contraloria

El Contador Público Colegiado, Edgar Alarcón Tejada, juró como nuevo Contralor General de la República para el período 2016-2023 en una ceremonia realizada en la sede del Poder Judicial, siendo la primera vez que un profesional de carrera de la Contraloría asume el máximo cargo en el Organismo Superior de Control.

Alarcón Tejada, quien hasta ahora se desempeñó como vicecontralor (2013-2016) tiene 19 años de experiencia en la Contraloría y es experto en control gubernamental y gestión pública.

En la institución se desempeñó en diversos cargos como Gerente de Finanzas, Gerente General, Gerente Central de Operaciones y Gerente de Auditoría Especializada a lo largo de la gestión de cuatro Contralores Generales.

Entre sus principales logros figura el haber incrementado el número de auditorías y dirigir el proceso de incorporación de los Jefes y personal de los Órganos de Control Institucional (OCI) a la Contraloría para asegurar su independencia y autonomía.

También lideró operativos de control preventivo a nivel nacional para mejorar la prestación de los servicios públicos y tuvo una activa participación en Audiencias Públicas Descentralizadas, promoviendo la participación ciudadana.

En su gestión al frente de la Contraloría, Alarcón Tejada dará mayor énfasis al Control Preventivo, al fortalecimiento del proceso de descentralización del control gubernamental, sanciones más drásticas a los corruptos del Estado, así como la detección oportuna de actos de corrupción, entre otros.

DATO

La Resolución Legislativa del Congreso N° 003-2015-2016-CR con la designación de Alarcón Tejada como nuevo titular de la Contraloría General aparece publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

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La Contraloría General de la República, detectó que habría un perjuicio económico de 11 millones 400 mil 084 soles, debido a presuntas irregularidades en la contratación para la ejecución de la obra de rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Requena, en Loreto, ocurrido entre el año 2012 y el 2014.

Una comisión auditora identificó que durante la ejecución contractual, el consorcio a cargo de la obra modificó su programación inicial en forma innecesaria y sin el debido sustento, de esta forma los plazos de cada partida o actividad se extendieron a su favor, todo lo cual fue validado por la Municipalidad Provincial de Requena que efectuó el pago de las valorizaciones, tomando en cuenta dicho calendario.

Además, habiendo sido notificado el consorcio de la improcedencia de la ampliación de plazo N.° 1, éste desconoció tal decisión sin que la municipalidad emitiera objeción alguna, consintiéndose la nueva programación por falta de pronunciamiento.

La Contraloría también detectó que las consultas del consorcio sobre cambios de ubicación y dificultades relacionadas al reservorio elevado, cámara de bombeo de desagüe, tendido de redes de agua y desagüe de las calles Circular, Puinahua, Malecón Tarapacá y San Martín de Porres, sistema eléctrico y las ampliaciones de plazo N.° 2 y 3, no contaban con sustento alguno que los ampare.

Pese a ello, la municipalidad dejó de absolverlas y de pronunciarse en el plazo legal establecido, permitiendo que queden consentidas, lo que conllevó a que no se aplique la penalidad por mora por los días de atraso y que se genere el reconocimiento al consorcio de mayores gastos generales.

Ejecución de la obra

Durante la ejecución de la obra se pagó al consorcio por partidas no ejecutadas y otros conceptos que se efectuaron sin sujetarse a lo estipulado en el expediente técnico, como por ejemplo el haber utilizado una sola zanja para colocar la red de agua y desagüe y no respetar la distancia mínima entre ellas (2 metros), pues en varios tramos se observó una separación de solo 20 centímetros, lo que representa un peligro inminente de contaminación de las redes, poniendo en riesgo la salud pública.

Como parte de la auditoría de la Contraloría se ha emitido una Carpeta de Control en la que se identifica la participación en los hechos de 6 funcionarios y 10 exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Requena, la misma que ha sido remitida al fiscal Provincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto Nauta.

/M.R.M./

Mediante la publicación de la respectiva Resolución Suprema (N.° 111-2016-pcm), el Ejecutivo propone al Congreso de la República, designar como nuevo contralor de la República a Edgar Arnold Alarcón Tejada.

Según lo publicado en el diario oficial El Peruano, le corresponde al Presidente de la República proponer la designación del Contralor General de la República; de acuerdo al segundo párrafo del artículo 82.° y el numeral 1.° del artículo 101.° de la Constitución Política del Perú.

Asimismo, se señala que de conformidad con lo establecido por el numeral 6) del artículo 1.° de la Ley 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos: el Presidente de la República mediante Resolución Suprema debidamente rubricada, propone al contralor General de la República, para su designación por el Congreso de la República.

La presente Resolución Suprema es refrendada por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. Asimismo lleva las rúbricas del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, del titular de la PCM, Pedro Cateriano, y del ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites.

/M.R.M./

Como resultado de una acción de control efectuada por la Contraloría General a la Municipalidad Provincial de Tacna, el actual alcalde, Luis Torres Robledo, afronta un juicio por el presunto delito de peculado en la construcción de la carretera Tacna – Tarata, junto a otras 13 personas, entre funcionarios y exfuncionarios.

