contraloria

La Contraloría General de la República y el Ministerio Público realizaron una diligencia conjunta como parte de la investigación preliminar que se realiza por las presuntas irregularidades y responsabilidad penal en la ejecución de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis, en Áncash.

Según informó, en la ejecución de esta obra el Gobierno Regional Áncash habría favorecido a una empresa contratista con 27 millones 110, 922.50 nuevos soles.

La Contraloría precisó que la diligencia de constatación fiscal consistió en el recorrido de los 100 kilómetros de la vía que une a las provincias de Huaraz, Carhuaz, Asunción y Fitzcarrald.

Participaron representantes de la comisión auditora de la Contraloría que investigó y denunció el caso, y de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaraz.

Inspección en el lugar

La comisión de la Contraloría señaló en el lugar las observaciones reveladas en su informe especial. Una fue respecto a la aprobación irregular de cinco adicionales de obra por modificación del trazo en la ladera.

La auditoría reveló que se introdujeron modificaciones al expediente técnico que no eran indispensables para la finalidad del contrato ni contaba con un debido sustento.

Este hecho conllevó a un mayor costo de la obra por 11 millones 587,549.58 nuevos soles por mayores metrados en los cortes, transporte y acondicionamiento de material excedente.

También se inspeccionó el túnel Punta Olímpica donde se observó pronunciadas filtraciones de agua en varios tramos como consecuencia de que no se ejecutaron obras de recubrimiento interno.

En este caso, se identificó el trámite y aprobación irregular de valorizaciones en la ejecución de la obra considerando trabajos que no habían sido ejecutados por el contratista y que fueron parte de valorizaciones en negativo que se dedujeron del contrato. Con esto, se benefició al contratista, con un ahorro de costo financiero por un aproximado de 168,349.71 nuevos soles.

Se identificó adelanto de recursos para materiales e insumos, pese a que no se había dado inicio al plazo contractual, lo que favoreció al contratista con un ahorro financiero de aproximadamente 10 millones 102,083.12 nuevos soles.

Asimismo, se evidenció la aprobación de ampliaciones de obra alegando retrasos por lluvias, pese a que en esas fechas no estaban programadas realizar obras. Esta situación conllevó reconocimiento y pago de mayores gastos a favor del contratista por 5 millones 252,940.09 nuevos soles.

Otra irregularidad detectada se refiere a la evasión del control previo externo de la Contraloría General a prestaciones para adicionales de obra, incluyendo trabajos de zanjas de coronación y emboquillados de piedra, que no tenían vinculación con los trabajos que se ejecutaban.

Cabe señalar que en la misma obra, la Contraloría identificó evidencia de responsabilidad civil por dos casos: penalidades no aplicadas al consultor por 407,527.50 nuevos soles al haber realizado la entrega de expedientes técnicos fuera de plazo establecido.

También por la falta de obtención de libre disponibilidad de terreno para ejecución de la obra que generó mayores pagos al contratista y supervisor por 21 millones 482,865.57 nuevos soles.

/MRM/NDP/

Los vacíos técnicos y normativos en la promoción de los cultivos de palma aceitera han provocado el crecimiento en la producción de dicho cultivo en Loreto, convirtiéndose en una de las principales causas de deforestación en esa región, afirma la Contraloría General de la República.

Según la entidad de control, la actual expansión de ese cultivo se ha convertido en un riesgo a la salvaguarda de los bosques en esa región, debido a la instalación de proyectos agroindustriales que utilizan suelos con cobertura boscosa para su desarrollo.

En la actualidad, Loreto es el departamento de la Amazonía que presenta la segunda tasa más alta (29 %) de deforestación al año, con 30,206 hectáreas de un total de 105,796 hectáreas de bosque que se pierde anualmente.

La Contraloría sostiene que ha identificado que la problemática de la instalación del cultivo de palma aceitera tiene relación, entre otros, con aspectos normativos e institucionales, como la falta de reconocimiento de los recursos forestales y de fauna silvestre como patrimonio de la nación.

