Política

El Pleno de la representación nacional aprobó la Resolución Legislativa del Congreso de la República que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar a partir del día siguiente del término de la primera legislatura ordinaria del Periodo Anual de Sesiones 2024-2025 hasta el 28 de febrero de 2025.

La decisión se adoptó por 88 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones, y se da en cumplimiento a lo establecido en el inciso 4) del artículo 101 de la Constitución Política del Perú.

De esta manera, la Comisión Permanente podrá legislar sobre los siguientes asuntos: los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones.

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Además, las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

De igual forma, se precisa en el artículo 2 de la resolución legislativa las limitaciones de la Comisión Permanente.

“Exclúyense de los asuntos a que se refiere el artículo anterior aquellos cuya delegación a la Comisión Permanente no procede, según lo establecido en el segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 de la Constitución Política del Perú”, señala la resolución legislativa aprobada.

«El proyecto de resolución legislativa no requiere de segunda votación», precisó la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez, quien condujo la sesión plenaria.

Cabe indicar que la primera legislatura ordinaria del Periodo Anual de Sesiones 2024-2025 culmina este 15 de diciembre.

/NDP/RH/

La congresista María Grimaneza Acuña Peralta de Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley para autorizar el retiro del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José.

Este proyecto busca autorizar a la presidencia del Perú presentar un instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de proceder con el retiro del tratado internacional. 

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Estas acciones se realizan a fin de implementar la pena de muerte para delitos relacionados a la criminalidad, ya que este tratado internacional impide ampliar la pena capital en el país.Así lo indicó en las motivaciones del proyecto de ley que pretende retirar al Perú del Pacto de San José.

¿QUÉ MOTIVÓ EL DEBATE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PENA DE MUERTE?

Con la propuesta de la mandataria de la república, Dina Boluarte, sobre abrir el debate respecto a la reinstauración de la pena de muerte en el Perú para violadores de menores de edad, diversas autoridades mostraron su posición sobre esta medida. 

Por ello, Acuña presentó esta iniciativa lesgislativa luego del anunció de la mandataria. 

Recordemos que, esta semana se abrió el debate sobre la implementación de esta medida a raíz del asesinato de una menor de 12 años en Pachacámac. “Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores”, declaró Boluarte. 

Cabe precisar que, la pena de muerte en el Perú solo puede aplicarse "por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada", según el artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993.

¿QUÉ PAÍSES ABANDONARON EL PACTO DE SAN JOSÉ?

De acuerdo con el artículo 78.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados partes podrán salir de la convención "mediante un preaviso de un año".

En Venezuela presentó el 10 de septiembre de 2012 un instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la denuncia surtió efecto a partir del 10 de septiembre de 2013.

Asimismo, Trinidad y Tobago presentó el 26 de mayo de 1998 una denuncia ante el Secretario de la OEA. Esta denuncia surtió efecto a partir del 28 de mayo de 1999.

/CRG/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, dirigió este jueves un mensaje a la nación para pronunciarse sobre dos recientes casos de índole estrictamente personal, los cuales han sido expuestos por la prensa y han generado críticas en su contra.

“No hay nada irregular, antiético ni ilegal en mi actuación. Yo no oculto a delincuentes, no uso bienes estatales para encubrir a personas buscadas por la justicia”, señaló la jefa de Estado, quien estuvo acompañada por los integrantes del Gabinete Ministerial.

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La mandataria refirió que han pasado dos años desde que asumió constitucionalmente el cargo de presidenta de la república. En todo este tiempo, se ha logrado ejecutar una serie de obras en beneficio de todos los peruanos, como las Escuelas Bicentenario, el destrabe de grandes proyectos de irrigación, el megapuerto de Chancay y el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, entre otros.

También se ha conseguido que nuestro país sea sede de grandes eventos internacionales, como el Foro APEC 2024, que reunió a las economías más importantes del planeta, lo que ha hecho que el Perú sea considerado como un destino confiable para las inversiones internacionales.

“Nuestra economía está en crecimiento constante. Nuestra moneda es la más fuerte de la región. El Banco Mundial ha reconocido que el Perú es el único país de la región que ha ganado la batalla contra la inflación. Penosamente para algunos, todo ello no importa nada. Para algunos, les resulta más relevante saber dónde y con quién estuvo la presidenta, o qué lugares visitó, o se encuentran más pendientes de la salud o las intervenciones médicas a las que pudiera someterme, pretendiendo criminalizarlas para desestabilizar una gestión que viene trabajando incansablemente por el Perú”, sostuvo.

PRESIDENTA BOLUARTE SE DEFIENDE DE ACUSACIONES

Boluarte criticó que se hayan creado escenarios hipotéticos y leyendas mediáticas con casos como el denominado Cofre. “La Fiscalía de la Nación ha sido un instrumento de ello. Sin embargo, hasta el momento no me ha llamado a declarar. Desde el inicio de la investigación, el 24 de septiembre, al día de hoy han pasado 79 días y no les interesa mi versión, pero sí la versión irresponsable”, dijo.