Los hechos se remontan al año 2000, cuando la mencionada autoridad ejercía su primer período como alcalde (actualmente cumple su tercera gestión). Entonces, la municipalidad suscribió convenios por alquiler de maquinaria y equipo con diferentes municipalidades de la región y obvió realizar concurso público.

El perjuicio económico por esa acción que contravino las normas de contrataciones del Estado fue de S/.7’339,260, 11, según determinó la Contraloría.

Inicialmente el caso fue archivado por la sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Tacna en mayo del 2014, al indicarse que el Ministerio Público no reunió las pruebas suficientes para seguir con el proceso. Sin embargo, el caso fue reabierto por disposición de la Corte Suprema en junio del 2015 y actualmente está en curso.

Junto con Luis Torres Robledo, el Ministerio Público incluyó en su acusación a los exalcaldes de las provincias de Tarata, Juan Quispe, y de Candarave, Apolinario Quispe; los exburgomaestres Édgar Gamero y Wilson Bertoloto, de los distritos de Calana y de Sama, pertenecientes a la provincia de Tacna.

Asimismo a Pedro Rojas y Sipriano Franco, exalcaldes de los distritos Tarucachi y Estique Pampa, de la provincia de Tarata.

Este mes, el alcalde Luis Torres fue declarado reo contumaz por no asistir a dos audiencias, condición que le fue levantada hace unos días.

DATO

Como resultado de las auditorías desarrolladas por la Contraloría General a la Municipalidad Provincial de Tacna, el alcalde Luís Torres Robledo ha sido comprendido en 17 informes de auditoría, de los cuales 11 son administrativos, 4 con responsabilidad civil y 2 con responsabilidad penal.

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La Contraloría General de la República, en la supervisión del uso de los recursos públicos en Áncash, Callao, Ica, Lima Provincias y Loreto, halló responsabilidades de tipo administrativo en 6,168 funcionarios, de carácter penal en 1,458 y de naturaleza civil en 903, principalmente entre los años 2010 y 2015.

El presunto perjuicio económico detectado asciende a S/. 257 millones.

La Contraloría supervisa a 577 entidades de las citadas jurisdicciones tanto en los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales así como en las universidades públicas. 

El contralor General, Fuad Khoury Zarzar, se reunió en la sede central de Lima con los jefes de las sedes regionales y los jefes de las Oficinas de Control Institucional (OCI), con la finalidad de supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Control y motivarlos para continuar en la tarea constitucional de velar por el adecuado uso de los recursos del Estado.

/M.R.M./

Los candidatos presidenciales Verónika Mendoza, Hernando Guerra García, Fernando Olivera, Miguel Hilario y Julio Guzmán expondrán hoy sus propuestas para combatir la corrupción en la segunda jornada de la VI Conferencia Anticorrupción Internacional (CAAI 2016) organizada por la Contraloría General de la República.

En el foro, cuyo tema es la “Agenda política contra la corrupción al 2021”, los aspirantes a la Presidencia de la República presentarán desde las 15.00 horas sus planes en materia anticorrupción y los procedimientos con los que serán implementados.

En la primera jornada, realizada en la víspera, participaron los candidatos Keiko Fujimori, Ántero Flores-Aráoz, Renzo Reggiardo, Felipe Castillo y Daniel Urresti.

Los aspirantes a la Presidencia de la República deben considerar tres criterios en sus presentaciones: I) Visión, misión y política anticorrupción, II) estrategia y objetivos para la prevención, detección y sanción efectiva y III) plan de ejecución de las acciones específicas de corto, mediano y largo plazo, sustentando su viabilidad financiera.

Por la mañana, diversas personalidades abordarán el tema de la corrupción, entre ellos el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; el ministro de Educación, Jaime Saavedra; el presidente ejecutivo de Minas Buenaventura Perú, Roque Benavides; y el consultor David Fischman.

Hará lo propio, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y excontralor general de Chile, Ramiro Mendoza, disertará la ponencia "Un futuro sin corrupción: Estrategias al 2021".

También lo harán José Manuel García, jefe de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de España; Javier Gamero, docente y coordinador de la International Police Association (IPA) de Suiza; además de  Guillermo Jorge, especialista anticorrupción del Banco Mundial, Argentina; y Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima.

El encuentro se realizará en la Universidad de Lima y se podrá apreciar en vivo vía streaming.

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Uno de los aspectos primordiales para luchar contra la corrupción en el país pasa por establecer un acuerdo político entre todos los partidos y actores que intervienen en la escena política nacional, consideró hoy el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.

“Se requiere de un acuerdo político con partidos que tengan presencia nacional, acaso uno de los dramas de la democracia peruana es la carencia de partidos sólidos que tengan presencia nacional y cumplan el papel de representar a todos los ciudadanos”, manifestó.

Asimismo, refirió que conviene un debate constitucional para analizar aspectos de la Carta Magna, como la regionalización, que -dijo- permitió la aparición de la corrupción dentro del sistema en los últimos años, mediante algunos gobiernos regionales.

Remarcó que el actual Gobierno trabajó en ello, pero sigue siendo una asignatura pendiente que deberá enfrentar el próximo Parlamento.

