productivos, de manera sistémica e integral, así como de los CITE, y establecer procedimientos ágiles y transparentes para su rápido despliegue.

i) Establecer medidas que promuevan el acceso a la vivienda y la formalización de la propiedad, así como fortalecer la rectoría sectorial en saneamiento con la finalidad de fomentar, modernizar, racionalizar y optimizar la infraestructura y los servicios de saneamiento y asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos.

El documento lleva la rúbrica del Jefe de Estado, Ollanta Humala, y la del titular del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.

/MRM/

El pleno del Congreso tiene listo para su debate y aprobación el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que regula el pago de recompensas a aquellas personas que brinden información útil para la captura de grupos terroristas, de bandas criminales y de responsables de delitos de alta lesividad.

Ya existe un marco normativo que regula el pago de recompensas en favor de quienes brinden información sobre delincuentes terroristas, pero la novedad de esta propuesta es que amplía el beneficio a quienes hagan lo mismo sobre bandas criminales o autores de delitos de alta lesividad, así como para quienes aporten datos que permitan avances significativos a fin de desarticular esas organizaciones.

De acuerdo al texto del dictamen, elaborado sobre la base de una propuesta presentada al Parlamento por el Poder Ejecutivo en agosto del año pasado, deberá crearse una Comisión Evaluadora de Recompensas que evaluará y acordará, en decisión inimpugnable, el pago de las mismas.

Esta comisión estará conformada por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio Público, y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el viceministro de Políticas para la Defensa, el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter), el director general de Seguridad Ciudadana del MININTER, y del director general contra el Crimen Organizado del Mininter.

Asimismo, según la iniciativa, los ministerios de Defensa e Interior serán los encargados de pagar las recompensas.

El dictamen indica que el reglamento de la ley fijará los montos máximos de dinero que se pagarán, así como lo relacionado con las etapas del proceso, sus plazos, y los delitos que podrán ser denunciados.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento, Juan Carlos Eguren, consideró que esta norma, una vez en vigencia, se convertirá en una “herramienta poderosa” que contribuirá con los esfuerzos que el Estado viene realizando para frenar la criminalidad.

“Al verse en el país un avance peligroso del crimen organizado, del narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos de alta lesividad, es que se ha planteado el proyecto que ya está en dictamen para debate y aprobación, posibilitando el pago de recompensas por estos delitos”, comentó.

/M.R.M./(Fuente ANDINA)

La comisión investigadora del caso Orellana en el Congreso entrevista hoy al suspendido juez y ex fiscal de Ucayali, Ricardo Raúl Castro Belapatiño, detenido en el penal de Ancón I (Piedras Gordas), por sus presuntos vínculos con la red de corrupción de Rodolfo Orellana.

El encuentro está pactado para las 15:00 horas, y el interrogatorio también incluirá temas relacionados a sus funciones como Juez del Juzgado Mixto de Yarinacocha, Ucayali.

La mencionada comisión tiene el encargo de investigar los presuntos nexos del detenido empresario Rodolfo Orellana, actualmente preso, acusado de liderar una red de corrupción con altos funcionarios del Estado.

A esa misma hora, la comisión investigadora de las presuntas irregularidades en Áncash, que preside el legislador Mesías Guevara (AP-FA), sesionará en la sala 2 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

El grupo de trabajo de Fiscalización de los Programas Sociales e Inclusión Social, perteneciente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, evaluará la ejecución presupuestal del año 2014 y avances presupuestales del primer trimestre del 2015, respecto del sector Desarrollo e Inclusión Social.

También se tratarán los objetivos y mejoras alcanzadas dentro de los programas sociales Juntos, Foncodes, Pensión 65, Cuna Más y Qali Warma. La sesión será en la Sala María Elena Moyano del Palacio Legislativo a las cuatro de la tarde.

/M.R.M./

El congresista de Gana Perú, Santiago Gastañaduí, consideró necesario explicar cómo se filtró a la prensa el audio de la presentación de la primera dama, Nadine Heredia, ante la comisión que investiga el caso Martín Belaúnde Lossio.

La mencionada comisión investigadora recibió el último viernes a Nadine Heredia en sesión reservada.

No obstante, un programa periodístico presentó el audio que registra un extracto de las respuestas de la también presidenta del Partido Nacionalista vertidas a los miembros de la comisión.

De acuerdo al reglamento del Congreso, las sesiones de las comisiones investigadoras son reservadas y pueden ser públicas si hay acuerdo de la mayoría, tomando en cuenta del número legal de sus miembros.

Hasta el momento, la comisión del caso Belaúnde venía sesionando de forma reservada.

