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La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, condenó la denuncia del ingreso irregular al despacho del legislador Víctor Andrés García Belaunde, hecho que consideró como "intolerable".

A través de su cuenta Twitter, la jefa del Gabinete indicó que esos "delincuentes" deben ser ubicados y sancionados.

Esta mañana, personal del despacho del congresista García Belaunde, de la bancada Acción Popular - Frente Amplio (AP-FA), denunció que encontraron abiertas las puertas de la oficina parlamentaria, pese a que anoche, al momento de retirarse, la dejaron cerrada.

Tras la denuncia, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, anunció que se ha dispuesto una investigación y que se darán todas las facilidades a la Policía Nacional, que ha tomado competencia en este caso.

Lo sucedido en el despacho del cong. Víctor A. García Belaunde es INTOLERABLE! Esos delincuentes tienen que ser ubicados! El crimen NO paga!

— Ana Jara Velásquez (@anajarav) marzo 24, 2015

La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, informó que se ha dispuesto una investigación inmediata sobre lo ocurrido en el despacho del legislador Víctor García Belaunde, e indicó que no se permitirá que la seguridad del Legislativo sea vulnerada.

"Tras conocer lo ocurrido en el Congreso, en la oficina del congresista García Belaunde, se dispuso una investigación inmediata", escribió en su cuenta en Twitter.

Señaló, además, que el Parlamento dará todas las facilidades para que se lleven a cabo las indagaciones, y adelantó que el material que registran las videocámaras será entregado a la Policía Nacional.

"No permitiremos que la seguridad del Congreso se vea vulnerada. Acciones inmediatas se toman en este momento. Investigación inmediata", añadió Solórzano en la referida red social.

En posteriores declaraciones a la prensa ofrecidas desde Arequipa, donde realiza actividades en el marco de la Semana de Representación Parlamentaria, la titular del Parlamento dijo haber dispuesto "el cese inmediato" del jefe de seguridad del Congreso, Estuardo Loyola.

"Debió ser el personal a su cargo que trabaja de noche el que tuvo que darse cuenta de esto", manifestó Solórzano.

Dijo también haber dado al oficial mayor del Parlamento la orden de entregar a la Policía Nacional "todo el material de videocámaras" del Palacio Legislativo.

"Solicitamos una investigación inmediata; les digo a mis compañeros parlamentarios que no permitiremos que ni la seguridad del Parlamento, del acervo documentario, de las oficinas ni de ellos mismos se vea vulnerada", manifestó.

En cuanto a la reciente denuncia sobre la supuesta detección de micrófonos en la oficina de coordinación de la bancada del Partido Popular Cristiano-Alianza por el Progreso, Solórzano indicó que la orden dada para reforzar la seguridad del Palacio Legislativo comprende a este tema.

“Se solicitará un barrido electrónico a Of. del grupo PPC-APP y se brindará apoyo logístico para esclarecer lo ocurrido”, finalizó.

/MRM/

El Congreso de la República publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Legislativa que establece la pérdida del escaño para los parlamentarios sentenciados por delitos como el narcotráfico, terrorismo y otros.

La Resolución Legislativa Nº 002-2014-2015-CR de artículo único establece la incorporación del artículo 15-A al Reglamento del Congreso de la República, en los siguientes términos.

“Pérdida de escaño parlamentario Artículo 15-A. En caso de que un congresista haya sido condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos proveniente de estos ilícitos, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del Congreso de la República sobre reemplazo por el accesitario”.

La norma lleva la firma de la Presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano, y el segundo vicepresidente del Congreso, Norman Lewis.

/MRM/

La jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara Velásquez, anunció esta madrugada ante el Pleno del Congreso la decisión de relevar de sus cargos a la plana mayor de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), a raíz de la denuncia de acopio de información pública sobre políticos, funcionarios, empresario y periodistas.

En consecuencia, informó que deja su cargo el director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Iván Kamisaki Sotomayor.

Asimismo, son relevados el director de Contrainteligencia de la DINI, coronel de la Policía en retiro Mauro Castañeda; así como a Javier Briceño, director nacional de Inteligencia de esta entidad.

El retiro de estos funcionarios fue informado al Pleno del Parlamento cerca de las 03:00 horas, luego de cerca de siete horas de debate.

En dicha sesión, que empezó cerca de las 20:00 horas de ayer, Jara explicó la posición del gobierno respecto a la publicación periodística que reveló el acopio de información pública por parte de la DINI.

La portavoz del Ejecutivo dijo que el relevo de los más altos cargos de la DINI es una medida independiente de las investigaciones del Ministerio Público y de las medidas planteadas por la comisión designada por el gobierno para modernizar dicho órgano.

