Política

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la transferencia financiera de S/7,798,001.64 y el otorgamiento mensual de la subvención del Financiamiento Público Directo de julio a diciembre del año 2024, a favor de diez organizaciones políticas.

Se trata de los partidos Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú y Partido Morado, de acuerdo a la resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Así, de julio a diciembre de este año, Perú Libre recibirá un financiamiento público de S/1,075,639.61; a Fuerza Popular de S/ 957,530.59; Renovación Popular de S/ 843,268.72; Acción Popular de S/ 825,571.60 y Alianza para el Progreso de S/ 741,414.23.

Avanza País obtendrá una transferencia de S/ 741,130.77, a Juntos por el Perú de S/ 687,321.48; Somos Perú de S/ 661,153.18; Podemos de S/ 644,211.68 y Partido Morado de S/ 620,759.78.

Se fija el 15 de enero de 2025 como fecha límite de presentación de la rendición de cuentas del financiamiento público directo correspondiente al segundo semestre del ejercicio anual 2024 que efectuaran los partidos que obtuvieron representación en el Congreso en las Elecciones Generales del 2021.

/DBD/

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) cumple un rol fundamental en el desarrollo del país. No solo contribuye en el crecimiento de la economía y del sector empresarial. También realiza importantes aportes técnicos en materia laboral y tributaria, entre otras.

“Reconocemos el esfuerzo y dedicación de la Sociedad Nacional de Industrias. Por eso le decimos, de manera clara y firme, que somos aliados en el objetivo de impulsar la economía peruana para mejorar la calidad de vida de las peruanas y peruanos en todo el territorio nacional”, manifestó la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra.

Durante la ceremonia por el Día de la Industria y el 128° aniversario de la SNI, realizada en San Isidro, la jefa de Estado enfatizó que los empresarios y el Gobierno forman parte de un mismo equipo. “Estamos unidos y enfocados en promover las inversiones, que son la base fundamental para el desarrollo sostenible de nuestra nación”, recalcó. 

La mandataria afirmó que solo con la unión y la cooperación entre sector público y privado se logrará mejorar la economía y elevar el bienestar de miles de compatriotas. “Hoy vemos cómo nuestros esfuerzos conjuntos empiezan a dar frutos. Las proyecciones nos hablan de un crecimiento del 3% al cierre del año, lo que nos permitirá reducir la pobreza a nivel nacional”, enfatizó.

La presidenta informó que la producción manufacturera experimentó un incremento del 11.4% en abril, en comparación con el mismo periodo del año pasado. En este campo, se ha logrado revertir 14 meses de cifras negativas. Además, se calcula que la industria primaria crecerá más de 6%, debido a la normalización de la pesca, y la industria no primaria aumentará un 2.5%.

“Para robustecer la recuperación industrial, mi Gobierno ha asignado más de 460 mil soles al programa Compras MyPerú, para apoyar a las micro y pequeñas empresas de la industria manufacturera”, destacó.

La mandataria señaló que su Gobierno trabaja para recuperar la confianza empresarial. “Y lo hacemos a través de obras. Buscamos fortalecer la recuperación de la inversión privada que empezamos a ver este año. Somos un país con sólidos fundamentos macroeconómicos y con estabilidad jurídica, lo que nos posiciona como plaza atractiva para las inversiones mundiales”, enfatizó.

En tal sentido, la jefa de Estado resaltó la construcción del Megapuerto de Chancay, que convertirá al Perú en el hub portuario de Sudamérica y cuya primera etapa demandará una inversión de 1,400 millones de dólares. Su inauguración se dará en noviembre, con motivo del Foro APEC 2024, que se hará en nuestro país. 

Adicionalmente, el Gobierno ha logrado destrabar importantes proyectos de irrigación como Chavimochic, en La Libertad, y Chinecas, en Áncash. Lo mismo se hará con Majes Siguas, en Arequipa, y Alto Piura, en Piura. Con esto se dará un gran impulso a la agroindustria. 