Gastañaduí consideró necesario que las sesiones de las comisiones investigadoras sean públicas con la finalidad de garantizar el control por parte de la sociedad.

/M.R.M./

 

La comisión que investiga las actividades de Martín Belaunde Lossio prevé entrevistar a este personaje el martes 9 de junio, dado su cambio de estatus de prófugo a detenido, adelantó la presidenta de ese grupo de trabajo, Marisol Pérez Tello.

Detalló que esa fecha tentativa fue producto de un acuerdo al que arribó el grupo investigador y, en ese sentido, se harán las coordinaciones pertinentes para tomar las declaraciones de Belaunde Lossio en su celda del penal de Piedras Gordas I, a la que fue trasladado a su retorno a Lima.

Asimismo, Pérez Tello calificó como provechosa la comparecencia de la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia Alarcón, ante el grupo de trabajo que preside e investiga las supuestas irregularidades del empresario.

“El hecho que se haya presentado o respondido alguna preguntanos permite valorar independientemente si la respuesta era la que se esperaba o no”, señaló.

Agregó que solo la presencia de Heredia significa una muestra de respeto a las instituciones, reconocer la independencia de los poderes del Estado y que ningún ciudadano está exento ni de su deber de colaborar ni de su derecho en un foro público de “decir lo que tenga que decir”.

/HKQ/

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén; y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez; informaron en ante el pleno del Congreso las acciones que realizaron desde que se detectó la presencia de Martín Belaunde Lossio en Bolivia, hasta su entrega al Perú en calidad de extraditado.

La canciller Ana María Sánchez explicó en forma cronológica las gestiones emprendidas por su sector para la extradición del empresario peruano. Evitó dar a conocer detalles que las gestiones bilateralas que se realizó con el Estado Plurinacional de Bolivia, por tratarse de aspectos reservados.

Destacó, en ese sentido, la labor que cumplió la representación diplomática peruana en Bolivia, desde que se conoció la presencia de Belaunde Lossio en ese país y la tramitación del pedido de prisión preventiva, en espera del proceso de extradición.

A su turno, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, explicó que, de acuerdo a la ley de protección de refugiados en Bolivia, se requería de una "resolución firme" del Tribunal Supremo para dejar sin efecto el recurso de amparo presentado por Belaunde Lossio y concluir con el proceso de extradición.

Por ello, dijo, el Estado peruano tuvo que esperar hasta que se resolviera la acción de amparo en el Supremo Tribunal Constitucional de Bolivia, lo que se produjo el pasado viernes 22 de mayo.

/HKQ/

La Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, descartó haber participado, estimulado o dado venia alguna para que el empresario Martín Belaunde Lossio realice algún contrato regular o irregular con alguna entidad del Estado.

"Quiero dejar sentado de antemano, no ha tenido ni mi autorización ni mi venia, ni siquiera le he presentado a un funcionario del Estado; en ninguna instancia", señaló previo a su ingreso a la comisión del Congreso que investiga las actividades de Belaunde.

Según remarcó, su presencia en el Parlamento tiene por objetivo cumplir con su deber de colaborar con el referido grupo de investigación.

Nadine Heredia recordó que dicha comisión investiga los presuntos contratos irregulares que Belaunde Lossio habría hecho con el Estado y las presuntas vinculaciones que habría tenido con funcionarios del sector público.

Luego de aclarar que ella no es funcionaria pública, adelantó que sus respuestas ante la comisión se ceñirán al marco de lo que el pleno del Congreso definió para el trabajo de dicho grupo de trabajo.

Precisó que el pleno autorizó constituir dicha comisión por 180 días para investigar las denuncias periodísticas sobre presuntas actividades ilícitas del empresario para obtener irregularmente contratos a favor de empresas vinculadas a él y posibles vinculaciones de estas con altos funcionarios.

"Hago esta precisión porque hemos escuchado a lo largo de la semana que congresistas, incluso de esta comisión, han dicho que debo declarar sobre temas que nada tienen que ver con el mandato que el pleno le ha dado a la comisión", aseveró

"Yo me voy a ceñir al mandato que el pleno del Congreso de la República le ha dado a comisión investigadora y creo que comisión haría bien en ceñirse al mandato que tiene, porque debe ser objetiva y respetar los márgenes que el pleno le da", añadió Heredia.

/MRM/

El pleno del Congreso sesiona hoy con la finalidad de poner en debate diversos proyectos de ley, junto a informes de la Comisión de Ética y de los grupos de trabajo de investigación, se informó.

La sesión está programada para las 09:00 horas, según la agenda del Congreso.

