Política

El congresista José Cueto respaldó la intención de diálogo de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para restablecer el orden y el turismo en la ciudad del Cusco, tras cinco días de huelga por parte de organizaciones que se oponen a la venta de boletos en la plataforma digital tuboleto.cultura.pe.

Ante ello, señaló que, si la titular de la cartera está enfrentándose a mafias y grupos radicalistas que pretenden continuar lucrando con la venta ilegal de boletos a la Llaqta Machupicchu, no apoyará ninguna interpelación.

“Si esta es la razón de la interpelación, de la censura, no estoy de acuerdo, porque se esta enfrentando a mafias y me parece bien, es lo que muchos ministros deberían hacer”, expresó el parlamentario de Renovación Popular.

Sobre la iniciativa del sector Cultura, de contar con una plataforma digital, dinámica y segura para la venta de boletos a la ciudadela inca y otros destinos turísticos, señaló estar de acuerdo con esta forma de venta que se aplica en países de todo el mundo.

“Estoy de acuerdo con que como en cualquier parte del mundo se venda los tickets de forma digital. Quienes se están oponiendo, tienen un punto de vista demasiado radical. No debería aceptarse esos términos porque están yendo en contra de la ciudad que vive del turismo, porque ellos quieren seguir manejando el tema de los tickets”, resaltó.

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El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, ratificó el compromiso de su gestión para mejorar las condiciones laborales de los servidores judiciales durante las reuniones que sostuvo con representantes de tres importantes federaciones de trabajadores judiciales.

“Hemos tenido reuniones que han sido muy fructíferas; estamos trabajando en favor de los servidores”, afirmó la máxima autoridad judicial.

Participaron en las reuniones los dirigentes de la Federación de trabajadores del Poder Judicial (lFETRAPOJ-PJ), la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial FENASIPOJ-PERÚ y de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial del Perú-FNTPJ.

Entre los temas abordados estuvieron los referidas a la estabilidad laboral, la situación de los trabajadores del régimen CAS, entre otros.

Las citas tuvieron lugar en horas de la mañana hasta el mediodía, en Palacio Nacional de Justicia.

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Tras escuchar los alegatos de las partes, el juez Littman Ramírez Delgado, titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio – Corte Superior Nacional, informó que dará a conocer en el plazo de ley su decisión en torno al pedido de detención domiciliario contra Alberto Fujimori solicitado por la Fiscalía.

“Se les notificará en sus casillas respectivas”, dijo el magistrado al levantar la audiencia de variación de comparecencia simple a detención domiciliaria en el caso Pativilca.

Alberto Fujimori sostuvo, durante su intervención, que el pedido de la fiscalía vulnera su derecho a la libertad y a la salud, y que una medida restrictiva en su contra sería un camino al “deterioro” de su salud y al “acortamiento de vida”.

Dijo además que reside en la casa de su hija Keiko Fujimori, hecho que acreditó con diferentes documentos, y que cuenta con ingresos como jubilado de la Universidad Nacional Agraria La Molina y honorarios producto de la publicación de sus libros.

“Uno vive de su jubilación, tengo recursos de acuerdo a mis posibilidades, mi edad y mis conocimientos, lo que puedo hacer es sentarme a escribir mis memorias”, argumento ante la Sala

En una participación virtual, el expresidente precisó que si bien está clínicamente estable, es un paciente que depende del oxígeno y de un tratamiento médico con determinadas condiciones que sería imposibles en caso de una supuesta fuga y que “sería peligroso” ante una detención domiciliaria.

Informó también que aun cuando tiene un pasaporte activo, renuncia a la posibilidad de obtener ese documento y se somete a los procedimientos que podría establecer la sala sobre este particular porque su voluntad es someterse a los procesos judiciales.

En ese sentido, al igual que su defensa técnica a cargo de Elio Riera, solicitó al juez que se desestime el pedido de la fiscalía y se mantenga la condición de comparecencia simple.

