Política

La presidenta Dina Boluarte afirmó que la visita oficial a la República Popular China que desarrolló la semana pasada consolidó la relación bilateral con dicha nación en los ámbitos político, económico, cultural y de cooperación, en beneficio de todos los peruanos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su discurso por la suscripción de contratos de concesión de hospitales del Seguro Social de Salud (EsSalud) para Piura y Chimbote (Áncash), acto desarrollado en Palacio de Gobierno.

"Acabamos de volver de una visita de Estado a China donde cumplimos una nutrida agenda de trabajo que nos permitió consolidar nuestra relación bilateral en el ámbito político, económico, cultural y de cooperación, en beneficio de nuestros compatriotas. Además, fortalecimos la imagen del país como socio confiable para las inversiones", manifestó.

Asimismo, precisó que sostuvo una reunión oficial con su homólogo chino X Jinping, con quien conversó sobre el interés del país asiático en sectores clave de la economía peruana, un tema importante para los planes de desarrollo de nuestro país. 

"Esta visita nos permitió exponer ante 250 empresarios las ventajas del Perú para los inversionistas chinos", señaló.

Además, destacó que durante esta visita oficial se firmaron tres protocolos sobre requisitos fitosanitarios, siete memorandos de entendimiento sobre diversos temas de cooperación y un convenio con la firma Huawei para formar a 20 mil jóvenes en nuevas tecnologías de información.

Finalmente, agregó que sostuvo reuniones con los más altos directivos de seis importantes empresas chinas, entre ellas la que está construyendo el Megapuerto de Chancay y la que opera la mina "Las Bambas".

/AC/Andina/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, participó hoy en la suscripción de contratos de concesión de hospitales del Seguro Social de Salud (EsSalud) para Piura y Chimbote (Áncash).

Según informa la Presidencia de la República, la ejecución de dichos proyectos permitirá brindar servicios de salud a más de un millón 300,000 asegurados.

La actividad se desarrollará desde las 11:30 horas en Palacio de Gobierno.

Como se sabe, la mandataria viene presidiendo una sesión del Consejo de Ministros desde las 9:00 horas, la misma que se efectúa en la sede del Poder Ejecutivo.

/DBD/

El Tribunal Constitucional (TC) sesionará el próximo 10 y 11 de julio en la ciudad de Arequipa, donde se tiene previsto ver diferentes causas, entre ellas, la referida a la demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República contra el Poder Judicial, por el caso de la inhabilitación de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Como se recuerda, el Parlamento planteó esta demanda competencial en abril, por considerar que el Poder Judicial viene interfiriendo con sus atribuciones al pedir que se reponga en la JNJ a Inés Tello y Aldo Vásquez. En junio, el Poder Judicial, a través de su procurador, pidió al Tribunal Constitucional que la demanda sea declarada improcedente. 

En tanto, hace dos días la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda de amparo de los referidos magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello y ordenó la reposición inmediata en sus cargos.

Las sesiones descentralizadas del pleno del TC, que preside Francisco Morales, están programadas a desarrollarse desde las 9:00 horas, donde, además, se verán otras 12 causas.

Según la programación, el miércoles 10 de julio, tiene previsto ver dos procesos de inconstitucionalidad y dos de conflicto competencial, entre ellos, el interpuesto por el Congreso de la República contra el Poder Judicial.

/MRG/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, lidera hoy una nueva sesión del Consejo de Ministros, que encabeza Gustavo Adrianzén.

Según informa la cuenta oficial de la Presidencia en la plataforma X, la sesión se desarrolla desde las 9:00 horas, en Palacio de Gobierno.

Esta es la primera sesión del Consejo de Ministros, tras la llegada de la mandataria de su visita oficial desarrollada a la República Popular China.

/AC/

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales privadas expresó su posición contraria a la inclusión de su expresidente Ricardo Briceño en el juicio oral sobre el Caso ‘Cócteles’, vinculado a aportes financieros supuestamente irregulares para la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

En un pronunciamiento emitido por su consejo directivo, la Confiep señala que a Briceño se le ha incluido en este proceso “a pesar de la contundente evidencia” en contra de los cargos que se le hacen.

En un comunicado emitido por su consejo directivo, la Confiep señala que a Briceño se le ha incluido en este proceso "a pesar de la evidencia contundente que se le brinda".

Esto “denota un flagrante incumplimiento de las obligaciones que la Constitución y nuestro ordenamiento legal confiere al Ministerio Público”, señala.

En tal sentido, los empresarios pertenecientes a la Confiep “esperamos que se actúe con justicia y primer la verdad y realidad de los hechos”.

Argumentos de defensa

Como se indica en la denuncia de la fiscalía, Briceño no cometió delito de fraude en perjuicio de este gremio empresarial, de acuerdo con lo señalado en la denuncia de la fiscalía.

Se recuerda al respecto que dicha iniciativa se inició en abril del año 2011, y que Briceño lideró la Confiep entre marzo de 2009 y febrero de 2011, afirmándose que, por tal motivo, no recibió fondos de las empresas participantes en la referida campaña.

