contraloria

Ante indicios de presuntas irregularidades que ponen en riesgo la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes públicos, la Contraloría solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas suspender las cuentas bancarias de la Municipalidad distrital de La Victoria.

En lo que va del año, la Contraloría realizó en esta comuna diversas actividades de control preventivo y alertó sobre presuntas irregularidades que se informó oportunamente al alcalde distrital para que tome las medidas correctivas correspondientes, sin embargo, no se han superado los riesgos detectados, advirtió.

La suspensión de las cuentas de la referida comuna se mantendrá hasta que se aseguren las condiciones necesarias que garanticen el uso adecuado del erario nacional, informó el organismo auditor.

Cabe señalar que esta medida no afectará el pago de ingresos del personal, cargas sociales, pensiones, seguros, servicios públicos básicos, limpieza, seguridad de la institución y arbitrios, en concordancia con la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.

Presuntas irregularidades

La Contraloría identificó como presuntas irregularidades, la ocupación comercial de las vías peatonales con vendedores de bienes y servicios que habrían pagado una cuota a la municipalidad y contaban con suministro eléctrico de medidores que corresponden a un local edil.

Este órgano de control verificará el importe recaudado durante el presente año por el uso de las vías públicas por parte de los vendedores, así como el ordenamiento del comercio ambulatorio con la finalidad de evitar siniestros y lamentables pérdidas humanas.

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El Seguro Social de Salud (EsSalud) sostuvo que viene colaborado con las investigaciones por las presuntas irregularidades en el proceso de calificación y contratación para la construcción de infraestructura, equipamiento, implementación y gestión logística de almacenamiento, distribución y entrega de materiales en la red de almacenes y farmacias.

La Contraloría identificó que en Lima, estas faltas habrían generado un perjuicio económico de US$ 28 millones 800 mil 351 por pagos de servicios no recibidos y S/. 49 millones 015 mil 550 por inaplicación de penalidades, en el período 2008-2014.

“Finalmente, la actual gestión viene colaborando con las autoridades judiciales en el esclarecimiento de estos hechos con la información oportuna”, sostuvo EsSalud en un comunicado de prensa.

“Este tema está siendo investigado en la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción”, agregaron.

EsSalud aseguró que están implementando cada una de las recomendaciones derivadas del informe de la Contraloría; “encontrándose en trámite el deslinde de responsabilidades administrativas de los exservidores y exfuncionarios comprendidos en el referido documento, dentro del marco de nuestra potestad sancionadora e instancias pertinentes”.

Finalmente, la actual gestión viene colaborando con las autoridades judiciales en el esclarecimiento de estos hechos con la información oportuna.

LEER MÁS: Contraloría detectó irregularidades económicas en EsSalud.

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La Contraloría detectó presuntas irregularidades en el proceso de calificación y contratación para la construcción de infraestructura, equipamiento, implementación y gestión logística de almacenamiento, distribución y entrega de materiales en la red de almacenes y farmacias del Seguro Social de Salud (EsSalud) en Lima.

Explicaron que estas faltas habrían generado un perjuicio económico de US$ 28 millones 800 mil 351 por pagos de servicios no recibidos y S/. 49 millones 015 mil 550 por inaplicación de penalidades, en el período 2008-2014.

La Contraloría sostiene que los de ese entonces, desarrollaron el procedimiento para la promoción de inversiones bajo la modalidad de Asociación Público Privada, sin cautelar el cumplimiento de la normativa, las bases y el contrato, la misma que fue adjudicada al Consorcio SALOG S.A. Asimismo, entre otros, se advierten los siguientes hechos:

- Ejecutaron un proyecto de inversión por iniciativa privada sin contar con estudios de pre inversión, ni declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Aprobaron bases para el referido proceso que restringieron la participación de interesados en la etapa de precalificación y calificaron como participante a una empresa que no acreditó la capacidad técnica y económica exigida en las bases y el proyecto de contrato, los cuales fueron modificados cuando ya no era posible hacerlo por su condición de integrados (definitivos).