También, la equívoca promoción del monocultivo de palma aceitera, la inexacta definición de la naturaleza de dicho cultivo y la débil implementación de los reglamentos de clasificación de tierra por su capacidad de uso mayor y de ejecución de levantamiento de suelos.

Falta proceso de zonificación

El reporte sostiene que la promoción del cultivo de palma aceitera en Loreto se realiza sin que se hayan concluido sus procesos de zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial o se haya identificado y delimitado zonas en las cuales sea permitido instalar dicho cultivo.

Asimismo, “se ha evidenciado que el Ministerio de Agricultura no ha definido cuál es la decisión a tomar en el caso que, en tierras con capacidad de uso mayor agrícola existan bosques naturales”, subraya.

Esta situación –agrega- ocasiona que la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios haya aprobado estudios de impacto ambiental de empresas agroindustriales que se encuentran sobre bosques que normativamente están destinados al manejo forestal sostenible.

Además, señala que las normas que regulan el cambio de uso de tierras de aptitud agropecuaria en selva y ceja de selva se emitieron en los años 2001 y 2006, encontrándose a la fecha desfasadas, y remarca la necesidad de que el Ministerio de Agricultura apruebe a la brevedad el Reglamento de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

DATO

Este reporte de la Contraloría plantea la actualización del Plan de Promoción del Cultivo de Palma Aceitera, el cual debe contener los estudios técnicos necesarios que determinen con exactitud en qué zonas, con qué criterios y en qué extensión se debe promover la agroindustria del referido cultivo en la Amazonía peruana.

El departamento de Loreto tiene el mayor crecimiento promedio anual de producción de palma aceitera durante el período 2006-2013 (115%).

/MRM/

La Contraloría General de la República identificó algunos hechos que podrían afectar la ejecución y operación de los tres by pass y la nueva alameda que se proyectan construir en la avenida 28 de Julio, en el Centro de Lima, los mismos que ha puesto de conocimiento de la Municipalidad de Lima.

Esta institución precisa que la evaluación realizada (control simultáneo) busca únicamente contribuir a la transparencia y la correcta utilización de recursos y bienes del Estado.

"La Contraloría no busca paralizar obras, por el contrario, tiene el propósito de contribuir con la gestión municipal, la promoción de la inversión privada responsable y la ejecución de obras de manera eficiente y eficaz, en beneficio de los limeños", refiere en un comunicado.

El control simultáneo se caracteriza por ser oportuno, preventivo y promover la adopción de medidas que aseguren la continuidad y legalidad de las inversiones públicas.

Los referidos hechos están relacionados con:

- Que la administración edil cumpla con los procedimientos establecidos en el Reglamento del Decreto Legislativo 1012 – Ley Marco de las Asociaciones Público Privadas, los cuales son necesarios para modificar el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, que se vio afectado por la modificación del contrato de fideicomiso que sustituyó las siete obras programadas del Proyecto Río Verde por la obra del By Pass 28.

- Que la obra By Pass 28 de julio, a ser ejecutada en el marco del Proyecto Río Verde y obras de integración urbana, debe cumplir con los procedimientos establecidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Que es necesario sustentar el destino final del expediente técnico de ingeniería básica para las siete obras originalmente programadas para el proyecto Rio Verde, cuyo costo fue de US$ 1 500 000,00 más IGV, al haberse sustituido éstas por la obra del By Pass 28 de julio.

- Que, según el informe emitido por la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), la obra By Pass 28 de julio puede ocasionar impactos en los planes de desvíos del tránsito de la Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima. También se menciona en el informe, que existe superposición de la obra con el trazo de la Línea 3 y que si bien ambas estructuras podrían coexistir, cabe la posibilidad de afectar la infraestructura de la futura estación Estadio Nacional.