Además, el gremio empresarial afirma que las operaciones que fueron parte de la mencionada campaña fueron bancarizadas, registradas en libros contables y utilizadas para “los fines estatutarios y aprobados por las diversas instancias de gobierno de la Confiep”.

Durante la exposición de la acusación por parte del fiscal José Domingo Pérez, se inició la etapa de juicio oral del caso ‘Cócteles’, sobre los aportes financieros supuestamente irregulares que recibió el partido Fuerza Popular para las campañas electorales de 2011 y 2016.

/ANDINA/MPG/

“En la carpeta fiscal N. ° 60-2021 (caso: pruebas rápidas), se ha emitido la disposición fiscal N. ° 08 mediante la cual declara fundada las solicitudes de reexamen de actuados presentados por la denunciante Katherine Milagros Ampuero Meza, y la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe; alegando la existencia de nuevos elementos de convicción en la investigación preliminar en contra de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente de la república”, señala el documento del Ministerio Público.

“Se ha dispuesto reabrir la investigación preliminar, por 120 días, para recabar los actos de investigación que obran en la carpeta fiscal N. ° 131-2020 que se tramita ante el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, así como obtener la información de fuente abierta propuesta por los recurrentes, y otros actos de investigación”, concluye el documento.

Durante la segunda audiencia del juicio oral por el Caso Cocteles, el fiscal José Domingo Pérez, anunció que solicitará el testimonio del banquero Dionisio Romero Paoletti, para que confirme si entregó aportes económicos a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, para sus campañas del 2011 y 2016.

“Entre noviembre del 2010 a mayo del 2011, bajó a la bóveda de su banco y retiró 17 veces dinero en efectivo por un total de 3 650 000 dólares de la agencia del distrito de La Molina”, sostuvo Pérez al detallar que dicho dinero, “bolsa en mano” se lo entregó a la excandidata presidencial cuando ella se desempeñaba como congresista de la República.

Junto a Fujimori Higuchi también se encuentran investigados Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama y José Chlimper, quienes dieron sus generales de ley ante la titular del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, magistrada Juana Caballero García.

MARK VITO

En otro momento, el representante del Ministerio Público acusó a Mark Vito de recibir en dos ocasiones bolsas con 80 000 dólares cada una, en una fábrica del Callao a donde acudía y se identificada como esposo de Keiko Fujimori.

En otro momento, el fiscal del caso Lava Jato, señaló que el partido político Fuerza Popular actúa como una organización criminal heredada del expresidente de la República, Alberto Fujimori, a quien calificó de dictador; y agregó que los imputados son el legado criminal del exmandatario. 

KEIKO FUJIMORI

A su salida de la audiencia, Fujimori Higuchi, acusó al fiscal Pérez de “haber perdido el juicio” y tener un comportamiento político más que jurídico.

“Hemos escuchado un discurso netamente político, no han existido argumentos jurídicos”, señaló la excandidata presidencial al criticar la sustentación de representante del Ministerio Público quien hizo alusión al exgobernante a quien calificó como “dictador”.

La audiencia fue suspendida hasta el próximo martes 9 de julio del 2024.

/MO/

El Perú avanza de forma irreversible con la Hoja de Ruta hacia la Economía Circular en Agua Potable y Saneamiento, la primera de su tipo en América Latina. Esta iniciativa fortalecerá la gestión del recurso hídrico y fomentará el reaprovechamiento de aguas residuales.

Este compromiso fue refrendado por los ministros del Ambiente, Juan Carlos Castro, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, durante el I Foro de Economía Circular en Agua y Saneamiento. La promulgación del Decreto Supremo que oficializará esta acción intersectorial se publicará en los próximos días.

En su participación en el foro, el ministro Castro Vargas destacó los avances del Perú hacia un modelo económico sostenible mediante la implementación de políticas e instrumentos sectoriales y nacionales. "La economía circular no es ajena al incremento de la competitividad de las empresas en el país. Para ello, los modelos y las cadenas de valor circular deben desarrollarse con un enfoque territorial para promover el desarrollo local con inclusión", subrayó.

Castro agregó que el Minam lidera el desarrollo de la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular, que se está elaborando con el aporte de diversos actores y que orientará la transición hacia la circularidad, con el objetivo de implementar procesos de producción sostenibles y responsables con el ambiente.

Indicó también que la Coalición Nacional de Economía Circular contribuye a la gobernanza de la futura Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular, como un espacio de concertación y trabajo entre el Estado, el sector privado, la academia y la cooperación internacional, fortaleciendo las cadenas de valor competitivas.

Añadió que la Coalición, junto con los ministerios del Ambiente, Vivienda, y de la Producción, en conjunto con la Unión Europea, están organizando el VII Foro Internacional de Economía Circular (FIEC), que se llevará a cabo el 15 y 16 de octubre próximo en Lima.

