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La fiscal provincial de familia del Callao, Ana Cossio Cabrera, informó a través de Diálogo Abierto de Nacional, que los padres sentenciados por no cumplir con el pago de la pensión de alimentos, aparte tienen que abonar una reparación civil por haber cometido el delito.

Indicó que luego de haberse emitido la sentencia, se fija una reparación civil por haber cometido el delito de incumplimiento a la manutención de sus hijos, muy aparte de la obligación de pagar como pensión.

Explicó también que el proceso de demanda por pensión de alimentos es largo y puede durar alrededor de un año, y sucede que mientras dure, el juez asigna un monto mínimo, que muchos padres no cumplen, porque no quieren pagar, no tienen trabajo fijo o renuncian a sus trabajos.

“Se cambian de trabajo, usan testaferros y dicen que le pasan pensión a sus padres, cuando la obligación es con los hijos”.

Pagan por no ir a la cárcel

La fiscal Cossio indicó que la mayoría de padres irresponsable pagan su obligacion alimenticia de sus hijos por no ir a la cárcel. Y agregó que hay que ir más allá, y saber que la mayoría de los que no quieren pagar, es porque han tenido hijos no deseados, entonces hay que trabajar en fortalecer la educación sexual, porque los datos son que la mayoría de casos se dan en parejas que han tenido hijos en la edad adolescente.

“La pena de cárcel va a hasta cuatro años, por no cumplir con la pensión de alimentos”, advirtió finalmente la fiscal Cossio.

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El educador y exministro, Idel Vexler Tello, resaltó en entrevista con El informativo de Nacional, que el Ministerio de Educación tiene ahora el arma legal, para actuar inmediatamente, para cerrar los centros educativos privados que están trabajando ilegalmente, y que no cumplen con las reglas básicas de calidad.

Recordó que el problema surgió en el año 1994, cuando mediante el Decreto Supremo número 882, se autorizó, “con algún criterio de emprendimiento”, que, en las zonas periféricas de las ciudades metropolitanas de todo el país, se generen instituciones de educación bajo el régimen privado.

“Pero se generó que un sector aprovechando el silencio administrativo, y presentando los documentos a las Ugel, y pasados los seis meses pasaban a funcionar, sin estar autorizadas, ni inscritas, y no aseguraban un eficiente servicio educativo. Se puede y se ha podido fiscalizar, pero el problema es que han hecho un mal trabajo”.

Burocracia

Explicó también que lo que pasa es que a la gestión descentralizada, le gusta los papeles, los informes, los documentos y quienes pagan los platos rotos y quienes se ven abrumados con estos burocratismos son los colegios de buena calidad, y quienes están detrás de ellos son las Ugeles. “Cuando yo estuve de ministro prohibí los informes de fin de año, solo autoricé que sean de cuatro páginas”, recordó Vexler.

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La viceministra de Poblaciones Vulnerables, Cecilia Aldave respaldó las declaraciones de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, en referencia a que señala que el Perú es un país de violadores, y dijo, que la intención de las afirmaciones es llamar la atención sobre las vulneraciones que sufren las niñas y las adolescentes.

“Las cifras nos demuestran que hay personas que vulneran los derechos de las mujeres.  En el 2018 cada día 9 niñas de 14 años o menos acudió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), para obtener el documento de su recién nacido”.

Indicó por otro lado que, como parte de un trabajo articulado con todos los niveles de gobierno, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) continúa trabajando con las instituciones públicas y privadas, con la finalidad de prevenir y atender casos de violencia sexual hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes de nuestro país. 

Informó que, durante el 2019, el MIMP registró 16,632 casos de delitos sexuales a nivel nacional. El 43.8% corresponde al delito de violación sexual; el 37.3%, a actos contra el pudor; el 6.3%, a hostigamiento sexual y el 4.3% son casos de acoso sexual en espacios públicos.

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La ex ministra de Educación, Gloria Helfer, dijo en entrevista con El Informativo de Nacional, que muchos padres de colegios particulares han sido estafados por centros educativos “bambas y semi bambas”, porque muchos de ellos se prestaban el código modular y sabían que algo había pasado ahí.

“Y sabían que habían sido sujetos de una estafa, pero no tenían donde ir a quejarse. Por ello felicito y respaldo la decisión del Ministerio de Educación de tomar medidas y remediar esta situación mediante este Decreto de Urgencia”.

Y resaltó la norma que regula, a partir de ahora, la autorización de nuevas instituciones educativas de primaria y secundaria, ahora hay que cumplir requisitos estrictos. Y también explicó que la situación de infrasestructura de algunos los centros educativos particulares eran deplorable, porque no había quien los controle y ahora esto ha cambiado.

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El superintendente nacional de la Sucamec, Gral. (r) Carlos Tuse Lloclla, indicó que este año la campaña de diciembre fue bastante exitosa por que se logró un decomiso de 200 toneladas de aparatos pirotécnicos ilegales, lo que significó un record histórico.

