Política

El Gobierno del Perú condenó enérgicamente el asalto a las sedes del Congreso, Presidencia y Tribunal Supremo en Brasilia, y cualquier intento de desconocer la legitimidad de las elecciones de octubre 2022 que dieron como ganador a a Luiz Inácio Lula da Silva.

En esa línea expresó su solidaridad con el presidente Lula da Silva y la democracia brasileña.

"El Gobierno del Perú condena enérgicamente el asalto a las sedes del Congreso, Presidencia y Tribunal Supremo en Brasilia, y cualquier intento de desconocer la legitimidad de las elecciones de octubre 2022. Nuestra solidaridad con el Presidente Lula y la democracia brasileña", se lee en un mensaje en la cuenta de Twitter de la Cancillería.

Seguidores del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro invadieron hoy el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y la Corte Suprema, después de haber irrumpido antes en el Congreso Nacional en actos golpistas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

/LD/Andina/

La Presidenta de la República, Dina Boluarte, lidera esta mañana una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.

Según la agenda divulgada por la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, esta sesión se realiza desde las 09:00 horas.

Dicha actividad, de acuerdo a lo informado, se desarrolla en la sede del Poder Ejecutivo.

/JN/

La Comisión Parlamentaria Investigadora de las muertes ocurridas durante las protestas que se iniciaron en marzo de 2022, presenta mañana lunes 9 de enero su informe final.

El documento incluye conclusiones y recomendaciones sobre las responsabilidades políticas, penales y administrativas correspondientes a estos hechos.

La sesión en la que se realizará la presentación y el debate correspondiente, se iniciará a las 15.00 horas de mañana lunes. La reunión tendrá carácter semipresencial, y se desarrollará en la sala 4 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre; una de las sedes del Poder Legislativo.

A raíz de las protestas iniciadas el 28 de marzo de 2022, en el marco de una paralización indefinida convocada por organizaciones de transportistas de carga, perdieron la vida ocho personas.

/HQ/Andina/

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, recibió a los representantes del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú para dialogar sobre las mejoras necesarias en la gestión de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), de la mano de sus trabajadores.

“Estamos fortaleciendo el sector en base a la meritocracia y la capacidad de los profesionales. El MTC y los trabajadores de Corpac uniremos esfuerzos para mejorar el sector y brindar un servicio de calidad a los ciudadanos”, expresó la ministra Lazarte durante la reunión con los representantes de los trabajadores aeroportuarios.

La titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reiteró su decisión de renovar la plana de la alta dirección de Corpac, lo cual permitirá fortalecer la administración del servicio de tránsito aéreo en todo el país.

Por su parte, el secretario general del sindicato, Renato Vigil, destacó la apertura y la buena disposición de la ministra Lazarte para llevar a cabo la reunión y dialogar sobre la problemática del sector aeronáutico.

“Está abierta a dar solución de los problemas a corto plazo, esa proactividad es importante, el hecho que nos haya atendido es un gran avance y el haber acudido a nosotros para buscar una solución es un buen camino”, refirió.

“Hemos visto la forma de manejar juntos muchos problemas que dentro de la empresa afectan el desempeño de Corpac y los servicios de tránsito aéreo, estamos seguros que en el corto plazo vamos a tener resultados en beneficio de la población”, dijo.

Además, Vigil enfatizó que el compromiso de los controladores aéreos se mantiene en favor del país y que trabajarán de la mano del MTC para brindar un servicio más eficiente y competitivo.

/LR/ANDINA/

El Ministerio Público realizó una diligencia en la sede de la Municipalidad del distrito limeño de Breña, a fin de recabar documentos para la investigación de las supuestas irregularidades atribuidas al exalcalde José Li.

Un equipo de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro ingreso al recinto municipal, en el marco de la investigación que se efectúa al exburgomaestre y a otras 24 personas, entre ellas diversos funcionarios.

Los actos denunciados implican la contratación de trabajadores ‘fantasma’, direccionamiento de licitaciones y cobros irregulares de multas, por parte de diversas subgerencias municipales, informó el Ministerio Público.

Estas acciones configurarían, por parte del exalcalde y los funcionarios denunciados, los presuntos delitos de organización criminal, colusión, peculado doloso, concusión, falsificación y uso de documentos, así como falsedad genérica, en agravio del Estado.

Pedido de información

La diligencia en el palacio municipal de Breña responde a que el pedido inicial de información hecha a los investigados por el fiscal provincial Néstor Rivera, no fue respondido.

La operación fiscal contó con el apoyo de la actual gestión municipal, encabezada por el alcalde Luis de la Mata.

