Política

El presidente de la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto (AP), informó que este grupo de trabajo realizará una sesión extraordinaria para que el ministro de Transportes y Comunicaciones y representantes de Corpac respondan respecto a la demora de vuelos en los aeropuertos del país.

"Nosotros como Comisión de Defensa del Consumidor estamos convocando a una sesión extraordinaria el día lunes para que el ministro de Transportes y Comunicaciones y los señores de Corpac vengan a responder ante este hecho", señaló.

El parlamentario visitó el aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde declaró ante los medios de comunicación.

"Esto no es un caso nuevo, es reiterativo y como presidente de la comisión de Defensa del Consumidor estoy preocupado. Nos hemos entrevistado en la oficina de Indecopi, también en la oficina de Ositran, hay varias personas que han presentado sus quejas y reclamos", agregó.

De acuerdo con Soto, alrededor de 6 mil usuarios han sido afectados ante retrasos y cancelaciones de vuelos. Por su parte, el ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, indicó ante los medios que dicha situación se estaría regularizando en el transcurso del día de hoy.

Asimismo, a través de un comunicado, Corpac señaló que se han incrementado los tiempos de separación entre vuelos, afectando la regularidad de las operaciones aéreas a nivel nacional, lo que implica una demora en el flujo de ingresos y salidas de vuelos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Los principales gremios aeronáuticos alertaron que la separación de vuelos por parte de Corpac genera demoras de salidas, que van desde los 30 minutos hasta las tres horas.

Ello implica la afectación de 120 vuelos y un total de seis mil pasajeros afectados, sobre todo en las ciudades de Ayacucho, Cajamarca, Jauja e Ilo.

/DBD/

El Ministerio de Relaciones Exteriores dejó sin efecto la Resolución Suprema 188-2023-RE con la que se nombró al ministro en el Servicio Diplomático de la República Alejandro Neyra Sánchez, como cónsul general del Perú en Washington D.C., Estados Unidos.

La medida figura en la resolución suprema 012-2024-RE, publicada hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, misma que fue refrendada por el canciller Javier González-Olaechea y la presidenta Dina Boluarte.

Asimismo, la Cancillería dio por terminadas las funciones de la embajadora en el Servicio Diplomático de la República María Landaveri Porturas, como cónsul general del Perú en Nueva York, Estados Unidos.

Ello se dio a través de la Resolución Suprema 014-2024-RE en la que también se dispuso "cancelar las Letras Patentes correspondientes, a partir de la fecha de término de funciones, que será fijada mediante Resolución Viceministerial".

/DBD/

Con motivo de conmemorarse el Día de Lucha contra el Trabajo Forzoso, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, lideró la suscripción del Pacto de Adhesión “Unidos contra el Trabajo Forzoso”, a fin de erradicar en nuestro país esta forma de explotación que atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.

Este acto ratifica la importancia del Protocolo Intersectorial contra el Trabajo Forzoso, aprobado el pasado 20 de diciembre mediante Decreto Supremo Nº 012-2023-TR, cuyo objetivo principal es fortalecer la coordinación entre las entidades públicas involucradas en la lucha conta este delito.

 Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), unos 27 millones de personas en el mundo fueron victimas de trabajo forzoso el año 2022. En atención al género, aproximadamente 15 millones de victimas son hombres y 12 millones son mujeres; en función a la edad, 24 millones de personas en situación de trabajo forzoso son adultos, mientras que uno 3 millones son niños, niñas y adolescentes.

/LR/

El embajador de Perú en España, Walter Gutiérrez, señaló que durante los últimos 30 años España ha invertido un aproximado de 40 mil millones de dólares en el Perú, hecho que contribuye a consolidar nuestro país como un espacio para realizar operaciones comerciales.

“En los últimos 25 a 30 años, España ha invertido 40 mil millones de dólares en el Perú, esto ha generado una oferta laboral, es decir puestos de trabajo, por 1 millón 300 mil en este tiempo”, resaltó el embajador en conversación con la Agencia Andina.

Gutiérrez destacó también la labor desarrollada por el B.A.P. Unión a su arribo al puerto de Cádiz, España, ya que permite que una gran cantidad de personas a nivel mundial conozcan la oferta peruana en materia de exportación, cultura, gastronomía e inversión.

