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La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en el Instituto Peruano del Deporte-IPD que habrían ocasionado al Estado un perjuicio económico por S/. 1’ 742, 000.

Este es el resultado de dos auditorías de cumplimiento que se vienen ejecutando al IPD (gestión 2012-2014), relacionadas con el otorgamiento de subvenciones otorgadas al Comité Olímpico Peruano-COP y el mejoramiento de los servicios deportivos en el complejo Elías Aguirre, en Chiclayo, Lambayeque.

Sobre estas auditorías, la Contraloría ha emitido las Carpetas de Control correspondientes identificando presuntas irregularidades por los siguientes hechos:

Subvenciones económicas

Para la organización de los XVII Juegos Bolivarianos 2013, el Congreso de la República autorizó la transferencia de S/. 46’ 434, 300 del Ministerio de Educación al IPD. Esta transferencia permitió subvencionar el contrato de servicios entre el COP y una empresa para la gestión, gerencia y supervisión de proyectos de infraestructura deportiva declarados viables.

Sin embargo, el COP, sin autorización, suscribió adendas y canceló con recursos públicos S/.13’ 429, 500 pese a no haberse iniciado ninguna obra. Más bien, financiaron la adecuación de infraestructura deportiva en parques, colegios privados y públicos que no correspondían a la finalidad de la transferencia, ampliando incluso el plazo de ejecución del servicio hasta el 30 de octubre de 2014 cuando los Juegos Bolivarianos culminaron el 30 de noviembre de 2013.

Asimismo, funcionarios del IPD tramitaron y otorgaron de manera irregular una doble transferencia de recursos al COP para pagar el concepto de otorgamiento de sede de los XVIII Juegos Panamericanos 2019. Antes de dicha tramitación, el pago ya se había realizado con fondos provenientes del alquiler de un terreno del Estado a una entidad privada. Sin embargo, el IPD desembolsó una subvención adicional cuyo destino final se desconoce lo que habría ocasionado un perjuicio económico por S/. 710, 000.00.

A este hecho se suma una modificación presupuestal efectuada por el IPD, con posterioridad al gasto, que impidió pueda solicitar al COP la devolución por S/. 544, 541.00 transferido como subvención económica, pero que habría sido utilizado, entre otros aspectos, en la implementación de oficinas, gasto que no correspondía a la finalidad de dichos recursos.

Complejo Elías Aguirre

De otro lado, la Contraloría también identificó un presunto perjuicio económico por S/. 487, 996.00 por presuntas irregularidades en el otorgamiento de la buena pro para las obras de mejoramiento de los servicios deportivos en el complejo Elías Aguirre, de Chiclayo-Lambayeque.

El comité especial del IPD validó la propuesta de un consorcio que no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos de las bases, y pese a haber presentado documentación cuestionada en contenido y firma, procedieron a suscribir un contrato por S/. 88’ 834, 000, pagando como adelanto el monto del perjuicio económico que se habría ocasionado.

Entre los aspectos detectados por la Contraloría, se observó que el consorcio en su propuesta técnica sustentó los requerimientos técnicos mínimos de su staff de profesionales con documentos cuestionados por los propios profesionales y los emitentes. En ese sentido, la Contraloría detectó que las declaraciones juradas de cumplimiento de requisitos técnicos mínimos contienen información que no sería compatible con la realidad.

/MRM/

La Contraloría General, detectó que la Administración del Fondo de Salud para el Personal de la Policía Nacional del Perú -FOSPOLI- habría favorecido a una empresa para la entrega de medicamentos y material biomédico en tres Hospitales de la Institución en Lima.

Según el órgano de control, se efectuó pagos por S/. 31'918,193 sin realizarse el correspondiente proceso de selección, ni suscribir un contrato por dicha prestación durante el período entre octubre del 2,009 y mayo del 2,014.

Una comisión auditora identificó que dicha empresa fue seleccionada de manera directa para la entrega de los productos faltantes en las farmacias de los Hospitales de la Policía, bajo condiciones especiales establecidas por la Administración del FOSPOLI (ahora Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL).

De esta manera, la empresa era la única que contaba con la exclusividad y preferencia para la entrega de los medicamentos y material biomédico a los beneficiarios del Fondo, a través de sus establecimientos farmacéuticos ubicados dentro de los Hospitales de la Institución, a pesar de que no contaban con licencia de funcionamiento municipal, ni autorización sanitaria de funcionamiento con lo que se ponía en riesgo la calidad de los productos y salud de los pacientes.

Cabe precisar que tampoco contaban con contratos de alquiler, ni haber realizado pago alguno por uso de los ambientes dentro de los Hospitales de la Policía.