Este lunes 9 de enero se realizará la audiencia judicial en la que se determinará si procede el pedido de impedimento de salida del país del exalcalde de Breña, y su asesor Daniel Peña.

Dicho requerimiento fue planteado el 29 de diciembre por la fiscalía en previsión de una posible fuga del personaje investigado.

/LR/ANDINA/

A fin de ofrecer mayores y mejores oportunidades laborales a sus afiliados e inscritos, el Conadis anunció el desarrollo de un paquete de empleos CAS solo personas con discapacidad.

“Ya se identificaron los puestos. Nos ha costado mucho esfuerzo. Vamos a hacer solo convocatorias CAS para personas con discapacidad, gane quien gane va a ser una persona con discapacidad”, anunció Mario Ríos Espinoza, presidente (e) del Conadis.

El funcionario consideró que es necesario realizar un reajuste razonable al marco legal de contrataciones para que “a partir de ciertos puestos de trabajo puedan verse la potencialidad y habilidades de las personales con discapacidad”.

“En mi cargo de viceministro de poblaciones vulnerables hemos priorizado la realización de un CAS o contratación de tipo inclusiva. Vamos a dar ese gran paso como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De esta manera otros ministerios, gobiernos locales, municipales y entidades públicas sin excepción tendrán la fórmula para poder aplicar este método (de contratación)”, detalló en entrevista con RPP.

Ríos Espinoza pidió al sector privado darle un valor especial a las potencialidades que poseen las personas más allá de la discapacidad que pudieran presentar. 

Encuesta nacional

Comentó que todas las convocatorias de CAS tienen una serie de requisitos que son marcados por Servir, porque se buscan personas altamente calificadas, sin embargo, la realidad es que las personas con discapacidad deben hacer un esfuerzo mayor para terminar sus estudios o la universidad.

“No hay lenguaje de señas en todas las universidades, ni tampoco tenemos lecto escritura Braille o la tecnología del mismo tipo en todas las computadoras de los centros de estudio”.

El presidente (e) del Conadis agregó que se creará un sistema local para que los municipios fortalezcan o promuevan el empleo temporal, sostenible, de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos que se requieran, ya sea para atención al público, servicios, entre otros

Se estima que el 10% de la población en el país tiene alguna discapacidad, lo que representa alrededor de 3 millones 200 mil peruanos.

“Ahora queremos saber dónde y cómo están, porque la pandemia covid-19 han generado nuevas discapacidades. Estamos trabajando para lograr esa información a través de la encuesta nacional de discapacidad, que nos permitirá conocer no solo el número, sino también el tamaño de los grupos etarios (niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores) con alguna discapacidad”, adelantó. 

La misión del Conadis se resume en garantizar y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad para su inclusión plena y efectiva en la sociedad.

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) es una entidad adscrita a Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

/LR/ANDINA/

La Comisión de Ética Parlamentaria realizará el próximo lunes 9 de enero su vigésima octava sesión ordinaria desde las 17:00 horas, según indica la agenda del Congreso de la República.

Dicha sesión convocada será semipresencial, pudiendo los integrantes de este grupo de trabajo participar presencialmente en la Sala Francisco Bolognesi o a través de la Plataforma Microsoft Teams.

Durante esta reunión se verán diversas audiencias sobre los casos de los parlamentarios Jhaec Darwin Espinoza Vargas (Acción Popular) y Héctor Valer Pinto (Somos Perú).

Asimismo, se verán los informes de calificación de los casos seguidos contra los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu (Fuerza Popular); Edgard Tello Montes (Perú Libre); y Oscar Zea Choquechambi (Perú Libre).

Además, los expedientes seguidos a Luis Arturo Alegría García (Fuerza Popular); Waldemar José Cerrón Rojas (Perú Libre), Martha Lupe Moyano Delgado (Fuerza Popular), Norma Martina Yarrow Lumbreras (Avanza País) y Rosío Torres Salinas (Alianza para el Progreso); y contra Héctor Ventura Ángel (Fuerza Popular).

La Comisión de Ética Parlamentaria es el grupo de trabajo especializado de congresistas en materia de ética que forma parte de la organización parlamentaria, tiene por objeto velar por cumplimiento de las normas, principios de la ética parlamentaria, la probidad y la transparencia en los actos y acciones de los parlamentarios.

Asimismo, cumple con establecer acciones complementarias que coadyuven a prevenir actos que contravengan la ética parlamentaria, pretende preservar la imagen que el Congreso debe tener ante el país y asegura la transparencia en la administración de los fondos públicos que le son confiados.

