Contraloría detectó presunto perjuicio económico por S/. 100 millones en Tumbes
Un presunto perjuicio económico por 100 millones de nuevos soles ha sido detectado en cinco entidades públicas auditadas de la región Tumbes, entre ellos el Gobierno Regional de la zona, informó el Contralor Fuad Khoury.
En conferencia de prensa, reveló que las presuntas irregularidades se produjeron en el Gobierno Regional de Tumbes y el Hospital Regional “José Alfredo Mendoza Olavarría” JAMO II-2.
También en la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes, la Dirección Regional de Salud de Tumbes y la Municipalidad Provincial de Tumbes.
Solo en el 2014 la Contraloría denunció penalmente a 90 funcionarios de entidades públicas de Tumbes, entre ellos al ex presidente regional, al vicepresidente, consejeros regionales, entre otros, por delitos de colusión, peculado, negociación incompatible y malversación.
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Contraloría denuncia pago irregular de casi S/. 700 mil en nueva sede del Ministerio de Educación
La Contraloría General detectó un presunto pago irregular de 683 mil 291 nuevos soles en la obra de construcción e implementación del nuevo local del Ministerio de Educación, ubicado en San Borja, ocasionado por la actuación negligente y la falta de previsión de parte de funcionarios de la Oficina de Infraestructura Educativa-OINFE.
La comisión auditora determinó que debido a que el expediente técnico de la obra no contaba con las respectivas fórmulas polinómicas (procesos matemáticos que permiten determinar la participación porcentual de gastos, como mano de obra, materiales, equipos de construcción y otros en un presupuesto de obra), se aplicaron ocho fórmulas elaboradas irregularmente por el contratista y aprobadas por el supervisor de la obra, contando con la conformidad de funcionarios de la OINFE. Dichas fórmulas sirvieron para la determinación de los reajustes de precios en las valorizaciones de avance.
De las ocho fórmulas elaboradas por el contratista, en la número 7 de la especialidad de equipamiento, se detectaron deficiencias en su diseño, que propiciaron un incremento irregular de los reajuste de precios en las valorizaciones mensuales, lo que permitió que se incluya en la liquidación reformulada un pago en exceso que causó el perjuicio económico a la entidad.
Esta situación se produjo en el período 2010 – 2011 e involucra a tres funcionarios y tres ex funcionarios del OINFE que habrían incurrido en presunta responsabilidad civil.
La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos de la Contraloría General interpuso la demanda ante el 14° Juzgado Civil de Lima contra los presuntos responsables.
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