La mandataria señaló que nunca acudió a Mikonos y que no conoce ese condominio. “Fui a otro lugar, por invitación y acompañada de una amiga, que no es la persona que se dice y cuya identidad señalaré cuando el Ministerio Público se digne llamarme. Fui a una reunión familiar, pernocté en la casa, en el hogar de esa familia, y al día siguiente regresé”, expresó.

Sobre la presunta cirugía estética, deploró que este tema haya sido introducido en una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, a la que fue citado un exfuncionario del actual gobierno, y que tenía como agenda fija cuatro temas que no tenían nada que ver con la intervención quirúrgica.

“Lo introdujeron olvidando los cuatro puntos de agenda, dentro de los cuales se encuentran serias imputaciones dadas por una ciudadana, por una mujer como muchas peruanas, en contra de aquel funcionario. Sin embargo, las graves imputaciones formuladas en su contra fueron menos importantes que la historia construida hábilmente para desviar su responsabilidad”, aseveró.

Indicó que sí fue sometida a una intervención quirúrgica, pero que esta no fue una intervención estética. Fue una intervención necesaria e imprescindible para su salud, la cual no le generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer sus funciones.

Presidenta Dina Boluarte desmiente acusaciones y aclara que fue sometida a une intervención por temas de salud. Foto: Presidencia.

“Una persona incapacitada, que está impedida de realizar funciones intelectuales, motoras, de coordinación y circulación, no suscribe 91 normas. Una persona con estas patologías y dificultades no decide, no ejecuta, no tiene comunicación alguna. La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta constitucional de la república”, recalcó.

PRESIDENTA BOLUARTE DISPUESTA COLABORAR CON LA FISCALÍA

La presidenta se mostró dispuesta a colaborar con el Ministerio Público y a renunciar a su derecho a la confidencialidad médica cuando la Fiscalía la cite. “Entregaré mi historia clínica y demostraré, con medios probatorios suficientes, lo que estoy manifestando, a través de una declaración regular y oficial”, indicó.

Aclaró que desde que inició su gestión ha sido objeto de un acoso permanente, con el único propósito de generar crisis en el gobierno y, como consecuencia de ello, generar continuamente intentos fallidos de vacancia. Se mostró en contra de que temas que tienen que ver con su vida privada marquen la agenda y que pretendan que estos sean más importantes que el crecimiento económico.

“Hago un llamado a las peruanas y peruanos de buena voluntad para que se sumen al consenso por la paz y el desarrollo. Mantengamos un diálogo constructivo, alejado de los odios y la violencia, en torno a los grandes intereses de la nación”, finalizó.

El pleno del Congreso de la República en segunda votación, no aprobó el dictamen que propone la reelección por un periodo adicional de manera inmediata para alcaldes y gobernadores regionales. La iniciativa incluía también la eliminación de movimientos regionales

El proyecto de reforma constitucional de los artículos 35, 191 y 194 de la Carta Magna obtuvo 70 votos a favor, 35 en contra y cinco abstenciones. Se requería de 87 votos para ser aprobado.

En mayo del presente año, el texto de reforma constitucional había sido aprobado en primera votación con 91 votos a favor, 25 en contra y 3 abstenciones.

Posteriormente, el pasado 20 de noviembre el dictamen fue sometido a segunda votación, pero la propuesta legislativa solo obtuvo 76 votos a favor.

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Tras la decisión del Pleno del Congreso, los parlamentarios Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), José Jerí y Héctor Valer (Somos Perú) presentaron reconsideraciones a la votación que rechazó la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. En virtud a ello, el proyecto de reforma constitucional fue sometido hoy nuevamente a segunda votación.

La propuesta normativa establecía que el gobernador regional es elegido conjuntamente con un vicegobernador regional, por sufragio directo por un período de cuatro años y podían ser reelegidos por un solo periodo adicional de manera inmediata.

De igual manera, señalaba que los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro años y podían ser reelegidos por un solo periodo adicional de manera inmediata.

Además, la propuesta de reforma constitucional modificaba el artículo 35 de la Constitución Política para eliminar los movimientos regionales.

"Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de partidos políticos de alcance nacional o alianzas entre estos, conforme a ley. Tales partidos y alianzas concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica", establecía el dictamen.

/MPG/ANDINA/

Nuevos avances en el Caso Lava Jato con la reciente incorporación de la empresa peruana ICCGSA como colaborador eficaz.

Así lo informó el Poder Judicial quién aprobó dicho acuerdo suscrito entre ICCGSA, el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público y la Procuraduría Pública Ad Hoc.

