Política

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, expresó su disposición de acudir al Congreso si es convocado para explicar la función de los procuradores del Estado, funcionarios que no están impedidos de dar declaraciones siguiendo los procedimientos establecidos para ello.

"Cuantas veces me convoquen, iré a atender su invitación. En esta oportunidad tendré el espacio para explicar a los congresistas todo esto que inquieta con relación al accionar de los procuradores que nos representan en juicios y defienden intereses del Estado", refirió.

Hoy, diversos parlamentarios presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Justicia, por una supuesta prohibición para declarar que habría contra los procuradores públicos.

Al respecto, Adrianzén indicó que desde que asumió el cargo mantiene relaciones de coordinación con los defensores del Estado, y se ha preocupado de que las disposiciones relativas a sus funciones se cumplan, aún cuando no ha sido su gestión la que ha establecido las normas.

“De acuerdo a nuestras normas y reglamentos no significa que estén prohibidos de dar declaraciones, en esto tengo que ser enfático", sostuvo.

Comentó que su relación con los procuradores es de absoluta cordialidad y que cuando ha necesitado explicaciones, se ha dirigido a ellos y ha recibido satisfacciones. "No ha habido una situación extraordinaria con ninguno de ellos”, afirmó.

“Voy a tener la oportunidad de explicar ante la representación nacional estos hechos, confío que los fundamentos que lleve y la documentación que así lo prueba, van a ser suficientes para aclarar y zanjar de manera definitiva las suspicacias que se han levantado sobre la actuación de los procuradores y el sistema”, añadió.

Finalmente, señaló que los distintos procuradores del Estado realizan declaraciones frecuentes, y así está documentado con estadísticas que lo prueban.

/CCH/ Andina

Las reformas planteadas por el Sistema Electoral tienen como único propósito fortalecer el sistema de partidos y la institucionalidad democrática del país, afirmó el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho Espinoza, a propósito del pronunciamiento emitido en conjunto con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En esa línea, en Radio Nacional del Perú, precisó que dicho comunicado, emitido la noche del miércoles, plantea que la reforma electoral incorpore medidas adicionales a las ya aprobadas para brindar mayor legitimidad a las elecciones internas y promover la transparencia de las finanzas en los partidos políticos.  

“Nuestra intención no es cuestionar, en absoluto. Por el contrario, reconocemos la disposición del Poder Legislativo por la aprobación de normas como la “curul vacía”, las modificaciones al procedimiento de revocación de autoridades regionales y municipales y la ventanilla única de antecedentes de los candidatos; pero aún restan temas importantes”, advirtió.

En este aspecto el titular de la ONPE saludó que en el último dictamen de la Ley de Partidos Políticos se haya quitado la disposición complementaria derogatoria que eliminaba la sanción a las organizaciones políticas que no entreguen su Información Financiera Anual (IFA), lo cual constituía un retroceso.  

Sin embargo, advirtió que la actual Ley de Partidos Políticos es una norma que no establece mayores sanciones a una serie de faltas relacionadas con las finanzas partidarias. Por tal motivo, insistió en que en el dictamen se incluya un cuadro de multas ante infracciones en materia de rendición de cuentas, lo que –dijo- protegerá a los propios partidos de una eventual y no deseada infiltración de dinero de fuentes prohibidas o ilícitas.   

Asimismo, el titular de la ONPE consideró necesario que la Ley de Partidos Políticos, luego de más de 10 años de vigencia, contemple la participación del Sistema Electoral en las elecciones internas de las organizaciones políticas.

Así, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) elaboraría el padrón de electores, la ONPE organizaría las elecciones internas y el JNE fiscalizaría y resolvería las controversias, para dotar de más transparencia y legitimidad a los procesos de democracia interna.

De otro lado, Cucho informó luego que con miras a las Elecciones Generales del próximo año, ya se ha coordinado con el Ministerio de Economía el presupuesto para dichos comicios; y señaló que la ONPE trabaja para que estos se realicen de manera transparente e imparcial.

Señaló que para la elección del Presidente y Vicepresidentes de la República, 130 congresistas y los representantes ante el Parlamento Andino, acudirán a las urnas más de 23 millones de electores.

/MRM/

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aseguró que se tomarán todas las medidas para aminorar los riesgos ante la posible llegada del Fenómeno El Niño, tema en el cual –dijo- todos debemos estar unidos y sumar esfuerzos para trabajar juntos.

