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El contralor de la República, Edgar Alarcón, sostuvo que no renunciará a su cargo pues considera que no cometió algún hecho irregular.

En diálogo con una radio local agregó que se somete a las investigaciones del Congreso. Y reiteró su extrañeza de que la denuncia en sus contra se dé tras difundir su informe sobre la obra del Aeropuerto de Chinchero. [Aquí la nota]

Como se informó, el contralor Edgar Alarcón Tejada, pidió al auditor de su institución, Walter Grados Aliaga, retire una denuncia en su contra por haber incumplido normas como funcionario público. Esta denuncia fue realizada al Congreso de la República.

"Me hubiese gustado conversar brevemente contigo. Respeto tu decisión, voy a hacer mis descargos cuando me lo solicite el Congreso y seguimos siendo amigos. Quisiera que evalúes una posibilidad ¿Qué pasaría si retiras una denuncia del Congreso? Y me dices: "Tengo todas estas denuncias" y yo te las descargo", dice en el audio el contralor Alarcón. [Lee la nota aquí: Contralor Alarcón pidió a su auditor retirar denuncia en su contra en el Congreso]

/En desarollo.../

El contralor general de la República, Edgar Alarcón, respondió anoche por la aparición de acusaciones en su contra por presuntas compras sospechosas de vehículos de lujo y por el cese de una trabajadora del área de Tesorería de su institución.

“[¿Esto es juego sucio por Chinchero?] Por supuesto que sí. Esta denuncia ingresó en paralelo al Congreso y a la PCM […] Tomo esa parte [de amenazas que se me hicieron], ‘te voy a dar donde más te duele’. Y donde más me duele, en realidad, es en mi vida familiar, personal, se están metiendo con mis hijos. Si Chinchero ha generado todo este problema, como dicen los jóvenes, qué piña, pues. Pero yo voy a seguir con mi trabajo firme en el compromiso que tengo con el país”, dijo en diálogo con el programa de TV “Panorama”.

Walter Grados Aliaga, auditor de la Contraloría, halló compras sospechosas realizadas por Edgar Alarcón y sus hijos. Entre el 2002 y el 2015, compraron más de 90 vehículos –entre autos y camionetas– Audi, BMW y Jeep para operaciones de compraventa.

Asimismo, Grados Aliaga también da cuenta del caso de la ex trabajadora del área de Tesorería Marcela Emilia Mejía Franco. Cuando ella cesó, en el 2010, fue liquidada de manera presuntamente irregular con S/127 mil, y otros S/100 mil bajo concepto de pago de viáticos. Su sueldo era de S/3.350.

“La ex colaboradora, cuando se retira de la contraloría, se retira con su liquidación y beneficios sociales de acuerdo a ley. El único pago adicional que se le da es una compensación que permite nuestro régimen laboral, que son hasta doce sueldos […] En ese año que se retira también se le ha pagado a 36 colabores más. No es un caso excepcional”, dijo.

[TAMBIÉN LEE: Contralor Alarcón pidió a su auditor retirar denuncia en su contra en el Congreso]

De otro lado, destacó que su institución concluyó que el contrato es ilegal porque no siguió la norma de las asociaciones público-privadas.

"No se dice el banco que va a financiar el proyecto. La norma dice que la adenda se firma después de tres años. Es ilegal el documento, la adenda. Regresa a las condiciones anteriores y solicita a Kuntur Wasi que entregue mejores propuestas, dijimos”, destacó Edgar Alarcón.

/MRM/(Información elcomercio.pe)

La Comisión Permanente del Congreso revisará la denuncia contra el contralor general de la República, Edgar Alarcón, por la compra de vehículos y por haber pedido a un auditor que retire esa acusación, indicó esta noche la presidenta del Congreso, Luz Salgado.

Aseguró que en el Parlamento “no hay afán de proteger a nadie” y que la denuncia seguirá el curso que le corresponde.

“Se tendrá que ver en la Comisión Permanente y las que corresponda”, indicó, tras señalar que el Ministerio Público también puede hacer las investigaciones que considere necesario.

Anoche el programa Cuarto Poder denunció que el Edgar Alarcón, en su condición de vicecontralor de la República, compró y vendió nueve vehículos por un monto de 182 mil dólares, cuando su cargo no le permitía realizar operaciones de compra venta. Entre el 2002 y 2015, además, compró y vendió con sus hijos 90 vehículos.

El auditor Walter Grados Aliaga detectó este hecho y presentó una denuncia al Congreso, tras lo cual el ahora contralor lo llamó para pedirle que retire la denuncia y que reciba primero sus descargos.

La denuncia se presentó ante la presidenta del Congreso en agosto del 2006, luego se derivó a la Subcomisión de Acusaciones Constituciones a cargo de la congresista Karina Beteta (FP), que lo declaró improcedente porque Alarcón no tenía prerrogativa de ante juicio.