Sobre Rosendo Chávez, identificado como el agente responsable de la búsqueda de información, indicó que se le incluirá en el pedido de investigación al Ministerio Público.

En su intervención final, se defendió con fervor de las acusaciones de los miembros de la oposición, especialmente de la bancada fujimorista de Fuerza Popular, quienes acusaron al gobierno de “reglar” a políticos con fines de chantaje político y a ella de avalar ese hecho.

El enfrentamiento fue especialmente duro con el polémico parlamentario fujimorista Héctor Becerril, quien acusó a Jara de mentir al país al negar la responsabilidad del gobierno.

“¡Señora Presidenta, no le voy a permitir a este señor, por más congresista que sea, a este caradura, acusarme de estar mintiendo!”, manifestó Jara refiriéndose a Becerril.

Retomada su exposición, Jara reiteró que el gobierno es el primer interesado en descubrir para qué la DINI acopió esa información.

Por ello, destacó la decisión de pedir al Ministerio Público investigar este hecho lo antes posible, sin perjuicio de las acciones administrativas que vaya a tomar el Ejecutivo.

“Se tiene que investigar y sancionar, basta ya de cauterizar nuestra conciencia (…) la fiscalía y la comisión reorganizadora determinará por qué se hizo la búsqueda de información sobre estos personajes, por qué funcionario público y quien ha sido el destinatario final, es decir, qué se hizo con esa información que no debió salir”, subrayó.

Además del relevo de los directores de la DINI, Jara anunció también que el gobierno va a proponer al Congreso que quien ejerza el máximo cargo de este órgano acuda al Parlamento a dar cuenta de sus planes operativos.

Según dijo, esa medida fortalecerá la confianza de la ciudadanía, no en el gobierno, sino en un órgano tan importante para el desarrollo del país como la DINI.

/MRM/

El Pleno del Congreso aprobó la ley que compensa las elevadas tarifas de energía eléctrica cobradas en las zonas más pobres y vulnerables del país.

Según el legislador Ruben Coa, presidente de la Comisión de Energía y Minas, grupo que dictaminó el proyecto, la norma modifica la Ley del Fondo de Compensación Eléctrica, a fin de apoyar a las zonas urbanas rurales del país.

Añadió que el dispositivo legal adecua los parámetros de aplicación del Fondo de Compensación Eléctrica (FOSE), para los usuarios de los sistemas eléctricos urbano marginales.

El objetivo de la ley, subrayó, es atenuar el impacto de las tarifas eléctricas en las regiones con mayores índices de pobreza.

Durante el debate de la norma, la mayoría de legisladores expresaron su apoyo y coincidieron en que hace justicia a los sectores urbanos rurales del país, algunos de los cuales deben pagar tarifas eléctricas excesivamente altas.

El proyecto de ley fue aprobado por 81 votos a favor logrando ser exonerado de segunda votación, con lo cual quedó listo para su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, durante la sesión plenaria vespertina, el Pleno del Congreso rechazó la acusación constitucional contra el ex ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra, por presunta infracción de la Constitución.

/M.R.M./

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, debe solicitar de forma voluntaria una investigación en el Parlamento para despejar cualquier tipo de duda sobre las denuncias de presunto desbalance patrimonial, consideró el exprocurador Anticorrupción, Julio Arbizu.

Comentó que al ser una candidata a la Presidencia de la República tiene la “obligación moral” de expresar su disposición para someterse al escrutinio del Parlamento. 

“Todo funcionario público y persona que esté imputada de presuntos ilícitos contra la administración pública debe someterse a la fiscalización. En ese sentido, ella misma, por una cuestión moral, debe solicitar que se abran todas las investigaciones para aclarar cualquier duda que se pueda tener sobre su actuación”, aseveró.

El exprocurador Anticorrupción lamentó la decisión de la Comisión de Fiscalización del Congreso de archivar el pedido de facultades especiales para investigar a la lideresa de Fuerza Popular por presunto desbalance patrimonial.

Remarcó que en la resolución de la ex fiscal suprema Gladys Echaíz, que archiva la investigación seguida a Keiko Fujimori por el presunto financiamiento irregular de sus estudios en el extranjero, en ningún momento se absolvió a la lideresa de Fuerza Popular.

“Esto quedó archivado en la Fiscalía de la Nación porque no se podía imputar delito de enriquecimiento ilícito: dado que su padre, Alberto Fujimori, no había sido extraditado por esa infracción y al no haber autor, no había cómplices. Pero hay que recordar, que ella nunca fue absuelta de las acusaciones de desbalance patrimonial”, afirmó.

/M.R.M./

El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, deberá acudir a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso para explicar las razones que lo llevaron a borrar los murales pintados en el centro de la ciudad, informó el presidente de ese grupo parlamentario, Alejandro Aguinaga.