La entrega de los medicamentos se realizaba en el Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz” en Jesús María, Hospital Nacional PNP “Augusto B. Leguía” en el Rímac y el Hospital Geriátrico PNP “San José” en San Miguel.

Por dicha prestación, la Administración del FOSPOLI efectuó pagos a la empresa utilizando la modalidad de pago por concepto de reembolso, destinada sólo a los beneficiarios (personal policial y familiares con derecho), contraviniendo el Reglamento de Organización y Funciones de dicho Fondo.

En el caso están involucrados 29 funcionarios del fondo en mención.

Los hechos descritos evidencian indicios del presunto delito de Colusión Desleal y Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo, por lo que la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría presentó la denuncia ante la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima contra los presuntos responsables.

/M.R.M./

La Contraloría General, identificó en la Unidad de Servicios Especiales-USE de la Policía Nacional del Perú, vehículos inoperativos, falta de equipamiento e indumentaria, además de infraestructura que no se encontraría en buenas condiciones para albergar al personal policial en servicio.

Este fue el resultado preliminar observado por la Contraloría General en la visita que realizó a las instalaciones policiales de la USE con la finalidad de verificar las condiciones en que laboran los efectivos del orden.

El equipo de la Contraloría registró un inventario de 15 unidades móviles, de las cuales sólo 7 se encuentran operativas; por ejemplo, un minibús del año 1,993 con capacidad para 20 pasajeros que requiere ser renovado.

Asimismo, se verificó la existencia de vehículos anfibios cedidos por la Marina de Guerra y el Ejército, que se encuentran desfasados y, en parte, inoperativos. Los auditores también verificaron la falta de indumentaria policial para el servicio de los efectivos.

Actualmente, el personal policial comparte cascos, chalecos y máscaras que utilizan durante sus acciones de servicio, pero que deben compartir con otros turnos. Cabe indicar que los implementos que utilizan los efectivos para el resguardo de su integridad en muchos casos ya excedieron su vida útil.

Además, se observó que el actual local que ocupa la USE cuenta con un informe de Defensa Civil que lo declara como local de alto riesgo, así como el comedor que no ha sido renovado ni equipado desde el año 1,993.

Con los datos recopilados producto de la visita, la Contraloría emitirá un informe al Ministerio del Interior y al director general de la Policía Nacional del Perú, con el reporte de lo observado y las recomendaciones que permitan a la entidad implementar mejoras.

El Dato

La USE de la PNP es la unidad encargada del control de disturbios públicos por medio de batallones de asalto.

/M.R.M./

La Contraloría General identificó riesgos en la ejecución del proyecto Acarí – Bella Unión II Etapa Construcción de la Represa de Iruro, en Ayacucho, que podrían afectar la transparencia y el cumplimiento de las metas previstas en dicha obra de irrigación, orientada a solucionar los problemas de bajos niveles de producción y productividad agrícola.

La obra, cuyo monto de inversión asciende a 94 millones nuevos soles, consta de la construcción de una presa de enrocado, sistema de captación, sistema de conducción de 38 Km. de canal, rehabilitación de 90 Km. de canales existentes, 25 bocatomas, obras de arte y habilitación de caminos de acceso.

En la acción simultánea realizada del 1 al 26 de junio de 2015, a la ejecución de la obra que está a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y es financiada con el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra (MI RIEGO) del Ministerio de Agricultura, se detectó la falta de disponibilidad de terrenos para los trabajos en la zona del embalse de la represa, cantera, sifones y canal de conducción, lo que genera el riesgo que la obra quede paralizada y se incremente el presupuesto por ampliaciones de plazos y mayores gastos generales, en perjuicio de los beneficiarios del proyecto y del PSI.

Asimismo, se advirtió atrasos considerables en el avance físico de la obra lo que genera el riesgo de resolución de contrato, en perjuicio de la población beneficiaria al quedar postergada la transferencia y utilización de la represa de Iruro.

Igualmente, en la visita de inspección a la presa principal se evidenció que el detalle de la unión de la pantalla de concreto con el muro del vertedero proyectado no se encuentra definido (no existe en planos), hecho que podría generar el riesgo de fallas constructivas por la mala interpretación de los planos y no garantizaría la calidad de la obra, por ende, la vida útil de la estructura.

Además, se detectó que la cantidad de personal, así como la valorización de los alquileres y servicios considerados por la supervisión, difiere de lo presentado por el coordinador del Programa Subsectorial de Irrigaciones, generando el riesgo de estar pagándose por servicios que no se emplearon en un período determinado, lo que incrementaría el presupuesto de la obra.