- Que, el documento denominado “Expediente técnico de la obra Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de julio” entregado por la MML a la Contraloría, debe cumplir con los requisitos establecidos en el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla y el respectivo contrato de fideicomiso, para permitir conocer la solución técnica adoptada y determinar la razonabilidad del costo de la obra estimado en US$ 57 274 923 y del plazo de ejecución de la misma. Además, debería considerarse los gastos generales dentro de los estándares para este tipo de obras.

Ante esta labor preventiva de La Contraloría, la Municipalidad de Lima ha informado que viene tomando las acciones necesarias para superar los riesgos comunicados. En ese sentido, el 25 de mayo pasado la MML ingresó a la Dirección General de Política de la Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, la Adenda 2 al Contrato de Concesión de la Línea Amarilla, lo que permitirá a la cartera ministerial tomar conocimiento integral del contrato de concesión para su respectivo pronunciamiento.

/MRM/NDP/

El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General, inhabilitó para trabajar en el Estado a cuatro funcionarios de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra por incurrir en actos de favorecimiento a un contratista.

Así, Dianet Betzabet Paz Sevillano, presidenta del Comité Especial Permanente y Sub Gerenta de Logística, no podrá prestar servicios en la administración pública por cuatro años; William Perales Pacherres, miembro del Comité Especial Permanente y Gerente de Inversiones Públicas, fue inhabilitado para ejercer la función pública durante tres años; Sixto Cerón Cucchi, miembro del Comité Especial Permanente, por dos años; y Juan Godofredo Córdova Flores, Inspector de Obra, durante un año.

Como resultado de la investigación, se determinó que dichos funcionarios fueron responsables por favorecer a un contratista, tanto en la etapa de evaluación y calificación de la propuesta técnica, como en la de conformidad de servicio y posterior pago, relacionados con la compra, imprimación y colocación de mezcla asfáltica en caliente para el mejoramiento de diversas calles en Puente Piedra.

Constituye un agravante que los funcionarios involucrados hayan favorecido al contratista otorgándole la buena pro pese a que su propuesta no contenía la documentación obligatoria establecida en las Bases Administrativas. También resulta grave que algunos de los funcionarios involucrados hayan otorgado la conformidad de bien adquirido, requisito indispensable para el pago, con anterioridad a la ejecución de la prestación por parte del contratista.

EL DATO

La sanción administrativa se aplica al margen de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse por los mismos hechos, porque los bienes jurídicos o intereses protegidos son diferentes.

Esta sanción tiene su origen en el Examen Especial efectuado a la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, por el que se emitió el Informe de Control N° 628-2013-CG/CRL-EE, denominado “Procesos de contratación de bienes y servicios, pago de retenciones y contribuciones sociales y otros desembolsos”.

La Contraloría presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 2528/2013-CG en el que propone incluir a Gobernadores y Vice Gobernadores así como a Alcaldes y Regidores Municipales en la potestad sancionadora de la Contraloría General.

/M.R.M./

La Contraloría General de la República, identificó a 79 exfuncionarios involucrados en presuntas responsabilidades penales y civiles cometidas en el proceso de adquisición de combustible y la ejecución de obras de saneamiento en las Municipalidades Provinciales de Chiclayo y Lambayeque que habrían ocasionado un perjuicio económico por más de S/. 3’300,000.

El organismo superior de control ejecutó acciones en dichos municipios entre los años 2013 y 2015, así como labores de inspección simultánea en otros gobiernos locales de Lambayeque, como José Leonardo Ortiz y Pítipo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

Adquisición de combustible

Una comisión auditora halló que funcionarios del municipio de Chiclayo efectuaron pagos por concepto de adquisición de carburante a la empresa Combustibles y Transportes América durante los años 2008, 2009 y 2011, sin convocar los procesos de selección correspondientes, por S/ 4’073,285.