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El ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, presentó hoy su renuncia al cargo, tras conocerse la decisión del Ejecutivo de dejar sin efecto el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en el Cusco.

La renuncia fue dada a conocer por el propio Vizcarra, en una declaración emitida en Palacio de Gobierno, junto al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

“He presentado mi renuncia en el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones al Presidente. Lo hago porque siempre he priorizado el interés del Perú en todas mis decisiones”, apuntó.

Precisó que en estos diez meses ha trabajado con responsabilidad, entrega y con honestidad, hecho que, según dijo, conocen las autoridades regionales y locales con quienes ha coordinado estrechamente.

Indicó que, en su condición de primer vicepresidente de la República, cargo para el cual fue elegido, seguirá apoyando al gobierno del presidente Kuczynski para lograr las metas y los objetivos propuestos.

“Es oportuno que, después de desempeñar el cargo desde el 28 julio (de 2016), ahora esa responsabilidad le sea entregada a otra persona a la que el presidente le dé su confianza”, precisó.

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La Contraloría General, sus funcionarios y colaboradores rechazaron las amenazas que recibieron el fin de semana – según indican – por el informe que darán a conocer hoy sobre el Aeropuerto de Chinchero.

“El día de ayer, se ha hecho pública una amenaza contra la integridad del Contralor General de la República, funcionarios y sus familias, con ocasión del informe sobre el Aeropuerto de Chinchero, próximo a emitirse. La Contraloría General, sus funcionarios y colaboradores rechazamos esta forma de presión o intención de amedrentamiento”, señalaron en un comunicado de prensa.

Agregaron que tienen el compromiso de trabajar por el país cautelando el buen uso de los bienes y recursos del Estado, así como el cumplimiento de la legalidad.

“La Contraloría General está comprometida con el crecimiento y desarrollo del país, y como parte de ese compromiso emite informes técnicos, no políticos, resultado de un trabajo íntegro y minucioso que desarrollan sus auditores y profesionales, en cumplimiento de nuestra misión institucional”, indicaron.

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La Contraloría General inició el Operativo “Tus Ojos en la Emergencia” con el despliegue de más de 400 auditores a las zonas del país afectadas por lluvias, huaicos y desbordes, para asegurar la entrega de ayuda humanitaria a los damnificados.

Asimismo, a fin de asegurar la oportuna entrega de ayuda humanitaria a la población en emergencia, la Contraloría recomiendó que el Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI oriente y brinde las instrucciones necesarias a las entidades públicas de las zonas afectadas por los desastres naturales, para el correcto llenado de los formularios de evaluación de daños.

En su labor de supervisión, el Órgano Superior de Control identificó que en el norte del país existen problemas para el llenado de los formularios contenidos en el “Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN PERÚ”; así como incongruencias en la información registrada, lo que podría dificultar la adopción inmediata de las medidas de asistencia técnica y ayuda humanitaria para la población damnificada.

/MRM/NDP/Foto larepublica.pe

Para verificar la calidad de los servicios de consulta externa en los centros asistenciales del Seguro Social de Salud (EsSalud), la Contraloría realiza el operativo de visita preventiva “Mi Salud en EsSalud 2017”, en el marco del Programa “Contraloría #MejorServicio”.

En esta oportunidad, el programa visitará, del 6 al 10 de marzo, 100 establecimientos de EsSalud, en todo el país.

Los centros asistenciales de EsSalud que se visitarán fueron seleccionados porque concentran más del 90% del total de quejas y reclamos registrados en el año 2016, siendo las más frecuentes la demora en el otorgamiento de citas y la atención, maltrato por parte del personal de salud o administrativo y el incumplimiento en la programación de citas y cirugías.

Otros aspectos a revisar son el abastecimiento de medicamentos y/o materiales de farmacia, la atención del asegurado, estado de la infraestructura, entre otros.

Con esta acción preventiva, la Contraloría contribuirá a la mejora en la prestación del servicio de salud que se brinda a los asegurados y derechohabientes, de modo que éste se cumpla de acuerdo a la normativa vigente.

DATO

Del total de 387 establecimientos de salud a cargo del Seguro Social a nivel nacional, 167 registraron quejas en el 2016, que sumaron en total 84 mil 897 quejas.

/MRM/(NDP)

Vizcarra: Estado no entregará ni un sol a Kuntur Wasi hasta informe de ContraloríaEl ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra Cornejo, anunció que el Estado se abstendrá de desembolsar dinero al consorcio Kuntur Wasi, concesionario del Aeropuerto Internacional de Chinchero, hasta que la Contraloría no emita un pronunciamiento final y oficial sobre la adenda suscrita por el Estado y la empresa.