También se evidenció que los profesionales encontrados en la obra no correspondían a los que conformaban el equipo ofertado tanto por el contratista como por la supervisión, lo que origina el riesgo de afectar la calidad de la obra y el cumplimiento de las condiciones del contrato, al no tenerse la documentación que garantice y sustente los cambios advertidos.

Como resultado de la acción simultánea se presentó un informe al Director Ejecutivo del Programa Subsectorial de Irrigaciones en el cual se recomienda valorar los riesgos comentados y disponer las acciones preventivas pertinentes.

Por su parte el Órgano de Control de Institucional del referido programa efectuará el seguimiento de las acciones realizadas por la entidad.

/MRM/

Al referir que de cerca de 7,000 funcionarios investigados, sólo 33 fueron condenados a cárcel efectiva, el contralor general Fuad Khoury afirmó que la corrupción aumenta en el mundo por la impunidad o falta de castigo a quienes cometen delitos en contra del Estado.

"En el Perú el Sistema Nacional de Control identificó responsabilidad penal en 7,307 funcionarios y servidores por presuntos actos de corrupción, pero sólo 560 de los casos denunciados por la Contraloría fueron sentenciados en los últimos seis años", cuestionó Khoury Zarzar.

Señaló al respecto que de los 560 condenados por corrupción, a quienes se demostró su culpabilidad, sólo 33 están en la cárcel y los 527 restantes gozan de libertad porque se les otorgó pena suspendida. 

El órgano de control cumple con su trabajo de identificar presuntos actos de corrupción en el sector público; sin embargo, es el Ministerio Público el encargado de realizar la investigación penal y el Poder Judicial de emitir las sentencias, agregó Khoury.

Esta información fue sustentada durante el Encuentro Latinoamericano del Programa Anticorrupción (OCDE 2015), en dónde enfatizó la necesidad de que los corruptos estén en la cárcel "aunque para ello se tenga que construir más prisiones". 

En este contexto, argumentó que se precisa un compromiso del más alto nivel de los gobernantes y de las autoridades regionales y locales para acabar con la corrupción.

Refirió, además, el deber de reforzar el valor de la cadena de lucha contra la corrupción, que está conformada por los gobernantes, la propia Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial para proteger y fortalecer la institucionalidad. 

En la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), se está debatiendo la creación de un Instituto de Transparencia, medida que tendría un alto impacto para prevenir la corrupción, subrayó el funcionario.

/P.A.G./

La Contraloría General, detectó que funcionarios, exfuncionarios, servidores y exservidores del Organismo Público de la Infraestructura para la Productividad (OPIPP), del Gobierno Regional de Loreto, incurrieron en presuntas irregularidades en la ejecución del megaproyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado en Iquitos, pagos provisionales hasta por el monto de S/. 93’834,303 y pagos que no corresponden por S/. 83’873,000.

Una comisión auditora identificó que en la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Iquitos”, iniciada en el 2,010 y cuya ejecución aún continua, se pagó a la empresa valorizaciones por concepto de adicionales provisionales por obras ejecutadas, sin haber realizado la debida evaluación técnica presupuestal, aplicando un procedimiento no contemplado en el contrato y sin lugar a rectificación en la liquidación del contrato.

Con relación al presunto perjuicio económico, se evidenció que el Organismo Público de la Infraestructura para la Productividad regularizó el atraso de ejecución de la obra aprobando ampliaciones de plazo que no correspondían, generando el pago de mayores gastos generales e inaplicación de penalidades por S/. 40’594,140.

Asimismo, aprobó un adicional de obra y un deductivo vinculante por el cambio de material de fabricación de pilotes, generando pagos improcedentes al contratista por S/. 1’944,905. También se aprobó un adicional por el cambio de material de las barandas de acero galvanizado y canaletas de acero inoxidable por otras de plástico reforzado con fibra de vidrio, modificación que no era indispensable ni económicamente conveniente, causando un perjuicio por S/. 4’639,426.

Además, el mencionado organismo aprobó un adicional de obra para la protección perimetral de la planta de tratamiento de aguas residuales con material impermeable a fin de evitar las filtraciones de agua. Sin embargo, dicha protección no soportó las nuevas filtraciones en marzo de 2012, generando un egreso innecesario de S/. 6’250,103.

Así también, el Gobierno Regional de Loreto generó la aprobación del expediente técnico pese a que éste no contaba con el diseño del emisor subfluvial y el estudio de impacto ambiental. Además, las coordenadas de la planta de tratamiento de aguas residuales difieren de las establecidas en el estudio de suelos y en el plano del expediente técnico, los cuales tampoco concuerdan con lo establecido en el plano del estudio de factibilidad, generando un pago que no correspondía de  S/. 905,334.