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en unidad, a fin de garantizar la inversión privada responsable, la lucha contra la inseguridad ciudadana, el respeto a la libertad de expresión y a la justicia, principios fundamentales para construir una sociedad justa, inclusiva y próspera”, sostuvo la mandataria. 

/NDP/MPG/

El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, respondió ante el pleno del Congreso de la República a un pliego interpelatorio con 28 preguntas, contenidas en la Moción de Orden del Día 11861.

Dio explicaciones sobre los cuestionamientos por la contratación de una servidora en el despacho ministerial que no reunía los requisitos para el cargo que desempeñaba y por las supuestas irregularidades en la ampliación de obras del sistema de electrificación rural en las localidades del distrito de Huacaybamba (Huánuco), entre otros temas.

Sobre la contratación de Rosa Sánchez Arenas, dijo que la participación en el equipo de la Comisión de Transferencia fue ad honorem. "La decisión de integrarla a mi equipo revisor se basó en la experiencia, conocimiento y competencias", indicó.

En relación al Lote 8, se indicó que el Estado ha logrado la culminación del proceso de consulta previa, en consenso con las comunidades nativas, a través de cinco actas y 79 acuerdos en beneficio de la población.

"Entre los acuerdos alcanzados destaca la creación de un Fondo Social que será financiado con el 2.5 % de la producción total que registre el Lote 8, y esos recursos generados serán empleados para desarrollar obras en favor de la población", indicó.

Finalmente, señaló que su sector promueve las energías renovables en todo el país y, mediante un proyecto legal, fomenta la mayor participación de las tecnologías fotovoltaicas y eólicas en el mercado de generación de energía, con el propósito de alcanzar tarifas a corto plazo.

El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, respondió ante el pleno del Congreso de la República a un pliego interpelatorio con 28 preguntas, contenidas en la Moción de Orden del Día 11861.

Dio explicaciones sobre los cuestionamientos por la contratación de una servidora en el despacho ministerial que no reunía los requisitos para el cargo que desempeñaba y por las supuestas irregularidades en la ampliación de obras del sistema de electrificación rural en las localidades del distrito de Huacaybamba (Huánuco), entre otros temas.

Sobre la contratación de Rosa Sánchez Arenas, dijo que la participación en el equipo de la Comisión de Transferencia fue ad honorem. "La decisión de integrarla a mi equipo revisor se basó en la experiencia, conocimiento y competencias", indicó.

En cuanto a las acciones con respecto a la fiscalización de las empresas distribuidoras de grifos, dijo que su cartera no tiene a cargo esa función. "Esta labor le corresponde a Osinergmin, entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros", sostuvo.

En relación al Lote 8, se indicó que el Estado ha logrado la culminación del proceso de consulta previa, en consenso con las comunidades nativas, a través de cinco actas y 79 acuerdos en beneficio de la población.

"Entre los acuerdos alcanzados destaca la creación de un Fondo Social que será financiado con el 2.5 % de la producción total que registre el Lote 8, y esos recursos generados serán empleados para desarrollar obras en favor de la población", indicó.

Finalmente, señaló que su sector promueve las energías renovables en todo el país y, mediante un proyecto legal, fomenta la mayor participación de las tecnologías fotovoltaicas y eólicas en el mercado de generación de energía, con el propósito de alcanzar tarifas a corto plazo.

/NDP/MPG/

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) reforzaron sus relaciones mediante una declaración conjunta suscrita hoy en Ginebra, Suiza, en el marco de la reunión sostenida por el canciller Javier González-Olaechea Franco y la secretaria general de la UIT, Doreen Bogdan-Martin.

Este instrumento crea sinergias entre la Cancillería y este ente internacional en el ámbito digital y su impacto en la política exterior. Asimismo, facilitará la cooperación en materia de transformación digital, principalmente en el ámbito de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Durante el encuentro el ministro de Relaciones Exteriores solicitó el apoyo del organismo internacional en tres grandes reformas: la racionalización normativa que permitirá agilizar pasos en la gestión pública; la reforma digital de los procesos que además refuerza la lucha contra la corrupción; y la unificación de la data en ámbitos judiciales y policiales. Destacó que ello permitiría la reducción de brechas digitales y la celeridad en los trámites.