También se adquirió combustible al mismo proveedor durante los años 2011,2012, 2013 y 2014 por S/. 14’531,324 a través de procesos de selección donde los comités especiales admitieron sobres de habilitación que incumplían algunos requerimientos técnicos mínimos para otorgar la buena pro a la empresa Combustibles y Transportes América, con la que suscribió contratos adicionales y complementarios al margen de la normativa de contrataciones vigente, y autorizaron el pago en exceso de S/. 255,326 por reajuste de precios, utilizando criterios distintos a los dispuestos en las cláusulas contractuales aplicables, lo cual originó un perjuicio económico por el mismo monto.

Además, en una muestra de comprobantes del período 2,012 se evidenció que se efectuaron pagos a la empresa antes mencionada, sustentados con facturas cuyas guías de remisión consignan códigos de autorización que no fueron generados por el Osinergmin o no los consignan.

Tras la auditoría, la Contraloría emitió una carpeta de control en la que identifica la participación en los hechos de 56 ex funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo la misma que ha sido remitida a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la provincia lambayecana.

Obras de saneamiento

En el 2,014 se realizó una acción de control a la ejecución contractual de la obra de mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado de Chiclayo y colectores Pedro Ruiz, Francisco Cabrera y Elvira García y García, detectándose irregularidades que habrían generado un perjuicio económico de S/. 1’423, 000.

En ese caso, se identificó responsabilidad civil que involucra a un funcionario por la liquidación de la obra que incluyen conceptos y cálculos que no correspondían. También se encontró responsabilidad administrativa en dos servidores por la ejecución y la supervisión de la obra.

En el 2,013, la Contraloría realizó una acción de control que encontró responsabilidad penal en tres funcionarios por presuntamente haber favorecido al consorcio en la supervisión de la obra, que habría ocasionado un perjuicio de S/. 856,879. También halló responsabilidad administrativa en cuatro servidores.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Como resultado de una acción de control en el 2,014, la Contraloría formuló observaciones a los procesos de contratación para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra Mejoramiento y Ampliación integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Lambayeque, que habría generado un perjuicio de S/. 944,729. En este caso, el Ministerio Público ha iniciado un proceso de investigación a 21 funcionarios presuntamente involucrados.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ

En una acción simultánea realizada en el 2,014, la Contraloría detectó irregularidades en la obra del Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en las calles Miraflores, Ricardo Palma y San Antonio, del Pueblo Joven Garcés. Se encontró un deficiente estado de conservación de conexiones domiciliarias, un área de trabajo contaminada por trabajos inconclusos, garantías que no cumplen con los requisitos, además de no haber sido hallado el cuaderno de obras. Se ha identificado que pese a las recomendaciones de la Contraloría estos riesgos persisten afectando directamente a la población.

Por otra parte, la Contraloría está realizando una auditoría a la ejecución contractual de la obra Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado de la urbanización San Carlos-José Leonardo Ortiz.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

La Contraloría realizó en el 2,012 una acción de control a la ejecución de la obra Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del Cuarto Sector-9 y encontró responsabilidad administrativa en funcionarios por realizar modificaciones en el expediente técnico, que ocasionaron demora en la ejecución de la obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÍTIPO

El Organismo Superior de Control, identificó durante una acción simultánea realizada en el 2,010 a la obra Construcción del Sistema Integral Agua Potable y Alcantarillado de Pítipo Cercado, Cachinche, Algarrobito, la U y la Libertad, el pago por trabajos no ejecutados, obra sin supervisión, duplicidad en el plazo de ejecución y cartas fianzas no vigentes.

/M.R.M./

La Contraloría General denunció penalmente a dos funcionarios de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), que habrían ocasionado un perjuicio económico mayor a los S/. 4.2 millones al Estado, al haber permitido que una importante empresa editorial no pague Impuesto a la Renta, amparándose irregularmente en beneficios de la Ley del Libro y su reglamento.

La Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, otorga créditos tributarios (exonera del pago del 30 % del Impuesto a la Renta) a las empresas editoriales que reinvierten sus utilidades (máximo 100 % de las ganancias) del ejercicio anterior.

La Biblioteca Nacional se encarga de revisar los Programas de Reinversión de Utilidades presentados por las empresas editoriales para acogerse a estos beneficios tributarios y de emitir las constancias de que se ejecutaron dichos programas.

Durante la auditoría realizada, se detectó que en el 2012 los funcionarios emitieron una constancia de ejecución del programa de reinversión de utilidades de una conocida empresa editorial por S/. 14´195,410, monto que superaba en cuatro veces las utilidades obtenidas por la empresa, la cual ascendía a S/. 3´482,617.

Los funcionarios no debieron aceptar que el Programa de Reinversión de Utilidades excediera el monto total de, precisamente, estas utilidades (esto es los S/. 3´482,617) como lo establece la ley y su reglamento. Además, no debieron otorgarle la constancia de ejecución del programa porque no subsanaron las observaciones hechas por la misma Biblioteca Nacional (referidas a diversos requisitos para acogerse a la ley); y, porque no contaban con un informe favorable sobre el monto y la presentación de estados financieros, entre otros requisitos.

La empresa editorial intentó regularizar extemporáneamente las observaciones hechas a la solicitud de Constancia de Ejecución del programa de reinversión de utilidades, sin subsanar técnicamente las observaciones.

A pesar de todas estas irregularidades, los funcionarios de la Biblioteca Nacional emitieron la Constancia de la ejecución del programa de reinversión por S/. 14´195,410, que superaba el tope establecido por ley, generando un perjuicio económico al Estado por S/. 4´258,623. Este monto equivale al crédito tributario (30 % del Impuesto a la Renta) que se le otorgó indebidamente a la empresa editorial con dicha constancia.

La Procuraduría General denunció penalmente a los dos supuestos implicados en estos hechos por el presunto delito de colusión agravada en perjuicio del Estado. El caso se encuentra en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que ha abierto investigación preliminar.

/M.R.M./

El titular del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano Bellido, indicó que la Presidencia del Consejo de Ministros cooperará con la Contraloría General de la República en todo aquello que tienda a un efectivo control de los recursos públicos en el gobierno nacional, regional y local.

Indicó que uno de sus principales empeños será que se cumpla el compromiso que ha asumido la PCM para que las Oficinas de Control Interno de algunos ministerios pasen a la Contraloría General de la República.

De ese modo, sostuvo, la actividad de control podrá ser realizada no solo gerencialmente de mejor manera, con una supervisión más directa, sino que tendrá una mayor independencia funcional.

Durante su participación en la ceremonia de lanzamiento del Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la Integridad en el Perú, Cateriano dijo que la corrupción constituye el cáncer que corroe la democracia como forma de gobierno y que desacredita a sus autoridades.

“Por esa razón, la lucha contra la corrupción no solamente debe ser una prédica permanente, sino también una actitud responsable que se vea reflejada en los actos de todos y es a su vez un proceso que implica un esfuerzo educativo y cultural”, subrayó.

Señaló que un estudio sobre la integridad en el Perú debe tener como objetivo formar una verdadera conciencia del drama que significa para un país la corrupción.

Consideró que el papel de los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y las entidades civiles que tienen como tarea pendiente fiscalizar la labor del funcionario público, no solamente debe circunscribirse a ese sector, “porque la corrupción es algo que abarca no solo lo estatal”.

“Para que exista corrupción estatal también, necesariamente, tiene que existir alguien en el sector privado que facilite, promueva o viva de la corrupción”, anotó.

Tras expresar su complacencia por el lanzamiento del Estudio sobre Integridad, dijo que espera que el próximo año este informe “nos dé claras señales sobre el estado de situación del Perú respecto a otras realidades, y también nos sirva como un instrumento eficaz para enfrentar a este flagelo que afecta a la democracia”.