Tras reunirse con el titular de la Conferencia Episcopal Peruana, Salvador Piñeiro, dijo que no solo se cuenta con presupuesto destinado a ese fin, sino que además se establecerá una coordinación muy cercana con la Iglesia Católica, que en la medida de sus posibilidades dará apoyo.

Detalló que en dicho encuentro solicitó la cooperación de la Iglesia, que -según refirió- tiene experiencia en la atención de este tipo de desastres, mediante su organización parroquial en el ámbito nacional, y Cáritas del Perú, institución católica que promueve programas en favor de los más pobres.

“En ese sentido, vamos a establecer un nivel de coordinación. Próximamente, el ministro (de Agricultura), Juan Manuel Benites, encargado de llevar adelante esta difícil tarea, tendrá una coordinación cercana con la Iglesia”, refirió el Jefe del Gabinete de ministros.

Para ello, añadió, la Iglesia Católica designará a un representante, que será el nexo con el Gobierno, a efectos de establecer “un diálogo permanente”, pues se trata de “un trabajo de todos, no solamente del Gobierno”.

Asimismo, Cateriano Bellido recordó que en el presupuesto público del año 2016 se han considerado recursos para enfrentar el fenómeno El Niño, e incluso se dispuso elevar a 3,000 millones de soles el fondo de contingencia para llevar a cabo esas tareas.

Pese a ello, indicó que le causa preocupación que en algunas localidades del país se hayan establecido poblaciones en zonas de peligro, pasibles de inundaciones y desbordes de ríos, ante lo cual –subrayó- se debe trabajar de forma conjunta con los gobiernos regionales y locales.

“Esto va a afectar a todos y, probablemente, en plena campaña electoral, en ese sentido, en este punto no deben existir diferencias políticas ni enfrentamientos. Tenemos que sumar esfuerzos para trabajar, prevenir y defender a la población menos favorecida”, apuntó.

La reunión de hoy también contó con la participación del obispo de la provincia arequipeña de Caravelí, y del secretario general de Cáritas del Perú, así como de sacerdotes de las ciudades norteñas de Trujillo y Piura.

/MRM/

El Ejecutivo designó a la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Perú en Italia, Eda Rivas Franchini, para que se desempeñe como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú ante la República de Chipre, con residencia en Roma, República Italiana.

Esta decisión del Ejecutivo se da a través de la resolución suprema Nº216-2015-RE.

La norma recuerda que por medio de dicha resolución, se nombró como embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Perú en la República Italiana a Eda Adriana Rivas Franchini, quien asumió funciones el 20 de mayo del 2,015. 

El documento lleva la rúbrica del jefe del Estado, Ollanta Humala, y de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez de Ríos.

/P.A.G./

Al referir que de cerca de 7,000 funcionarios investigados, sólo 33 fueron condenados a cárcel efectiva, el contralor general Fuad Khoury afirmó que la corrupción aumenta en el mundo por la impunidad o falta de castigo a quienes cometen delitos en contra del Estado.

"En el Perú el Sistema Nacional de Control identificó responsabilidad penal en 7,307 funcionarios y servidores por presuntos actos de corrupción, pero sólo 560 de los casos denunciados por la Contraloría fueron sentenciados en los últimos seis años", cuestionó Khoury Zarzar.

Señaló al respecto que de los 560 condenados por corrupción, a quienes se demostró su culpabilidad, sólo 33 están en la cárcel y los 527 restantes gozan de libertad porque se les otorgó pena suspendida. 

El órgano de control cumple con su trabajo de identificar presuntos actos de corrupción en el sector público; sin embargo, es el Ministerio Público el encargado de realizar la investigación penal y el Poder Judicial de emitir las sentencias, agregó Khoury.

Esta información fue sustentada durante el Encuentro Latinoamericano del Programa Anticorrupción (OCDE 2015), en dónde enfatizó la necesidad de que los corruptos estén en la cárcel "aunque para ello se tenga que construir más prisiones". 

En este contexto, argumentó que se precisa un compromiso del más alto nivel de los gobernantes y de las autoridades regionales y locales para acabar con la corrupción.

Refirió, además, el deber de reforzar el valor de la cadena de lucha contra la corrupción, que está conformada por los gobernantes, la propia Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial para proteger y fortalecer la institucionalidad. 