Por su parte la secretaria general de la UIT indicó que el Perú podría participar en la iniciativa GovStack a través del cual el organismo busca ayudar a los gobiernos a digitalizar los servicios públicos.

Reunión con el presidente del Foro Económico Mundial

El titular del ministerio de Relaciones Exteriores también se reunió con el presidente y fundador del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), Klaus Schwab, a quien le entregó la invitación de la presidenta Dina Boluarte para que asista a la Cumbre de Líderes de APEC 2024, que se desarrollará en Lima, en noviembre próximo. Ambos remarcaron la importancia de este evento y las reuniones que se desarrollarán en el marco del foro.

El presidente del WEF resaltó que, pese al actual contexto global, las proyecciones económicas son buenas para la región y para el Perú. También abordaron la cooperación que el Foro Económico Mundial brinda a nuestro país en el marco de la iniciativa Alianza Global para la Acción del Plástico.

Foro de Líderes Mundiales por aniversario de UNCTAD

Asimismo, el canciller participó en el Foro de Líderes Mundiales, realizado por el 60° aniversario de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Fue panelista en la sesión de alto nivel, denominada “Nivelarse es difícil: Estrategias de desarrollo en un mundo de crisis en cascada”.

El ministro compartió la sesión con el viceprimer ministro y ministro de Obras Públicas y Transporte de Namibia, John Mutorwa; la ministra de Comercio y Pequeña y Mediana Empresa de Gabón, Parfaite Amouyeme Ollame; el ministro de Comercio e Industria de Ruanda, Jean Chrysostome Ngabitsinze; el viceministro de Desarrollo Económico de la Federación Rusa, Vladimir Ilichev; y el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs.

/NDP/MPG/

El Ministerio Público informó que mañana se desarrollará la diligencia de apertura y extracción de información de los celulares (teléfonos móviles) pertenecientes al expresidente Alan García Pérez.

Según informa a través de un comunicado, esta actividad se desarrollará desde las 10:00 horas.

Asimismo, precisa que la diligencia estará a cargo del fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación seguida contra Luis Nava Guibert, Enrique Cornejo Ramírez y otros.

Como se recuerda, los exfuncionarios durante el segundo gobierno aprista se les investiga por la presunta comisión de los delitos de colusión, lavado de activos y otros

La mencionada diligencia se desarrollará en las instalaciones de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, ubicadas en la avenida Prolongación Arica 1812, Cercado de Lima, con participación de la defensa de los sucesores de Alan García y de los investigados.

Esta apertura y extracción de información de los celulares fue autorizada por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mediante Resolución 13, de fecha 11 de marzo de 2024, confirmada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, mediante la Resolución 16, de fecha 24 de mayo 2024.

/NDP/PE/

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, promulgó una norma y firmó dos autógrafas de ley aprobadas por el Poder Legislativo que beneficia a diversos sectores de la población, uno de los cuales son el personal del salud que laboraban bajo el mecanismo de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

La primera de ellas es la autógrafa de ley que autoriza el nombramiento progresivo del personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo 1057 del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales.

"De esta manera, el Parlamento cumple con la clase trabajadora del sector salud a nivel nacional", señaló el titular del Parlamento.

Esta iniciativa fue aprobada, por unanimidad, por la representación nacional vía insistencia el pasado 6 de junio. Por lo tanto, le corresponde al presidente del Congreso promulgar esta importante norma, según dispone el artículo 108 de nuestra Constitución.

Autógrafas

Asimismo, Alejandro Soto suscribió la autógrafa de ley que modifica el Decreto Legislativo 1133, decreto  para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial, y dicta otras disposiciones. "A la familia militar y policial, ¡misión cumplida!", exclamó.

Esta iniciativa legislativa fue aprobada el 30 de mayo pasado, por amplia mayoría, y fue exonerada del trámite de segunda votación.

Finalmente, el presidente del Congreso firmó la autógrafa de ley que regula las escuelas superiores de formación artística y la carrera pública de sus docentes, y dicta otras disposiciones. Fue aprobada el 30 de mayo, por amplia mayoría y exonerada del trámite de segunda votación.