/MRM/

Un estudio de la Contraloría General de la República reveló que el Estado perdió el 70 % de los arbitrajes a los que se sometió, para resolver controversias que surgieron en las contrataciones públicas y, como consecuencia de ello, los peruanos hemos pagado más de S/. 1,128 millones a empresas y contratistas privados.

Estos son los resultados del análisis realizado a los 2,796 laudos arbitrales en los cuales ha participado el Estado en el período 2003-2013, los cuales se encuentran registrados en el portal del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Del análisis realizado por un equipo de la Contraloría General, se desprende que sólo en el 27 % de los arbitrajes el Estado obtuvo resultados favorables, y en el 03 % restante culminó con la controversia mediante un acuerdo conciliatorio.

El arbitraje, mecanismo utilizado para resolver las controversias que surgen en la etapa de ejecución de las contrataciones públicas, no muestran resultados alentadores para el Estado debido, principalmente, a la gestión de los procesos de contrataciones.

OBRAS PÚBLICAS

Si bien existen situaciones previsibles e imprevisibles que pueden dar lugar a una o varias controversias durante la ejecución de los contratos de obras, bienes y servicios, son las controversias en las obras las más numerosas (52 % del total de arbitrajes).

Las principales diferencias en la ejecución de las obras están referidas a ampliaciones de plazo, gastos generales y liquidación de contratos de obra. De los S/. 1,128 millones pagados por el Estado, más de S/. 890.7 millones son por controversias en la ejecución de obras.

GOBIERNO CENTRAL

Por otro lado, se advierte que las entidades del Gobierno central concentran el 59 % de los arbitrajes. Dichas entidades han tenido que pagar más de S/. 723.5 millones, de los cuales, más de S/. 85.6 millones corresponde al pago de indemnizaciones por daños y perjuicios.

La entidad que lidera el ranking de arbitrajes es el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional de Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con un monto pagado superior a los S/. 270.2 millones.

Lima es el departamento con mayor número de arbitrajes: 1,533 laudos, que representan el 55.5 % del total de procesos presentados en el período 2003-2013. En el resto de los departamentos se registra porcentajes menores al 5 %.

/M.R.M./

El Contralor General, Fuad Khoury Zarzar, representa al Perú en el foro internacional anticorrupción denominado “Semana de la Integridad”, que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE (OECD por sus siglas en inglés), 23 al 26 de marzo, en su sede de París-Francia.

La participación de la Contraloría se debe a que Perú está gestionando su ingreso como miembro de este foro. La corrupción es considerada por la OCDE como uno de los grandes obstáculos para alcanzar estándares de desarrollo en áreas como salud, educación, infraestructura, ordenamiento territorial, entre otros.

La “Semana de la Integridad” reúne a funcionarios públicos, líderes de negocios y representantes de la sociedad civil, de 34 naciones miembros, a la que también asisten representantes de organismos nacionales, como la Contraloría General de la República del Perú, cuyo titular participa como expositor.

El Contralor Fuad Khoury Zarzar ha presentado ante los países integrantes de la OCDE las acciones y buenas prácticas que la Contraloría General del Perú viene desarrollando en la lucha contra la corrupción, cuyas competencias se han visto fortalecidas con las iniciativas legislativas aprobadas como la capacidad sancionadora en la vía administrativa, el carácter de pericia institucional de los informes de control, cierre de cuentas y la prisión efectiva, no suspendida, para delitos de colusión y peculado.

Asimismo, este jueves formará parte de un panel que abordará la supervisión del uso de los recursos provenientes de la minería, explotación de hidrocarburos, canon minero y las acciones realizadas en contra de la minería ilegal, con el tema “Auditoría de los ingresos y proyectos de industria extractiva a nivel subnacional en el Perú”.

