Política

El Pleno del Congreso, aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que propone reconocer y garantizar el derecho de los peruanos a una alimentación adecuada y saludable, con énfasis en la población más pobre y adulta mayor.

El dictamen, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimenticia y Nutricional (SINASAN), plantea definir las obligaciones del Estado y la responsabilidad de los individuos e instituciones privadas en la implementación del derecho humano a la alimentación y a la nutrición saludable, informó el Congreso.

Según la propuesta, el derecho a la alimentación y a la nutrición está garantizado por el Estado; y consiste en tener acceso, individual o colectivamente y de manera regular y permanente, a los alimentos adecuados y suficientes en cantidad y calidad nutricional que contribuyan al desarrollo humano integral.

Al sustentar la propuesta, el presidente de la Comisión Agraria, Wuilian Monterola, indicó que esta iniciativa dispone al Estado velar por el derecho de una alimentación adecuada, para lo cual favorece y crea condiciones de cara al progreso social y económico.

Asimismo, dijo que el Estado tomará medidas específicas como erradicar la malnutrición crónica, la anemia y las enfermedades crónicas no transmisibles.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Inclusión Social, Eduardo Nayap, dijo que esta ley consolida la nutrición de los más pobres, y que el Estado garantiza su alimentación, así como disminuir la desnutrición y erradicar la mala alimentación que afecta a los más pobres, a las mujeres gestantes y al adulto mayor.

/M.R.M./

El Pleno del Congreso tiene previsto debatir hoy la moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano; y del titular del Interior, José Pérez Guadalupe, por el cese de la procuradora pública en lavado de activos, Julia Príncipe.

Dicha moción estaba prevista debatirse en la sesión de ayer, pero por falta de tiempo la discusión fue programada para hoy.

El pedido para interpelar a los mencionados ministros fue presentado por congresistas de diversas bancadas de oposición que los consideran responsable del cese de la mencionada exfuncionaria.

Príncipe fue removida de su cargo por no cumplir con la ley según la cual los funcionarios públicos deben pedir autorización para formular declaraciones a los medios de comunicación.

Según informó el presidente del Congreso, Luis Iberico, momentos antes de iniciarse la sesión plenaria, se reunirá la Junta de Portavoces para definir algunos temas pendientes de acuerdo.

José Ugaz, titular de Transparencia Internacional, lamentó que se haya absuelto al magistrado Alfredo Quispe Pariona, y sostuvo que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ha perdido totalmente la legitimidad y la solvencia moral.

"Hay una sensación de indignación y vergüenza ajena porque estos magistrados deciden la suerte de los jueces y de los fiscales del país (...). Se ha perdido legitimidad y solvencia moral, por eso creo que deben irse todos", señaló.

Ugaz, indicó que el malestar no sólo es por Quispe Pariona, sino también por los cuestionamientos que pesan sobre el resto de los miembros del CNM. 

"Lo de Quispe Pariona es grosero, ha justificado su conducta, pese a que en el audio reconoce haberse enriquecido y haber pagado la carrera de sus hijos con dinero mal habido, pero también se cuestiona al actual presidente por haber dirigido una academia para jueces y estar en situación de conflicto de intereses, y otro magistrado no reconoce a sus hijos", señaló.

"¿En manos de quiénes el Perú se está entregando la capacidad de designar a los jueces que mañana decidirán sobre la libertad de las personas y el patrimonio de los ciudadanos? Esto es sumamente grave", añadió Ugaz Sánchez-Moreno, en entrevista con la Agencia Andina.

A su juicio, si el pleno actual del CNM no tiene dignidad para renunciar, en ese sentido, corresponderá al Congreso vacarlos y  a la sociedad civil movilizarse para hacer sentir su voz de  protesta, como está previsto que suceda el próximo lunes.

"Si uno ve la foto actual del pleno todos tienen un tipo de cuestionamiento. No hay otra opción, tienen que irse todos", insistió.

/M.R.M/

Por unanimidad aprobó el Pleno del Congreso el dictamen que unifica reconocimientos, beneficios, seguro de vida o compensación extraordinaria otorgada al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participe en acciones en defensa del Estado, de la democracia, de la soberanía, la integridad territorial y el orden interno.     

La iniciativa fue sustentada por el presidente de la Comisión de Defensa, Emiliano Apaza, quien dijo que el dictamen acumuló once proyectos presentados por diversas bancadas.