En la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), se está debatiendo la creación de un Instituto de Transparencia, medida que tendría un alto impacto para prevenir la corrupción, subrayó el funcionario.

/P.A.G./

El informe de la comisión que investigó los presuntos actos de corrupción en la región Áncash y que identifica los delitos cometidos y la relación de sus autores con el crimen organizado, fue aprobado por el Pleno del Congreso.

Según el documento, expuesto por el presidente de la comisión, Mesías Guevara, y aprobado por mayoría casi a la medianoche, la cantidad de denuncias contra la gestión de César Álvarez en la presidencia del gobierno regional entre el 2,007 y el 2,014 incluye presuntos actos de corrupción al frente de una organización criminal articulada para cometer delitos y obtener ventajas económicas provenientes del erario nacional. 

Para dichos fines, esta organización habría pagado a sicarios que se encargaban de asesinar a autoridades, testigos y a quien consideraba un obstáculo, dijo.

También, dio cuenta del daño económico causado por las irregularidades en el manejo del canon y los remanentes de las utilidades mineras; las cobranzas coactivas fraudulentas, la posible admisión de cartas fianzas proscritas, el lavado de activos y el abuso de autoridad, entre otros.

Guevara manifestó que estos graves delitos hacen necesaria la intervención del Ministerio Público a fin de realizar una exhaustiva investigación.

El documento también invoca al Ministerio Público, a la Policía Nacional y al Poder Judicial a hacer todos los esfuerzos para identificar y sancionar ejemplarmente a los autores intelectuales y mediatos del asesinato de Sánchez Milla, Ezequiel Nolasco, Colona, Hilda Saldarriaga y otros.

Asimismo, pide denunciar penalmente a los exfiscales José Peláez y Carlos Ramos, por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, quienes, según Guevara, habrían formado parte de la red de impunidad que imperó en esa región y que favoreció a Álvarez al sancionar a los fiscales que investigaron las denuncias en su contra, entre otras recomendaciones.

No obstante, los legisladores Mariano Portugal y Enrique Wong, de Unión Regional, presentaron un informe en minoría, bajo la consideración de que el elaborado por el congresista Guevara había violado el debido proceso en algunos aspectos de la indagación.

/P.A.G./

El Pleno del Congreso aprobó la creación de una Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del Pueblo y a un miembro del Tribunal Constitucional.

La mencionada comisión especial estará integrada por los portavoces titulares de los grupos parlamentarios y será encabezada por el presidente del Congreso en su calidad de miembro supernumerario.

En ese sentido, los legisladores que formarán parte de esta comisión son: Pedro Spadaro (FP), Hugo Carrillo (NGP), Justiniano Apaza (DyD), Rennán Espinoza (PP), Javier Velásquez (CP), Yonhy Lescano (AP-FA), Esther Capuñay (SN), Javier Bedoya (PPC-APP) y Norman Lewis (UR). 

Cabe recordar que la elección del defensor del Pueblo se encuentra pendiente desde la renuncia de Beatriz Merino al cargo, en el 2,010. Desde ese año cumple interinamente esas funciones el abogado Eduardo Vega.

Por otro lado, el Pleno del Congreso también aprobó la creación del distrito de Villa Kintiarina, en la provincia de La Convención, región Cusco.

También fue aprobada la ley del Poder Ejecutivo que dispone la implementación de los acuerdos entre Perú y Ecuador para ejecutar el proyecto binacional Puyango-Tumbes.

La presente norma busca implementar el “Convenio para el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas binacionales de los ríos Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira”, aprobado por Decreto Ley en 1,971 y por el Acta de Brasilia de 1,998, informó el Parlamento. 

Con ese fin se busca redimensionar el Parque Nacional “Cerros de Amotape” y la construcción de una presa y embalse en Matapalo.

/P.A.G./

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho Espinoza, sostuvo que la reforma electoral debe fortalecer la transparencia y la legitimidad de los partidos políticos, por lo cual consideró necesario que se realicen modificaciones a la Ley de Partidos Políticos que apunten en esa dirección.

Por ello, exhortó al Congreso de la República a reflexionar sobre su gran responsabilidad de completar una reforma electoral que contribuya a la institucionalidad del sistema político en su conjunto. 