Programa País

En el marco de este encuentro, la OCDE aprobó por unanimidad y en primera votación, el Programa País del Perú que será un paso importante para trazar la ruta de ingreso a esta organización. A través del Programa País, el Perú empezará a incorporar las mejores prácticas y estándares de los países OCDE para generar un mejor clima de negocios y, en consecuencia, garantizar un crecimiento de largo plazo. 

/MRM/

La Contraloría General audita la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial de Abancay, comprendidas en un paquete de proyectos financiados con endeudamiento interno por 79 millones de nuevos soles, así como obras del Gobierno Regional de Apurímac por 170 millones de nuevos soles.

En el caso de la municipalidad provincial, el financiamiento se obtuvo en el marco del Decreto Supremo N° 287-2012-EF que aprobó la Operación de Endeudamiento Interno y de Administración de Deuda para el Departamento de Apurímac, destinado al desarrollo de diversas obras.

Entre los proyectos más relevantes están los relacionados con los establecimientos de salud Centenario y Micaela Bastidas, los mercados de abastos Progreso y Las Américas, el mejoramiento de plazas y parques del distrito de Abancay, el mejoramiento de la Av. Arenas, Elías y Jirón Arequipa, instituciones educativas, entre otros.

En cuanto al Gobierno Regional, actualmente la Contraloría se encuentra auditando la ejecución del Hospital de Andahuaylas, obras de saneamiento de Abancay y la zona de aterrizaje para emergencias, cuyos montos de inversión ascienden a más de 170 millones de nuevos soles.

Resultados

En conferencia de prensa, la Contraloría informó a la ciudadanía el resultado de la labor desarrollada en la región de 59 acciones de control y 144 informes (61 penales, 13 civiles, 62 administrativos y 8 financieros), a partir del cual inició acciones administrativas y legales contra 823 funcionarios públicos involucrados en presuntos actos de corrupción.

Se ha denunciado penalmente a 263 funcionarios, y a 54 de ellos se les ha demandado por la vía civil; además se ha identificado a 506 empleados públicos inmersos en responsabilidades administrativas.

Entre las entidades auditadas tenemos al Gobierno Regional Apurímac, las Municipalidades Provinciales de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Aymaraes; las Distritales de Anco-Huallo, Ongoy, Huancarama, Huaccana, Cotaruse, Talavera, Colcabamba – Aymaraes.

Los principales casos fueron detectados en el Gobierno Regional de Apurímac, a nivel de la sede central y sus direcciones regionales, con un presunto perjuicio económico por más de un millón de nuevos soles. Por ejemplo, en la Dirección Regional de Educación que depende del gobierno regional, se detectaron pagos irregulares por asignación especial por más de 394 mil nuevos soles a favor del personal de la sede regional de educación y las UGEL Abancay, Antabamba, Grau y Aymaraes.

Asimismo, en la Municipalidad Distrital de Anco Huallo se detectó un presunto perjuicio económico por más de 6 millones 368 mil nuevos soles por favorecimiento a contratistas en procesos de selección para la obra de ampliación del sistema de alcantarillado y educación sanitaria.

Otro caso se detectó en la Municipalidad Distrital de Ongoy, donde la Contraloría identificó un presunto perjuicio económico por un millón 135 mil nuevos soles en pago de servicios no prestados y partidas no ejecutadas durante la obra de construcción de la infraestructura de la I.E.S. Luis Alberto Sánchez.

Las auditorías realizadas señalan principales casos de hechos irregulares que habrían ocasionado presunto perjuicio económico en la Municipalidad Provincial de Abancay (S/. 757,836.75),  Municipalidad Provincial de Chincheros (S/. 200,160.00), Municipalidad Provincial de Andahuaylas (S/. 164,922.00), Municipalidad Distrital de Huancarama (S/. 565,175.00), Municipalidad Distrital de Huaccana (S/. 400,249.00),  la  Municipalidad Distrital de Cotaruse (S/. 67,866.00), Municipalidad Distrital de Colcabamba – Aymaraes (S/. 628,380.00).

/M.R.M./