El proyecto aprobado es una ley marco que se caracteriza por reunir todas las leyes dadas sobre este tipo de beneficios para los efectivos que participaron desde la campaña militar de 1941, 1978, 1981, así como otras normas dadas en beneficio de operativos en defensa del Estado y de la democracia, sostuvo.

Además de los beneficios económicos, la ley otorga reconocimientos honoríficos a los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participen en acciones de armas o actos excepcionales en cumplimiento del deber.    

En ese sentido, los beneficiarios serían declarados Héroes Nacionales, Defensores de la Democracia con la condecoración “Gran Cruz de la Nación” y otras distinciones otorgadas por resolución suprema.

Para el efecto de esos reconocimientos y condecoraciones se propone un Consejo de Calificación, el mismo que hará su propuesta al Presidente de la República.

La iniciativa también incluye en los beneficios de seguro y compensación extraordinaria al Cuerpo General de Bomberos y al personal del INPE.

/P.A.G./

Por motivo del cese de la procuradora pública en lavado de activos, Julia Príncipe, el Pleno del Congreso tiene previsto debatir hoy la moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano; y el titular del Interior, José Pérez Guadalupe.

El debate de dicha moción estaba programado para el día de ayer, pero por falta de tiempo la discusión fue pautada para hoy.

Como se recuerda, el pedido para interpelar a los mencionados ministros fue presentado por congresistas de diversas bancadas de oposición que los consideran responsables del cese de la mencionada exfuncionaria.

Príncipe, fue removida de su cargo por no cumplir con la ley según la cual los funcionarios públicos deben pedir autorización para formular declaraciones a los medios de comunicación.

Según informó el presidente del Congreso, Luis Iberico, momentos antes de iniciarse la sesión plenaria se reunirá la Junta de Portavoces para definir algunos temas pendientes.    

/P.A.G./

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, dejó hoy al voto el recurso de casación interpuesto por el exministro Aurelio Pastor Valdivieso contra el fallo que lo condenó a cuatro años de prisión efectiva por el delito de tráfico de influencias.

La lectura de la resolución fue programada para el próximo viernes 13 de noviembre, desde las 10:00 horas. 

En dicho acto público, el tribunal supremo resolverá si confirma o anula la condena impuesta a Pastor Valdivieso y el pago de S/. 100,000 por concepto de reparación.

En la audiencia de hoy, los jueces de la sala penal escucharon los alegatos del abogado del condenado, César Nakazaki; de la fiscal suprema adjunta, Betsabé Revilla; y del representante de la Procuraduría del Estado, Erick Guevara.

La Sala Penal Permanente está integrada por los magistrados supremos Javier Villa Stein (quien lo preside), Duberlí Rodríguez Tineo, Josué Pariona Pastrana, David Loli Bonilla y José Neyra Flores. 

En mayo pasado, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a cuatro años de prisión efectiva al exministro aprista, Aurelio Pastor Valdivieso, quien cumple dicha condena en el penal Piedras Gordas, en Ancón. 

Pastor fue encontrado responsable del delito de tráfico de influencias por haber prometido en el 2012 a la entonces alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, hacer uso de sus supuestas influencias ante el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio Público, como quedó registrado en el audio que presentó la propia agraviada. 

Por dicha asistencia, el exministro presuntamente iba a cobrar S/. 60,000.

/C.CH.A./ Andina

La Comisión de Presupuesto del Congreso de la República aprobó por mayoría el artículo 13 del proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, que regula los proyectos de inversión pública con financiamientos de recursos propios, el cual evita que la inversión pública se paralice.

Cabe indicar que dicho artículo autoriza a las entidades estales (incluidos gobiernos regionales y municipalidades), que cuentan con recursos asignados, a aprobar modificaciones presupuestales.

"Las transferencias de recursos que se efectúen sólo se autorizan hasta el segundo trimestre del 2016" señala la norma.

Saluda aprobación

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, quien sustentó el proyecto de ley de presupuesto ante la referida comisión, saludó la aprobación y dijo que una eventual desaprobación de la norma, hubiese ocasionado la paralización del Estado.

Durante el debate diversos congresistas pidieron la desaprobación del referido artículo, lo cual hubiese generado que cada modificación presupuestal tenga que ser debatida en el Congreso y aprobada mediante ley.

"De eliminarse este y otros artículos relacionados hubiese generado que los más de 2,200 pliegos tengan que venir al Congreso a sustentar dicha modificación, lo cual provocaría la paralización del Estado", manifestó Segura.