El Ministerio Público, a su turno dijo que el arresto domiciliaria puede ser solicitado en cualquier momento del proceso judicial, siempre y cuando cumpla son su finalidad

Dijo que a criterio del Ministerio Publico, en este caso correspondería una detención preliminar, sin embargo, considerando la edad y las condiciones de Fujimori, solicitan la detención domiciliaria

Fundamentó su pedido en que si bien hay documentos que acreditan el domicilio de Fujimori, ello no reduce el peligro de fuga del investigado, dado que cuenta con un pasaporte activo, por lo que solicitó al juez analizar este punto en conjunto con los demás presupuestos que justifican la medida.

Respecto al arraigo laboral, el fiscal puntualizó que la publicación de los libros del Fujimori es una actividad económica que no genera una vinculación larga y concreta, sino más bien una relación casual.

“Se cumplen los presupuestos para una prisión preventiva y, atendiendo a la gravedad del investigado, resulta razonable y proporcional el arresto domiciliario para evitar cualquier tipo de fuga en este caso”, aseveró.

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El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, evaluará en febrero el pedido de apercibimiento de la fiscalía contra el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por comunicarse con un testigo.

Torres, de acuerdo al Ministerio Publico, habría incumplido las reglas de conducta al haberse comunicado con el exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, pese a la prohibición dispuesta por el Poder Judicial.

El extitular de la PCM es investigado por el presunto delito rebelión, en el frustrado golpe de Estado que lideró el expresidente Pedro Castillo. Bobbio, a su vez, es testigo de la fiscalía en este mismo caso.

Las reglas de conducta que impuso el Poder Judicial a Aníbal Torres, como parte de la medida de comparecencia con restricciones que pesa en su contra, le impide expresamente comunicarse con los demás investigados y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación.

Bobbio dijo recientemente en una entrevista radial que conversó con Aníbal Torres, a propósito de cumplirse un año del golpe de Estado de Pedro Castillo.

Duberlí Rodríguez, abogado del expremier puntualizó que se trató de una visita protocolar que Bobbio hizo a la vivienda de su patrocinado, la misma que se realizó luego de que el exministro declaró ante el Ministerio Público por este caso.

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La Iniciativa APEC Ciudadano Perú 2024, lanzada hoy por la Cancillería, busca acercar a los peruanos la trascendencia que el desarrollo del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico tendrá para el país, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea.

En ese sentido, consideró necesario “acercar todo lo que hacemos a todas las personas en nuestro país”, indicó el canciller durante el lanzamiento de la mencionada iniciativa.

Ofreció, asimismo, promover que los acuerdos que se emitan desde el mencionado foro, “aterricen en diagnósticos y propuestas disruptivas” y que se evite lo meramente declarativo, ya que la ciudadanía exige resultados

González-Olaechea dijo estas palabras en la ceremonia de lanzamiento de APEC Ciudadano, realizada en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta contó con la presencia de autoridades gubernamentales, universitarias y diplomáticos foráneos.

Se trata de una iniciativa elaborada en la Cancillería destinada a realizar actividades en las que se darán a conocer los beneficios y oportunidades que ofrece al Perú la realización de este foro.

Empresa privada

El ministro de Relaciones Exteriores recordó que la lógica de APEC es la de “fomentar la valía insustituible de la empresa privada en la creación de oportunidades para hombres y mujeres”.

En ese contexto, el papel que le corresponde desempeñar al Estado es “orientador”, y eso no es un rol menor, consideró.

González Olaechea destacó también que para participar en los encuentros de APEC a realizarse en Perú llegarán aproximadamente 10 mil personas. También resaltó que estos se vayan en realizar a en diversos puntos del país y no solo en Lima.

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El asesinato de una alta autoridad como un presidente de la República, congresistas, fiscales y jueces titulares o cualquier funcionario elegido por mandato popular es sancionado con la pena privativa de la libertad de 25 a 35 años de prisión y no cuenta con beneficios penitenciarios.

Así lo sostuvo el juez superior titular Edhin Campos Barranzuela quien señaló que así lo estipula el artículo 108 – A del Código Penal, que tipifica dicho delito como homicidio calificado por la condición de la víctima.

“El artículo 108-A del Código Penal establece que quien asesina a un alto funcionario público comprendido en el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, autoridad elegida por mandato popular, será reprimido con pena privativa no menor de 25 ni mayor de 35 años. Y se conoce como magnicidio”, explicó.

En esa misma línea, el magistrado aclaró que la ley no contempla ningún tipo de beneficio penitenciario a quien comete este delito debido a la gravedad de la pena que ello implica.