"(El B.A.P. Unión) es una embajada itinerante, es decir, estamos dando la vuelta al mundo con una embajada y estamos exponiendo nuestra cultura, informando sobre nuestras posibilidades turísticas y también sobre todas las alternativas de inversión que existe", recalcó.

"Esta es una experiencia que yo creo que es importante que el país conozca. Es un proyecto que revela que en el Perú las cosas se pueden hacer muy bien. Se puede articular al Estado, se puede planificar, se puede organizar y se puede ejecutar con éxito", agregó.

Asimismo, señaló que en el caso particular de España, el Perú ha construido una relación muy estrecha, reconociéndolo como un aliado estratégico en diferentes espacios internacionales, siendo el más reciente el proceso de adhesión de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“España es nuestro aliado estratégico y somos un aliado estratégico para España porque Europa, en este nuevo contexto internacional, mira a América Latina y al Perú como una posibilidad de expansión de un desarrollo paritario e igualitario, de manera que las personas, los ciudadanos, los empresarios miran al Perú como un espacio en el que pueden hacer negocios, invertir, realizar operaciones comerciales y también turismo”, aseguró.

/ANDINA/PE/

El Consejo Técnico para la reforma del sistema de justicia realizó hoy su segunda sesión de trabajo, con el fin de continuar avanzando con la agenda planteada en esta materia por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, en la reunión del 9 de enero pasado en Palacio de Gobierno.

Este equipo técnico tiene la tarea de recabar y consolidar los avances y propuestas de las instituciones del sistema de justicia, que serán presentadas en la próxima reunión del Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, programada para la primera semana de marzo.

En la sesión de hoy, representantes de las entidades del sistema de justicia presentaron los temas priorizados que tienen en cartera, los que se irán consolidando en los próximos días. Asimismo, presentaron los avances alcanzados por cada institución. Entre las principales demandas que se pusieron sobre la mesa durante la sesión están los temas presupuestales, la provisionalidad de jueces y fiscales, entre otros.

El equipo técnico, cuya coordinación recae en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), realizará una evaluación de los informes expuestos por cada sector, para presentar luego un plan de trabajo que permita cumplir con el encargo del Consejo de reforma del sistema de Justicia.

La próxima reunión del grupo de trabajo técnico tendrá lugar el lunes 12 de febrero, en la sede del Minjusdh. 

En la reunión de hoy participaron representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Academia de la Magistratura, Jurado Nacional de Elecciones y Congreso de la República.

Asimismo, acudieron representantes de la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

/NDP/PE/

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso mantener vigente la medida que congela las cuentas bancarias de la persona jurídica Villaverde Company S.A.C, vinculada al empresario Zamir Villaverde, investigado por el presunto delito de lavado de activos, en el cual está comprendido también el expresidente Pedro Castillo.

La titular de este juzgado, Soledad Barrueto, sustenta su decisión en que a la fecha todavía no se han realizado las pericias contables oficiales que determinen la procedencia lícita de las cuentas bancarias de dicha empresa.

Tomó esta decisión ante el pedido formulado por la defensa de Villaverde Company S.A.C para levantar el congelamiento de las cuentas bancarias, en el marco de la investigación por lavado de activos en agravio del Estado.

Se mantiene la medida sobre cinco cuentas bancarias existentes en diferentes entidades financieras.

Villaverde es investigado por integrar una presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo, conjuntamente con el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; el exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco; Fray Vásquez, entre otros.

/PE/

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional, a fin de desarrollar actividades conjuntas para el intercambio de productos o herramientas informáticas, así como experiencias de buenas prácticas para la mejora de la gestión pública y la calidad orientada al ciudadano.

El acuerdo fue suscrito por el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto, y la jefa de la Oficina General de Administración del MEF, Fanny Vidal. Este tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 y podrá ser renovado previo acuerdo entre las partes.

Uno de los objetivos específicos del convenio establece que la ONPE brindará al MEF el Servicio de Sellado de Tiempo (TSA), un mecanismo que permite probar de forma fehaciente que un documento electrónico existe desde un momento específico y que el mismo no ha sido modificado desde entonces.