Además de los temas mencionados, en la agenda figuran el debate de proyectos de ley dictaminados por las comisiones ordinarias, la segunda votación de leyes, y los informes de las comisiones de Fiscalización y Constitución.

No se descarta que durante la sesión plenaria los parlamentarios toquen el tema de la fuga de Martín Belaúnde Lossio de su arresto domiciliario en Bolivia.

Al respecto, según adelantaron parlamentarios de oposición, se pediría la presencia ante el pleno del Legislativo del ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, a fin de que informe sobre este tema.

Entre otras actividades, la Comisión de Ética se reunirá a las 15:00 horas para analizar los informes relacionados con los congresistas Víctor Grández, Fredy Otárola, Julio Gagó, Daniel Mora, Esther Saavedra y Carmen Omonte.

/M.R.M./

La bancada de Gana Perú cuestionó con severidad a la de Fuerza Popular por adelantar su rechazo al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, y consideró que este grupo político en los últimos cuatro años se ha caracterizado por obstaculizar los esfuerzos del Gobierno que busca sacar adelante al país.

“Lo único que ha hecho el fujimorismo en estos cuatro años ha sido no colaborar con el país (…). Lo que ha hecho es destruir cualquier voluntad de diálogo”, indicó Josué Gutiérrez, vocero de la bancada oficialista.

En cuanto al anuncio de Fuerza Popular de denunciar constitucionalmente al ministro de Justicia, Gutiérrez señaló que este grupo “está descalificado, porque tiene mucho que responder respecto a los antecedentes de los familiares directos de Alberto Fujimori que todavía no responden ante la justicia”.

Asimismo, señaló que el deslinde realizado por el presidente Ollanta Humala respecto al caso del prófugo empresario Martín Belaúnde, aleja al gobierno de “todo tipo de insinuación” sobre una supuesta injerencia gubernamental en la fuga del referido personaje.

Señaló también que el jefe del Estado “seguramente hará en las próximas horas una evaluación de todo lo que ha representado el accionar” en el proceso vinculado a Belaúnde.

Gutiérrez calificó la labor hecha al respecto como “prolífica”, pues “se ha trabajado muchísimo en la instancia judicial y en el CONARE bolivianos” para la extradición del empresario.

/M.R.M./

Cuatrocientos trece mil peruanos de la zona rural del Perú salieron de la pobreza gracias al aumento de la inversión social, en más de S/. 4, 000 millones, por parte del Gobierno, destacó el jefe del Gabinete, Pedro Cateriano.

Durante la exposición de los avances del proceso de descentralización en el Congreso, Cateriano informó que este logro permitió reducir la pobreza 5.3 puntos porcentuales.

Cateriano informó que la inversión total en materia educativa, por los tres niveles de gobierno, subió en 58.9 por ciento en el periodo 2011 – 2014, lo cual permitió aumentarla de S/. 2 438 millones de nuevos soles en el año 2011 a S/. 3 874 millones en el año 2014, resaltó.

Precisó que de esta inversión total, el 83.3 por ciento se orientó a infraestructura educativa, correspondiendo la mayor ejecución a los gobiernos locales, que pasaron de ejecutar, en el 2011, S/. 829 millones a S/. 1, 805 millones en el 2014.

Ello representó un incremento del 117.7 por ciento, especialmente en los departamentos de Lima, Cusco, Ancash, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Piura y La Libertad, los de mayor incidencia en la inversión pública.

En materia de salud, por los tres niveles de gobierno, la inversión pública se incrementó en 90.8 por ciento en el periodo 2011-2014, pasando de S/. 859 millones en el 2011 a S/. 1 639 millones en el 2014, indicó.

Detalló que de esta inversión total, el 70.2 por ciento se orientó a infraestructura de salud, correspondiendo la mayor ejecución a los gobiernos regionales, que pasaron de ejecutar, en el 2011, S/. 373 millones a S/. 993 millones en el 2014, lo cual representó un incremento del 166.2 por ciento.

Remarcó que el año pasado los mayores volúmenes de inversión en infraestructura de salud corresponden a los departamentos de Junín, Ayacucho, Cusco, Lima y San Martín, que en conjunto representan el 63.7 por ciento del total invertido por los tres niveles de gobierno.

El jefe del Gabinete señaló que la desnutrición de la niñez se redujo de 17,5 por ciento a 14,1 por ciento entre el 2013 y el 2014, según el patrón de la Organización Mundial de la Salud, y precisó que la meta para el 2015 es reducirla a 13,7 por ciento, mientras que para el 2016 el objetivo es llegar al 10 por ciento.

/MRM/