Sin embargo, señaló que en caso la autoridad o funcionario público haya sido atacada con el objetivo de impedir el trabajo que viene realizando, el victimario podría recibir una condena de dos años de prisión, según lo establece el artículo 365 del Código Penal.

En este caso, aclaró que la ley estipula que para ser considerado un delito debe comprobarse que existió una clara intención de dolo, es decir, una clara intención de atentar contra la integridad física del funcionario o la alta autoridad.

 “No es lo mismo que se ataque a un alto funcionario mientras este se encuentra fuera de su labor jurisdiccional que cuando está realizando una diligencia de desalojo y le cae una piedra en la cabeza. Ahí, se está ejerciendo un atentado contra la autoridad al ejercer una labor oficial”, aclaró.

Investigación

Por otro lado, afirmó que este delito puede ser abierto de oficio por el Ministerio Público o ante una denuncia o petición de parte.

“Nuestro sistema procesal penal acusatorio ha establecido que la noticia criminal puede establecer hasta cuatro modalidades. A través de denuncia de partes, de un tercero que puede denunciar el hecho, por un medio de comunicación o un proceso judicial de carácter no penal”, finalizó.

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La presidenta de la república, Dina Boluarte, destacó hoy los lazos de hermandad con Ecuador tras haber solucionado sus diferencias limítrofes, proyectándose a un futuro de cooperación e integración.

La jefa de Estado dio estas palabras durante la ceremonia por el 43° aniversario de las Operaciones en la Cordillera del Cóndor.

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La presidenta de la república, Dina Boluarte, participa esta mañana en la ceremonia por el 43° aniversario de las operaciones de la Cordillera del Cóndor.

La actividad se desarrolla desde las 10:00 horas en el Cuartel General del Ejército, en San Borja, de acuerdo con la agenda de la mandataria.

Las operaciones en la Cordillera del Cóndor, ubicada entre las regiones Cajamarca y Amazonas, empezaron el 30 de enero de 1981, luego de que el Ejército peruano descubriera que militares ecuatorianos ocupaban puestos de vigilancia fronterizos situados en territorio nacional.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores designó al diplomático Arturo Arciniega Calderón como el nuevo embajador de Perú ante la República Helénica de Grecia.

Dicho nombramiento fue oficializado por la referida carretera ministerial mediante la resolución suprema 008-2024-RE, que aparece hoy en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Se indica en tal sentido, que la fecha en la que se inicien las funciones mencionadas será establecida a través de una resolución ministerial.

El mencionado diplomático se ha desempeñado como director general de la Oficina de Protocolo de la Presidencia de la República.

Cese de funciones

Asimismo, hoy aparece publicada entre las normas legales difundidas vía el Diario Oficial El Peruano, la resolución suprema 007-2024-RE, mediante la cual se dieron por terminadas las funciones de Javier Yépez Verdeguer, quien hasta la fecha se desempeña como embajador de Perú ante Grecia.

De igual manera también se dan por terminadas las funciones de dicho diplomático como embajador peruano ante Chipre, Bulgaria y Albania.

En todos esos casos, la fecha de cese de funciones también será establecida vía resolución ministerial, se indica.

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El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Ica, Moquegua y Pasco, por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales.

Esta medida se oficializa a través del Decreto Supremo Nº 005-2024-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El estado de emergencia permitirá la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

En tal sentido, los Gobiernos Regionales de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Ica, Moquegua y Pasco y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de los Ministerios de Salud, Vivienda, Educación, Transportes, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, Mujer, Desarrollo e Inclusión Social, Interior, Defensa, y demás instituciones públicas y privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Corredor Vial Sur

De otro lado, por medio de otro decreto supremo se declara el estado de emergencia en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa, con el plazo de 30 días calendario a partir del 5 de febrero de 2024.

La medida también incluyen los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía, siendo que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Durante el estado de emergencia se aplica lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los numerales 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Carta Magna.

El estado de emergencia tiene la finalidad de preservar y/o restablecer el orden interno, así como garantizar los derechos constitucionales de la población, frente a la proyección de escalamiento de las acciones de fuerza y actos violentos en el territorio por donde atraviesa el referido corredor vial.

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