Las dos autógrafas de ley serán enviadas al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

/NDP/PE/

La Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó hoy una resolución respecto de la solicitud de medidas provisionales en los Casos Barrios Altos y La Cantuta Vs. Perú, en la cual requiere al Estado peruano suspender inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley N° 6951/2023-CR que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el país antes del 2002.

Según la resolución difundida en su cuenta oficial en la red social X, la Corte IDH adopta esta medida "para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta".

En ese sentido, pide suspender inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley N° 6951/2023-CR, el cual se encuentra pendiente de segunda votación por el pleno del Congreso de la República, hasta que la Corte IDH cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la solicitud de medidas provisionales y su impacto en los casos Barrios Altos y La Cantuta

Asimismo, la Corte IDH convocó al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública virtual sobre la solicitud de medidas provisionales efectuada por los representantes, a celebrarse de manera virtual el lunes 17 de junio de 2024 de las 8.30 horas a las 10.00 horas, horario de Costa Rica, durante el 168 Periodos Ordinario de sesiones de esta Corte. 

Se dispuso que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas de ambos casos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El pasado 6 de junio, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el proyecto de ley N° 6951/2023-CR “que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana", el cual permite la prescripción del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el Perú antes del 2002.

Se trata de una iniciativa legislativa presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular).

De acuerdo al Ministerio Público, una de las consecuencias jurídicas de aplicar dicha norma sería declarar la prescripción de la acción penal de casos emblemáticos como Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos y el Santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cantuta-Pativilca, Cedruyo, Cantuta-Aldo Vásquez, Madre Mía, Humaya Chambara, Universidad del Centro, Paccha, Putis, Hilario Trucios, Casos del Comunicado de Prensa Conjunto, El Frontón, Mamérita Mestanza, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca y Galván Borja. 

/ANDINA/PE/

El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, salió al frente de las objeciones que planteó el Consejo Fiscal (CF) a la reforma de pensiones aprobada en el Congreso de la República, referidas al costo fiscal que representaría para el Estado, y señaló que pese a esos reparos la ley debe avanzar porque tiene aspectos positivos. 

“Lo positivo es que se integra un sistema muy fragmentado, entre los pilares no contributivos, como pensión 65, los pilares contributivos, sea la ONP, las AFP, el aporte voluntario. Entonces, yo creo que eso es positivo. Lo segundo es que yo veo con buenos ojos que hay una pensión mínima”, dijo Castilla.

Luego de manifestar que la preocupación del CF sobre el costo de la pensión por consumo (destinar el 1% del gasto anual de cada persona a su cuenta individual) es legítima, sostuvo que es muy importante tener la cuantificación de ello y que eso se debe hacer bien.      

Sobre la pensión por consumo, Castilla dijo que “es algo que ha sido muy criticada por muchos, porque no favorece a aquellos que deben ser favorecidos, a los informales que básicamente no pagan y no reciben boletas por sus consumos, a un costo fiscal no menor y creo que la crítica principal del CF tiene que ver con que una reforma de esa envergadura no se ha hecho con una proyección de largo plazo, de cuál va a ser el costo fiscal de esa reforma”.

RETIROS

A pesar de ello, el extitular del MEF ratificó que es importante avanzar con la reforma porque frena los retiros extraordinarios y limita el acceso al 95.5% de los fondos de los afiliados en la jubilación anticipada y a los 65 años (los mayores de 40 años, a la entrada en vigencia de la ley, podrán seguir haciendo este tipo de retiros). 

INDEPENDIENTES

Respecto de los aportes de los independientes, que empezarán con el 2% de lo que declaren luego de tres años de promulgada la reforma, y que cada dos años se incrementará gradualmente hasta llegar al 5%, el exministro de Economía detalló que no sabe si esto va a funcionar porque cuando él quiso hacerlo no funcionó.

