Política

El presupuesto del sector Educación para el año 2025 representa un 12 % de aumento respecto del presupuesto de 2024 y estos mayores recursos permitirán incrementar, el próximo año, las remuneraciones de docentes de los niveles básico y superior, PRONOEI, institutos y escuelas; invertir en infraestructura educativa y en su mantenimiento, y ofrecer más servicios educativos.

Durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso, el ministro de Educación, Morgan Quero, destacó que, para el año 2025, se han asignado recursos al Ministerio de Educación (Minedu) para financiar el incremento remunerativo de los maestros, con el fin de continuar revalorando la carrera docente.

Anotó que estos recursos servirán también para desarrollar programas de capacitación para docentes en servicio, atender modelos de servicios educativos en zonas de sierra y en la Amazonía, y brindar acceso a jóvenes a la educación superior mediante becas y créditos.

El ministro subrayó que, para la gestión presupuestal del sector, son fundamentales la priorización de recursos para financiar el incremento remunerativo del maestro nombrado y contratado, y la asignación de más recursos para invertir en nuevas plazas de docentes multigrados y especialistas en educación.

Asimismo, señaló que, en el presupuesto 2025, el sector Educación también ha priorizado los recursos necesarios para financiar las asignaciones y los beneficios reconocidos por ley para los profesores y auxiliares de educación.

“Para el Minedu, el bienestar de los maestros es una prioridad y, por eso, pese a los limitados recursos con que contamos, estamos haciendo un esfuerzo para mejorar sus condiciones de trabajo, pues los docentes son la base del servicio educativo que ofrecemos a nuestros niños y jóvenes”, sostuvo.

Presupuesto 2025

El ministro Quero informó que, para el próximo año, el presupuesto asignado a la Función Educación asciende a S/48 308 millones en total, lo que equivale al 5.1 % del PBI.

Precisó también que, en el Gobierno nacional, el sector Educación cuenta con S/20 585 millones, distribuidos entre el Minedu (S/13 226 millones), los organismos públicos descentralizados (S/411 millones) y las universidades públicas (S/6948 millones).

Agregó que los Gobiernos subnacionales, es decir, los Gobiernos regionales y locales, cuentan con S/27 723 millones, que representan el 57 % del presupuesto asignado a la Función Educación

De otro lado, indicó que el presupuesto asignado para inversiones asciende a S/3714 millones, que abarcan la ejecución de Escuelas Bicentenario (S/2504 millones), dos programas de inversión cofinanciados con endeudamiento externo, y vinculados a educación superior, así como inversiones ejecutadas mediante la modalidad de obras por impuesto y obra pública.

Al referirse a las becas que ofrece el Minedu, dijo que este programa tiene un presupuesto de S/1280 millones, de los cuales S/1060 millones corresponden al financiamiento de 46 633 beneficiarios de Beca 18, lo que incluye la convocatoria 2025 para 20 000 nuevos beneficiarios.

El programa también contará con S/185 millones para el financiamiento de Beca Permanencia, S/5 millones para el financiamiento de Crédito 18 y S/30 millones para la gestión de las becas y los créditos entregados, concluyó.

/NDP/PE/

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, sostuvo que la declaratoria de emergencia en diferentes distritos de Lima permite asegurar la participación de las Fuerzas Armadas en la tarea de brindarle a la Policía Nacional el apoyo que esta requiere.

El representante del Poder Ejecutivo informó que esta mañana lideró una reunión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con la participación del comandante general de la Policía y todos sus generales, en el marco de esta medida.

“Ahí lo que quedó claro es que tenemos que actuar de manera coordinada para ser más efectivos”, indicó el ministro en declaraciones a la prensa dadas esta mañana en el Congreso.

Explicó que la Policía Nacional es la que conduce las operaciones y formaliza las estrategias en planes operativos que ya ha preparado. En función a ello, las Fuerzas Armadas le van a brindar el apoyo que necesitan en los 14 distritos que comprende la medida.

“La declaratoria de estado de emergencia no es la solución del problema, es la condición que se da para facilitar el trabajo de la Policía Nacional del Perú y, en el caso de las Fuerzas Armadas, asegurar su participación, de otra manera no podemos participar (…) ¿Pero, ¿qué pasa en los demás distritos donde no están en estado de emergencia? Las FF. AA. no pueden participar en esos distritos, pero sí la Policía Nacional”, indicó Astudillo al ser consultado sobre si se extenderá la medida a otros distritos.

/MRG/

La presidenta de la República, Dina Boluarte, encabeza en Palacio de Gobierno una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.

La misma tiene por objeto revisar temas de importancia y urgencia, se informó desde TV Perú.

El carácter extraordinario de esta sesión se da también puesto que este tipo de reuniones no se suelen desarrollar los días lunes.

Reforma de justicia

Previamente, la mandataria encabezó una nueva sesión del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. 

/MRG/

El Poder Judicial realiza desde esta mañana la audiencia en donde se ve el pedido de prisión preventiva en contra del conductor de televisión Andrés Hurtado, investigado por tráfico de influencias y otros presuntos delitos en agravio del Estado.