- Pago por el servicio de entrega de materiales en consulta externa y hospitalaria desde el inicio de las operaciones y no desde la prestación real del servicio.

- Incumplimiento del plazo de implementación del Sistema de Operación Logística en la totalidad de los 43 puntos de la red de almacenes y farmacias de Lima estipulados en el contrato.

- Omisión de la aplicación de penalidades por no haberse culminado con las actividades de implementación en el plazo máximo de 18 meses, para la Toma de Control Efectivo de las Operaciones  (S/ 48 millones 400 mil 800); por no implementar una Oficina de Reclamos y Atención al Asegurado (S/ 501 mil 600) y por obligaciones incumplidas en la prestación del servicio de distribución de material estratégico (S/ 113 mil 150).

Los hechos descritos evidencian indicios de la presunta comisión del delito de Concusión – Colusión Ilegal de diez exfuncionarios de EsSalud, que conformaron el Comité de Promoción de Inversiones en Infraestructura y Servicios de Salud (CPISS), el Consejo Directivo y las dependencias responsables de la supervisión, control y seguimiento del contrato.

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La Contraloría Regional Puno inició una auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Taraco, en la provincia  de Huancané, por presuntas irregularidades en la ejecución de obras de mejoramiento del complejo recreacional del barrio de San Francisco, cuyo presupuesto asciende  a más de S/. 132 mil.

Dicha acción de control, se realizó luego de una veeduría en la zona, en la que se verificó que no se ejecutaron obras en el lugar y la inexistencia del avance de obras pese a que se señala que estarían en 81.89 % de su ejecución.

Asimismo, como parte de dicha intervención, se revisaron informes, el expediente técnico, cuaderno de obra, panel fotográfico, entre otra documentación relacionada. Cabe señalar que de acuerdo a la programación, la infraestructura deportiva debió culminarse el 4 de octubre del 2015.

Las presunta inconsistencia entre el gasto presupuestal y la construcción de la obra “Mejoramiento de la infraestructura del complejo recreacional en el barrio San Francisco, localidad de Taraco, distrito de Taraco, Huancané, Puno”, podría derivar en una posible responsabilidad de carácter penal, civil y/o administrativo.

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El Contralor Edgar Alarcón Tejada manifestó que el presupuesto institucional 2017 será destinado para consolidar el control preventivo en salud, educación y saneamiento en todo el país, sin dejar de ejecutar el control posterior, es decir, la revisión de la legalidad de los procesos y actos públicos.           

Fue durante la sustentación del presupuesto institucional 2017, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, el mismo que por toda fuente de financiamiento asciende a 538 millones de soles, habiendo solicitado una demanda adicional de recursos por 278 millones de soles.

Alarcón Tejada explicó que el presupuesto adicional solicitado permitirá alcanzar el reto que se ha planteado la Contraloría que es lograr resultados concretos para reducir la corrupción. Indicó que sus resultados no serán cuántos funcionarios son denunciados, sino la disminución del perjuicio económico originado por la corrupción.

Asimismo, precisó que el presupuesto solicitado permitirá la incorporación de 550 auditores para los Órganos de Control Institucional-OCI de 100 entidades públicas, los mismos que son pagados por las instituciones que fiscalizan, afectando la autonomía e independencia del control.

Además, la demanda adicional permitirá incorporar nuevos auditores para el fortalecimiento de las unidades orgánicas de la sede central de la Contraloría y de las 27 Contralorías Regionales, ya que la capacidad operativa no es suficiente para atender la demanda de control del Estado. “Se requiere, asimismo, contratar abogados para atender la carga procesal como resultado de los Informes de Control que han identificado responsabilidad administrativa funcional grave o muy grave”.

Para el año 2017, la Contraloría se ha planteado implementar un “mapa de riesgos” que identificará las zonas donde se presentan indicios de corrupción para tomar acción preventiva y fiscalizar los ingresos que captan las instituciones públicas como “recursos propios”, que en algunos casos podría ser usado como “caja chica”.

Otro aspecto importante por el que se requiere los recursos adicionales, es el compromiso de la Contraloría para cumplir con el mandato judicial ya que se tiene una deuda por el pago de devengados, la cual asciende a 171 millones de soles a favor de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General.