Cucho Espinoza manifestó que el dictamen de la Comisión de Constitución propuesto y debatido en el Pleno del Congreso de la semana pasada, si bien tiene algunos aspectos positivos como el financiamiento público directo, presenta varios puntos preocupantes.

Entre estos puntos, mencionó que el dictamen no considera la propuesta del Sistema Electoral para imponer sanciones efectivas por infracciones en la rendición de cuentas que hoy no son sancionables por la Ley de Partidos Políticos vigente. 

“Lejos de fortalecer la transparencia de las finanzas partidarias, el documento propone eliminar la única sanción aplicable a los partidos políticos que incumplan con presentar su informe financiero anual, que es el retiro del financiamiento público directo. Esto es un retroceso al control y supervisión del financiamiento privado en la política”, expresó.

El jefe de la ONPE indicó que el documento de la Comisión de Constitución tampoco acoge la propuesta para que los organismos electorales participen en las elecciones internas de los partidos, a efectos de darles más credibilidad y transparencia.

Por el contrario, sostuvo que el dictamen del grupo de trabajo eleva de 20 a 25 por ciento el número de candidatos al Congreso y Parlamento Andino que pueden ser designados sin necesidad de elecciones internas.

/CCH/ Andina

El Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, expresó su solidaridad y sentidas condolencias a la mandataria de la República de Chile, Michelle Bachelet, por las pérdidas humanas y daños causados por el terremoto ocurrido en la víspera en la zona central de dicho país.

“En estos difíciles momentos que atraviesa el pueblo chileno hago llegar, a través suyo, nuestro más sentido pesar a los familiares de las víctimas”, indica el Dignatario peruano en una misiva dirigida a su homóloga sureña. 

Asimismo, el Jefe de Estado ofreció la más amplia disposición del gobierno peruano, para apoyar en las labores y asistencia que lleva a cabo el Ejecutivo chileno en favor de los afectados por ese desastre natural.

Esta mañana autoridades de Chile informaron que producto de terremoto de 8,3 en la escala de Richter, fallecieron 11 personas y otras nueve quedaron heridos.  Tras el fuerte sismo, se registraron olas de casi 4,5 metros en el litoral, que azotaron a varias comunas de la región de Coquimbo.

/CCH/ Andina

Perú y Arabia Saudita firmaron un acuerdo de cooperación para el intercambio y protección del patrimonio cultural, en el marco de la visita al país del príncipe Sultán Bin Salman Bin Abdulaziz Al-Saud.

El documento fue suscrito por la ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón y el también presidente de la Comisión Saudí de Turismo y Patrimonio Nacional del Reino de Arabia Saudita.

El memorándum de entendimiento, que destaca las estrechas relaciones de amistad entre ambos países, será aplicable durante cinco años y podrá ser renovado posteriormente.  

“Nuestras dos regiones están consideradas entre las más antiguas cunas de la civilización, ricas en patrimonio y recursos culturales. Por ello, estamos obligados a preservar nuestra riqueza cultural y promoverla para beneficio de las generaciones futuras, porque es única e insustituible”, expresó Alvarez-Calderón durante su discurso de agradecimiento.

Según el memorándum de entendimiento, ambos países desarrollarán acciones de cooperación en los campos del patrimonio cultural, museos, patrimonio edificado e industrias tradicionales. 

En el acto, celebrado en el Museo de Arte de Lima (MALI), donde ambas autoridades realizaron un breve recorrido por sus nuevas salas, estuvieron presentes además el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano; la canciller Ana María Sánchez; y el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Juan Pablo de La Puente; entre otras autoridades. 

Con este acuerdo, Perú y Arabia Saudita, podrán intercambiar experiencias en la restauración y manejo de colecciones museográficas, la realización de conferencias, talleres, exhibiciones y eventos especializados sobre el patrimonio cultural; además de trabajar contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 

El acuerdo también incluye la conservación, protección, mantenimiento de edificaciones patrimoniales emblemáticas, la rehabilitación de las mismas para uso de vivienda y hospedaje, sí como el registro de imágenes aéreas en sitios arqueológicos.

En cuanto a la industria tradicional, Perú y Arabia Saudita podrán implementar programas de desarrollo directamente con los artesanos para mejorar sus capacidades y perfeccionar sus productos. Asimismo, intercambiar información y estudios en los aspectos científicos y técnicos de la artesanía. 

/CCH/ Andina