“Yo creo que es una reforma necesaria, aumenta la cobertura. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Entonces, hay de todo, ojalá que funcione porque es una reforma sumamente importante y estar en incertidumbre constante, no permite construir nuevamente un sistema previsional, que ha sido perforado por los retiros de los últimos años”, concluyó.

/NDP/MPG/

Junta de Fiscales Supremos expresó su rechazo al proyecto de ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en legislación peruana, debido a sus implicancias negativas.

Según el Ministerio Público “el referido proyecto resulta inviable jurídicamente, toda vez que la acción penal y sanción por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, con lo cual generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad los agraviados y de sus familiares”.

Agrega que la norma resulta “evidentemente constitucional al ser incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia e los derechos humanos y los estándares del derecho internacional”.

La fiscalía sostiene que de aprobarse la ley un número importante de investigaciones y juicios tendrían que ser archivados o concluidos, declarándose la prescripción de unos 600 casos, entre los que se encuentran: Chuschi, el Frontón, Huanta84, Barrios Altos y el Santa, entre otros.

El Ministerio Público advierte que “de aprobarse este proyecto se estaría afectando a más de 500 víctimas uy un número muy considerable de los familiares de estas”.

PRIMER PRONUNCIAMIENTO

En la víspera, la fiscalía El Ministerio Público publicó otro comunicado, esta vez firmado por fiscales supremos y los presidentes de la Juntas de Fiscales Superiores y de las Juntas de Fiscales Provinciales del Perú.

Allí, expresaron su rechazo a tres proyectos de ley que están en manos del Congreso porque afectan su institucionalidad y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). 

Una de las iniciativas (PL 8040/2023-CR) del 4 de junio de 2024, busca reorganizar la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). También la propuesta que crea la Escuela Nacional de la Magistratura y del predictamen para modificar el Código Procesal Penal y la Policía Nacional del Perú investigue delitos.

RESPUESTA DEL CONGRESO

Esta mañana, el Congreso de la República rechazó el pronunciamiento del Ministerio Público y exigió respeto a la labor parlamentaria en virtud al principio de separación de poderes.

Asimismo, exigieron a la fiscalía dejar de lado la politización y centrar sus esfuerzos en la lucha contra seguridad ciudadana, para que los responsables respondan ante la justicia.

/RAM/

La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, respecto al proyecto de Ley N° 6951/2023- CR, "Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana", expresa una postura institucional de rechazo debido a las implicancias negativas que genera, y precisa lo siguiente:

1.       El referido proyecto de ley resulta inviable jurídicamente, toda vez que la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, con lo cual se generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares.

2.       La propuesta normativa sobre la vigencia del Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, resulta evidentemente inconstitucional al ser incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia de derechos humanos y los estándares del derecho internacional (ius cogens), los cuales preceptúan que los Estados no pueden emitir disposiciones de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad penal, puesto que tienen la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos, como las investigaciones y procesos judiciales que se encuentran a cargo de las fiscalías del Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad.

3.       De aplicarse dicha norma, una de las consecuencias jurídicas sería que un número importante de investigaciones y procesos judiciales, tendrían que ser archivados o concluidos,declarándose la prescripción de la acción penal en aproximadamente 600 casos. Entre ellos, los casos emblemáticos como Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos y el Santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cantuta-Pativilca, Cedruyo, Cantuta-Aldo Vásquez, Madre Mía, Humaya Chambara, Universidad del Centro, Paccha, Putis, Hilario Trucios, Casos del Comunicado de Prensa Conjunto, El Frontón, Mamérita Mestanza, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca y Galván Borja. Incluso impactaría de manera directa en los casos ya sentenciados. 

Asimismo, se advierte que, de aprobarse este proyecto de ley, se estaría afectando a más de 550 víctimas, y a un número muy considerable de los familiares de estas, y a la sociedad en su conjunto que tienen el derecho a conocer la verdad. Es preciso indicar que la mayoría de los casos antes indicados se encuentran en permanente supervisión de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En esa línea, el Ministerio Público, resalta que es importante llamar a la reflexión y análisis para que el referido proyecto de ley sea archivado por constituirse en una ley inconstitucional. 

/AC/NDP/