/AC/Andina/

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su Procuraduría Pública, logró que el Poder Judicial reconozca la obligación de la empresa AZTECA COMUNICACIONES de adquirir la propiedad de los terrenos y/o inmuebles donde han sido construidos los nodos de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), los cuales están valorizados en 20 millones de dólares.

AZTECA COMUNICACIONES buscaba la anulación del laudo arbitral emitido el año 2021, a fin de evadir este pago y revertir al Estado esta responsabilidad, lo que hubiera causando un grave perjuicio al erario nacional.

“Con este fallo judicial el MTC ha evitado que se genere un perjuicio económico al Estado, y que se reafirme la obligación de la empresa a cumplir sus obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de concesión”, explicó el Procurador Público del MTC, David Ortiz Gaspar. 

“La estrategia de defensa planteada por la Procuraduría Pública del MTC, durante el proceso judicial, evitó que la empresa obtenga ventajas económicas con el pedido de nulidad, alegando supuestas causales de anulación, las mismas que fueron rechazadas por el fuero judicial”, explicó el procurador.

Esta decisión judicial favorable, servirá para fortalecer la posición institucional en otros procesos arbitrales que el MTC tiene pendiente con la empresa en mención.

Dato:

La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica se creó para expandir la infraestructura de telecomunicaciones, mediante el tendido de redes de fibra óptica hasta las capitales provinciales, para el desarrollo de la banda ancha y otros servicios de telecomunicaciones para mejorar la conectividad de más peruanos.

Actualmente, la RDNFO se interconecta con los proyectos regionales de banda ancha, que impulsa el MTC, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), para proveer servicios de conectividad a entidades públicas (locales escolares, puestos de salud y comisarías) de las localidades rurales.

/LR/NP/

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, afirmó que atender las demandas de la ciudadanía requiere de un trabajo que abarque las 24 horas del día y durante los 7 días de la semana.

“Atender las demandas de la ciudadanía requiere de un trabajo 24 x 7. En esa línea, hoy me reuní virtualmente con los jefes de la Defensa Pública y @SunarpOficial en la provincia de Santa, a quienes invoqué a redoblar esfuerzos en pos de fortalecer el servicio a la población.}”, sostuvo el funcionario.

Durante la reunión, el ministro recibió el estado situacional y necesidades de ambas sedes con el fin de implementar acciones de mejora que repercutirán en un mejor servicio a la ciudadanía.

El titular de Justicia y Derechos Humanos invocó a los funcionarios a redoblar esfuerzos, desde sus espacios, por atender las necesidades de la ciudadanía del Santa en temas de asesoría legal y servicios registrales.

En el encuentro participaron el director distrital de Defensa Pública del Santa, Henry Ruñera; así como el jefe de la Zona Registral N.° VII-Sede Huaraz, Santos Macedo.

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La nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán Pinto, anunció su compromiso de incrementar la titularidad de jueces y fiscales con la finalidad de disminuir la provisionalidad en el Poder Judicial y Ministerio Público, así como garantizar la plena independencia de los magistrados.

Tumialán asumió ayer el cargo para el período 2023 y esbozó sus principales líneas de acción al frente del colegiado, en un acto que contó con la presencia de la jefa del Estado, Dina Boluarte Zegarra; el presidente del Congreso, José Williams Zapata; y el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela; entre otras autoridades.

Problema

Sobre la provisionalidad, afirmó que su gestión afrontará este problema estructural del sistema de justicia, en la convicción de que su disminución será “un factor primordial para garantizar la plena independencia de jueces y fiscales y dar cada vez mayor legitimidad de las instituciones que conforman este sistema”.

“Nuestro compromiso es incrementar la titularidad llevando a cabo las convocatorias para la selección y nombramiento de magistrados, así como de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial”, sostuvo durante su discurso de orden en la sede de la JNJ, distrito de San Isidro.

A fines de diciembre último, recordó, el colegiado lanzó cinco nuevas convocatorias que suman cerca de 400 plazas de jueces y fiscales de todos los niveles y a escala nacional. “Con ello, ya están en concurso todas las plazas presupuestadas informadas por el Poder Judicial y el Ministerio Público”, recalcó.

“Durante el 2023 estamos seguros de que se efectuarán más convocatorias. En todas ellas, seguiremos garantizando una evaluación íntegra, meritocrática, objetiva, transparente y debidamente motivada en sus decisiones de nombramiento, que acojan la participación ciudadana en las etapas de tachas y denuncia”, aseguró.

/RP/NDP/