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¿DE QUÉ MANERA ICCGSA COLABORARÁ EN EL CASO LAVA JATO?

En dicho convenio con la justicia peruana, ICCGSA y cinco de sus ejecutivos reconocen culpabilidad por delitos de corrupción en 19 proyectos de infraestructura y se comprometen a brindar información importante para los procesos penales en curso.

La constructora reconoce, además que participó en 34 licitaciones públicas con el fin de dar la apariencia de competencia, bajo el esquema del denominado “Club de la Construcción”.

¿CUAL ES LA SENTENCIA HACIA ICCGSA POR EL CASO LAVA JATO?  

La sentencia ordena que ICCGSA deberá pagar al Estado peruano una reparación civil de más de S/ 181.1 millones en un plazo de 10 años. A dicho monto se sumarán también los intereses legales que se abonarán al final del cronograma de pagos.

El acuerdo fue homologado el pasado 26 de noviembre por el juez Ubaldo Callo Deza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.La Procuradora Pública Ad Hoc Caso Lava Jato, Silvana Carrion Ordinola, resaltó las acciones realizadas e indicó que también “se fortalecen los casos ‘Hospital de Moquegua’ y ‘Club de la Construcción’, donde están involucrados los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala”.

“Seguimos cerrando acuerdos de colaboración eficaz. Este es el quinto acuerdo con una empresa en el marco del mega caso Lava Jato. Significa un monto de reparación civil importante que el Estado empezará a cobrar de manera adelantada”, sostuvo Carrión.

El convenio establece que los pagos de reparación civil serán garantizados con la creación de un fideicomiso, el cual será administrado por la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) o el Banco de la Nación.

Asimismo, señala que ICCGSA no podrá iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado peruano, en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio.

/CRG/

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó sobre el fallecimiento de Miguel Rincón Rincón, excabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), quien se encontraba recluido en la Base Naval del Callao.

De acuerdo con lo informado por dicha institución, el terrorista murió este miércoles debido a una enfermedad irreversible que padecía, aunque no se brindan mayores detalles.

El interno Miguel Wenceslao Rincón Rincón, recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao - CEREC (CEREC), falleció el día de hoy tras padecer una enfermedad irreversible”, comunicó el INPE a través de su cuenta de X.

Miguel Rincón Rincón o “camarada Francisco” fue uno de los principales cabecillas del MRTA, junto con Víctor Polay Campos.

Cumplía una condena de 35 años de prisión, la cual vencía el año 2032. Antes había sido sentenciado a 32 años, pero la Corte Suprema dispuso elevar dicha pena en el año 2008.

/MPG/Andina/

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) continuará apoyando a la familia de la niña de 12 años, asesinada el 8 de diciembre pasado en Villa María del Triunfo, hasta que se haga justicia y el perpetrador de este crimen reciba la pena más severa, expresó Teresa Hernández, la titular del sector.

“Queremos decirle a la familia que vamos a seguir acompañándola durante todo el proceso, ofreciéndoles nuestros servicios especializados hasta que se logre justicia y se aplique la más alta sanción a este sujeto”, anotó en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros de hoy.

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Lamentó que casos como el de la menor se repiten de manera continua en Perú y que, según cifras del Ministerio del Interior (Mininter), al año se reportan 19 000 casos de personas desaparecidas, principalmente adolescentes mujeres.

“Detrás de una desaparición como en el caso al que me he referido, generalmente hay otra forma de violencia que puede ser feminicidio, violación sexual o trata”, refirió.

En este contexto, Hernández indicó que el gobierno nacional como los gobiernos regionales y locales colaboran de forma conjunta en las instituciones educativas mediante un programa llamado "Prevenir para proteger".

Afirmó que hasta la fecha se ha tratado el tema de las desapariciones con más de 8400 alumnos de colegios de Lima, Cusco, Loreto, Arequipa y Huaral.

/MPG/Andina/

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que se harán audiencias a nivel nacional, regional y local para escuchar las opiniones y el sentir de la población con respecto a la posibilidad de implantar la pena de muerte para violadores y asesinos de menores.

En conferencia de prensa, tras el Consejo de Ministros, indicó que este planteamiento de la presidenta Dina Boluarte es asumido con seriedad por el Ejecutivo y descartó que se busque un aprovechamiento político o que se trate de una “cortina de humo”.

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Arana señaló que, en aquella oportunidad, fue consultado por el congresista Jorge Montoya sobre qué se debería hacer para enfrentar tres delitos graves: la violación de menores de edad, el sicariato y el feminicidio, y a continuación el legislador planteó como posible solución el aplicar la pena de muerte, con la consecuente salida de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.

“Entonces frente a ese escenario, como corresponde, el Ggobierno no puede tener una posición sin realmente escuchar a la ciudadanía y a la población. Y lo que dije en aquel momento fue que esto iba a ser examinado minuciosamente en el Ejecutivo y en particular por el Ministerio (de Justicia)”, refirió, Arana.