El pedido del Ministerio Público comprende también a la fiscal superior Elizabeth Peralta y al empresario Augusto Miu Lei.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó el 26 de setiembre el pedido de prisión preventiva contra los tres investigados por el plazo de 18 meses.

Andrés Hurtado fue detenido de manera preliminar el pasado 19 de setiembre por efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) en una clínica de San Borja. Desde ese día, permanece bajo custodia policial en la sede de la Prefectura de Lima.

El presentador, conocido como 'Chibolín', habría sido el nexo entre Peralta y Miu Lei, quien habría pagado un millón de dólares a la fiscal, hoy separada del cargo, a cambio de la devolución de 100 kilos de oro que le habían sido incautados, ello de acuerdo con el testimonio de la prima del empresario, Ana Siucho.

La audiencia debía realizarse el viernes 27, pero el juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso su reprogramación para este lunes a solicitud de las defensas legales.

/AC/

La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, lidera en Palacio de Gobierno la decimocuarta sesión ordinaria del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, instancia que coordina la ejecución de la política a cargo de las entidades integrantes del sistema de justicia.

Participan en dicha cita los ministros Gustavo Adrianzén y Eduardo Arana, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza; el contralor general César Aguilar; la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco; el titular del Congreso, Eduardo Salhuana, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

El referido consejo persigue el objetivo de coordinar la ejecución de la política correspondiente al sistema de justicia.

Asimismo, tienen entre sus fines hacer seguimiento a la implementación y ejecución del proceso de reforma de dicho sistema.

Al respecto, debe de presentar un reporte anual de los avances que realice en el trabajo que se le ha encomendado.

/AC/

¿Cuáles son los derechos que tienen la niñas, niños y adolescentes en el Perú? Letty Guzmán, supervisora de Defensa de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indicó en el “Consultorio Legal” este importante marco legal para niños y adolescentes.

Con respecto a los derechos que tienen los niños y adolescentes, la especialista detalló que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, como marco normativo internacional en este aspecto, son 54 artículos que definen los derechos económicos, sociales y culturales de los niños.

Asimismo, explicó que, entre los derechos de los niños y adolescentes se encuentran el derecho a la vida, a la igualdad, a la identidad, a la protección, a la educación, así como a la recreación, a la salud, a la libertad de expresión, a la integración social y a tener una familia. Por otra parte, también implica tener deberes entre estos se encuentran el deber de estudiar, respetar a los padres y a todas las personas, también a cuidar el medio ambiente, entre otros.

La especialista indicó que uno de los derechos principales es el tema de alimentos, que el padre sea consciente y cumpla con los derechos del niño, el cumplimiento de este implica aspectos como salud, educación, alimentación, vivienda, vestimenta y recreación lo que va a permitir que el niño se desarrolle de manera óptima.
En referencia al derecho a la educación, la abogada indicó que esta debe darse dentro de la misma familia, basada en valores, buenas costumbres para que el menor pueda desarrollarse de manera óptima, así como tener lo necesario para poder estudiar. Mientras con respecto a la salud, tienen este derecho desde su nacimiento, a recibir atención médica y a ser cuidados cuando están enfermos, en este aspecto el Estado puede brindarle dicho servicio a través del seguro, ya sea público o privado.

La supervisora de Defensa de Víctimas señaló que el Estado protege todo tipo de violencia contra los niñas, niños y adolescentes, se puede presentar una denuncia de manera verbal o escrita ante la Policía o el Poder Judicial. En ese sentido, la denuncia también se puede presentar ante el Ministerio Público.

Con respecto a la Defensa Pública, acompaña, no solo en el proceso legal, sino que cuenta con un equipo multidisciplinario, que en el momento le pueden dar el soporte que necesita. La supervisora detalló que la función es coadyuvar en todo el proceso, desde la denuncia, participando en todas las diligencias y audiencias, hasta lograr una sentencia que pueda condenar el hecho y conseguir una reparación civil acorde al daño, que se ha causado.

Asimismo, la supervisora de Defensa de Víctimas señaló que existen distintas vías de acceso para acceder a la defensa pública, acudiendo de manera presencial a cualquiera de las 34 direcciones distritales, a nivel nacional, conformada por profesionales que pueden brindar la asesoría legal gratuita. De igual manera, se da a través de la línea 1884, que es la línea de orientación legal gratuita, que deriva el caso a la competencia territorial correspondiente para su debida atención.

/NDP/MRG/ 

El Ministerio de la Producción (Produce) autorizó la actividad extractiva del recurso jurel (Trachurus murphyi), efectuada por embarcaciones pesqueras artesanales con capacidad de bodega entre 0 y 10 metros cúbicos (m3), y permiso de pesca vigente hasta el 31 de diciembre del presente año.