El legislador fujimorista dijo que la invitación para que Castañeda acuda al Parlamento fue acordada este martes de manera unánime, aunque no se fijó fecha para la presencia de la autoridad edil.

También será invitado el regidor Marco Miyashiro, exintegrante de la Policía Antiterrorista (Dincote), quien respaldó al burgomaestre limeño y cuestionó el uso de pinturas por artistas supuestamente relacionados al Movadef, vinculado al grupo terrorista Sendero Luminoso.

Las invitaciones se hicieron a pedido del congresista Johnny Cárdenas Cerrón (NGP), quien consideró que las obras, como la pintura de Chabuca Granda, son expresiones de la cultura popular.

“No todas las obras son de estas personas vinculadas al Movadef. Hay artistas que han plasmado su arte en las paredes, que no afectan al ornato de la ciudad y contribuyen con la cultura”, comentó.

El alcalde Castañeda justificó el borrado de los murales en algunas zonas del Centro de Lima aduciendo una posible amonestación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Sin embargo, la Unesco aclaró que no es parte de su misión pronunciarse sobre decisiones tomadas por los Estados sobre su patrimonio cultural material e inmaterial, salvo que éste se encuentre en una situación inminente de riesgo.

/M.R.M./

El Pleno del Congreso se reúne hoy para analizar los informes de la comisión que investigó los presuntos actos de corrupción cometidos durante el segundo gobierno de Alan García Pérez (2006-2011).

Según adelantó Sergio Tejada, quien presidió la llamada “megacomisión”, hoy será presentado el informe final correspondiente al caso de enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios de dicho gobierno.

La semana pasada, Tejada expuso ante el Pleno los informes correspondientes a los presuntos actos de corrupción en la remodelación de los llamados colegios emblemáticos y en el caso “narcoindultos”.

Dichos informes fueron aprobados por mayoría, por lo cual corresponde ahora definir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si el expresidente García debe ser objeto de una denuncia constitucional.

La sesión plenaria está programada para las 15:00 horas.

/M.R.M./

Cuatro ministros de Estado acudirán hoy el Parlamento Nacional con la finalidad de exponer ante comisiones legislativas aspectos relacionados a sus respectivos planes de trabajo.

El ministro de Educación, Jaime Saavedra, se presentará a las 9:00 horas ante la Comisión de Educación con la finalidad de informar sobre la evaluación censal escolar, la implementación de la Ley de Reforma Magisterial y del Sinedu, entre otros temas.

Asimismo, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita, sostendrá una reunión de trabajo con la Comisión de la Mujer, a las 16:00 horas, para exponer el plan de trabajo de su sector.

Por su parte, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, expondrá a las 10:00 horas en la Comisión de Relaciones Exteriores sobre las conclusiones y compromisos asumidos por el Perú en la COP 20, realizada el año pasado en Lima.

Finalmente, a las 15:00 horas, José Pérez Guadalupe, ministro del Interior, se presentará ante la Comisión de Defensa del Congreso para dar a conocer la política que aplicará su gestión en los temas más importantes del sector.

/MRM/

El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Alberto Otárola, sostuvo que el Congreso ha dado un paso adelante que contribuirá en la lucha contra el narcotráfico en la política, al aprobar el proyecto de ley que aprueba la “curul vacía”.

Comentó que dicha iniciativa contribuirá a prevenir la infiltración del narcotráfico en el sistema político y a que los partidos sean más rigurosos al momento de elegir a los candidatos que los representarán en las elecciones. 

“Esta iniciativa ha marcado un primer hito en un largo proceso de reforma porque es la primera vez que se establece una sanción directa al partido político. Eso es inédito en el derecho parlamentario peruano”, dijo.

Para Otárola, la aprobación de dicha iniciativa en el Congreso también representa una oportunidad para abrir el debate sobre la necesidad de hacer extensiva la figura de la “curul vacía” a nivel regional y local. 

“Esta reforma representa un paso adelante porque va sentar las bases para ampliar esta figura a los casos de los regidores y consejeros. ¿Por qué no quitarle un asiento a una agrupación que ha puesto a un narcotraficante como candidato a regidor?”, expresó.

Finalmente, refirió que este tipo de reformas fortalecerá a las agrupaciones políticas y contribuirá a que estas capten mejores cuadros con miras a consolidar la democracia. 

“Con que ese tipo de reformas se está perfeccionando el sistema democrático peruano muy venido a menos, por defectos o vacíos de la ley que lamentablemente han sido aprovechados por el narcotráfico y lavado de activos para afectar la democracia”, anotó. 

El proyecto que plantea la “curul vacía” considera desaforar a los legisladores vinculados a los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos, sin posibilidad de ser reemplazados por los accesitarios. Con ello se sanciona al partido que permitió su llegada al Parlamento.

/MRM/