El Organismo Público Infraestructura para la Productividad aprobó también un adicional para subsanar un tramo de tubería que colapsó por deficiencias atribuibles al contratista en el almacenamiento y proceso constructivo, ocasionando un perjuicio por S/. 19’ 869,157. Además generó riesgos en la calidad de los trabajos y en el servicio a prestar.

Asimismo, aprobó una ampliación de plazo por 121 días calendario, pese a que los trabajos para los cuales se requería dicha ampliación ya estaban ejecutados. Ello generó el pago de mayores gastos a favor del contratista por S/. 8’434,709 y el pago por el presupuesto adicional de servicios de supervisión por S/. 1’235,357.

Cabe precisar que el Organismo Público Infraestructura para la Productividad no atendió las observaciones presentadas por los servidores de Sedaloreto, por lo que no se garantizó la calidad de los trabajos ejecutados.

Entre las principales observaciones figuraron deficiencias en la planta de tratamiento de aguas residuales, carencia de un caudalímetro a la salida de las aguas tratadas, necesidad de cambio de la totalidad de los tableros eléctricos, necesidad de cambio del grupo electrógeno instalado en la referida planta, entre otros, elementos de la planta de tratamiento afectados por inundaciones.

/M.R.M./NDP/

Restablecer la competencia de la Sala Penal Nacional para investigar delitos graves contra la administración pública y eliminar el nuevo requisito de que sean cometidos por una organización criminal, pidió el contralor general de la República, Fuad Khoury Zarzar.

Según el funcionario, el Poder Judicial ha establecido como requisito que los casos de corrupción complejos, graves y de repercusión nacional sean cometidos por una organización criminal para que la Sala Penal Nacional pueda avocarse a ellos.

Eso impide una lucha frontal contra la corrupción en la administración pública y debe ser corregido, dijo el jefe del organismo de control.

El restablecimiento de la competencia de la Sala Penal Nacional fue una de las recomendaciones que formuló Khoury ayer, al término de la exposición que sobre su gestión en el 2,014 realizara ante la Comisión de Fiscalización.

Planteó también que el Poder Ejecutivo traslade a todo el personal de las Oficinas de Control Interno (OCI), a la planilla de la Contraloría.

Igualmente, propuso establecer alertas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), a fin de detectar movimientos sospechosos en las cuentas de las entidades públicas.

Durante su participación, anunció también que remitirá al Congreso proyectos de ley para autorizar a la Contraloría la capacidad de sancionar a los gobernadores regionales y alcaldes; intervenir en las instituciones públicas con alto riesgo de corrupción y normar la ejecución de obras por administración directa.

Asimismo, para realizar auditorías sin restricciones a obras encargadas a organismos internacionales, y emitir opinión previa a las adendas de los contratos de concesión.

Al respecto, dijo que un 70 % de las irregularidades detectadas en la ejecución de obras públicas ha sido el que se lleva a cabo por administración directa.

Informó que durante el año pasado se realizaron 132 autorías a igual número de entidades públicas, que causaron daños estimados en S/. 400 millones en los tres niveles de gobierno.

Recordó también que durante su gestión, 560 funcionarios habían sido condenados por diversos delitos contra la administración pública, un 40 % de ellos por peculado, un 24 % por colusión y 10 % por negociación incompatible. 

Sin embargo, añadió, sólo 33 de ellos cumplieron condena efectiva, y los 527 restantes recibieron sentencias con penas suspendidas. 

/P.A.G./ Andina

La Contraloría General de República recomendó al Gobierno Regional de Áncash (GRA) cumplir con las normas que regulan el buen uso del canon minero e invertir dichos fondos para la ejecución de proyectos y obras a favor de dicha región.

A través de su cuenta de twitter (@ContraloriaPeru), el ente de control advirtió que incumplir con las normas sobre el buen uso de fondos del canon minero conlleva a responsabilidad legal. 

La Contraloría reveló asimismo que ha remitido un oficio al titular del GRA, Waldo Ríos, sobre el correcto uso de los fondos del canon minero.

Precisó que el oficio fue remitido al GRA el pasado 7 de agosto del 2015 y que hasta la fecha no se ha recibido respuesta de parte de las autoridades regionales ancashinas.

/MRM/

Mediante un comunicado, la Contraloría General de la República señaló que en defensa del normal desarrollo de los servicios de control en el Gobierno Regional de Áncash, da a conocer que:

- El Gobierno Regional de Áncash, mediante el incumplimiento en el pago de remuneraciones y la no renovación de contratos de nueve profesionales, ha reducido la capacidad operativa de su Órgano de Control Institucional (OCI). 