Las aplicaciones del sello de tiempo son múltiples y se puede aplicar a cualquier tipo de documento electrónico, siendo utilizado en diversos trámites, servicios o transacciones digitales.

Se utiliza para generar evidencias legales, garantizando que las transacciones y aquellos trámites administrativos, sujetos a un plazo de entrega, se produjeron en un momento determinado; o que los documentos electrónicos existían en un instante concreto y que no se han modificado posteriormente, asegurando protección y amparo legal ante infracciones jurídicas. 

En el caso del MEF, la ONPE brindará este servicio hasta por una cantidad no mayor de 287,093 sellos de tiempo durante la vigencia del convenio, el cual estará sujeto a la disponibilidad de recursos de la entidad.

Para este efecto, el organismo electoral establecerá, implementará y mantendrá controles de seguridad física y lógica de este servicio, así como la correcta ejecución de los procesos criptográficos durante la generación del sello de tiempo.

En virtud del acuerdo, la ONPE también destinará personal profesional y técnico necesario para ejecutar asistencia técnica, asistirá a las reuniones de coordinación y realizará acciones que garanticen el cumplimiento de los planes de trabajo que se aprueben de común acuerdo.

Por su parte, el MEF se compromete a compartir información, documentación, metodologías o conocimientos a través de acciones de capacitación, difusión y educación dirigidas al personal del ente electoral, que permitan el cumplimiento del objetivo del convenio.

El convenio de colaboración interinstitucional no tiene carácter contractual, no persigue fines de lucro, no implica la transferencia de recursos económicos ni pagos de contraprestación alguna entre las dos instituciones, más que la colaboración entre las partes que establezcan los principios generales y condiciones que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del convenio, informó la ONPE.

Beneficios del Sello de Tiempo

Sobre el papel, el sello fechador o la fecha al final de un escrito, constata un instante exacto y atestigua la existencia de un documento.

Mientras que, en los documentos y en las transacciones electrónicas, es el servicio de sellado de tiempo el que proporciona un sello digital de integridad de datos, certificando, mediante fecha y hora exactas, la existencia de una serie de datos digitales en un momento concreto.

Esto otorga transparencia y ofrece mayor confianza por parte de todos los actores que participan en el proceso, precisó la ONPE.

/NDP/PE/

El parlamentario Esdras Medina, del grupo congresal, Unidad y Diálogo Parlamentario, propone crear la Policía Municipal, que podrá emplear armas en situaciones de extrema gravedad y estará bajo la jurisdicción y responsabilidad de las municipalidades.

El propósito de esta iniciativa, según su autor, es fortalecer el sistema de seguridad ciudadana, mediante la implementación de medidas que contribuyan a la prevención, detección y respuesta ante posibles amenazas.

La Policía Municipal, de acuerdo a la iniciativa, estará conformados por ciudadano mayor de edad que haya completado de manera satisfactoria el entrenamiento y capacitación, conforme a los lineamientos establecidos en el reglamento de la esta ley.

También por el personal de serenazgo, luego de aprobar el entrenamiento y capacitación, de acuerdo con las directrices del reglamento de esta ley. En el caso de los serenos que provengan de las Fuerzas Armadas, su formación tendrá un plazo de 90 días.

Dispone además a que los miembros de la Policía Municipal puedan emplear armas, incluso de carácter letal, solo en situaciones de extrema gravedad. 

“El uso de armamento por parte de la Policía Municipal se limitará a casos de especial gravedad, guiándose por los principios de proporcionalidad y estado de necesidad, y de conformidad con el derecho internacional humanitario”, dice la iniciativa.

El proyecto de ley argumenta que la creciente tasa de criminalidad en el país ha rebasado la capacidad estratégica y represiva de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad ciudadana. 

Frente a ello, Medina considera que Policía Municipal busca ser una medida efectiva y coordinada para restablecer la seguridad ciudadana y proteger los derechos fundamentales de la población.

/PE/

En ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte reafirmó el firme propósito de su Gobierno de erradicar el trabajo forzoso, y llamó a la población a denunciar en la línea 1819 este tipo de situaciones.