Dijo que el presupuesto es dinámico por naturaleza, porque en el transcurso del año se generan diversos escenarios imprevistos y muchas veces se requieren reacciones rápidas.

Asimismo, recordó que una de las críticas válidas al sector público es que presenta muchas trabas y que actúa de manera poco rápida.

"La eliminación del presente artículo hubiese levantado trabas que afectarían el dinamismo de acción del sector público", refirió.

/CCH/ Andina

El Perú fue elegido segundo vicepresidente del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), para el período 2015-2017, durante la XLV reunión ordinaria de la máxima instancia de esta institución, celebrada en Lima.

Los representantes de 13 de los 19 países presentes en la cita votaron ayer a favor de la nueva conformación del Consejo Directivo, cuya Presidencia recayó en Colombia. Venezuela y España ocuparán la primera y la tercera vicepresidencia, respectivamente.

En esta reunión el Perú estuvo representado por la Presidencia del Consejo de Ministros, en la persona de su secretario general, Manuel Mesones Castelo, y de la secretaria de Gestión Pública de la PCM, Sara Arobes Escobar.   

La elección del nuevo Consejo Directivo, que entra en funciones desde el presente mes hasta noviembre de 2017, se realizó en el marco del XX Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública, inaugurado anoche.

Esta reunión se desarrollará hasta este viernes 13 en el Centro de Convenciones de Lima “27 de enero”, ubicado en San Borja, con la participación de más de 20 delegaciones extranjeras.   

Entre otros temas, la nueva gestión del CLAD se enfocará en el desarrollo de guías y herramientas para la asesoría a las entidades públicas en cargas de trabajo, manuales de funciones y rediseños institucionales, diseño e implementación de políticas públicas relacionadas con la racionalización de trámites.

Para ello se contará con el aporte de experiencias exitosas de los distintos países.

El CLAD es el organismo internacional de carácter intergubernamental, que promueve el análisis, el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración Pública.

Está integrado por 22 países, 21 de los cuales son miembros plenos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Angola es miembro observador.

/CCH/ Andina

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ratificó el firme compromiso del Perú de enfrentar el problema de las drogas y el narcotráfico, y de participar de manera activa en la estrategia hemisférica contra este flagelo que afecta a millones de personas.

Durante su intervención en el 58 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA), expresó que ese compromiso se ve plasmado en la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Drogas 2011-2016 en el Perú.

La citada estrategia, anotó, recibe una significativa inversión de recursos por parte del Gobierno y que ha logrado resultados positivos en sus diversos ámbitos de intervención, como la prevención y tratamiento de drogas, la reducción de cultivos, el desarrollo alternativo, la interdicción, etc.

Señaló que el Perú es consciente de la dimensión del problema de las drogas, porque incide de manera negativa en la salud pública, en la seguridad y en el bienestar de los pueblos, además de debilitar las bases del desarrollo sostenible, por lo que combatirlo -dijo- es un reto de alcance global.

“El Perú comparte con los estados miembros de la CICAD un firme compromiso en el enfrentamiento al problema de las drogas, bajo un enfoque integral, equilibrado y sostenible”, expresó el titular del Interior, en representación del Jefe del Estado, Ollanta Humala.

Desde Trujillo, dijo, además, que ese compromiso está acompañado de una clara visión de inclusión social, que enfoca al ser humano como “beneficiario central de la acción del Estado”.

/CCH/ Andina

Tras una reunión en privado, concluyó en Palacio de Gobierno la audiencia entre el presidente Ollanta Humala Tasso y el exmandatario de Estados Unidos, Bill Clinton, quien se encuentra en el país, como parte de una gira por Latinoamérica.

La cita contó con la asistencia de la canciller Ana María Sánchez.

Clinton se encuentra en Lima como parte de una serie de visitas que inició a los proyectos que impulsa su fundación en países de América Latina.

En el Perú, tiene previsto recorrer el Advanced Stocking Location del Clinton Giustra Enterprise Partnership (CGEP) localizado en la empresa de distribución Chakipi.

Allí mujeres de diversas regiones reciben capacitación en habilidades comerciales y productos de primera necesidad a precios reducidos, como alimentos envasados, artículos de cuidado personal, del hogar y lámparas solares. Luego venden los productos dentro de sus comunidades.

Previamente, el expresidente Clinton se reunió con el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

/CCH/ Andina