Sostuvo, además, que la defensa permanente de los postulados y valores democráticos contribuye con la lucha anticorrupción, pues permite su fiscalización y sanción con órganos independientes, como el Poder Judicial, Fiscalía Contraloría y la prensa, lo que -señaló- no ocurre con las dictaduras.

“No existe mejor forma de gobierno que la democracia para enfrentar la corrupción. Aunque algunos pesimistas critiquen a la democracia por sus defectos, es el sistema que hace posible la fiscalización”, expresó Cateriano Bellido.

De igual forma, mencionó que la tarea educativa es fundamental para enfrentar a los corruptos.

“La lucha contra la corrupción es una tarea de todos. A veces se suele señalar que la política contamina todo, lo que trae como consecuencia que no haya suficientes ciudadanos que pretendan acceder a la función pública”, comentó el titular del Gabinete de ministros.

Indicó, en ese sentido, que la función pública es tarea capital y no se puede dejar en manos de los menos preparados los asuntos más difíciles y complicados en el Estado.

Durante la VI Conferencia Anticorrupción Internacional de la Contraloría, en la que participarán expertos y candidatos a la Presidencia, Cateriano también dijo confiar en que este certamen generará consecuencias positivas para el desarrollo político del país.

/PAG/

Cinco candidatos presidenciales expondrán hoy sus propuestas para combatir la corrupción en la primera jornada de la VI Conferencia Anticorrupción Internacional (CAAI 2016) organizada por la Contraloría General de la República.

En el foro, cuyo tema es la “Agenda política contra la corrupción al 2021”, participarán los candidatos Keiko Fujimori, Ántero Flores-Aráoz, Renzo Reggiardo, Felipe Castillo y Daniel Urresti.

En las siguientes jornadas, a realizarse el próximo miércoles y jueves, participarán los demás candidatos presidenciales.

Los aspirantes a la presidencia de la República deben considerar tres criterios en sus presentaciones: I) Visión, misión y política anticorrupción, II) estrategia y objetivos para la prevención, detección y sanción efectiva y III) plan de ejecución de las acciones específicas de corto, mediano y largo plazo, sustentando su viabilidad financiera.

También, presentarán desde un punto de vista académico y técnico sus planes en materia anticorrupción y la forma cómo serán implementados.

En los tres días de jornadas de la VI CAAI 2016 se contará con paneles integrados por expertos nacionales e internacionales, con destacada trayectoria, quienes analizarán y discutirán las propuestas.

La inauguración del foro académico  estará a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Además, contará con la presentación del contralor, Fuad Khoury, y el rector de la Universidad de Lima, Oscar Quezada.

El encuentro se realizará en la Universidad de Lima y se podrá apreciar en vivo vía streaming.

/PAG/

Cinco candidatos a la Presidencia de la República fueron convocados para exponer sus propuestas en materia de lucha contra la corrupción, en una conferencia internacional que realizará la Contraloría General de la República el 03 y 04 de febrero.

Se trata de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP); Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos Por el Kambio (PPK); César Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP); Alan García, de Alianza Popular (AP); y Alejandro Toledo, de Perú Posible (PP).

La VI Conferencia Anticorrupción Internacional, tiene como tema la agenda política contra la corrupción hacia el año 2021 y se llevará a cabo en la Universidad de Lima. La presencia de los candidatos aún está por confirmar.

Al evento asistirán expertos internacionales que darán cuenta de los principales temas anticorrupción: entre ellos el argentino Bernardo Kliksberg, y los estadounidenses Phillip Herr y Raymond Fishman.

Los especialistas analizarán la corrupción y su impacto en la gestión pública, la relación entre el crimen organizado y corrupción, así como la impunidad y el accionar de la sociedad civil ante dicho delito.

/P.A.G./

El presidente Ollanta Humala señaló que la deuda de S/. 1, 420 millones correspondiente a casos de corrupción vinculados al exmandatario Alberto Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos, “debe preocupar” al país, pues se trata del dinero que pertenece a todos los peruanos.

“A mí me parece que efectivamente si es cierto eso, es un tema que nos debe preocupar, porque esa plata es dinero de todos los peruanos que ha sido robada, sustraída y que hasta ahora no ha sido devuelta, y saludo a la prensa que ha tenido el coraje de decirlo con todas sus letras claras, al pan, pan y al vino, vino”, subrayó.

Según informó a la Procuraduría Anticorrupción, la deuda pendiente al Estado de cobro de las reparaciones civiles por sentencias de corrupción asciende a más S/. 1, 444 millones y el 98 % de esa suma corresponden a casos vinculados a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Por otro lado, descartó haber vulnerado la neutralidad electoral por sus recientes declaraciones en torno a la situación de familiares de algunos candidatos, o cuando hace referencia a lo que no se hizo en gobiernos anteriores.

“¿Ahora criticar la historia es meterse en campañas electorales? Por favor, yo creo que no estamos entendiendo lo que es la ley electoral y estamos confundiendo lo que es campaña electoral con la gestión de un gobierno, son cosas distintas”, afirmó.

/MRM/ (Información ANDINA)