“Son 200 toneladas que dejaron de causar estruendo y contaminar la ciudad”

La idea es continuar este trabajo para que en estas fechas se cambie la modalidad de festejo y cambiarlo por la realización de espectáculos regulados por profesionales y con las medidas de seguridad de acuerdo a las normas.

Ante la pregunta de por qué no prohibir el uso de estos elementos pirotécnicos, explicó que la Sucamec, solo es reguladora y no puede exceder sus funciones y afectar la economía de mercado y si está permitida la comercialización a ellos solo les corresponde actuar en lo que se refiere al uso ilegal.

Armas de contrabando

“Lamentablemente hay que reconocer que existe tráfico ilícito de armas y es un tema penal que están viendo las autoridades pertinentes”.

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El director de grados y títulos de la Sunedu, Daniel Navarro, hizo un llamado a través de El Informativo de Nacional, a todos los egresados de las diferentes universidades del país que no hayan obtenido la licenciatura a que culminen sus trámites de acuerdo a la reglamentación interna.

“Al producirse la denegatoria de licenciamiento, se inicia un proceso de cese de actividades y una de las características es que la universidad tiene un plazo para culminar sus actividades que puede ser de hasta dos años y en ese plazo aún puede emitir grados y títulos”.

Y pueden realizar el proceso de culminación de carreras y entrega de diplomas de grados y títulos y estos son registrados en el registro Nacional de Grados y Títulos a cargo de la Sunedu, y por ello es la preocupación y la insistencia en el llamado a los egresados a que culminen sus trámites en sus respectivos centros de estudios superiores de acuerdo a los plazos y requisitos previstos en la normativa interna.

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El general PNP (r), Eduardo Pérez Rocha, criticó a través de El Informativo de Nacional, el decreto de urgencia aprobado en Consejo de Ministros, que busca separar de la Policía Nacional a aquellos elementos, que no cumplan con criterios de solvencia moral.

“Hay que tener en cuenta que esto es un Decreto de Urgencia, que luego la Comisión Permanente, debe evaluar y lo va a poner a canalizar al próximo congreso, para su revisión”.

Explicó que si le damos una lectura a este decreto se ve que hay situaciones que no están dentro del aspecto legal, y citó como ejemplo, el artículo tercero, que tienen la calidad de "ininpugnable", que quiere decir que no se puede incurrir en queja ante el Poder Judicial y esto es algo que la Constitución ampara por el aspecto de las garantías.

“Y sobre la facultad discrecional, dentro del aspecto del derecho, es cuando una persona o una institución quiere tomar decisiones para la marcha de algo, que es lo que se está queriendo hacerse ver acá. Y otra cosa que es gravísima es el artículo quinto, hace ver que la aplicación de esta figura, dice  que no va a conllevar a que tengan beneficios económicos”.

“Yo pienso que como medida mediática para compensar el problema de la Comisaría de San Cayetano se ha dado”.

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El ministro de Defensa, Walter Martos Ruíz, supervisa con las autoridades regionales y locales de Cajamarca, las acciones que se vienen realizando ante la temporada de lluvias intensas.

El titular de Defensa llegó a la ciudad de Cajamarca junto con los jefes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez Cresta; del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Juvenal Medina Rengifo; y de la Agencia Espacial del Perú, mayor general FAP Javier Tuesta Márquez.

Al inicio de la cita, Martos Ruiz destacó la voluntad de diálogo de la autoridad regional y los alcaldes provinciales y distritales de Cajamarca y se comprometió a atender sus requerimientos, así como apoyarlos en la atención de las emergencias.

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Las municipalidades son los responsables de fiscalizar el cumplimiento de la prohibición del uso y comercialización de las cañitas de plástico, bolsas de un solo uso y envases de tecnopor en las playas, señaló el Ministerio del Ambiente.

Recordó que la Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, prohíbe desde el 13 de junio del 2019 la comercialización y uso de este tipo de productos en las playas del litoral y en la Amazonía peruana.

En tal sentido, el Minam indica que, después de ser usados, los productos señalados –cuyos usos son superfluos o innecesarios– son difíciles o hasta imposibles de reciclar. 

Además, si son arrojados al ambiente pueden tardar cientos de años en degradarse: 200 años en el caso de las cañitas de plástico y hasta 500 años el caso del tecnopor.

Asimismo, las bolsas plásticas al estar presentes en los ecosistemas marinos son confundidas por la fauna marina como alimentos, mientras que los cañitas las podrían lastimar físicamente.

La moderna camioneta del delantero de la selección peruana, Jefferson Farfán fue impactada en la parte posterior por bus de transporte público. El accidente de tránsito fue anoche en la avenida Benavides, en el distrito de Surco.

"¡Por poco y nos matan! Cómo puede haber gente tan imprudente para manejar". ¡Hasta cuándo con estos buses!", escribió Farfán en su cuenta oficial de Instagram.

Christian Martínez, primo de Jefferson Farfán, declaró a la prensa que él estaba conduciendo el vehículo.

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