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El Contralor General, Edgar Alarcón Tejada, dispuso el inicio de una auditoría a los Servicios de Urología y de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, de EsSalud, para verificar la calidad de la atención médica que recibió la ciudadana Shirley Meléndez y otros pacientes que acuden a ese nosocomio.

Tras aunarse a las muestras de indignación y solidaridad por lo ocurrido con la joven, el Contralor General señaló que la auditoría tiene el propósito de supervisar los procesos de atención que recibieron todos los pacientes quirúrgicos en los mencionados servicios, durante el periodo enero a julio de 2016.

La comisión auditora se acreditó ayer, martes 16 de agosto, mediante un documento remitido a la presidenta ejecutiva de EsSalud, Virginia Baffigo, a fin de que se brinden las facilidades necesarias para que la comisión auditora acceda a información que le permita verificar la calidad de atención médica y determinar posibles responsabilidades de funcionarios o médicos.

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La Contraloría General alertó sobre posibles riesgos en la administración de los recursos públicos ante el eventual retorno de Gregorio Santos como gobernador regional de Cajamarca, y expresó dicha preocupación al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de un comunicado, precisó que los informes entregados por la Contraloría a la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios señalan evidencias e indicios razonables de la presunta responsabilidad de Santos en delitos de colusión simple, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir.

Recordó que el Ministerio Publico ha pedido 24 años de pena privativa de libertad para Gregorio Santos.

Detalló que la investigación de la Contraloría detectó que Santos Guerrero habría favorecido al empresario Wilson Vallejos Díaz con la buena pro en 11 procesos de selección irregulares otorgados por la entidad regional Proregión, en el período agosto de 2011- setiembre de 2012.

Actualmente, el proceso contra Santos continúa su trámite y se encuentra en la etapa de control de acusación ante la Sala Penal Nacional.

Recientemente, la exautoridad regional salió en libertad luego de que la Sala Penal Nacional revocara la orden de prisión preventiva en su contra, tras 25 meses de detención sin sentencia.

“La Contraloría General ha oficiado al Jurado Nacional de Elecciones expresando su preocupación y haciendo entrega de los informes de control que sustentan la investigación fiscal, igualmente insta al Jurado a promover normas en el ámbito electoral que tomen en cuenta este tipo de situaciones”, precisó.

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El ministro de Defensa, Mariano Gonzáles, informó que su sector solicitará a la Contraloría General de la República realizar exámenes especiales a las adquisiciones militares realizadas en los últimos tres años.

Según dijo, el objetivo de esta medida es garantizar la transparencia de las adquisiciones más importantes realizadas en el sector Defensa y combatir la corrupción.

Añadió que mañana enviará una carta a la Contraloría solicitando el inicio de estas acciones de verificación.

“Vamos a luchar firmemente contra cualquier acto de corrupción”, manifestó.

A juicio del nuevo ministro, la modalidad de gobierno a gobierno para compras en el sector Defensa no es la más usual y aseguró que la nueva gestión propondrá procesos más transparentes.

Gonzáles añadió que su oficina tiene toda la disposición de colaborar con el Congreso en caso este poder del Estado solicite información sobre las adquisiciones.

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La Contraloría General detectó pagos sin justificación por S/. 185.6 millones en ocho contratos de mantenimiento de carreteras ejecutados por Provías Nacional durante el periodo 2009-2015, informaron.

Añadieron que estas presuntas irregularidades se detectaron tras realizar auditorías de cumplimiento a la mencionada entidad encargada de realizar obras en la Red Vial Nacional.

IRREGULARIDADES

La Contraloría detectó que cuatro de los ocho contratos revisados se suscribieron como “prestación de servicios generales” cuando correspondía contratarse como una “ejecución de obras”. Esto dio lugar a que las exigencias y controles establecidos para la contratación se dejaran de lado, incluso se optó por contratistas sin experiencia en mantenimiento de carreteras.

