Trabajadores CAS: ¿qué beneficios laborales obtendrán con nueva norma aprobada por el Congreso?
El Pleno del Congreso aprobó la incorporación del derecho a la gratificación por Fiestas Patrias y Navidad para los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
La iniciativa, respaldada por 87 votos a favor, dos en contra y una abstención, otorga también otros beneficios laborales que hasta ahora no eran reconocidos para este régimen.
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El especialista en Derecho Laboral, Axel Medina explicó que la medida también contempla la compensación por tiempo de servicios (CTS) y el subsidio por sepelio.
El abogado recordó que el régimen CAS ha sido históricamente uno de los más golpeados, pues “surgió como reemplazo de la locación de servicios y no brindaba condiciones similares a otros regímenes como el 728 en la actividad privada o el 276 en el sector público”.
“Esta normativa busca que no haya desigualdad con otros regímenes laborales. El CAS mínimamente otorgaba derechos como descanso semanal obligatorio o aguinaldos, pero no brindaba estabilidad laboral ni línea de carrera”, agregó el especialista.
De acuerdo con Medina, la norma beneficiará automáticamente a los trabajadores una vez promulgada la ley. Según datos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), en 2023 existían cerca de 1.5 millones de servidores públicos, de los cuales aproximadamente 675 000 pertenecen al régimen CAS. “Esta ley aplica a los CAS de todos los niveles del Estado”, puntualizó.
El abogado recordó que la normativa espera la revisión del Poder Ejecutivo, quien tiene 15 días hábiles para observarla o promulgarla.
REFORMAS PENDIENTES PARA TRABAJADORES PÚBLICOS
El especialista sostuvo que aún queda pendiente una reforma más profunda. “Con respecto a los CAS, sería bueno darles estabilidad laboral. Muchos CAS permanentes tienen que recurrir a situaciones judiciales para lograr estabilidad. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen facultades, pero debería ser impulsado por el Congreso”, afirmó.
Finalmente, planteó que el Estado implemente un sistema de evaluación por productividad, similar al aplicado en el sector privado, para fortalecer la gestión pública.
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