Mediante Resolución Ministerial N° 00396-2024-PRODUCE, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se indica que la autorización establecida puede modificarse en función al seguimiento de los factores biológicos-pesqueros y ambientales del recurso jurel, previa recomendación del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

La norma señala que la actividad extractiva del recurso jurel se sujeta a las siguientes disposiciones:

- Las embarcaciones pesqueras artesanales utilizan como arte de pesca la cortina o la “pinta”.

- Las embarcaciones pesqueras no pueden llevar a bordo para realizar las actividades pesqueras “winches” y/o sistemas hidráulicos denominados power block (macaco). La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción realiza coordinaciones con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú del Ministerio de Defensa (DICAPI) y los gobiernos regionales, para garantizar el cumplimiento de la presente disposición.

- Las embarcaciones que utilicen arte de pesca cortina no pueden exceder los 188 kilos por faena, con un máximo de 12 faenas al mes, mientras que las embarcaciones que utilicen arte de pesca “pinta”, no podrán exceder los 60 kilos por faena, con un máximo de 30 faenas al mes.

El Ministerio de la Producción establece las medidas de ordenamiento que fuesen necesarias para garantizar la sostenibilidad del recurso jurel.

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción suspende las actividades extractivas del recurso jurel, por condiciones biológicas recomendadas por el Imarpe.

/MRG/

La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, presentó un proyecto de ley para reformar el Código Penal a fin de asegurar que las agresiones contra los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) sean castigadas con firmeza.

La iniciativa legislativa tiene como objetivo restaurar el respeto y la autoridad que los miembros de la PNP merecen, garantizando la protección legal que necesitan en el ejercicio de sus funciones.

Las reformas propuestas incluyen un aumento en las penas para aquellos que agredan o resistan a la autoridad policial. Entre las reformas más significativas, se establece que las lesiones leves cometidas contra efectivos policiales serán sancionadas con penas de entre ocho y catorce años de prisión.

Además, se incorpora un nuevo artículo que sanciona con penas de cinco a diez años a quienes obstaculicen el ejercicio de las funciones de los policías mediante actos de violencia. Las penas se agravan en casos donde estas agresiones resulten en lesiones graves o muerte, elevando las condenas hasta un máximo de quince años de prisión.

Durante la presentación del proyecto, la congresista Juárez subrayó la urgencia de corregir el debilitamiento de la autoridad policial, exacerbado por el Acuerdo Plenario 001-2016 de la Corte Suprema, que despenaliza ciertos actos de violencia y resistencia contra los policías.

Esta situación, advirtió, ha creado un contexto en el que muchos ciudadanos y conductores se sienten con la libertad de desafiar y agredir a los efectivos sin temor a las consecuencias legales. Además, destacó una preocupante tendencia entre jueces y fiscales de liberan a los agresores sin imponerles el castigo adecuado.

//MLG//

Perú extendió sus condolencias al Gobierno de Colombia por el lamentable accidente de helicóptero ocurrido en el Departamento del Vichada, que causó la muerte de sus ocho tripulantes cuando se dirigían a una misión humanitaria.

A través de un mensaje de la cancillería en su red social X, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte hizo llegar también su "solidaridad y sentimientos de pesar" a las familias y amigos de las víctimas.

La Fuerza Aérea de Colombia había informado de que estaba buscando el helicóptero, un Huey II de matrícula FAC-4441, "tras perder comunicación con la tripulación y que se encontraba realizando una misión de evacuación aeromédica" en la zona de Cumaribo, en Vichada, departamento limítrofe con Venezuela.

La normativa penal establece que la persona que agrede a una mujer en estado de gestación constituye una circunstancia agravante del delito de agresión, por lo que podría recibir una sanción severa de hasta doce años de pena privativa de la libertad, dependiendo la lesión y el daño psicológico acreditados.

Así lo sostuvo la jueza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Rocío Robles Ramos.

“El Código Penal establece hasta doce años de pena privativa de la libertad para el caso de lesiones graves que tenga como agravante si se inflige a una mujer en estado de gestación; además, si existen antecedentes penales, si el daño es de forma permanente, si el feto ha sufrido daño y otras circunstancias que nos permitan determinar la pena concreta”, refirió Robles.

Respecto al delito de agresión y violencia contra las mujeres, la jueza indicó que el Poder Judicial (PJ) estima otorgar oportunamente medidas de protección a favor de la mujer violentada.

En ese sentido, Robles indicó que entre las restricciones se destaca la prohibición al agresor de acercamiento a ella y otras resoluciones para que la mujer se sienta segura en determinados contextos donde se ha ejercido violencia.

“Tenemos el delito de violencia hacia la mujer, el delito de lesiones leves y delito de lesiones graves en que se establecen determinadas penas en función a determinadas agravantes como el estado de gestación, la pérdida de un miembro y si la víctima es menor de edad, si es adulta mayor o si ha sufrido un grado de discriminación severo, así como si se da una afectación psicológica”, señaló.

La magistrada Robles Ramos aclaró que, para la dación de medidas cautelares y la determinación de la pena, es importante tanto el certificado médico legal y la pericia psicológica para verificar el daño causado.

/CRG/