/PR/

La Contraloría General de la República informó que, según los resultados de tres informes de control posterior realizados a la empresa Petróleos del Perú S.A. (Petroperú), se registró un perjuicio económico valorizado en un total de S/ 3 615 091 como resultado de una serie de deficiencias en la gestión de diversos servicios adquiridos por la petrolera estatal y por lo cual se determinó presunta responsabilidad civil y/o administrativa en ocho funcionarios de esta entidad.

Estructuras colapsadas en estación del oleoducto (Loreto)

Según el informe del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad N° 020-2024-2-0084, cuyo período de evaluación comprende de abril 2016 a setiembre de 2018, como parte de las actividades de mantenimiento y protección de la zona ribereña en la Estación 1 del Oleoducto Norperuano (ONP), ubicado en la región Loreto, se contrató los servicios de restitución de ribera en zona de caseta de bombas contraincendio para la estación y de relleno de arena para la restitución de ribera, por las sumas de S/ 1 920 803.11 y S/ 593 273.50, respectivamente.

Ambos servicios fueron solicitados en respuesta a un aviso de avería reportado en 2016 por parte del Supervisor de Estación, debido a que el río Marañón había erosionado considerablemente la ribera y eso dañó parte de los terrenos adyacentes a la edificación. Este hallazgo significó una alerta sobre probables situaciones de riesgo que podrían comprometer la infraestructura del ONP.

 Con la finalidad de atender la erosión de la ribera en la zona de caseta del sistema contraincendio de la Estación 1, en setiembre de 2017, se contrató el servicio de restitución que consistía en construir una estructura metálica con pilotes y planchas de acero en la ribera, y ello se iba a complementar con el servicio de relleno de arena, cuyo objetivo era rellenar el área entre la ribera y la estructura metálica.

Sin embargo, habiendo transcurrido aproximadamente dos meses desde la recepción y conformidad de ambos servicios por parte de Petroperú, el pasado 4 de julio de 2018 se suscitó la caída de la estructura metálica hacia el lado del río y, por consiguiente, la pérdida del material de relleno, lo que propició un perjuicio económico para la petrolera estatal por el importe de S/ 2 514 076.61.

Al respecto, la comisión de control realizó una visita de inspección a la zona involucrada los días 22 y 23 de abril de 2024 y se pudo advertir que, a la fecha, dicha estructura metálica no cumple el fin de contención y no se encuentra elevada, debido a que el nivel del agua del río Marañón cubre la zona donde se encontraba la pantalla metálica. También se constató que el estado de erosión de la ribera del rio subsiste, lo cual pone en riesgo la caseta del sistema contraincendio, ya que se encuentra sostenida solo por pilotes.

De esta manera, el informe establece que Petroperú no realizó una correcta elaboración y determinación del requerimiento del servicio de restitución de ribera al no evaluar aspectos técnicos vinculados, tales como las cargas que actuarían sobre la estructura metálica (niveles del río Marañón y la presión material del relleno), estudio de mecánica de suelos y la condición física mecánica de las tuberías empleadas como pilotes y la profundidad de hincado de estos, lo cual no se ciñe a lo establecido en el Reglamento de Adquisición y Contrataciones de Petroperú, y en las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, provocando así la caída de la estructura metálica al río Marañón.

Por estos hechos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad civil en dos funcionarios de la empresa estatal, y se recomendó al titular de Petroperú disponer, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica de los intereses del Estado, el inicio de las acciones civiles contra los involucrados en los hechos de la irregularidad, con la finalidad de determinar las responsabilidades que correspondan.

/NDP/RH/

La jueza de la Corte Superior de Lima Sur, Yavari Villanueva Portella, explicó el marco legal aplicable en casos donde se utilice a un menor de edad para la mendicidad, lo que podría conllevar a situaciones peligrosas para el niño incluyendo la muerte.

Villanueva Portilla detalló que la diferencia entre el delito de trata de personas y el de exposición de personas al peligro radica en la explotación. En el caso de la trata de personas, se considera explotación la mendicidad cuando el menor es alquilado o vendido con fines de explotación.

Uso de menores por familiares

Si un familiar utiliza a un menor de edad para mendicidad, comete el delito de exposición de personas al peligro, sancionable hasta con ocho años de prisión. Villanueva Portella explicó que, si el menor resulta lesionado en estas circunstancias, la sanción podría llegar hasta los ocho años de prisión. Además, el padre podría perder la patria potestad por exponer a su hijo a grave peligro.

Explotación y organizaciones criminales

La mendicidad de menores podría involucrar a organizaciones criminales que captan niños mediante violencia u otros medios coercitivos, configurando el delito de trata de personas. Villanueva indicó que este delito puede conllevar penas de 12 a 20 años de prisión si el menor tiene entre 14 a 18 años, y no menos de 25 años si el niño es menor de 14 años. Si se trata de una organización criminal, la pena mínima es de 25 años.

Agravantes

La magistrada agregó que el delito se complica cuando el menor agraviado resultara lesionado o falleciera. “Hablaríamos de una agravante, en caso de exposición de persona”, afirmó.

/PR/