A ello siguió la triste noticia del asesinato de una menor de 12 años en Villa María del Triunfo. Como se recuerda, este hecho fue mencionado por la presidenta Boluarte este miércoles y conllevó a que pidiera abrir el debate en torno a la pena de muerte para estos casos.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) expresó que no se pueden seguir tolerando este tipo de casos, donde no existe el más mínimo respeto por la vida humana. En esa línea, afirmó que, pese a los esfuerzos del Ejecutivo, “existe allí un gran problema por atender y la ciudadanía lo sabe”.

“Esta propuesta que la señora presidenta ha señalado -y que el Ejecutivo lo asume y en el Ministerio de Justicia lo vamos a implementar- es una propuesta seria. Vamos a someter a consideración de la ciudadanía, a nivel nacional, esta consulta para que se examine si en estos casos corresponde o no corresponde la pena de muerte”, dijo durante la conferencia de prensa.

En otro momento, el ministro Arana sostuvo que no están planteando la posibilidad de un referéndum y que es muy pronto para decir si se acudiría a esta figura, ya que no se conoce todavía la opinión de la ciudadanía.

Incluso, añadió que, el mecanismo usual es que el Ejecutivo haga directamente la denuncia del Pacto de San José y que dicha decisión sea vista por el Congreso, sin necesidad de un referéndum, y que luego seguiría otro procedimiento por parte del Parlamento para un eventual cambio de Constitución, pero prefirió no adelantarse y esperar a que la ciudadanía se exprese.

“Eso sí, anuncio (que) vamos a programar lo más pronto posible las audiencias nacionales, regionales y locales para escuchar el sentir de la población”, indicó el titular del Minjusdh.

/MPG/Andina/

El Consejo de Ministros expresó su respaldo a la propuesta de la presidenta Dina Boluarte sobre iniciar un debate para la instauración de la pena de muerte a los violadores de menores de edad.

Así lo indicó el ministro de Defensa, Walter Astudillo tras la sesión del Consejo de Ministros, realizada hoy, miércoles 11 de diciembre.

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Durante la sesión, el gabinete ministerial expresó su profundo rechazo y condena al crimen de una menor de 12 años en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT).

"En esa línea como gabinete ministerial coincidimos con la postura de la señora presidenta de la república, Dina Boluarte, de invitar al debate para analizar la pertinencia y necesidad de aplicar la pena de muerte a los violadores de menores", expresó el titular de Defensa.

El ministro de Defensa remarcó que la sociedad no puede tolerar desgracias como la ocurrida con la menor edad en VMT. Al respecto, mencionó que se deben realizar las articulaciones necesarias para que los operadores de justicia orienten su accionar a imponer la máxima pena a quienes cometen esos delitos.

Subrayó que es política del gobierno velar por los derechos humanos de todas las personas, así como por la seguridad y el crecimiento económico.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS DESTACÓ PROPUESTA DE DEBATE SOBRE PENA DE MUERTE

El titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien se encuentra en París, informó que el Perú tiene consagrada la pena de muerte en la Constitución Política, por lo que se debe ver si es posible ampliarla ante una causal de violación y muerte a menores de edad.

"No es algo que deba sorprendernos, en este debate que participe la academia, los partidos políticos, los intelectuales, los funcionarios de gobierno, eso es saludable, me parece lo adecuado, la presidenta no mandó un proyecto, no mandó una carta pidiendo que nos separemos del Pacto de San José", afirmó.

/CRG/

El Gobierno oficializó la norma que modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal, con la finalidad de garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La normativa, publicada en El Diario Oficial El Peruano, impide la detención inmediata de efectivos policiales que lesionen o causen muertes con sus armas en uso.

Asimismo, establecen que, por razones humanitarias, los agentes mayores de 80 años afrontarán su condena con detención domiciliaria con vigilancia electrónica.

¿CUÁL SERÁ EL PAPEL DE LOS FISCALES?

De acuerdo con la normativa, el fiscal no podrá solicitar detención preliminar judicial ni prisión preventiva contra el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad.

Ello se dispone, en los casos donde la policía, en función, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y, como consecuencia de ello, acontece alguna lesión o muerte.

"El fiscal se encuentra impedido de solicitar detención preliminar judicial, contra el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en cuadros que, en el ejercicio de su finalidad constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y, como consecuencia de ello, acontece alguna lesión o muerte", indica en la normativa.

¿QUÉ MÁS INDICA LA NORMA?

La ley, aprobada también por el Congreso de la República, especifica que los mayores de 80 años pasen su sentencia en arresto domiciliario. Así como lo indica el articulo modificado del nuevo Código Procesal Penal.

 /CRG/