- La reducción de la capacidad operativa, directamente, afecta el cumplimiento del Plan Anual de Control 2,015 y repercute en el normal desempeño de las funciones asignadas al OCI del referido gobierno regional. 

- La Contraloría General de la República ha requerido formalmente al Gobierno Regional de Áncash que cumpla con el deber legal de proporcionar personal, recursos y los medios necesarios para el ejercicio de la función de control en dicha entidad, advirtiendo que la omisión o incumplimiento para la implantación o implementación de los Órganos de Control Institucional o la afectación de su autonomía es una infracción sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General. 

- Pese a dicho requerimiento, el Gobierno Regional de Áncash a la fecha no ha cumplido con reponer las 9 plazas de personal profesional correspondiente al OCI, lo que produce una disminución de más del 50 % de la capacidad operativa del Órgano de Control del gobierno regional. 

- Por lo expuesto: la Contraloría General de la República insta al gobernador Regional de Áncash y a su Consejo Regional a disponer la inmediata restitución de la capacidad operativa del OCI y a cautelar que no se obstaculice e interfiera con la función de control, deber legal que concuerda con la obligación de los funcionarios de contribuir en la lucha contra la corrupción. En caso de infringirse dicho deber legal, se verá obligada a proceder formalmente para hacer efectivas las responsabilidades penales y/o administrativas que derivan de dicha infracción. 

/NDP/

La Contraloría General detectó presuntas irregularidades en la contratación del servicio de reparación  e inspección de cuatro aeronaves por parte de la Escuela de Aviación Civil (EDACI) de la Fuerza Aérea del Perú en el 2013, que habrían ocasionado un perjuicio económico por S/. 1'500,400. 

Una comisión auditora identificó irregularidades en la elaboración del requerimiento y en el estudio de mercado del referido servicio, en la suscripción de los contratos, en el otorgamiento de las conformidades del servicio contratado y en el trámite del pago del monto contractual. 

Se evidenció que el Director de la Escuela de Aviación Civil junto al representante legal de la empresa ganadora de la buena pro suscribieron los contratos, 14 días hábiles después de haberse vencido el plazo para la presentación de los documentos necesarios para dicha firma, es decir cuando de acuerdo a las normas la empresa ya había perdido automáticamente la buena pro del proceso de selección. 

Asimismo, el Jefe del Departamento de Mantenimiento, el Jefe del Departamento de Abastecimiento y el mencionado representante legal suscribieron cuatro actas de recepción y conformidad del servicio, dos días después del vencimiento del plazo previsto para la referida prestación, sin que se haya acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos, que la prestación haya culminado y pese a que las aeronaves se encontraban inoperativas. 

Sin embargo, las actas no fueron el único documento de conformidad. Incluso antes de la suscripción de las actas, los mencionados funcionarios junto al Jefe del Departamento de Finanzas y el Director de la Escuela de Aviación Civil certificaron la recepción del servicio, inclusive se encontraban tramitando el pago de S/. 1'500,400 a favor de la empresa. 

En el examen especial también se detectó que el Jefe del Departamento de Mantenimiento remitió los términos de referencia sin contar previamente con los estudios y/o informes técnicos de viabilidad costo – beneficio de las aeronaves y sin que se efectuará la identificación plena de cada una de ellas, al no consignar el número de serie de fabricación, ni el número de certificado tipo. 

De igual modo, se determinó que cuando se efectuó el requerimiento del servicio de reparación e inspección de las cuatro aeronaves, dos de ellas se encontraban con las matrículas canceladas y además estaban gravadas a favor de la Dirección General de Aeronáutica Civil y no de la Escuela de Aviación Civil del Perú. En la actualidad ambas aeronaves no cuentan con el respectivo certificado de aeronavegabilidad. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, el Director de la EDACI tramitó el pago total de S/. 1'500,400, en favor de la empresa ganadora de la buena pro antes de la suscripción de la conformidad del servicio, sin corroborar la culminación de la prestación del servicio, ni el cumplimiento de las condiciones pactadas. Las cuatro aeronaves en mención a la fecha de la culminación de la acción de control se encontraban inoperativas. 

Los hechos descritos evidencian indicios razonables del delito de Colusión Ilegal Agravada por lo que la Procuraduría Pública de La Contraloría denunció ante la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima a cinco involucrados en el caso, incluyendo al representante legal de la empresa. 

/CCH/ Prensa Contraloría