“El trabajo forzoso es un flagelo que no podemos tolerar en la sociedad, el Gobierno ratifica su firme propósito de trabajar por su erradicación en el país”, aseveró.

Indicó que, para avanzar en esta tarea, se aprobó el protocolo intersectorial que establece una hoja de ruta para enfrentar el trabajo forzoso, con enfoque en la victima y que marca el comienzo de una estrategia coordinada y efectiva.

Además, sostuvo la mandataria, se lanzó la Línea 1819, un recurso vital para atender a quienes que corren el riesgo de caer en situaciones de trabajo forzoso. La línea brinda asistencia a quienes lo necesitan y sirve como medio para identificar y prevenir estos casos.

“No olvidemos el número 1819, agarremos el teléfono y hagamos la llamada, todos estarán atendidos”, refirió.

La jefa de Estado aseveró también que no debe volver a repetirse hechos como el dramático incendio ocurrido en Las Malvinas, donde murieron jóvenes que fueron encerrados por sus empleadores. “Ese tipo de situaciones nunca más deben darse”, subrayó.

En ese marco, resaltó el compromiso de las altas autoridades del país que se sumaron al pacto Unidos contra el Trabajo Forzoso, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y la Organización Internacional del Trabajo para los países andinos.

“El Pacto es una muestra de que estamos unidos en la determinación de poner fin a la despreciable práctica del trabajo forzoso, es fundamental que todos se unan en esta lucha, celebro el apoyo y compromiso de quienes han decidido sumarse a esta causa noble y urgente”, manifestó.

Precisó que el Gobierno no cesará en su trabajo articulado para poner fin a este flagelo ni escatimará esfuerzos para combatirlo en todas sus formas.

“Estamos comprometidos en perseguir a los que perpetúan esta violación a los derechos humanos y a proteger a las víctimas que sufren las consecuencias devastadoras, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos compromiso de todos; solo juntos, unidos en una misión común, podremos erradicar este flagelo”, sostuvo.

Finalmente, la mandataria llamó a la acción de todos los ciudadanos para que, desde su posición y posibilidad, se involucren y contribuya a erradicar el trabajo forzoso y a lograr un cambio duradero en el país, donde se respeten los derechos de todos.

/AC/Andina/

El congresista Abel Reyes, de la bancada Perú Libre, presentó un proyecto de reforma constitucional que plantea el desafuero del parlamentario que renuncia a su organización política sin justificación, para ser reemplazado por su accesitario.

El proyecto de reforma N° 6928/2023-CR que busca fortalecer las organizaciones políticas en la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, propone modificar el artículo 92 de la Constitución para que se garantice que los ciudadanos se sientan representados válidamente por sus congresistas.

Con ese propósito, incorpora como prohibición de la función parlamentaria el cambiarse de organización política sin causa justificada y, en caso de ser expulsado, que su partido informe a la Comisión de Ética las razones de su separación.

“Si se determina que el congresista ha renunciado a su organización sin justificación alguna, la Comisión de Ética informará a la Comisión Permanente para que, de acuerdo al artículo 99 de la Carta Magna, se acuse al parlamentario por infracción al artículo 176 de la Constitución”, indica la iniciativa.

"Si el congresista ha sido destituido en juicio político por infracción a la Constitución, será reemplazado por el accesitario de acuerdo al artículo 25 del Reglamento del Congreso”, añade el proyecto.

Señala que el apartamiento de un congresista de su partido genera que la ciudadanía sienta “engaño, falsedad, traición” al observar que el congresista al que le dio su voto ya no piensa igual que antes en un tiempo breve.

El congresista Reyes precisa también que el ciudadano tiene derecho a demandar la rendición de cuentas de sus autoridades con respecto a las propuestas y promesas que hicieron como candidatos, las misma que están respaldadas por el ideario y el plan de gobierno de su organización política.

Considera que, de acuerdo a la Constitución, los ciudadanos ejercer sus derechos a través de las organizaciones políticas, las mismas que contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, por lo que un congresista que cambia de partido sin justificación, infringe la Carta Magna que garantiza que el escrutinio es el reflejo exacto de la voluntad popular.

/DBD/