En los ocho contratos se establecieron fórmulas de reajustes de precios que no correspondían, generando mayores pagos por S/ 83,5 millones. Tampoco se implementó una supervisión adecuada y continua de los trabajos y se autorizaron pagos adicionales de mantenimiento como trabajos de emergencia hasta por S/ 16,9 millones de soles. Se pagó injustificadamente una longitud en exceso de 22,3 km como prestación adicional por S/ 5,9 millones. Asimismo, se otorgaron conformidades de servicios a obras mal ejecutadas o no realizadas.

El mantenimiento de los puentes Pizana y Punta Arenas, cuyos trabajos se pagaron como “emergencia” cuando correspondía contratarse como obra pública y previo proceso de selección. El Estado pagó por estos trabajos S/ 47,4 millones pese a que no están en condiciones de operar de acuerdo a las exigencias de los reglamentos vigentes.

Adicionalmente, la Contraloría detectó pagos hasta por S/ 44,2 millones por trabajos que no cumplen con los niveles de servicio exigidos contractualmente. También se identificó el inadecuado cálculo de penalidades, intereses e incumplimiento en la subsanación de defectos constructivos, generando perjuicio al Estado por S/ 9,1 millones.

En la inspección física a las ocho carreteras, se observó que diversos tramos presentan deficiencias, con mayor incidencia en baches, hundimientos de la plataforma, fisuras, desgaste y ahuellamientos en la superficie de rodadura, pese a que las obras ya culminaron. 

La interposición de las acciones legales derivadas de los informes resultantes de las ocho (08) auditorías está a cargo de la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República.

Las carreteras involucradas son:



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La Contraloría General de la República, detectó que ex funcionarios de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, Áncash, incurrieron en presuntas irregularidades en los procesos de contratación y ejecución de la obra para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas y habrían ocasionado un perjuicio económico de S/ 18’163,697.84.

Una comisión auditora identificó que se autorizó pagos por tramos no ejecutados, por S/ 12’671,706.11, y se devolvieron cartas fianza por S/ 5’491,991.73, pese a que las obras actualmente están paralizadas.

Los pagos se efectuaron a pesar de que la obra solo tenía un 39.61 % de avance, no se habría construido la planta de tratamiento de aguas residuales, las cámaras de bombeo de aguas residuales ni las obras para la captación de estas, además de lo ejecutado parcialmente respecto al reservorio y las redes de agua y desagüe, dejándolas en un estado operativo precario.

Se constató también que en el expediente técnico de la obra se consideró un sistema de tratamiento de aguas residuales con 4 lagunas que utilizan sistemas electromecánicos, mientras que en la fase de preinversión se consideró otro diseño.

CAMBIOS

Después de otorgada la buena pro, se modificaron las cláusulas de las proformas de los contratos para la suscripción, las cuales habían sido aprobadas en las bases y constituían las reglas durante el proceso de selección. En el contrato suscrito entre el consorcio ejecutor y la municipalidad provincial, se cambió a 15 días el plazo para la entrega del terreno de las obras cuando en la proforma era de 7 días.

De igual manera, en el contrato suscrito con el consorcio supervisor se suprimió la cláusula octava que regulaba la ejecución de garantías por falta de renovación, pese a que en la proforma de las bases administrativas aprobadas estaba prevista.

Se devolvieron las cartas fianza al ejecutor y supervisor, mediante acuerdos arribados en un proceso arbitral, a pesar que solo se debía hacer cuando se declarara la liquidación final de la obra, lo que no había ocurrido porque la obra está paralizada. De esta forma se les liberó de responsabilidad por la no culminación de la misma.

Al consorcio ejecutor de las obras se le entregó un adelanto directo de S/ 5’808,033.98 y al consorcio supervisor S/ 494,000.00.

Las obras fueron iniciadas el 24 de abril del 2013 y paralizadas el 31 de diciembre del 2014. Debido a esta situación, la población continúa con el sistema de agua potable y alcantarillado obsoleto.

Como parte de la auditoría de la Contraloría se ha emitido una Carpeta de Control en la que identifica la participación en los hechos de 14 ex funcionarios de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, la misma que ha sido remitida al Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Áncash.

/M.R.M./