“El Estado peruano no va a entregar ni un sol hasta que no se pronuncie la Contraloría. Hemos solicitado formalmente al Contralor designar una comisión especial para la revisión del proceso y la adenda para la construcción del nuevo aeropuerto del Cusco”, indicó anoche el ministro Vizcarra.

Asimismo, descartó que el consorcio Kuntur Wasi haya sido favorecido en el proceso de licitación al señalar que lo que se buscó fue encontrar una salida razonable al contrato lesivo que encontraron ya firmado al iniciar su gestión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Recordó que el Estado rechazó el cierre financiero presentado por la empresa en base a las deficiencias del contrato inicial, el cual no establecía taza de endeudamiento ni plazos.

Respecto a las acusaciones en su contra y a la moción de interpelación que está preparando la oposición por este tema, el también vicepresidente de la República consideró que es un derecho del Congreso realizar control político.

Sin embargo, rechazó la acusación de “vende patria” lanzada por el legislador de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, y no descartó presentar formalmente una denuncia contra él ante la Comisión de Ética Parlamentaria.

“Soy una persona honesta y estoy aquí para trabajar y contribuir con el desarrollo del país”, dijo en el programa Cuarto Poder.

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Al 31 de enero de este año, el Órgano Sancionador y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General, sancionaron a 784 funcionarios y/o servidores públicos con la suspensión y/o inhabilitación para laborar en el Estado por conductas infractoras graves o muy graves durante el ejercicio de su función.

Según la gravedad de las infracciones cometidas, los funcionarios o servidores públicos fueron suspendidos desde 30 a 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública desde 1 hasta 5 años.

La relación completa con el resultado del Proceso Administrativo Sancionador-PAS se ha publicado en la web de la Contraloría General, como una manifestación de su política de transparencia y para dar a conocer a la opinión pública el trabajo desarrollado en el marco de la Ley N° 29622 y su Reglamento.

De acuerdo con la normativa vigente, las sanciones impuestas por el Órgano Sancionador, una vez consentidas (es decir, cuando el funcionario o servidor no apeló) o cuando son confirmadas por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, se inscriben en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y se publican trimestralmente en el portal web de la Contraloría.

DEBIDO PROCESO

En el procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional, se respeta el debido procedimiento y todos los principios y garantías que rigen la potestad sancionadora estatal. Se desarrolla en dos instancias que cuentan con autonomía técnica:

- La primera instancia a cargo de la Contraloría General, está integrada por un Órgano Instructor que lleva a cabo las investigaciones, otorga el derecho de defensa y propone la determinación de las infracciones y sanciones al Órgano Sancionador que las impone o declara su inexistencia.

- La segunda instancia está a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que es un órgano colegiado, adscrito a la Contraloría General, integrado por cinco vocales elegidos por concurso público, por un período de 5 años, que resuelve los recursos de apelación presentados contra las resoluciones de la sanción.

Para conocer la relación completa de funcionarios y/o servidores públicos sancionados administrativamente, ingresa al siguiente enlace: http://ow.ly/Eg623092F2q

DATO

Las resoluciones emitidas por el Tribunal se publican en el portal institucional y en el Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ, a fin de que los criterios resolutivos desarrollados sean conocidos por los funcionarios y servidores y la ciudadanía.

/MRMNDP/

La Contraloría General identificó presuntas irregularidades en las obras de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe del distrito de Lagunas, en Alto Amazonas, región Loreto, cuyo costo fue de S/. 24 millones 315 mil y que actualmente está inoperativa y en abandono.

Una auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Lagunas identificó que la obra ejecutada por el consorcio Aguas del Rumiyacu presenta deficiencias técnicas como consecuencia de carecer del sustento de protocolos, ensayos, pruebas hidráulicas y otras pruebas de campo en las especialidades de ingeniería sanitaria, eléctrica y electromecánica.

Además, se evidenció la aprobación del presupuesto adicional de obra N°2  por S/. 1 millón 26 mil sin el debido sustento técnico y normativo.

A pesar de haberse identificado observaciones referidas a las pruebas hidráulicas, el Comité de Recepción de Obra la recibió dándole conformidad y sin cobrar la penalidad correspondiente por el retraso incurrido de 65 días calendario equivalente a S/.2 millones 77 mil.

La comisión auditora detectó también que la vida útil de la obra había sido proyectada para 20 años; sin embargo, se observó que luego de cuatro años, además de estar inoperativa, presenta daños en determinados sectores del sistema de agua potable, desagüe y equipamiento técnico.

El informe de la Contraloría contenido en una Carpeta de Control se remitió a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tarapoto, San Martín.

DATO

El distrito de Lagunas no cuenta con agua ni desagüe y carece de fluido eléctrico en forma constante.

/MRM/